Argentina: La lucha continúa

Sr. Presidente de la República
Dr. Néstor Kirchner
S/D
De nuestra mayor consideración
Agradeciendo su gentileza de recibirnos y en representación del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), integrado por diversas organizaciones de ex trabajadores del petróleo, el gas, la energía eléctrica, la Asociación de profesionales de la CNEA y destacados técnicos y especialistas, hemos considerado conveniente dirigirle la presente carta, en la que sintetizamos nuestras opiniones, fundadas en los siguientes razonamientos:
El contexto internacional y las crecientes demandas de energía que el país necesita y que el mercado ha demostrado ser incapaz de asegurar, han generado el sentimiento mayoritario de que la planificación, producción, transporte y comercialización de los bienes energéticos por parte del Estado Nacional, constituye una de las herramientas básicas para el creciente desarrollo económico del país.
El MORENO ha venido insistiendo en que la desregulación energética que iniciara Carlos Menem junto a Roberto Dromi y Domingo Cavallo en los años 90, ha sido una aventura de grandísimas pérdidas que cambió la tradicional política del Estado que la Argentina venía desarrollando en la mayor parte del Siglo XX. Con grandes dirigentes nacionales de la talla de Jorge Newbery, Hipólito Yrigoyen, Enrique Mosconi, Marcelo T. de Alvear, Juan D. Perón, Julio V. Canessa, Arturo Sampay y Arturo U. Illia.
Más allá de las diferentes consideraciones ideológicas, lo que es evidente es que después de quince años de privatizaciones, este modelo es incapaz de asegurar el crecimiento económico del país y nos coloca al borde de una crisis energética. Insistir en él es una suerte de suicidio energético. Cualquier medida que prolongue las adoptadas por el gobierno menemista, implica desconocer el carácter estratégico de los hidrocarburos y la necesidad de garantizar a todos los argentinos el uso y goce de bienes que les pertenecen, porque la energía antes que un commodity es un derecho humano y un bien social.
El fracaso del modelo neoliberal energético
El cambio radical de política petrolera que implementó Carlos Menem tuvo, entre otras, las siguientes consecuencias:
1) Precio internacional: los argentinos hemos venido pagando los combustibles a un precio mucho mayor del que pagábamos, que tiene como referencia el precio del mercado internacional y no los costos internos.
2) Incumplimientos de las concesionarias: las petroleras no cumplieron con las obligaciones contractuales de mantener y ampliar el nivel de las reservas con inversiones en exploración y perforación de nuevos pozos. El nivel de reservas ha disminuido a un tercio de las existentes antes de la privatización.
3) Ausencia de control del ambiente: la contaminación del medio ambiente y las napas de agua es creciente en casi todos los yacimientos del país, donde no hay autoridad de control ni reparación del daño causado.
4) Falta de inversiones en gas natural : no se construyó ni un metro de gasoducto para el mercado interno; el 40% de la población carece de gas natural y está obligada a pagar la garrafa a precios extraordinarios.
5) Importación de energías: podemos decir, que habiendo logrado nuestro país el abastecimiento energético, hoy está obligado a importar diesel, fuel oil y electricidad. El mercado ha demostrado su fracaso para producir un abastecimiento energético que pueda satisfacer el creciente desarrollo económico argentino.
6) Fraccionamiento del subsuelo: también podríamos apuntar como política equivocada que se sigue manteniendo el criterio de otorgar a las provincias el dominio jurisdiccional del subsuelo, que no existe en el mundo, esbozado en los numerosos proyectos modificatorios de la actual Ley Nº 17.319. Sólo cabe tener una política nacional y una explotación centralizada en lo político y operativo, sin que ello implique desconocer los derechos de las Provincias en cuanto a la participación en las riquezas generadas.
7) La liberación del precio del gas en boca de pozo: esta medida fue dispuesta por los decretos Nº 180 y 181, cuando ante los faltantes de marzo del 2004 correspondía el retiro liso y llano de la concesión de explotación, significa la entrega al oligopolio productor a todos los usuarios no domésticos; en este esquema, los más perjudicadas serán las PYMES, que deberán aceptar las exigencias o cerrar sus plantas.
8) Fraude Contable: en marzo de este año los argentinos nos enteramos que Repsol-YPF había declarado como propias un 20% de reservas que no le correspondían. Entendemos que el gobierno tiene la obligación de exigir una explicación a la empresa por esta anomalía.
9) Los ilícitos petroleros de los 90: no se han iniciado investigaciones referidas a los ilícitos de la Década de los 90'; por ejemplo, los que derivan de los inconstitucionales Decretos Desreguladores de 1989 (Nº 1.055; 1.212 y 1.589) firmados por Menem y el ministro Roberto Dromi, tales como la acumulación de áreas que superen el número de cinco (Ley Nº 17.319) y la conversión de contratos de obras y servicios en concesiones de explotación, maniobra expresamente declarada de nulidad absoluta por la Ley citada. La escandalosa prórroga de la concesión de Loma de la Lata en la gestión De la Rúa, con 17 años de anticipación sigue vigente, al igual que las de Ramos y Acambuco durante la gestión menemista. La primera venta de YPF a U$U 19 la acción (cuando su valor real era de 36 dólares), sin tasación oficial previa (solamente fue tasada por Firts Boston y Merryl Lynch) constituye un ilícito de una magnitud tal que debe ser investigado.
10) La irracional política exportadora de hidrocarburos: el mantenimiento de las exportaciones es manifiestamente inconstitucional; en efecto, la Constitución Nacional determina que los recursos deben ser explotados racionalmente y en beneficio de las generaciones presentes y futuras, cuyo derecho debe ser preservado. Además, estas exportaciones son negocios entre empresas privadas que han sido mal autorizadas por los distintos Secretarios de Energía y deben dejar de ser avaladas por el Estado Nacional. Desde el punto de vista del derecho internacional, el Protocolo firmado con Chile no tiene jerarquía constitucional de Acuerdo. Además, la Ley de Hidrocarburos exige mantener un adecuado nivel de reservas –hoy inexistente- y prioriza el autoabastecimiento.
Hacia un nuevo modelo energético
En el profundo convencimiento de que somos los pueblos –no los empresarios privados- los dueños de los recursos naturales y quienes determinamos su forma de explotación y distribución, es necesario reintegrar al Patrimonio Nacional los recursos y activos que pertenecían a las grandes empresas nacionales y provinciales, como también preparar un Plan Energético Integral que establezca la exclusiva administración estatal y la ampliación de sus disponibilidades.
Ante el conflictivo escenario internacional y la creciente disminución de nuestras reservas el MORENO propone las siguientes medidas:
1) RECUPERACIÓN DE ÁREAS QUE VIOLAN LA LEY: Debe concretarse La Revolución de la Ley para que el Estado Nacional recupere aquellas áreas que han sido entregadas en base a disposiciones de los Decretos Desreguladores de 1989 citados en esta nota. Idéntica actitud cabe para las áreas que pertenecían a la YPF estatal que fueran transformadas en concesiones de explotación y permisos de explotación por la Ley de Privatización de YPF; en este caso, debe desconocerse el Decreto Nº 1.108/93 que las prorroga indebidamente. También es necesario declarar la nulidad de las prórrogas ilegítimas de Loma de la Lata, Acambuco y Ramos. Las áreas recuperadas deben ser asignadas a ENARSA, cuya ley de creación debe ser modificada transformándola en una Sociedad del Estado.
2) GRAN EMPRESA ENERGÉTICA PÚBLICA: Enarsa, convertida en Enarse, debe dejar de ser una mera oficina de distribución de concesiones a multinacionales que no tiene yacimientos ni recursos. Enarsa debe convertirse en una real empresa energética integrada con recursos, yacimientos, transporte, refinería y bocas de expendio propias. Consecuentemente, la nueva Ley de Hidrocarburos debe asegurar para el Estado Nacional el dominio jurisdiccional de todo el subsuelo de la Nación y convertir a Enarse en el único concesionario.
3) DEROGACIÓN DE LOS DECRETOS DESREGULATORIOS DE 1989: debe considerarse a todas las actividades integrantes del ciclo económico de los hidrocarburos como un servicio público, íntegramente regulado; para ello, cabe derogar los decretos desregulatorios de 1989 y los Nº 180 y 181 de 2004, que liberan el mercado del gas entregándolo al oligopolio internacional que extrae el 92 % del total.
4) AUDITORÍA DE RESERVAS Y DE COSTOS CON TÉCNICOS Y PROFESIONALES ARGENTINOS: consideramos necesaria, como primera y urgente medida, la realización de una auditoría de reservas por parte de técnicos independientes de las petroleras. En la Ley de creación de ENARSA, se le adjudica la formación de un Banco de Datos; nadie ignora que los datos esenciales para sustentar cualquier política son los referidos a las reservas. Transcurridos casi dos años desde que iniciara su funcionamiento nada se ha concretado. Recientemente, ante presentaciones de Repsol YPF SA ante los organismos de control donde cotiza sus acciones, disminuyendo sus reservas, la Secretaría de Energía solamente ha modificado la periodicidad de la presentación de las Declaraciones Juradas y la repetición del Auditor contratado por la sociedad, lo cual resulta totalmente insuficiente, pues no se audita en serio y se sigue aceptando como verdad la palabra de las petroleras.
5) SUSPENDER LAS EXPORTACIONES: deben ser suprimidas de inmediato contemplando el plazo mínimo para que los consumos domiciliarios de los países receptores puedan adecuarse al lógico problema de la sustitución.
6) DESGRAVACIÓN Y BENEFICIOS A LAS PETROLERAS: debe retirarse el Proyecto de Desgravaciones y Beneficios para las Inversiones en Exploración. Mientras en el mundo se discuten los contratos a favor de los pueblos por el aumento espectacular que ha sufrido el crudo en los últimos tiempos, este proyecto no solamente está a contramano de los tiempos sino que no reconoce antecedentes en el continente y premia a quienes no invirtieron en los últimos 15 años, como también derogarse la Ley de Promoción de Inversiones en Infraestructura, conocida como Ley Techint.
7) DETERMINAR EL REAL PRECIO DE LAS PRIVATIZACIONES HIDROCARBURÍFERAS: Los objetivos nacionales de la política deben ser recapturar los activos energéticos. A tales fines, será necesario auditar el precio real de privatizaciones y el valor de sus reservas actuales.
8) RECUPERAR REPSOL YPF: El gobierno nacional tiene director y síndico titular y suplente en el directorio de esta compañía. Siendo poseedor de la Acción de Oro de YPF S.A. la misma limita sus operaciones de transferencia sin autorización argentina. En consecuencia el valor internacional de esta compañía depende del poder de decisión argentino y de las áreas que le han sido concesionadas El MORENO sostiene que la mejor inversión que puede hacer el gobierno nacional es recuperar el poder de decisión de esta compañía.
9) LA FAVORABLE COYUNTURA LATINOAMERICANA: El gobierno nacional debe aprovecharla para poder reconstruir su petrolera nacional y junto con los países hermanos constituir una gran empresa al servicio de nuestros pueblos.
Comprenderá Ud. que son varias las inquietudes que nos preocupan. Requerimos de Ud. que se ponga al frente de la recuperación de nuestros recursos más estratégicos y valiosos y encabece, tal como lo ha concretado el Presidente de Bolivia, una cruzada patriótica similar.
Quedando a su disposición para todo aquello que estime conveniente, lo saludamos muy atentamente.

Fernando Pino Solanas, Presidente
Félix Herrero, Gustavo Calleja, José Rigane, Vicepresidentes 

Fuente: lafogata.org