Argentina: La lucha continúa

Hace algo menos que dos semanas, los diarios informaban que el presidente Kirchner había firmado el decreto 727 para reglamentar la ley 23.554 de Defensa Nacional, una ley vigente, pero en una especie de vida vegetativa desde el año 1998.
La noticia fue anunciada la Ministra de Defensa Nilda Garré que explicó, según Página 12, que el decreto describe con "absoluta precisión cuál es la responsabilidad primaria de las Fuerzas Armadas, dejando afuera claramente cuestiones que tienen que ver con la seguridad interior" La declaración de la ministra que levanta el diario Clarín dice casi lo mismo: las denominadas nuevas amenazas, como las "referidas al terrorismo, el narcotráfico, el delito organizado, no son responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que están preparadas profesionalmente para otras hipótesis". La agencia oficial Telam es aún más explicita en el cable que distribuyera por esos días: El decreto, dice, "refuerza el control civil y excluye la acción militar en seguridad interior".
Es cierto que las tareas de disciplinamiento represivo han quedado en manos de las fuerzas policiales - que la llevan adelante por medio de mecanismos como el llamado gatillo fácil - o bien de la Gendarmería, como hemos comprobado no hace mucho tiempo en la provincia del presidente.
Sin embargo, la noticia de que las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en temas de seguridad anterior, sería una buena noticia. Sería, digo, nótese el condicional.
Porque resulta que no es.
La excepción que desmiente la regla
El decreto reglamentario de Kirchner se extiende en los considerandos para definir el rol de las fuerzas armadas y rechaza "enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación "nuevas amenazas", responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto". El artículo 1ro define coherente con esta concepción que "las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s…". Hasta ahí, sólo hasta ahí, la ley parece darle la razón a Nilda Garré y a Telam.
Veamos cómo sigue el mismo artículo primero. A continuación del fragmento que transcribía más arriba aclara para oscurecer, que lo que dijo lo dijo "sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior".
Para ver el alcance del "sin perjuicio" hay que pegarse una vueltita, entonces, por la ley de seguridad interior. El artículo 27 muestra la primer pista: "en particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones". Por ahora es poco y nada. Corto y pego, entonces, el artículo 31: "Sin perjuicio del apoyo establecido en el art. 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el art. 2º".
Aquí, en el artículo 31, ya se ve con claridad que nos pretenden hacernos pasar gato por liebre, que las fuerzas armadas serán sí, empleadas en la seguridad interior, claro que "en aquellos casos excepcionales" y "a criterio del Presidente". Pero avancemos, o mejor dicho retrocedamos hasta el artículo 2 de la ley 24.059, dictada en los años de Menem, para ver de qué se habla cuando se habla de Seguridad Interior: "a los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional".
El asunto no es menor. Como los casos excepcionales son una cuestión de criterio (igual que antes) y el criterio que vale aquí es el del presidente (que se expresa vía decretos), nada ha variado sustancialmente desde el punto de vista legal, desde aquel decreto que firmaran María Estela Martínez de Perón y Carlos Ruckauf, invitando a las Fuerzas Armadas a "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos".
Eran otros tiempos, claro, ya lo sé. Pero conviene recordar que los que luchan por una redistribución más justa del ingreso o, peor aún, los que lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados, atentan contra el "patrimonio" de los capitalistas serios.
Y también que los que gritaban que se vayan todos en el 2001, pretendían subvertir esas "instituciones" del sistema representativo, esas que en "casos excepcionales", serían resguardadas nada menos que por el ejército, la aeronáutica y la marina.

Reestructuración de caja

A este mentís, formulado en potencial, a lo afirmado por Telam y por Nilda Garré, puede agregársele uno en tiempo presente, señalado por Facundo Aguirre en su nota "Rescatando a las FF.AA.: Reglamentación de la Ley de Defensa" publicada por Rebelión. Escribe Aguirre que "se oculta que los militares argentinos son parte activa en la defensa de los intereses imperialistas en la región, caso Haití, donde actúan como parte de la fuerza de ocupación" y concluye con todo derecho que "lo que la ley prohíbe que se haga en Argentina, no tiene valor en Haití donde las tropas actúan en funciones de represión y combaten contra la resistencia del pueblo haitiano".  

Fuente: lafogata.org