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La conducta de oficiales y soldados uruguayos desplegados en el Congo bajo el estatuto de Cascos Azules quedó seriamente cuestionada tras un informe de las Naciones Unidas que incorpora acusaciones de graves delitos. El Ministerio de Defensa instruyó una investigación, dictó sanciones y ordenó bajas, aunque no pudo probar los episodios de violencia sexual contra mujeres menores.

Samuel Blixen
Brecha

Veintinueve militares uruguayos que participaron de los contingentes de paz en el Congo, entre ellos varios oficiales, fueron acusados por las Naciones Unidas (onu) de gravísimos delitos: saqueos, deserción, violación de menores, explotación sexual, pornografía, e incitación a la prostitución, entre otros.
Las denuncias se comunicaron inicialmente en enero de 2005, pero fueron desestimadas por Yamandú Fau, entonces ministro de Defensa del gobierno de Jorge Batlle. Una reiteración de las denuncias de los responsables del programa para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (peacekeepers) fue trasladada por la Misión de Uruguay en la onu a fines de octubre último al Ministerio de Defensa.
El informe de la Oficina de Supervisión de Servicios del cuartel general de Monuc, las fuerzas de paz en el Congo, detalla algunos de los episodios y aporta la identificación de los responsables de la mayoría de los delitos.
La ministra Azucena Berrutti ordenó en noviembre último una investigación que culminó un mes más tarde en la aplicación de sanciones por parte de tribunales de honor del Ejército y la Fuerza Aérea en los casos en que estaban involucrados oficiales, y la baja para algunos de los soldados denunciados. Sin embargo, la justicia militar no logró confirmar responsabilidad en las acusaciones sobre violaciones a menores y violencia sexual porque, según alegó a BRECHA el subsecretario de Defensa, José Bayardi, "Naciones Unidas no aportó pruebas".
De acuerdo con fuentes consultadas por BRECHA ninguno de los casos fue derivado a la justicia ordinaria, tal como lo sugerían el informe de la onu y el representante del secretario general para el Congo, como parte de un esfuerzo para contener la reiteración de episodios de abuso sexual e incitación a la prostitución, en que se vieron envueltos personal de las fuerzas de paz de varios países que operan en la provincia de Iture.
En el Congo operan unos 10 mil cascos azules sobre los que la onu no tiene jurisdicción y cuyo cometido es preservar a la población civil de las consecuencias de los conflictos que sufre la región, asolada por milicianos reclutados en Uganda y Rwanda y envueltos en un conflicto entre dos etnias, los herma y los lendu, que se disputan el control de la región para la explotación de diamantes, oro y colton, un mineral utilizado en telecomunicaciones, especialmente en teléfonos celulares.
Una vez concluidas las investigaciones de la justicia militar, la cartera de Defensa elaboró un expediente que fue derivado a la cancillería para su envío a la misión uruguaya en Nueva York. Según informaron a BRECHA fuentes de la Dirección de Asuntos Políticos de la cancillería, el informe de unas cien páginas sería comunicado en breve a las autoridades de la onu.
LAS DENUNCIAS
El documento de las oficinas de Mantenimiento de la Paz, al que BRECHA tuvo acceso, contiene 29 denuncias. Tres de ellas se refieren a otros tantos casos de violación de menores cometidos por una "banda" de soldados uruguayos. Uno de los casos, ocurrido en mayo de 2004 y sustanciado en el expediente boi 04/101, fue cometido en Bunia, una ciudad al noreste del Congo, sobre el lago Alberto. Los oficiales del Monuc no lograron identificar a los responsables, que abandonaron Bunia cuando se produjo el relevo de efectivos. La víctima quedó embarazada y dio a luz a un hijo.
Otro caso, consignado en el expediente dpko/019 como "violación de menor", fue cometido en agosto de 2004 en Uvira, provincia de Kuvi, por una banda de violadores integrada por soldados no identificados, que retornaron a Uruguay luego de la rotación del contingente. El tercer caso, rotulado dpko/153, simplemente consigna la "violación de una menor por dos soldados uruguayos".
Un cuarto caso, que no es tildado de violación sino de "sexo con menor", fue atribuido a Anuarute, que según explicó a BRECHA el subsecretario Bayardi, sería la transcripción literal del nombre del perpetrador expresado en el dialecto de la víctima, que también resultó embarazada.
La no identificación de los responsables y la ausencia de otros elementos de prueba impidieron, según el subsecretario Bayardi, confirmar los casos de violencia sexual, pese a la investigación realizada. Bayardi agregó que, en cambio, sí se confirmaron episodios de relaciones sexuales con mujeres locales menores de edad, que están prohibidas por las normas de la onu y son pasibles de sanción por nuestros códigos militares.
Sin embargo, las denuncias contenidas en el informe de la onu atribuyen características especiales a tales "actos sexuales". La investigación sobre abuso sexual contra Marie Thsibola culminó con la aceptación de los cargos por Laudelino Pechi y Nedi Álvez, miembros uruguayos del Monuc, cuya repatriación estaba en proceso en octubre de 2005, fecha de emisión del informe; ambos admitieron haber introducido a la mujer en las instalaciones militares de la misión.
Mario Moreira y otros fueron acusados de "prostitución" al ser "encontrados en un edificio abandonado con la víctima". Sergio Gamarra, repatriado durante la rotación normal en mayo de 2005, fue acusado de "acoso sexual, explotación sexual y pornografía". Nelson Acosta fue acusado de tomar contacto en el mercado de Kindu con un niño para que le proveyera mujeres dispuestas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Acosta fue sorprendido con una mujer en su dormitorio del cuartel. Carlos Johnny González, según la documentación, indujo a la prostitución y mantuvo relaciones sexuales en público. Las autoridades de la onu recomendaron su repatriación y una investigación criminal. Luis Alberto Sanchez también cometió actos sexuales en público y fue repatriado. José Aguirre fue acusado de "explotación de relaciones sexuales" (lo que puede interpretarse como proxenetismo) y abandonó el Congo en mayo de 2005 después de iniciada una investigación, que sigue en curso, sustanciada en el expediente dpko/117/kal/2005.
Un par de acusaciones de violación de las normas sobre conducta sexual de las tropas de paz involucran a dos oficiales. El coronel Luis Lavista, comandante del contingente uruguayo, fue investigado en el expediente boi 04/66 por "prostitución en visitas organizadas al bar Jardin". El teniente coronel (aviador) Pablo Taramasco, miembro del staff del comando, fue acusado de "acoso sexual, explotación y almacenamiento de material pornográfico". El material pornográfico fue ubicado en la memoria de su computadora, cuyo fondo de pantalla consistía en la foto de una mujer negra, desnuda, con una flecha sobre el pubis y una leyenda que decía: "Esta es la verdadera puerta de entrada a África". Su caso fue sustanciado en un expediente boi y estaba en curso en octubre de 2005; regresó a Uruguay en mayo del mismo año.
El expediente BOI 06//017, rotulado "sustanciado" contra el coronel Arquímedes Cabrera, fue sintetizado en el informe enviado a Uruguay de la siguiente manera: "Inconducta sea. Entre otras alegaciones, actuó contrario al buen orden y la disciplina militar involucrado en ‘relaciones no oficiales’ con un nacional congolés". El coronel Cabrera, según el informe, "fue rotado antes de la conclusión del caso en mayo de 2005. Fue solicitada su repatriación por causas disciplinarias".
Otros dos oficiales resultaron investigados por su conducta en el Congo. El teniente coronel Ariel Sánchez Aries, mientras estaba destacado como miembro de Minurso, abandonó su puesto el 17 de julio de 2004. Su presencia fue reportada en Las Palmas, en compañía de su familia, contrariando las regulaciones de la onu. Fue repatriado en ausencia el 27 de julio de 2004.
El mayor Enrique Barrios protagonizó un accidente de tránsito el 5 de octubre de 2004. "El mayor Barrios conducía bajo la influencia del alcohol, a una velocidad por encima de los límites, abandonó la escena y retornó a los cuarteles generales sin reportar el accidente, trasladando a un contratista sin el permiso correspondiente." Fue repatriado el 15 de octubre de 2004.
Las autoridades de la onu en su momento solicitaron al gobierno uruguayo la investigación criminal de nueve soldados: Nelson Barrera, Wissler Bentos, Roberto Carrizo, José Cópola, Wilson Macedo, Eduardo Olivio, Nuber Osorio y otros dos no identificados, que el 6 de setiembre de 2003 participaron en actos de saqueo en Bunia, presumiblemente en los episodios en que se denunció el robo de un cáliz. Se solicitó su repatriación, pero los acusados retornaron a Uruguay durante la rotación normal.
El subsecretario Bayardi afirmó a BRECHA que la investigación realizada en noviembre último sólo permitió confirmar "unos pocos casos" del total de 29 denuncias. Se decretaron algunas bajas, que involucraron a algunos de los soldados involucrados en el saqueo. Se aplicaron también sanciones disciplinarias: las acusaciones contra el teniente coronel Taramasco sobre explotación de material pornográfico y acoso sexual no fueron confirmadas, pero sí se comprobó la existencia de material pornográfico en su computadora. La conducta del coronel Lavista, acusado de "prostitución", quedó limitada, tras la actuación del tribunal de honor, a una contravención por sus visitas al bar Jardín, dijo Bayardi. El subsecretario acotó que "es prácticamente imposible impedir que el personal mantenga relaciones sexuales con mujeres locales" e indicó que las normas de la onu al respecto son en extremo severas. De todas formas, agregó, algunas de las faltas comprobadas son duramente castigadas por los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas. Bayardi subrayó el pronto diligenciamiento de la investigación una vez que las nuevas autoridades tomaron formal conocimiento de las acusaciones.            

Fuente: lafogata.org