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        Argentina: La lucha continúa | 
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Conservadores ponen de blanco a D'Elía, Argibay y piqueteros
Emilio Marín 
La Arena 
Se nota que la derecha política y mediática ha comenzado a calentar motores con 
vista a la marcha organizada por el empresario Juan Carlos Blumberg a Plaza de 
Mayo para el 31 de agosto. La movida es supuestamente para reclamar por la 
inseguridad pero en los hechos exigirá que el gobierno la termine con "eso" de 
los derechos humanos. El ingeniero, tras el rictus de padre del dolor, se está 
probando las pilchas de candidato a gobernador bonaerense por el partido de 
Mauricio Macri o una convergencia de fuerzas derechistas de "gente como uno".
El vocero oficioso de esa campaña es el diario "La Nación", que quiere hacer 
pensar a los argentinos que los mayores desafíos a la libertad en este momento 
son el subsecretario de Tierras para el Hábitat, Luis D'Elía, y la miembro de la 
Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay. 
El primero sería culpable de haber cortado unos alambrados en los campos 
correntinos del estadounidense Douglas Tompkins. Ese hecho quiere ser ubicado 
por ese medio y Ricardo López Murphy como el símbolo de la inexistencia de 
seguridad jurídica para los inversores nacionales y sobre todo extranjeros. 
"Gaceta Ganadera" es consecuente en la defensa de los intereses de los ganaderos 
y terratenientes. Y Tompkins lo es pues atesora cerca de 300.000 hectáreas en 
diversas propiedades adquiridas en nuestro país al socaire de la 
extranjerización de la economía de las últimas décadas. 
El problema de muchas familias humildes cercadas por alambradas y tranqueras 
instaladas por la empresa de Tompkins en el paraje correntino de Yahaveré, que 
cerraron los caminos comunales utilizadas por aquéllas, no importó un bledo a 
los voceros de la oligarquía. 
Esos campesinos pobres habían pedido ayuda a D'Elía y la diputada nacional 
Araceli Méndez en una zona de importancia estratégica por su cercanía a los 
esteros del Iberá. En rigor era la libertad de esta gente la que estaba 
secuestrada por el latifundista extranjero pero al establisment no le importó 
ese sufrimiento. Ya lo dijo en su momento Carlos Menem: "pobres hubo siempre".
La gran preocupación de la Sociedad Rural es que, además de cortar un alambrado, 
los protagonistas del suceso han adelantado que presentarán un proyecto de ley 
para expropiar ese latifundio. ¿Qué horror, no? 
El diario mencionado tiene al funcionario kirchnerista en la mira desde que era 
piquetero y tomó en junio de 2004 la comisaría de la Boca en rechazo al 
asesinato del militante de la FTV, Martín Cisneros. Esa ocupación pacífica fue 
presentada como el insurreccional asalto del Palacio de Invierno. 
Tiren contra Argibay 
Esa parece ser la orientación de los sectores más conservadores, que están de 
punta contra Carmen Argibay por haber opinado que la joven discapacitada 
bonaerense violada tenía derecho a interrumpir el embarazo, tal como marca la 
ley. La integrante del alto tribunal cuestionó también a la jueza de primera 
instancia, Inés Siro, que había denegado esa intervención en un hospital público 
de La Plata. 
Las legisladoras Diana Conti y Graciela Rosso han iniciado los trámites del 
juicio político a Siro, cuyas trabas al derecho de la muchacha de edad mental de 
8 años fueron parte del palo en la rueda hasta que finalmente, por transcurso 
del tiempo, el Comité Etico del hospital desaconsejó el aborto. 
Un editorial de "La Nación" de ayer, titulado "Imprudentes declaraciones", atacó 
a Argibay diciendo que lo suyo fue "penoso" y prueba de supuesta "intemperancia 
ideológica y desborde institucional". Tampoco se salvaron las dos diputadas, 
acusadas de "no respetar los derechos humanos del ser más indefenso". 
Así las cosas, parecería que los defensores de la vida son los recalcitrantes 
que se oponen a la interrupción del embarazo fruto de una violación, pese a que 
tal instancia está prevista en el artículo 82, inciso 2 del Código Penal. 
Los enemigos de la vida son los que se oponen a ese derecho y también rechazan 
la educación sexual, la ley de reproducción responsable, el uso del 
preservativo, la ligadura de trompas y vasectomía, el aborto como un recurso de 
última instancia según el derecho de la mujer, etc. 
El promotor de la campaña para que la mencionada joven no pudiera interrumpir su 
embarazo fue el ingeniero Ricardo De la Torre, rector de la Universidad Católica 
de La Plata y ex subsecretario de Educación durante la última dictadura militar. 
¿Y éstos son los próceres que nos van a impartir lecciones de vida? Si son los 
amigos del extinto arzobispo Domingo Plaza y Héctor Aguer, del fallecido general 
Ramón Camps y del enjuiciado comisario Miguel Etchecolatz, verdaderos neonazis.
Los verdaderos violadores 
Los violadores en serio de los derechos más elementales están en parte 
identificados, al menos el sector que más tiene sus manos tintas en sangre y 
vísceras de los 30.000 desaparecidos. 
El ex dictador Jorge R. Videla, por ejemplo, deberá pronto ir a juicio por la 
causa "plan Cóndor" que coordinó la represión ilegal de las dictaduras del Cono 
Sur con anuencia de la CIA norteamericana. Si el juez acepta el pedido del 
fiscal actuante, aquél genocida y otros trece procesados tendrán que responder 
por esos crímenes. 
No son los únicos. Del informe entregado por la secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación a la ONU a principios de mes surge que hay 959 causas en curso y 
211 represores detenidos. Hasta ahora la Cámara de Casación Penal demoró los 
trámites hacia las audiencias orales y públicas, acogiendo y haciendo tiempo con 
todas las chicanas presentadas por Florencio Varela y demás defensores de los 
genocidas. 
Muchos organismos de derechos humanos se preguntan si no habrá llegado el 
momento que el gobierno nacional, con apoyo parlamentario y de la ciudadanía, 
deba forzar cambios en dicha Cámara. Ya lo hizo al comienzo de su gestión con 
varios integrantes de la Corte Suprema y ahora parece que el método de limpieza 
se hace necesario en Casación Penal.
De una forma u otra, con lentitud o no (hasta el presidente de la Nación pidió 
celeridad), es probable que varios represores tengan su juicio y condena, tras 
lo cual es de esperar que vayan a establecimientos penitenciarios comunes, como 
cualquier reo. 
Claro que eso no termina con las violaciones a los derechos humanos. Es que 
además de los numerosos casos de "gatillo fácil" policial -la semana pasada la 
Correpi presentó en el Bauen Hotel su denuncia sobre el crecimiento particular 
de estos delitos- está el otro tipo de violación a esos mismos derechos, 
perpetrado por los círculos más poderosos de las clases dominantes. 
Si Tompkins, Luciano Benneton, Eduardo Elztain y otros terratenientes acaparan 
centenares de miles de hectáreas de tierras, eso va en desmedro de los derechos 
elementales de los pobladores correntinos mencionados, los indígenas de Chaco en 
huelga de hambre hace semanas, los mapuches de Chubut, los wichís de Salta y 
tantos otros argentinos de a pie. 
Que el 10 por ciento más rico de los argentinos gane 36 veces lo que percibe el 
10 por ciento más pobre, es otra muestra patente de violación de los derechos 
humanos. Es que lo acumulado en una punta del espectro es lo que le falta al 
otro extremo y buena parte del resto de la sociedad. 
Justamente ayer el Banco Central informó que los bancos ganaron en el primer 
semestre del año 1.800 millones de pesos, tanto como en todo el año pasado, con 
balances florecientes del Macro-Bansud, el Río, el Francés y otras entidades. La 
"Patria Financiera" fue y es la gran máquina de triturar los derechos de los 
argentinos, y no sólo de sus ahorristas. Pero, como era previsible, de estas 
violaciones no hablan los medios que patrocinan la marcha de Blumberg.