Carlos Montemayor
La Jornada

En 1996, cuando el Partido Republicano celebró su convención en San Diego, el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Robert Dole, afirmó que de triunfar en esas elecciones ordenaría a las fuerzas armadas participar en la lucha antinarcóticos. El general Barry McCaffrey, en ese entonces zar antidrogas, se opuso; consideró un grave error exponer al ejército estadunidense al inmenso poder de corrupción del narcotráfico y a desviarlo de sus funciones primordiales de seguridad nacional. A muchos nos resultó paradójico que se opusiera a que las fuerzas armadas de su país participaran en la lucha antinarcóticos y en cambio aceptara y exigiera que las de América Latina sí lo hicieran. ¿Por qué al zar antidrogas le parecía natural que nuestros ejércitos se expusieran al inmenso poder de corrupción del narcotráfico y el suyo no?

La visión del general McCaffrey, cuando aún se desempeñaba como comandante en jefe del Comando Sur (y así lo sugirió en la Reunión Ministerial de Defensa de las Américas del 24 de julio de 1995), era que durante el siglo XXI los ejércitos latinoamericanos tenderían a convertirse en una especie de fuerzas de complemento que pudieran coordinarse con aquello que en el futuro sería el único cuerpo propiamente militar del continente: el ejército estadunidense. El imperio no quería ya invadir; requería de la docilidad de fuerzas complementarias o de apoyo.

Ahora, ¿por qué el presidente Bush decidió enviar a la Guardia Nacional a fortalecer las funciones de la Patrulla Fronteriza para contener a los migrantes indocumentados?

El sentido que los migrantes indocumentados han ido adquiriendo para los políticos, los periodistas y el pueblo estadunidense no es tan simple como nosotros quisiéramos ver. Necesitamos recordar que el 27 de marzo de 2002 la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo aplicable a todos los trabajadores sin documentos, mediante el cual se legalizaba en realidad una nueva forma de esclavitud. La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los migrantes indocumentados no tienen derecho a demandar a empresas que hayan violado la ley por despedirlos o castigarlos al ejercer sus derechos básicos. Lo resolvió así en el caso del trabajador mexicano José Castro, cesado junto con otros tres obreros por la empresa Hoffman Plastic Compound, en Paramount, California, en 1989.

Con ese fallo, Estados Unidos envió un mensaje importante a países como el nuestro acerca de la modernización de las legislaciones mundiales en materia laboral. En apariencia, el modelo globalizador sólo se proponía abaratar la contratación y, sobre todo, el despido de trabajadores. Con ese fallo vemos ahora que se trataba de abaratar el trabajo en todos los órdenes: en el trabajador "legal" y en el "ilegal".

Ahora, el presidente de Estados Unidos convoca a la Guardia Nacional para defender el territorio de ese país en la frontera sur. Aquí no se expondrá la Guardia Nacional al formidable poder de corrupción del narcotráfico, por supuesto. Tampoco se trata de un cambio de criterios en la lucha contra el narcotráfico mismo. ¿Por qué la Guardia Nacional cumplirá funciones complementarias con la Patrulla Fronteriza en el control del paso de inmigrantes indocumentados que son potenciales esclavos?

Desde hace tiempo, las elites políticas estadunidenses, no solamente las del Partido Republicano, sino también las demócratas y una abrumadora mayoría de medios, han dado peculiar sentido a las manifestaciones y al flujo de estos migrantes indocumentados: el de invasores del territorio, el de avanzada en una nueva guerra de invasión. Días antes de las recientes manifestaciones de migrantes en Los Angeles y en las principales ciudades de Estados Unidos, las radiodifusoras de lengua española insistieron a los manifestantes que no salieran a la calle con banderas mexicanas ni con símbolos que los vincularan con México ni con la devoción guadalupana. Pedían, sugerían, recomendaban por todos los medios portar solamente banderas estadunidenses. ¿Por qué? Porque ya en ocasiones anteriores la radio, las revistas, la televisión, la prensa escrita, habían explotado las numerosas imágenes de manifestantes que portaban banderas mexicanas, estandartes guadalupanos o incluso camisetas del equipo de Guadalajara como reales y peligrosos invasores instalados ya en Estados Unidos.

Por tanto, con esta visión, la defensa territorial en la frontera sur se convierte en patriótica. A esa precisa "autodefensa" convocan los medios, los políticos y el presidente Bush. Las guardias civiles y la Patrulla Fronteriza cumplen ahora en verdad tareas patrióticas al defender el territorio estadunidense de otra guerra aparentemente sofisticada: la migración ilegal.

Ahora bien, los trabajadores "ilegales" o indocumentados son millones de personas que no gozan de cabal protección de sus derechos laborales, pero que son solicitadas y recibidas por numerosas fuentes fabriles, agrícolas, turísticas o domésticas de Estados Unidos. Son trabajadores a quienes se les rechaza la legalidad de su trabajo, pero no su trabajo. No quieren situar la migración como resultado de varias circunstancias socioeconómicas ni como un proceso social de vectores complementarios: el desempleo en México (en gran parte provocado por el orden que imponen las políticas económicas y globalizadoras actuales, de las que Estados Unidos es uno de los grandes responsables) y la oferta inmensa de empleo para indocumentados en Estados Unidos que beneficia enormemente su economía misma.

Si el objetivo del gobierno de Estados Unidos fuera controlar y regular a fondo la migración de indocumentados, podría conseguirlo con el control y la regulación de todas las compañías y productores que emplean y explotan a estos trabajadores. En vez de ello, el gobierno de Bush y los medios de aquel país los tornan criminales. Considerarlos "invasores" de su territorio fortalece en el ánimo del pueblo estadunidense la idea de la autodefensa y la certidumbre de que esta es una guerra. O mejor aún, que se trata de la misma guerra que Estados Unidos sostiene en todos sitios contra el eje del mal, contra el terrorismo y los ataques al mundo. Por ello el presidente Bush convoca a la Guardia Nacional. Por ello los propios migrantes buscaron defenderse con la bandera de Estados Unidos; salieron a la calle protegiéndose con la bandera de Estados Unidos. Porque sabían que la de México no los protege desde hace tiempo. Mucho menos un gobierno como el de Vicente Fox, que celebra como "un día maravilloso" la declaración de guerra contra los trabajadores indocumentados que Estados Unidos explota.