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        Argentina: La lucha continúa | 
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El movimiento campesino de córdoba construye el "rancho de la resistencia campesina"
En un campo que había sido desalojado 
Comunicadores Solidarios

La Acción 
En el marco del Plan de Lucha iniciado en mayo de este año, el Movimiento 
Campesino de Córdoba (MCC) lleva adelante una retoma de tierras en el campo de 
las 8 familias desalojadas el 31 de marzo, en la Comunidad El Simbolar 
Departamento Cruz del Eje. 
A través de esta acción se exige a la Justicia Federal que haga lugar al recurso 
presentado para levantar la medida de desalojo, ya que aún sin existir 
sentencia, e impunemente, como medida preventiva, se desalojaron y demolieron 
con topadoras las casas que habitaban estas familias. 
Se exige también a los poderes provinciales que generen un marco de respuestas 
amplio para la problemática de la tierra en Córdoba que tiene que incluir 
medidas drásticas, como la inmediata restitución de los campos a las familias 
desalojadas en El Medanito (Dpto. Pocho) y Esquina del Alambre (Dpto. Ischilín) 
y la suspensión por tiempo indeterminado de los desalojos rurales, hasta tanto 
se sustancie un mecanismo integral para la protección de las familias 
campesinas. 
Es hora de que el Estado deje de poner su estructura en función de intereses y 
ambiciones desmedidas de empresarios de multinacionales y extranjeros, como los 
que promovieron el desalojo de las familias de Esquina del Alambre, y comience a 
reconocer los derechos de las familias campesinas a tener una vida digna. 
El perfil de los "desalojadores" 
Sólo un ejemplo de quienes motorizan los desalojos en el norte de nuestra 
provincia son Javier Bertrán Esteller, empresario de la multinacional Cerro 
Negro, que vive en Buenos Aires, y que desconoce absolutamente el valor de la 
tierra para las familias que la trabajan, ya que para él es sólo una "cosa" 
sujeta a las leyes del mercado. O el caso de Jaques Charriere, conocido como "el 
Suizo", quien se viene adueñando desde hace unos pocos años de más de 17.000 
hectáreas en el Dpto. Cruz del Eje, a costa de "encerrar" y desalojar familias 
que viven de la tierra. 
Estos empresarios cuentan con la complicidad de Jueces de Paz, la fuerza pública 
y el Juez Federal Dr. Ricardo Bustos Fierro, a cargo de la causa de Esquina del 
Alambre. Por omisión también son cómplices los funcionarios de la Unidad 
Ejecutora del Programa Tierras para el Futuro, entre quienes se encuentra Isaac 
López, quienes prometiendo intervenir ante estos casos de desalojos de 
poseedores brillan por su ausencia. 
La situación general 
La gravedad del despojo de las tierras en la provincia de Córdoba alcanza 
proporciones alarmantes, desde finales de los años '80 disminuyeron en un 36% la 
cantidad de explotaciones agropecuarias familiares. 
En este marco, desde el año 2000 se vienen sancionando leyes tendientes a dar 
solución a los conflictos relacionados a la tierra. Las mismas no sólo son 
insuficientes a tales fines, sino que el sector campesino sigue siendo víctima 
de atropellos de sus derechos, como es el caso de la familia Calderón (Dpto. 
Pocho), Doña Ramona Bustamante (Dpto. Río Seco) o la familia Rivero (Dpto. 
Ischilín). Con sentencias de desalojo que a todas luces resultan ilegítimas ya 
que promueven la expulsión de más familias del campo a causa de falta de 
políticas públicas claras tendientes a dar una solución definitiva al problema 
de acceso a la tierra. Y dejando en total desprotección a las familias 
campesinas que en forma cotidiana se encuentran amenazadas de ser expulsadas 
injustamente de las tierras donde han vivido durante generaciones. 
Soluciones que no llegan 
Para solucionar este problema el gobierno de la provincia legisla la ley 9.150 ó 
de Registro de Poseedores, en el marco del Programa Tierras para el Futuro, ley 
que supuestamente encaminaría esta situación. La ley fue dictada en Febrero de 
2004, han transcurrido más de dos años de su entrada en vigencia, y aún no se ha 
inscripto a un sólo poseedor. Lo expuesto hace dudar acerca de su efectividad, 
lo que lleva a concluir indefectiblemente que esta ley no ha mejorado en nada la 
situación de los poseedores. Muestra de esto es que a la fecha el MCC ha 
presentado más de 300 registros en la Secretaría de Justicia, que no han tenido 
tratamiento, de acuerdo a los plazos establecidos. Los conflictos se han 
incrementado debido al mecanismo de los trámites y estos no generan garantías 
jurídicas de ningún tipo, a pesar de que la ley prevé un presupuesto para 
realizar las mensuras posesorias y posterior escrituración gratuita. 
Todo ello se suma al estado de inseguridad total que genera lo acontecido en el 
Registro Provincial de la Propiedad donde se está constatando una estafa 
multimillonaria, que involucra a abogados, escribanos, particulares y 
funcionarios del mismo registro y la Unidad Ejecutora de la mencionada ley 
9.150, quienes habrían fraguado los títulos de propiedad de inmuebles rurales, 
elemento que constituye la principal prueba que toman los diferentes juzgados de 
la provincia, para ordenar los desalojos de los poseedores reales de la tierra. 
También es reconocido el desempeño de algunos jueces de paz quienes producen 
constataciones irregulares, luego utilizadas por la justicia para fundamentar 
los desalojos. 
La realidad campesina 
Es evidente que esta situación se agrava por diversos factores: el avance de la 
frontera agropecuaria, el alto valor que adquirieron los inmuebles rurales en 
los últimos tiempos, e intereses y maniobras especulativas que persiguen la 
apropiación de tierras poseídas por familias campesinas. En los últimos años se 
ha acentuado una política - judicial - desde el gobierno, tendiente a 
criminalizar la legítima defensa del derecho a la tierra por parte de sus 
poseedores. Este proceso tiene su correlato en la imputación de más de 60 
campesinos organizados. 
Como consecuencia de lo anteriormente descripto, el MCC viene trabajando para 
denunciar la desigualdad ante la ley, difundir las injusticias padecidas y 
llamar la atención a la sociedad en general, sobre los atropellos que este 
sector debe soportar de parte del Poder Judicial, al criminalizar la legítima 
defensa de sus derechos y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo por no tener 
políticas claras y efectivas tendientes a resolver estos conflictos sociales.
"Porque nosotros sin tierra... no somos" 
¡BASTA DE DESALOJOS! 
MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA 
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA