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Argentina: La lucha continúa
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Inquisiciones
Carlos del Frade
Documentos inéditos de los organismos de inteligencia sobre la persecución a
sacerdotes santafesinos comprometidos en los '70. . Adelanto de la nueva edición
de la revista Tercer Mundo.
Desde finales de los años sesenta, las pastorales de Vicente Zazpe y Osvaldo
Catena, en Santa Fe; Alberto Devoto, en Goya; Rafael Yacuzzi y Juan Iriarte, en
Reconquista; Antonio Brasca en Rafaela; y muchos otros monjas, como el caso de
Martha Pelloni, y sacerdotes en las distintas provincias del litoral, fueron
perseguidos por los destacamentos de inteligencia de las policías regionales, la
Federal, la Secretaría de Informaciones del Estado y diferentes organismos del
Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Esto surge de los documentos reservados
que todavía se encuentran en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a
los cuales tuvo acceso este cronista a partir de las investigaciones judiciales
que se están llevando a cabo en la ciudad de San Nicolás a raíz del asesinato
del obispo Carlos Ponce de León, ocurrido el 11 de julio de 1977.
Pero además de informar por primera vez qué se hizo en contra de conocidos
referentes eclesiásticos en la región, esta nota sirve para preguntar hasta
cuándo van a perdurar los silencios que existen en distintas ciudades en torno a
la historia política reciente. Una crónica en la que los verdaderos cristianos
terminaron muertos, exiliados o corridos de sus diócesis cuando afloraron
obispos como Edgardo Storni, Eduardo Mirás y otros. Todavía la Conferencia
Episcopal Argentina no hizo ninguna declaración sobre el significado de estos
papeles. Un silencio bastante parecido a la complicidad.
"Informe sobre situación actual de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la
Argentina", era el título del memorandum firmado por el entonces teniente
coronel, José Luis Picciuolo, a cargo de la Dirección General de Culto. Tomaba
como base el documento de la trigésima quinta asamblea del Episcopado Nacional.
Estaba fechado el 30 de mayo de 1977.
Apenas un año y chirolas después del golpe de estado.
Describe la necesidad de "neutralizar la acción que embozadamente la subversión
ha desarrollado sobre el episcopado. Al respecto cabe agregar que los obispos
que más se interesaron e intervinieron durante la alocución de los referidos
jefes militares en lo atinente a los derechos humanos fueron: monseñor De
Nevares, obispo de Neuquén; monseñor Hesayne, obispo de Viedma; monseñor Medina,
obispo de Jujuy; monseñor Casaretto, obispo de Rafaela y monseñor Zazpe,
arzobispo de Santa Fe".
El escrito de los obispos expresa el rechazo a todo concepto que "confunda la
seguridad del estado con la tolerancia o aceptación de la violación de los
derechos humanos esenciales" y se denunciaron "situaciones anómalas como las
numerosas desapariciones y secuestros, la situación de numerosos habitantes de
nuestro país a quienes la solicitud de padres y amigos presentan como
desaparecidos o secuestrados por grupos autoidentificados como miembros de las
fuerzas armadas o policiales; el hecho de que muchos presos, según sus
declaraciones -o las de sus familiares habrían sido sometidos a torturas y
fundamentalmente algo que es más difícil de justificar: las largas detenciones
sin que el detenido pueda defenderse o saber al menos la causa de su detención".
El teniente coronel Picciuolo dice que hay coincidencia en este tema con la
carta que le remitieron Primatesta, Aramburu y Zazpe a la junta de comandantes
en marzo de aquel año.
Aconsejaba "mantener un diálogo cordial" con la Comisión Ejecutiva de la
Conferencia Episcopal, "atender a los requerimientos del episcopado", "apoyo
económico a las obras concretas", "facilitar los viajes que los obispos deban
realizar, dentro y fuera del territorio nacional para el mejor logro de su
cometido pastoral", "apoyar los controles que se puedan realizar sobre colegios
e instituciones educacionales católicas" y "neutralizar la acción que se ejerza
desde el exterior o dentro del país por parte de organizaciones subversivas
mediante una permanente acción psicológica o informativa tendenciosas".
Es decir, la iglesia como factor de control. Y para lograrlo, abrir la billetera
para auspiciar viajes y obras. Esa era la idea de la dictadura, según este
documento.
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