Latinoamérica

Las condiciones del percance anularon la posibilidad de sobrevivientes: autoridades
La empresa colma de ofrecimientos a deudos: compensación de $750 mil, sueldos completos, becas...

Alonso urrutia y leopoldo ramos
La Jornada

Familiares de mineros sepultados lloran tras el informe oficial de que no hay sobrevivientes Foto Marco Peláez
San Juan de Sabinas, Coah., 25 de febrero. Oficialmente les fue comunicado el final. No más eufemismos, ni de la empresa ni del gobierno federal: no hay posibilidad alguna de que en las condiciones en que se dio la explosión y por las concentraciones de metano haya sobrevivientes.
Por la noche, después de que se dio por muertos a los mineros elementos del Ejército comenzaron a salir del lugar.
Sólo resta el rescate de los cuerpos sepultados en la mina. Decretada su muerte, la empresa colmó de ofrecimientos a quienes nunca escuchó: 750 mil pesos como compensación, sin contar la liquidación; sueldos integrales hasta que se finiquite el pago del seguro; becas a los hijos y coparticipación en apoyo para vivienda, según la oferta de Javier García de Quevedo, presidente de Industrial Minera México.
Lo nunca imaginado por los mineros, quienes vivieron, literalmente, un infierno en el colapso de sus vidas: una explosión por la que se elevó a 600 grados la temperatura, altísimas concentraciones de metano, derrumbes en toda la mina...Tal es el veredicto que ayer se ofreció para hacer creíble a los familiares que bajo tierra ya sólo quedan cadáveres.
Francisco Javier Salazar, secretario del Trabajo, igualmente ofreció su parte: liquidaciones estrictamente bajo las condiciones del contrato laboral; se investigarán a fondo las causas del estallido, y si hay responsabilidades, se fincarán conforme a los dictámenes de la autoridad y de especialistas independientes. No sólo eso, si es necesario se cerrará la mina.
Fue el desenlace de tan larga espera. Lo fue también, por el momento, de la confrontación abierta entre los gobiernos federal y estatal.
Tres exigencias había impuesto el gobernador Humberto Moreira para dar el "aval moral" a la reunión definitiva: hablar claramente, sin rodeos; trato humano a los deudos, y, de existir, deslinde pleno de responsabilidades por el estallido que se llevó consigo, oficialmente ya, la vida de 65 mineros.
A las 13:30 horas los mandaron llamar. Por primera vez, los militares permitieron el acceso a la mina a más de un familiar por caído para encontrarse con funcionarios federales, estatales y el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza, todos resguardados por policías federales preventivos.
A las 16 horas salió la primera mujer, al borde del colapso. Nada pudo decir entre sus lamentos. Minutos después siguió un hombre cabizbajo... poco a poco el resto, en su mayoría, silenciosos, inevitablemente abatidos.
-¿Qué les dijeron?
-Que era el final.
-¿Dijeron que estaban muertos?
-Que no había posibilidades de vida.
No sólo eso lamentaron quienes acudieron al encuentro, también lo fue la ratificación de que los cadáveres no podrán ser recuperados de inmediato, hasta que existan condiciones técnicas para reingresar a la mina.
Críticas de obispos
A su llegada, el obispo de Piedras Negras aludió a las diferencias entre gobiernos surgidas en la semana y al encono con los deudos:
"Es una situación demasiado seria, trágica, que no se puede enfrentar echando culpas y acusaciones. Eso va a hacer peor esta tragedia, más pesada la cruz. No dudo que al rato haya un pleito fuerte, un suicidio o hasta un homicidio. No lo dudo."
Por la mañana había acudido también el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien no escatimó críticas a la empresa y al gobierno federal, como tampoco omitió lanzar cuestionamientos. ¿Por qué la Secretaría del Trabajo solo tiene dos inspectores en toda la región carbonífera? ¿Por qué en pleno siglo XX, con las tecnologías tan avanzadas no se hacen las inversiones pertinentes para garantizar la seguridad?
-¿Qué opina de que Germán Larrea (presidente de Grupo México) no haya dado la cara?
-Han de estar viendo por sus inversiones y sus intereses.
-¿Cómo ve la participación del sindicato?
-Por los hechos, no se ve que estén defendiendo a los mineros. Por sus frutos los conoceréis -respondió Vera.
El obispo no pudo evitar lanzar una queja ante el gobierno del estado por el trato que le dieron los militares. Vera deploró ante el gobernador que los soldados le hayan obligado a "vestir más discretamente".
Concluido el encuentro con los familiares, Salazar, Moreira y García de Quevedo hicieron oficial, en rueda de prensa, el anunció de la muerte de los mineros.
No omitió el gobernador insistir una y otra vez en que su presencia estaba condicionada, dijo, "a la verdad". Quizá por eso García de Quevedo fue contundente: "hemos concluido la fase de rescate y ahora pasaremos a la de recuperación física de nuestros mineros, porque los familiares tienen derecho a un digno duelo de sus familiares".
Sólo a ratos el empresario no pudo ocultar su enojo. Acorralado, aguantó la andanada de preguntas que implicaban críticas implícitas. Fue así como dijo respaldar la investigación a fondo de las causas que provocaron la explosión y compartir que se deslinden las responsabilidades como lo había ofrecido el secretario del Trabajo.
Salazar y García de Quevedo tuvieron también que aguantar, sin réplica, la crítica del gobernador, quien casi cobró todos los agravios acumulados: "tienen que mejorarse las condiciones de seguridad porque no es posible que nos tengamos que resignar a ver el dolor de nuestra gente y nos quedemos cruzados de brazos.
"En Coahuila hay 129 sitios de explotación del carbón. No podemos tolerar que nuestros hermanos se sigan quedando atrapados en las minas por falta de seguridad y nada hagamos".
Fue entonces cuando Salazar ofreció investigación a fondo y deslinde pleno de responsabilidades con la incorporación de especialistas independientes de la Universidad Autónoma de Coahuila.
-¿Se pagará íntegramente el sueldo a los trabajadores muertos y los que laboran en la mina?
-Integramente -respondió García de Quevedo.
-¿Cuánto ganan?
-166 pesos al día.
La cifra motivó la réplica inmediata de algunos mineros que mostraron sus talones de pago de 547 pesos por seis días de trabajo. Ningún dirigente sindical acudió a la reunión.
De nuevo el gobernador reprochó al empresario que no hablara con la verdad. Los reclamos de mineros y de reporteros sobre el monto salarial informado derivaron en nuevas especulaciones sobre las ganancias anuales de la mina, lo que provocó un deslinde de García de Quevedo, quien ofreció enviar información posteriormente.
Vendrían los cuestionamientos a Salazar por haber permitido la operación de la mina avalando las condiciones de inseguridad, mismos que el funcionario rechazó. En la versión del secretario, todas las observaciones sobre seguridad que les formularon fueran solventadas en su momento.
Ante la insistencia, de plano optó por ceder la palabra al delegado estatal de la STPS, Pedro Camarillo, quien ofreció una confusa justificación sobre el aval gubernamental a la operación de la mina.
Moreira: inspectores irán al bote si hubo corrupción
De nueva cuenta, Humberto Moreira se lanzó a la carga. "Sí, quiero decirte que si aquí hubo corrupción, si hubo inspectores que hicieron una transa, los vamos a meter al bote, licenciado".
Camarillo avaló ese desenlace: "también yo".
-¿Y usted, está tranquilo?
-Yo duermo tranquilo -respondió el delegado estatal.
Con el anuncio de ayer y la reincorporación del gobierno del estado comenzó a desactivarse la inconformidad social creciente en torno de la mina. Un asunto que ciertamente preocupaba al gobierno federal, que inclusive llegó a sugerir retirar el campamento, suspender el suministro de alimentos y el apoyo sicológico que ofrecía el gobierno estatal.                 

Fuente: lafogata.org