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La Casa Blanca tiene en su lista tus derechos civiles. Incluso los políticos de Washington se sintieron sacudidos por las revelaciones en la prensa de que la Casa Blanca aprobó la vigilancia ilegal de ciudadanos estadounidenses, a la vez que el Pentágono ha estado vigilando a cientos de grupos de activistas.

A mediados de diciembre, un artículo en el New York Times reportó que en 2002 George Bush firmó una orden secreta que le permite a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) escuchar las conversaciones telefónicas y monitorear el correo electrónico de "cientos, tal vez miles" de personas en EE.UU., sin una orden judicial.

Previamente, las agencias de inteligencia podían recurrir a la Corte de Vigilancia e Inteligencia Exterior (FISC, por sus siglas en inglés), una corte secreta que rara vez ha rechazado una petición de esta naturaleza, y que habitualmente las aprueba en cuestión de horas. "Las pruebas requeridas para obtener una orden judicial de la FISC son generalmente menores que las requeridas para una orden de arresto criminal", reportó el Times.

De acuerdo al Departamento de Justicia, 1754 órdenes fueron aprobadas por la corte en 2004. Pero esto no era suficientemente bueno para la administración de Bush, que cambió las reglas usando poderes otorgados por el Congreso en septiembre del 2001 que autorizaban al gobierno a emprender la guerra contra al-Qaeda y otras "redes terroristas".

Pero este programa secreto no era secreto para todo el mundo. Después de que entró en vigor el Vicepresidente Dick Cheney les comunicó a líderes Republicanos y Demócratas de los Comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes acerca del programa de vigilancia local de la NSA. En una conferencia de prensa en diciembre, Bush dijo que el programa había sido discutido al menos una docena de veces con el Congreso.

El artículo del New York Times estaba listo para ser publicado en el 2004, en medio de críticas al programa en Washington, incluyendo del juez que preside la FISC. Pero cuando la Casa Blanca pidió que el artículo fuera pospuesto, el NewYork Times accedió.

Ahora, un año y una elección presidencial después, el Times ha finalmente expuesto las tácticas secretas de espionaje de la administración de Bush, causando divisiones hasta entre los Republicanos.

El primero de enero, el Times reportó que en una reunión de emergencia en marzo del 2004 el asistente de Bush, Andrew Card, y el entonces consejero de la Casa Blanca, Alberto González, persuadieron al entonces Fiscal General, John Ashcroft, a autorizar el programa de espionaje.

Bruce Fein, un derechista que fue Fiscal General bajo Ronald Reagan, escribió en el conservador Washington Times, "el presidente Bush presenta un claro y actual peligro al estado de derecho. No puede confiársele el conducir la guerra contra el terrorismo global con un respeto decente por las libertades civiles y con balances contra el abuso ejecutivo. El Congreso debiera aprobar rápidamente un código que le requiera al Sr. Bush obtener consentimiento legislativo para cada medida contra el terrorismo que materialmente coarte las libertades individuales".

Bush se la pasó dos semanas repudiando al Times por atreverse a publicar la historia. "Mi opinión personal es que es un acto vergonzoso que alguien haya dado a conocer este programa en tiempos de guerra", dijo Bush a los reporteros. "El hecho de que estemos discutiendo este programa ayuda a nuestros enemigos".

Pero mucho mas que las tácticas de espionaje de la Casa Blanca fueron expuestas cuando el noticiero de la cadena NBC reveló un documento de 400 páginas del Departamento de Defensa con una lista de grupos considerados como una "amenaza".

La lista, disponible parcialmente en página de la red de MSNBC, muestra el grado al que el Pentágono ha compilado información sobre los activistas, especialmente de eventos en contra de la guerra. Además de la descripción, fecha y lugar de una protesta o reunión, oficiales de inteligencia recalcaban si los eventos eran considerados como una "amenaza".

Entre las alegadas "amenazas" se encuentran protestas pacíficas contra reclutadores militares. "Primero me sorprendí cuando vi la lista del Pentágono porque tenía un montón más de eventos patrocinados por la Red Universitaria Contra la Guerra (CAN, por sus siglas en inglés)) de lo que yo esperaba", dijo Elizabeth Wrigley-Field del CAN de Nueva York. "Cuando pensé acerca de esto me hizo más sentido. En el último año, el derecho a la libre expresión de los activistas de CAN ha sido violado por la guardia universitaria, quiénes han asaltado a algunos de nuestros miembros, y por los administradores, quiénes han tratado de expulsarnos de las universidades a través del país".

"Esta es la primera vez que hemos tenido conocimiento de que el gobierno federal nos espía, pero concuerda con nuestra experiencia general de que cuando nos manifestamos en contra de los reclutadores militares, no importa que tan pacíficamente, lo más probable es que nos repriman. De hecho, me hace pensar si la decisión de las escuelas de ser tan agresivas contra protestas pacíficas ha sido influenciada por conversaciones con el gobierno. CAN está planeando una campaña para averiguar si nuestras escuelas han sido cómplices de este gobierno en el espionaje contra los estudiantes".

Estas listas son amenazadoramente parecidas a las recopiladas por el Pentágono durante la década de los sesentas y setentas contra los activistas envueltos en los movimientos contra la guerra, por los derechos de la mujer, y por los derechos civiles. "Algunos nunca aprenden," Christopher Pyle, un ex oficial de inteligencia del Ejército dijo a MSNBC.

En 1970, Pyle escribió un artículo en el Washington Monthly describiendo cómo el Departamento de Defensa monitoreaba e infiltraba las protestas en contra de la guerra y por los derechos civiles. Una investigación del Congreso mostró que los militares habían investigado a al menos 100,000 ciudadanos estadounidenses, lo que llevó a la aprobación una ley que impuso límites al espionaje militar dentro del país.

Pero eso está cambiando. Hace tres años, el Pentágono creó la unidad secreta de Contrainteligencia de Campo (CIFA), la que generó el banco de información revelado por la NBC. CIFA estaba originalmente encargada de proteger a los militares de espionaje llevado a cabo por terroristas y aparatos de inteligencia extranjeros, pero hace dos años se reorientó hacia amenazas locales. Una de las tareas de CIFA es clasificar los reportes conocidos como Talon (Threat and Local Observation Notice), que consisten de información no verificada compilada por los militares sobre supuestas actividades "sospechosas", tales como las protestas contra la guerra.

La NBC también obtuvo un documento del Departamento de Defensa, timbrado "secreto," que concluye, "hemos notado un incremento de las comunicaciones vía internet entre los grupos que protestan", pero ninguna "conexión significativa" entre incidentes, tales como "instigadores recurrentes en las protestas" o "descripciones de vehículos".

La represión política no está limitada al gobierno federal. De acuerdo a un artículo del New York Times en diciembre, policías encubiertos de Nueva York han estado realizando operaciones de vigilancia secreta de gente que protesta la guerra en Irak, ciclistas que toman parte en los paseos ambientalistas del grupo Critical Mass, e incluso de los que asistieron a una vigilia en honor a un ciclista muerto en un accidente.

Videos obtenidos por el Times muestran, entre otras cosas, el falso arresto de un hombre que trabajaba secretamente con la policía que instigó un confrontamiento entre la policía y espectadores en una protesta durante la Convención Nacional Republicana del 2004.

En 2003, en nombre de la "guerra contra el terrorismo", el alcalde Michael Bloomberg reclamó más poderes para la policía de Nueva York para investigar a grupos políticos, sociales y religiosos--usurpando décadas de protección de las libertades civiles, que resultaron del amplio repudio contra los abusos de la policía durante los sesenta. El peligro del terrorismo es "peligro suficiente come para justificar cualquier costo contra la Primera Enmienda [a la Constitución]", dijo el juez federal Charles Haight, quién le otorgó a la policía de Bloomberg su nuevos poderes.

Este es el mensaje de la "guerra contra el terror" de la administración de Bush: "O estás con nosotros, o eres nuestro blanco, doméstico o en el extranjero".

"La idea de que espiar protestas pacíficas de alguna forma previene el terrorismo es ridícula", dijo Wrigley-Field. "Pienso que el hecho de ejercitar nuestro derecho a la libre expresión y a la crítica de las políticas del gobierno sea considerado como una "amenaza" por el Pentágono nos revela cómo ellos ven su trabajo. No se trata de prevenir el terrorismo, sino de llevar a cabo la política exterior de EE.UU. a cualquier costo, no importa lo que el pueblo estadounidense piense al respecto".

"Esa es la única razón por la cual puedan estar tan temerosos de estudiantes que ejercen su derecho a decir que nosotros no queremos ser parte de esta guerra. Y si eso es su trabajo, debieran estar asustados, porque nosotros no vamos a parar hasta que expulsemos a los reclutadores militares de nuestras escuelas y que saquemos a todas las tropas de Irak".

Los activistas de los sesentas y setentas desenmascararon y confrontaron el espionaje y los trucos sucios del gobierno estadounidense, obligando a los federales a retroceder. Como Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, argumentó recientemente: "la administración de Bush nos ha llevado de un gobierno responsable y respondiente al pueblo a uno que le dicta al pueblo. Cada estadounidense debiera estar en rebelión política contra los criminales que ahora manejan el país".

La administración de Bush quiere difundir el miedo entre quiénes activamente se oponen a su agenda a favor de la guerra. Las mentiras de Bush han sido expuestas para que todos las veamos. No dejaremos que atropellen nuestros derechos.

http://www.socialistworker.org/
Traducido por Orlando Sepúlveda   

Fuente: lafogata.org