Argentina: La lucha continúa

Andrea Holgado
APM

En Argentina, la juventud paga culpas que no tiene. Y lo hace en un doble sentido, sin trabajo y criminalizada.
El neoliberalismo causó estragos en todo el tejido social. Sin embargo, las jóvenes generaciones deben soportar lo peor, esa diabólica combinación entre desempleo y represión por parte del Estado.
En Argentina, el 41,4 por ciento (1.072.502) de los jóvenes de entre 14 y 17 años se encontraba durante 2004 en situación de vulnerabilidad y exclusión educativa. El porcentaje descendía al 1 por ciento en el quintil de ingresos más rico, mientras que en el quintil más pobre se elevaba al 17 por ciento: una brecha de exclusión educativa de diecisiete veces. Los datos de esta nota corresponden a estadísticas oficiales del ministerio de Trabajo.
En términos de agenda social juvenil en situación de vulnerabilidad podemos distinguir tres segmentos: 1) Adolescentes desempleados que no estudian (total urbano nacional) 154.000 de los cuales solo el 22 por ciento terminó los estudios secundarios y el 81 por ciento se encuentra en hogares que están por debajo de la línea de la pobreza. 2) jóvenes desempleados con responsabilidades familiares. Se estima un total de 69.000 jóvenes mayores. (20 a 24 años de edad). La mayoría no completo los estudios secundarios, más de la mitad son mujeres y viven en situación de pobreza. 3) adolescentes que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian. Con un total nacional urbano de 320.000. La mayoría son varones (71 por ciento). EL 63 por ciento reside en hogares pobres y de exclusión social.
El porcentaje de desempleados jóvenes es casi el doble de los desempleados en la población económicamente activa. Destacándose la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) y sus alrededores gran como la zona de mayor desempleo juvenil con un 33, 6 por ciento.
La proporción de jóvenes en el desempleo global llegaba, en el 2004 al 40 por ciento, dato más que preocupante, teniendo en cuenta que los jóvenes componen un 20 por ciento de la población activa. En términos de proyección, si no logran entrar al mercado laboral siendo jóvenes difícilmente lo puedan hacer más adelante. Jóvenes excluidos que ya no entrarán al mercado laboral con el horizonte de tormenta que esto presagia. ¿De que vivirá este porcentaje de la población? ¿De los planes sociales?, ¿Del delito marginal, lo que implica no pasar la barrera de los 25 años, con suerte?
El año pasado, la Asociación Miguel Bru –organización de derechos humanos con sede en La Plata- ingresó a Isla Maciel, en la frontera del Gran Buenos Aires con la Capital Federal, para brindar asistencia legal a los familiares de víctimas del gatillo fácil (represión policial).
En las primeras reuniones, las madres solicitaron que, además del apoyo que les estaban dando, hicieran algo por los demás jóvenes, por los que todavía estaban vivos. Así nacieron los talleres de fotografía, periodismo, computación, peluquería, electricidad y panadería.
El Programa de Comunidades Vulnerables (PCV) del ministerio de Justicia de la Nación otorga un Plan Empleo y Capacitación (PEC) –subsidio- de 150 pesos mensuales a jóvenes que hayan estado involucrados en delitos y que, a cambio del beneficio, se comprometan a realizar actividades por un mínimo de cuatro horas diarias y a capacitarse.
Se dictan los talleres y también se trabajan problemas de género, con las adolescentes.
Si bien de a poco se van obteniendo algunos logros, el proceso es muy largo, arduo y con avances y retrocesos.
Jorge Jaunarena, destacado dirigente de la Asociación Miguel Bru, dijo "es desesperante, tenemos una nena que el padre la está violando y si lo hacemos meter preso quedan los hijos sin nadie que los alimente; entonces es desesperante porque solucionas por un lado y se te desordena por otro. A veces, cuando me preguntan y nos dicen que bueno lo que hacen, creo que en realidad el logro es que a pesar de todo sigamos".
En el primer trimestre de 2004, el 54,3 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 12 años era pobre, contra un índice general de 44,3 por ciento, según una medición realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 28 conglomerados urbanos del país.
La provincia de Buenos Aires tiene dos millones de adolescentes de 14 a 21 años. El 50 por ciento vive bajo la línea de pobreza y, de ellos, un 38,8 por ciento es indigente. Son 655.102 chicos que no tiene ningún tipo de cobertura social. Cinco de cada veinte adolescentes no estudia ni trabaja. La mayoría vive la ruptura del contrato familiar como consecuencia de las situaciones de pobreza y desempleo crónicos.
La políticas públicas en relación a los adolescentes y jóvenes traza oscila entre la criminalización (hacerlos responsables de la inseguridad y el delito, con estrategias tendientes al aumento de penas o la disminución de la edad de imputabilidad) o convertirlos en sujetos de inserción laboral a través de planes que funciona más como un sistema de chantaje para no delinquir.
No es ninguna novedad que el sistema penal y de represión genera jóvenes mucho más excluidos de lo que estaban. Los menores que ingresan a institutos de menores son vejados, maltratados y alimentan su odio social, y fundamentalmente hacia la policía.
Los programas o proyectos para sacar a los adolescentes de las calles y el delito son llevados adelante por organizaciones sociales y de derechos humanos.
El Estado solo se limita a entregar 100 o 150 pesos (unos 12 dólares como promedio) según sea el caso, para que estos jóvenes se reinserten en algún plan de capacitación laboral.
Pero el mayor peso lo soportan las organizaciones que cuentan con voluntarios y mínimas infraestructuras para el trabajo.
A esto hay que sumarle las políticas contradictorias del mismo Estado, ya que, en la práctica, provocan que, muchos de los proyectos pensados para que adolescentes y jóvenes se alejen del delito, sean boicoteados por la misma policía.
Sobre esto último, Jaunarena agregó: "Tratamos de darles un marco de contención a los jóvenes y sucede que cuando cae alguno, en la comisaría piden la coima a la madre para no elevar el informe a Justicia. Entonces uno de los hermanos del detenido sale a robar para poder pagar".
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Andrea Holgado es académica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y directora del proyecto Radio Itinerante, del mismo centro de estudios.   

Fuente: lafogata.org