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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su rechazo a las torturas y tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos 21 soldados en el Centro de Instrucción y Entrenamiento (CIE), compañía del Batallón Patriotas del Ejército Nacional, en Piedras, departamento del Tolima.
 Según lo revelaron diferentes medios de comunicación en Colombia el lunes 20 de febrero y lo reconoció el Gobierno colombiano, el pasado 25 de enero, durante una sesión de entrenamiento, del curso de formación por el que tienen que pasar todos los soldados en los primeros cuatro meses de entrada al ejército; los soldados del CIE debían pasar una prueba, llamada "pista de evasión y escape," que consistía en un ejercicio para aprender cómo escapar de la guerrilla y qué hacer en caso de ser atrapados.  En esta prueba participaron 65 soldados de los cuales 44 lograron huir en el momento del simulacro y 21 fueron atrapados por los supuestos miembros de la guerrilla quienes eran sus superiores.
La FIDH constata con gran preocupación los numerosos maltratos de los que fueron víctimas los 21 soldados.  En efecto, los soldados fueron sometidos a violentos ataques físicos: fueron golpeados con puños, patadas, palos y piedras, y objeto de agresión verbal.  Igualmente fueron quemados en numerosas partes del cuerpo, con hierros para marcar ganado, algunos, según los certificados del Instituto de Medicina Legal presentaron quemaduras de segundo grado, además fueron sometidos a pruebas de asfixia y ahogamiento, y a violencias y humillaciones sexuales.
 Es todavía mas alarmante el hecho que estos soldados que ingresan al Ejército por convicción o necesidad personal, no teniendo más oportunidades laborales o profesionales, tienen un promedio de edad entre los 18 y los 20 años, provienen de humildes familias campesinas y carecen de formación sobre sus derechos, lo cual los hace aún más vulnerables.
 La FIDH manifiesta su preocupación por la forma en que los soldados formados de esta manera tratarían a sus prisioneros y a la población civil en general que se considere "colaboran con el enemigo".
 Igualmente la FIDH encuentra sorprendente la tardanza con que lo ocurrido fue dado a conocer a la opinión pública y al mismo gobierno, manteniendo la denuncia por tortura oculta entre los altos mandos del ejército hasta el pasado 20 de febrero.
 La FIDH se suma a la denuncia hecha por diferentes medios de comunicación en Colombia y urge al Estado de Colombia a continuar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos, tomar las medidas adecuadas para que estos hechos de tortura sean investigados y condenados por la justicia ordinaria, respetando las sentencias de la Corte Constitucional que indican que este tipo de violaciones de los derechos humanos no se pueden considerar como propias o con ocasión del servicio militar, aún cuando las víctimas son soldados.
 Es de público conocimiento la existencia de cursos de derechos humanos y derecho internacional humanitario al interior de las Fuerzas Armadas, incluso seguidos por los superiores de los involucrados directamente en los hechos, lo que demuestra la inocuidad de tales medidas, si no se acompañan de la voluntad política de tener unas fuerzas armadas realmente comprometidas con el respeto de los derechos humanos.
 Las sanciones penales y disciplinarias a los directamente responsables de las torturas realizadas no son suficientes, tampoco lo es la separación del servicio del Comandante del Ejército, General Reynaldo Castellanos, lo que está en cuestionamiento es el tipo de instrucción que está recibiendo la fuerza pública, por tanto la FIDH pide al gobierno de Colombia que conforme una comisión independiente para investigar el tipo de formación física, sicológica y académica que recibe la Fuerza Pública colombiana en la preparación para la lucha contrainsurgente u operaciones de orden público.
 La FIDH llama la atención sobre el hecho que lo ocurrido sucede pocos días después de la publicación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el 20 de enero de 2006.  En él se resalta un incremento de las denuncias por violaciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de la fuerza pública y particularmente al Ejército colombiano.  Denuncia igualmente torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que involucran a miembros de la policía, del Ejército, y a personal de centros de detención.  Otras denuncias, según el informe, hacen referencia a la utilización de la tortura en interrogatorios de personas capturadas o detenidas.  Este caso de torturas en el interior del Ejército se suma a la violación por parte del mismo del irrespeto de los principios internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario como se ha denunciado anteriormente.  Sin embargo resulta sorprendente que el vicepresidente colombiano al dar a conocer las observaciones a este informe, el pasado 20 de febrero, mencione que "las Fuerzas Militares han dado instrucciones permanentes, formación y capacitación para que la totalidad de sus miembros actúe con pleno respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario," sin tomar en consideración los deplorables hechos acontecidos al interior del Ejército en los días anteriores.
 La FIDH se encuentra extremadamente preocupada por el incremento de las violaciones de derechos humanos imputables directamente a la Fuerza Pública en particular el Ejército, sobre los hechos aquí denunciados el Estado vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ratificada por Colombia el 8 de diciembre de 1987, en especial el artículo 3 que estipula que frente a los casos de tortura los responsables no pueden invocar el cumplimiento de una orden de un funcionario superior como justificación contra la tortura.
La FIDH alienta al Estado Colombiano a cumplir el artículo 4 según el cual todo Estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, y el artículo 12 que señala que todo Estado parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.   

Fuente: lafogata.org