Latinoamérica

Víctor Quintana S.
La Jornada

Si no es ahora, ¿cuándo? Hoy que arrancan las campañas presidenciales es la hora de que la agricultura nacional exija el espacio al que tiene derecho y que se le ha negado en los últimos cuatro sexenios. Es el momento de plantear a candidatos y partidos el rescate impostergable de la agricultura nacional. El punto de partida es muy claro: México tiene la capacidad para producir alimentos suficientes, sanos, de calidad y de acuerdo con nuestras tradiciones para toda nuestra población. Y puede hacerlo con nuestras campesinas y nuestros campesinos y con nuestras propias semillas. La agricultura mexicana puede ser una actividad que deje de expulsar mano de obra y puede producir empleos dignos en nuestra propia tierra.
Para esto se requiere una política de Estado hacia la agricultura que rompa las políticas de subordinación comercial y de concentración productiva que han predominado desde 1982. Dicha política debería girar, cuando menos en torno a seis ejes:
Renegociación del TLCAN en materia agropecuaria. Antes que entre en vigor el 1º de enero de 2008 la última fase del tratado y se libere totalmente la entrada de maíz, frijol, azúcar de caña y leche en polvo a nuestro país, debe montarse todo un aparato de derecho internacional y de diplomacia que permita que los granos básicos no se liberen en el marco de este acuerdo comercial. Al mismo tiempo, la política de comercio exterior en el ramo agroalimentario debe privilegiar la soberanía alimentaria de nuestro país, es decir, la capacidad de ser selectivo ante las exportaciones de otros países, por sobre el acceso a mercados internacionales.
Programa multianual de auténtico fomento a la agricultura nacional: En Estados Unidos hace ya casi un año se viene informando y discutiendo sobre la Farm Bill o Ley Agrícola de 2007, que tendrá vigencia de cinco años y orientará la política agroalimentaria de ese país. Mientras tanto, en México estamos restringidos a presupuestos y planes anuales con rígidas reglas de operación y subejercicios continuos de las dependencias. Por esto es necesario que se aprueben las reformas correspondientes que permitan planificar nuestra agricultura a mediano plazo, que den certidumbre en sus decisiones de inversión a nuestros agricultores y que se elaboren con la participación de ellos.
Inversión y gasto públicos dirigidos prioritariamente a la agricultura campesina: Los recursos que se inviertan o gasten no deben concentrarse, como hasta hoy, en unos cuantos gigantes agroalimentarios, muchos de ellos trasnacionales, sino que debe privilegiarse la inversión en los campesinos, en los pequeños y medianos agricultores, los más afectados por las políticas hasta hoy vigentes. Los recursos deben dirigirse a recapitalizarlos, a apoyarlos en la innovación y desarrollo tecnológicos, en la organización para que controlen las cadenas productivas. Con inversión, tecnología y créditos hasta el minifundio puede hacerse altamente productivo.
Desarrollo biotecnológico nacional y política de bioseguridad: Hay una sólida base nacional de investigación agroalimentaria. Nuestros investigadores e investigadoras han avanzado enormemente en el desarrollo de semillas híbridas, adaptadas a nuestras diferentes condiciones geográficas y climáticas. Contamos además con un riquísimo patrimonio genético. No necesitamos de los transgénicos para incrementar nuestra productividad. Si el gobierno abate el rezago generado en los últimos 23 años en investigación y en extensionismo agrícolas, no dependeremos de monsantos o singentas para aumentar nuestra producción de alimentos o de materias primas, y preservaremos nuestra riquísima biodiversidad.
Políticas e inversiones para uso sustentable y soberano del agua. El agua ni se puede entregar a manos privadas ni puede seguirse desperdiciando con técnicas atrasadas de riego. Son necesarias reformas jurídicas que aseguren mayor dominio de la nación sobre los recursos hídricos; debe revisarse a profundidad el concepto libre alumbramiento y partir de que el agua es un bien público a la vez que un derecho colectivo. También son necesarias fuertes inversiones para la tecnificación del riego en todas sus formas para lograr un aprovechamiento más racional y sustentable del recurso. Debe también convertirse en leyes, en políticas y en presupuestos el principio de que el agua es un servicio ambiental que hay que pagar a quienes la producen: los indígenas y los campesinos.
Política agraria que privilegie los derechos de los pueblos indios y de las comunidades campesinas: En los programas y en los presupuestos las dependencias del sector agrario están en vías de extinción y se centran casi exclusivamente en los focos rojos. La Secretaría de la Reforma Agraria, la procuraduría y los tribunales agrarios deben superar los burocratismos y convertirse en instrumentos ágiles y eficaces para hacer respetar los derechos de los pueblos indios y las comunidades campesinas a sus territorios y a sus recursos naturales. Más todavía: deben apoyar los esfuerzos de estos actores agrarios para fortalecer el dominio comunitario y el manejo productivo y sustentable de los mismos.           

Fuente: lafogata.org