Campaña desde Colombia del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal)
El boicot contra la multinacional
de la bebida suma adhesiones en todo el mundo
Gloria Elena Rey
Insurgente
La Universidad de Michigan fue una de las que suspendió la venta de Coca-Cola a
sus 50.000 alumnos este primero de enero, ocasionando a la multinacional
pérdidas estimadas en más 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). Sin
embargo, esa cifra podrá multiplicarse en los próximos días porque "por lo
menos, unas 1.000 universidades y colegios universitarios de todo el mundo
piensan unirse a la campaña mundial" contra el consumo de esa bebida, según
afirma Edgard Páez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de
Alimentos (Sinaltrainal), que congrega a 2.500 empleados de Coca-Cola en
Colombia. La multinacional está sometida a cuatro juicios en los EEUU en los que
deberá responder a la acusación de haber utilizado paramilitares para asesinar a
nueve sindicalistas.
"Hay procesos en marcha en universidades y centros educativos de Estados Unidos,
Canadá, Italia, Irlanda y el Reino Unido que deben decidirse en estos días, pues
es a principios de año cuando se renuevan o no los contratos de suministro de
alimentos y bebidas. Sólo en el Reino Unido, el proceso del veto al consumo de
Coca-Cola está en marcha en 536 universidades. Además, esperamos que se nos unan
otras organizaciones sociales en los próximos meses", subraya Páez.
Según el diario The Atlanta Journal-Constitution, por lo menos nueve
universidades norteamericanas han suspendido sus contratos con Coca-Cola a causa
de la situación en Colombia.
La multinacional está acusada de emplear a paramilitares como sicarios
Bajo el lema Porque amo la vida no tomo Coca-Cola, el sindicato colombiano
inició hace dos años la campaña internacional contra el consumo de la bebida no
alcohólica más consumida en el mundo. Además, la central tiene abiertos cuatro
juicios contra la multinacional en Estados Unidos, en los que la acusa de haber
empleado a grupos paramilitares de ultraderecha para asesinar, entre 1992 y
2002, a nueve sindicalistas que trabajaban para la firma en Colombia, y de
perseguir e intimidar a otros empleados.
Páez explica que el sindicato pretende que la comunidad internacional presione
para que se abra una investigación en la empresa que opera en Colombia a fin de
establecer responsabilidades sobre los nueve asesinatos y sobre los secuestros,
persecuciones e intimidaciones que han sufrido los trabajadores de Coca-Cola en
Colombia por parte de grupos paramilitares presuntamente contratados por la
firma. "No queremos que eso quede en la impunidad, especialmente ahora, con las
negociaciones de paz entre el Gobierno y los paramilitares", dice.
Pesticidas en la India
La Universidad de Michigan suspendió la venta de Coca-Cola en sus tres campus
por considerar que la multinacional permite los abusos contra los derechos
humanos y la degradación medioambiental, según denunció en un comunicado en el
que anunció su decisión, y tras recibir y evaluar quejas de la Organización de
Estudiantes para la Igualdad Laboral y Económica (Students Organizing for Labor
and Economic Equality). Esta organización estudiantil acusa a Coca-Cola de
conspirar con grupos paramilitares en Colombia para atemorizar a los líderes
sindicales y de vender bebidas en la India con elevados niveles de pesticidas.
La universidad afirmó inicialmente que renovaría los contratos con Coca-Cola de
forma condicional, hasta que la empresa realizara una auditoría independiente e
implementara un plan correctivo. Además, se ofreció, junto con otras
universidades, para financiar la investigación, pero Coca-Cola le informó de que
no estaba preparada para examinar sus prácticas comerciales y laborales en
Colombia y la India, pues una demanda civil le impedía participar en la
investigación.
El director de comunicaciones de Coca-Cola en Colombia, Pablo Largacha, atribuye
la campaña del sindicato colombiano a una de las demandas que interpuso ante los
tribunales norteamericanos en el 2001, en la que relacionó por primera vez a la
empresa con el asesinato de uno de los nueve sindicalistas. Este crimen ocurrió
en la planta de Carepa, en la zona bananera de Urabá (en el oeste de Colombia),
hace casi 10 años.
Defensa empresarial
Además, Largacha afirma lamentar que las organizaciones de derechos humanos,
laborales y medioambientales, en su mayoría vinculadas a las universidades,
"estén tan mal informados sobre lo que sucede en Colombia" y resalta que la
empresa tiene pruebas de que sus directivos no tienen relación con la muerte del
sindicalista. "Hay un veredicto que dice que no hay indicio alguno de que la
embotelladora de Carepa tuviera que ver con la muerte de estos líderes
sindicales", asegura.
En Colombia existen 20 plantas embotelladoras de Coca-Cola, de las que 17
pertenecen a la firma Panamco Colombia S.A. y 3 son dirigidas por particulares.
Los trabajadores de estas embotelladoras están afiliados al Sinaltrainal, un
sindicato fundado en 1982 mediante la fusión de otros de compañías
multinacionales de alimentos y bebidas.
Además de en Colombia, numerosos trabajadores de Coca-Cola en Guatemala también
han denunciado atropellos. Según fuentes de los sindicatos, entre 1968 y 1980,
seis de sus dirigentes fueron asesinados y otros cuatro desaparecieron sin dejar
rastro.
Al respecto, Páez advierte: "En Colombia no dejaremos que los asesinatos ni los
otros atropellos cometidos aquí queden en la impunidad".
