El gobierno ha admitido públicamente a través de declaraciones de altos funcionarios a los medios masivos, que en la recta final de negociaciones del TLC, y probablemente bajo la influencia del pragmatismo empresarial antioqueño del gobierno colombiano, Palacio y su equipo decidieron aplicar estrategias heterodoxas de negociación con EEUU, que significarían traficar la soberanía nacional del país a cuenta de 'transar un buen acuerdo' a cambio de la base militar estadounidense en Manta.

La actitud de Bogotá, de blandir su apoyo incondicional a la estrategia antidrogas de Washington no es rara, pues durante toda su administración Uribe ha sabido utilizar hábilmente el tema para sortear obstáculos en el Congreso gringo y conseguir mayores ayudas económicas y militares de EEUU a su gobierno, usando con 'malicia criolla' a su favor, los tres ejes de la política exterior norteamericana: Guerra Antidrogas, Guerra Antiterrorista y Libre Comercio.

Pero eso es asunto de Uribe, y hoy nos incumbe lo que atañe a nuestro país y a los peligros que para el Ecuador conllevaría la enfermiza dubitación de Alfredo Palacio al admitir, en palabras de su equipo de negociación y su canciller, que en la siguiente ronda rumbo al TLC, no tendrán empacho en incluir el tema de la base militar de EEUU en Manta para 'alcanzar un mejor acuerdo, dadas las asimetrías entre los países negociadores'.

Por si eso fuera poco, uno de los miembros del equipo negociador, Vinicio Baquero, ha denunciado -en medio de la velada censura de la gran prensa a su denuncia, que al unísono parece avalar el actual discurso oficial sobre el TLC y el uso de la base de Manta en las negociaciones- que de las 200 medidas de disconformidad planteadas al inicio por Ecuador para protegerse en el tratado, hoy solo quedan 20, a lo que se añade que los acuerdos ya alcanzados y las estrategias a usarse, según declaraciones de los personeros del régimen, 'aún no deben ser conocidas por la opinión pública', en abierta falta de transparencia del equipo negociador y del gobierno ante la población, quien será la que soporte las consecuencias de un acuerdo asimétrico totalmente inconsulto a la mayoría del país.

En palabras de Baquero, 'los contenidos de los anexos 1 y 2 de la negociación del TLC, son el secreto mejor guardado del equipo negociador y del gobierno', mientras es vox pópuli que EEUU chantajea al máximo en el tema OXY para acelerar el sometimiento, y hasta el famoso hermano del mafioso Bush llega a ofrecerse como 'desinteresado' intermediario del lobby en el Congreso gringo, a favor del TLC con Ecuador, cuya presencia y discurso, para variar, los mass media han publicitado en sus páginas y pantallas con total acriticidad digna de la época Baki.

Dado que el gobierno, el canciller y el equipo negociador han admitido que usarán el tema del FOL de Manta para la recta final del TLC, cabe preguntarles ¿'Cómo usarán' un tema que por 7 años ha significado la muestra más humillante y neo-colonial de lo que nuestras elites y gobiernos han sido? ¿Acaso comprometerán a EEUU la permanencia del FOL o, más grave todavía, su continuidad por tiempo indeterminado, a cambio de 'mejores acuerdos' en el TLC?

¿Acaso pírricas 'conquistas' en las rondas del TLC pueden justificar el deleznable uso de un tema que no merece negociación alguna y, menos aún, 'usarse en la mesa de discusiones'?

¿Acaso esta base militar extranjera impuesta al país, por cuya salida reclama la mayoría de la población, puede ser un argumento 'geopolítico', como con cinismo señala cierta prensa, para resolver entuertos en las pujas entre David y Goliath?

En el mismísimo acuerdo antinacional que permitió la entrega de la base al Comando Sur, el Ecuador debería escudarse, desde ya, para preparar la 'denuncia' del convenio un año antes de que se cumplan los 10 largos años de permanencia militar gringa, otorgada con graciosa felonía por Mahuad, Benjamín Ortiz, José Gallardo, Heinz Moeller, Zuquilanda y otros. Es decir, el siguiente gobierno que venga, más aún si es de corte sudamericanista, está obligado a denunciar dicho tratado en 1998, a fin de que las tropas estadounidenses y su enorme parafernalia, que incluye sus botellones de agua que les llega desde el Southern Command, salgan de nuestro territorio de una vez por todas, a menos que las nuevas autoridades decidan confirmarlo por diez años más, o incluso perpetuarlo, si el gobierno futuro es igual de irresponsable y felipillo como los que tuvimos en 1999 y después.

Por tanto, el actual gobierno está totalmente impedido, por ética elemental y principio constitucional, de intentar complacer a EEUU con difusas promesas de permanencia o continuidad de la base militar en Manta, a cambio de migajas 'simétricas' en el TLC.

Es obligación de los señores Palacio, Carrión y Chiriboga, recordar que esa base, otorgada al Comando Sur bajo el eufemismo del 'control antidrogas', violando su propio convenio con los yanaconas criollos, los gringos la han usado en estos años para dos execrables delitos (piratería marítima y mercenarismo) y para intervenir descaradamente en el conflicto interno de otro país.

¿El hundimiento de barcos, la detención de más de 4.000 migrantes en 5 años, el contrato de mercenarios para Irak, y otras 'maravillas' relacionadas al FOL de Manta, olvidará Palacio a la hora de usar el tema de la base en las negociaciones finales del TLC?

El canciller ha dicho que 'no cederá a presiones ajenas' que atenten contra la soberanía nacional. Y el ministro de Gobierno ha sido más tajante aún: 'No estoy de acuerdo con que se quiera renovar el convenio de Manta, pues no deben existir bases militares extranjeras en toda América Latina'. Cabe interrogarse si Alfredo Castillo ha debido advertir en público al canciller y al propio Palacio, su desacuerdo con el 'genial as bajo la manga' sacado por el régimen luego de su reunión con Uribe en Bogotá.

Si las preguntas expuestas, el enfermizo régimen contestara distinto a lo que dice su discurso, le avisamos desde ya, que estaría cometiendo un delito constitucional de lesa traición a los intereses nacionales. Y tanto la firma del TLC como el uso de la base de Manta en las negociaciones, son agravantes suficientes para tipificar dicho delito.

El pueblo sabe, a lo largo de estos 25 años, y desde el 20 de abril hacia acá, que la única y cacareada 'Política de Estado' de las elites que padecemos, ha sido ésta: la Putería de Estado.

¿Palacio conoce cómo sanciona la Constitución ecuatoriana el delito de traición a la Patria?