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El triunfo empresarial y la complicidad de Lagos
Miguel Fauré Polloni
Rebelión
Un simple "error informático" desató la polémica. Sin embargo, los últimos
reveses gubernamentales en relación al financiamiento estudiantil evidencian la
verdadera magnitud de la crisis. La Concertación se enfrenta a los costos de
continuar con el modelo educacional heredado de Pinochet. Ricardo Lagos, en un
gesto claro de la pérdida de poder por parte del Estado, reconoce esta semana
que su gestión fue estéril frente a la presión de los dueños de universidades
privadas. Apeló a la autonomía de éstas al momento de definir los criterios
económicos según los cuales se regula el mercado educacional. ¿Qué clase de
autonomía es ésa? -le preguntaron los periodistas- "no voy a explicar aquí lo
que es autonomía", respondió el Presidente. Ya se sabe quién manda a quién. Un
barniz de honestidad.
El anuncio hecho por Sergio Bitar en el tercer trimestre del año pasado, en
relación a la reforma del sistema de créditos universitarios, generó una buena
acogida en los medios. Ingenuamente, se atravesaban en las pantallas distintos
dirigentes universitarios, confiados en que el anuncio gubernamental era fruto
de las movilizaciones estudiantiles de mayo. Sentados en la misma mesa, Bitar y
los presidentes de cinco federaciones pro-Concertación, daban cuenta de los
acuerdos a favor del nuevo modelo crediticio. Parecía producirse lo que la FECh
denominó un "acuerdo histórico".
El acuerdo, sin embargo, posibilitó una amplia libertad de maniobra para el
Gobierno. Zanjadas las tensiones entre el Ejecutivo y los estudiantes de
instituciones públicas, Bitar y su equipo ministerial se lanzaron a dar una
respuesta al gran empresariado vinculado a la educación privada. El número de
estudiantes de la esfera pública era, por primera vez en su historia, menor a
los pertenecientes a centros de estudio privados. El mercado de "carteras
estudiantiles" creció sin freno en la medida que la mínima regulación estatal
retrocedía frente al poderío económico del empresariado. Era el instante de
"reajustar" las reglas del juego.
El surgimiento del "Crédito con Aval del Estado" (CAE) responde, primeramente, a
la necesidad de legitimar la entrega de títulos universitarios por parte de
entes privados. En el último tiempo eran comunes los cuestionamientos al
bienestar del "negocio" de la educación privada en contraste con las sucesivas
crisis de las universidades estatales. ¿Cómo es posible la existencia de una
subvención estatal a una iniciativa cuyo fin era el simple y llano lucro? ¿Cómo
era posible que se argumentara la carencia de recursos del Estado para remediar
los forados del Fondo Solidario, cuando se entrega -a través del Aporte Fiscal
Indirecto- miles de millones de pesos a instituciones privadas? Era necesario,
entonces, apagar las críticas.
La administración de Lagos se aferró al argumento viciado que apunta a la
presencia mayoritaria de jóvenes de clase media en las instituciones privadas.
Con ello se pretendía echar tierra a la causa que obliga a cientos de jóvenes de
recursos medios y bajos a inscribirse (y endeudarse) en universidades privadas:
la desigualdad originada en la educación secundaria, raíz de los bajos puntajes
que marginan a estudiantes de escasos recursos de las universidades
tradicionales. Son, en estos momentos, jóvenes provenientes de la clase
media-alta quienes ingresan a centros de estudios estatales de tradición como la
Universidad de Chile, Universidad Católica o la Universidad de Concepción. Los
de menores ingresos copan, además, centros de formación técnica e institutos
profesionales como alternativas de menor rango, pero de fácil acceso y precio
módico. Éstos últimos, eso sí, de carácter privado en su totalidad. Para
acercarse a la igualdad de oportunidades, según Lagos y Cía., era preciso
ofertar posibilidades crediticias en estos centros de estudios.
La crítica de los sectores más radicales del estudiantado consiste en que esta
maniobra pretende, bajo la careta de "igualdad", sepultar toda posibilidad de
retomar la gratuidad de la enseñanza superior en Chile. "Lo que pasa es que son
egoístas", afirmaba Bitar ante las movilizaciones de miles de estudiantes a lo
largo del país. Sin embargo, la crítica estudiantil echaba luces en la raíz del
conflicto y alertaba de la truculenta tentativa del Gobierno. Cuando la
situación estaba en su máximo punto de tensión, con más del 60% de las
universidades estatales en toma, sectores vinculados a la Fuerza Social y la
Surda (conocidos por ser "colchones de contención" de la movilización social)
declaran su acuerdo con el Gobierno, con el fin de apagar el fuego. Desde la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se anuncia el fin de la
movilización nacional y se abre paso a la "mesa de negociación" con el
Ejecutivo.
Al pasar de los meses, se suma la Confesup, ente que agrupa a un conjunto de
federaciones estudiantiles de universidades privadas. Éstos últimos, una
amalgama de presidentes de orgánicas frágiles, de fácil manipulación por parte
de los rectores y con fuerte presencia concertacionista. "Milagrosamente", la
Confesup se pone en sintonía con la Confech y se da curso libre a la reforma de
Bitar. Hoy vemos los resultados. La complicidad de estos sectores quedó de
manifiesto ante la pasividad de la Confech frente a la grotesca alza de
aranceles hecha pública a comienzos de año tanto por las instituciones públicas
como privadas. "El acuerdo no corre ningún riesgo, pues el gobierno tiene que
cubrir con créditos y becas el arancel de referencia y las universidades deben
hacerse responsables del financiamiento de la brecha entre el arancel de
referencia y los aranceles reales", sostenía Nicolás Grau (Presidente FECH y
militante de Nueva Izquierda, brazo universitario de Fuerza Social). De esta
forma se encubría la responsabilidad política que le corresponde al recién
electo dirigente universitario, heredada de su camarada Felipe Melo.
Lo que resalta de los últimos hechos es la patente crisis del modelo
concertacionista, el cual pretendió seguir la línea "modernizadora" que impuso
la Dictadura. Ésta modernización trajo consigo la desregulación del negocio de
la educación junto con la aparición de leyes de amarre que asfixian la esfera
pública. Actualmente, son cinco las universidades estatales en serio riesgo de
quiebra (Universidad de Atacama, Universidad de Santiago, Universidad de Los
Lagos, Universidad de Playa Ancha y Universidad Tecnológica Metropolitana), las
cuales no soportarán los nuevos lineamientos impuestos por las pautas del Banco
Mundial, hechas carnes en el paquete de "leyes malditas" aplicadas por la
Concertación: Ley de Financiamiento y Ley de Acreditación. Los resultados
comenzarán a hacerse visibles lenta, pero progresivamente. Los responsables,
entonces, deberán dar cuenta al país. Por el momento, darán cuenta los
estudiantes, frente a la Banca que no posee ningún escrúpulo al momento de
cobrar las deudas universitarias. La Banca, a la que no le interesa precisamente
"crecer con igualdad". Pero que, de seguro, les dirá a los estudiantes y sus
familias "Estoy Contigo".
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