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Represión asfixia revuelta de Oaxaca
Diego Cevallos
IPS
"No nos han vencido, seguimos fuertes y pronto lo demostraremos", advirtió
tajante este jueves uno de los líderes de la rebelión social en el estado
mexicano de Oaxaca, donde murieron unas 20 personas, otras 50 están
desaparecidas y 250 han sido encarceladas.
Empero, analistas insisten que, tras seis meses de acciones y la intensificación
de la represión, la protesta social pierde oxígeno.
"La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) está activa y lo demostrará
con una gigantesca manifestación", que se realizará en próximo domingo en la
meridional capital estadual de igual nombre, dijo con énfasis a IPS Florentino
López, uno de los dirigentes sociales que vive a salto de mata, pues sobre él
pesa una orden de detención.
A esa marcha se sumarán organizaciones defensoras de los derechos humanos,
personalidades del mundo del arte, la cultura y la academia y el izquierdista
Frente Amplio Progresista, que agrupa a los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, opositores al gobierno nacional
tras la figura del frustrado candidato presidencial Andrés López Obrador.
El flamante gobierno nacional del conservador Felipe Calderón abrió el diálogo
con los rebeldes al comienzo de esta semana, apenas horas después de que fue
detenido y enviado a una cárcel de alta seguridad Flavio Sosa, un líder de los
más visibles de la APPO.
"Con la represión parece que la calma regresó y hasta que nos vencieron, pero no
hay que engañarse, como lo hacen algunos expertos políticos que evalúan todo
desde sus escritorios. La mecha aquí sigue encendida", aseguró López.
"La paz que proclaman es engañosa", añadió en conversación vía teléfono celular
con IPS.
La referencia se relaciona con la denuncia de la Liga Mexicana por la Defensa de
los Derechos Humanos, de que en Oaxaca hay un estado policial y grupos armados
irregulares de represión actuando con total impunidad.
Oaxaca es escenario en los últimos seis meses de una rebelión social cuyo
objetivo central fue lograr la destitución del gobernador Ulises Ruiz, del
histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de déspota y
corrupto.
Sin embargo, desde que Calderón asumió la presidencia de México, el 1 de este
mes, en ese estado sureño parece haber relativa tranquilidad. "Es la paz de la
represión y el uso de la fuerza", sostuvo López.
Edgar Cortez, secretario de la Red Todos los Derechos para Todos, que reúne a
organizaciones humanitarias locales, comentó a IPS que la detención de Sosa y
otros dirigentes es posible que obligue necesariamente al movimiento social de
Oaxaca a dirigir su atención hacia su defensa jurídica.
A su entender, la intención de Calderón es debilitar a la APPO y no atender sus
demandas. Pero las opiniones difieren entre los observadores. Con la detención
de Sosa, el nuevo gobierno mandó la señal que de que no habrá contemplaciones
con quienes violen la ley, aunque sean movimientos que hablan de justicia, como
la APPO, opinó el politólogo Leo Zuckermann del privado Centro de Investigación
y Docencia Económicas.
Para Miguel Granados, columnista de la revista Proceso y del diario Reforma,
Oaxaca "vive un estado de excepción", con la policía como el principal poder y
la circulación de brigadas civiles armadas, lo que ha consolidado de facto al
gobernador Ruiz.
"Es posible que haya quien suponga que el conflicto oaxaqueño está liquidado. Y
hasta es posible que en efecto haya concluido con una victoria de Ruiz", sostuvo
Granados.
La última movilización de envergadura realizada por la APPO fue el 25 de
noviembre. En esa fecha se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía
y activistas, así como incendios en al menos 15 edificios, entre ellos el del
Tribunal de Justicia, el antiquísimo Teatro Juárez y las oficinas locales de la
cancillería.
La APPO recibió críticas duras por la supuesta participación de activistas suyo
en actos de violencia, acusaciones que la asamblea social siempre rechazó y que
atribuyó a provocadores. Desde entonces ya no hubo más choques.
Poco después, la APPO levantó las últimas barricadas que mantenía en la capital
de Oaxaca, y que entre mayo y octubre paralizaron a esa ciudad. Además, entregó
las instalaciones de la radioemisora Universidad que había tomado por la fuerza.
De forma paralela avanzaron gran parte de las detenciones de miembros de ese
grupo y se sumaron divisiones internas entre las más de 300 organizaciones que
integran la APPO.
Al menos ocho de esos grupos, entre ellos algunos sindicatos locales, como el de
los trabajadores de la universidad estatal Benito Juárez y del Seguro Social
estatal, afirmaron que dentro de la APPO hay personas violenta que han rebasado
a la dirigencia colectiva de la organización. Señalaron que seguirán
participando en la APPO, "pero con cautela".
En las calles de Oaxaca todas las actividades se realizan bajo la vigilancia,
cada vez más consolidada, de unos 5.000 policías federales que llegaron allí en
octubre con el objetivo de poner fin a los enfrentamientos violentos y sofocar
la rebelión.
Los profesores, que son parte central de la APPO, retornaron a clases hace ya
varias semanas, la actividad comercial regresó poco a poco a sus cauces y el
cuestionado gobernador Ruiz volvió a sus oficinas estatales al igual que la
mayoría de sus colaboradores, los jueces y los legisladores locales.
"Pero no nos han vencido, las causas de la rebelión siguen intactas y la APPO
volverá con fuerza", proclamó López.
El dirigente indicó que dialogarán con el gobierno de Calderón "a pesar de toda
la represión, pues nosotros no somos ni intransigente ni violentos, aunque debo
decir que nuestra demanda central, que es la salida del gobernador, no será
levantada ni cambiada".
Además, "no debe olvidarse que los muertos, detenidos y torturados los ha puesto
la APPO y que los culpables de la represión siguen impunes", expresó.
Miguel Álvarez, ex miembro de una comisión que medió en los años 90 entre el
gobierno y el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional del vecino
estado de Chiapas, opinó que el conflicto de Oaxaca rebasó a la APPO. "Ya no se
tiene la misma fuerza ni el mismo soporte (por lo que), hay que depurar las
filas y se más propositivos", declaró.
El PRI, que gobernó México desde 1929 a 2000, y que en Oaxaca cumple 77 años
ininterrumpidos en la gobernación, domina en ese estado todos los Poderes del
Estado.
La APPO acusa al gobernador Ruiz de reprimir a las fuerzas sociales, de actuar
con autoritarismo y de arrestar y torturar a opositores.
El gobierno de Calderón no ha señalado con exactitud cuál es su postura frente
al gobernador Ruiz, pero los legisladores de su sector, el conservador Partido
Acción Nacional (PAN), también sostienen que debe renunciar.
No obstante, esos mismos representantes oficialistas y lo del PRI son los que
tienen la llave para destituirlo, mediante la declaración de la "desaparición de
poderes en Oaxaca".
En octubre, una propuesta en ese sentido fracasó, precisamente, por los votos en
contra del PRI y del PAN, bajo el argumento de que, aunque había un conflicto
importante en Oaxaca, algunos poderes públicos sí operaban y que la rebelión se
concentraba en la capital del estado.
Ahora el PRI no quiere ni volver a oír sobre una posible destitución de su
gobernador.
Con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación y
pobreza de México. En ese distrito están 150 de los 250 municipios más pobres
del país. (FIN/2006)
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