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Argentina: La lucha continúa

Traslado de dependencias de la armada a Vicente López

Vecinos indignados de Vicente López

Los hechos

Como es de público conocimiento, el 5 de agosto de 2004 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1412, a través de la cual se aprobó el Convenio Nº 8/04, suscripto entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de Marzo de 2004 y cuyo objeto es que el destino del predio sito en la Avenida del Libertador 8151/8305/8401/8461, donde funcionara el Centro Clandestino de Detención identificado como "Escuela de Mecánica de la Armada" -ESMA- sea el "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos".
Hacia fines de ese mismo año, la Armada Argentina ingresó el Expediente Nº 2150/04 en el Concejo Deliberante de Vicente López, en el cual se solicitaba la habilitación para construir varios edificios en el hoy Centro Recreativo Hipólito Bouchard en los que se instalarían varias dependencias de la fuerza que hasta la fecha funcionan en el mencionado predio de Núñez. El mismo fue tratado en comisión y rechazado por unanimidad (ver argumentación en versión taquigráfica que se adjunta) en la polémica sesión del 23 y 24 de diciembre de 2004. Resulta pertinente destacar que dicha sesión se extendió al día 24 por cuanto los concejales orgánicos al Intendente y sus negocios, se retiraron del recinto en forma completamente irregular, eludiendo a los vecinos y medios presentes y regresaron para votar entre las 4.30 y las 7 de la mañana una serie de escandalosas y resistidas excepciones al Código de Ordenamiento Urbano, entre las cuales se encontraba la del megacomplejo comercial y de entretenimientos De Narváez-Carrefour, para el cual –además- se cedía un privilegiado sector de tierras públicas ubicado sobre la costa en proximidad del límite con la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el 4 de agosto de 2005 el Intendente Enrique García firmó con la Armada Nacional un Acta Acuerdo por la cual:
La Municipalidad de Vicente López habilita a la Armada Argentina para la construcción de un complejo educativo en el predio del Centro Recreativo Hipólito Bouchard, delimitado por la Avda. Libertador, las calles Lavalle y Laprida y la Avda. Costanera. El mismo incluirá edificios para las siguientes dependencias:
El Liceo Naval Almte. Brown, el Instituto Universitario Naval (ex Escuela de Guerra Naval), un edificio para alojamiento de oficiales y otro para suboficiales, hasta ahora en el predio de la ESMA
Instituto Tecnológico Buenos Aires, actualmente en Madero y Corrientes
Servicio de Investigación y Desarrollo, hasta la fecha en Libertador y Laprida, Vicente López
Capilla y Edificio de Mantenimiento.
El Ministerio de Defensa/Armada Argentina cede en uso a la Municipalidad de V.L. un sector del mencionado predio para la construcción de un distribuidor de tránsito "que dé solución a la emergencia vial de la zona", aunque resulta evidente en su diseño y trazado que el único propósito del mismo es facilitar el ingreso al complejo De Narváez-Carrefour.
Mediante los expedientes DE 4119-8191/05 y HCD 1381/05, el Departamento Ejecutivo Municipal pidió al HCD la Homologación del Acta Acuerdo, que era una indisimulable versión remozada del proyecto de la Armada oportunamente rechazado por unanimidad. El jueves 4 de noviembre los 20 concejales orgánicos del poder municipal dieron vuelta aquel voto, habilitando a la Armada Argentina a avanzar con el proyecto.

POR QUE DECIMOS NO AL TRASLADO DE DEPENDENCIAS DE LA ARMADA QUE FUNCIONARON EN EL PREDIO DE LA ESMA

Dicen que "no es la ESMA" lo que se traslada a Vicente López. Ciertamente la institución actualmente denominada Escuela de Suboficiales de la Armada va a funcionar en Puerto Belgrano, a 28 km. de Bahía Blanca. Sin embargo, cuando se habla de la ESMA como emblema del Terrorismo de Estado no se puede hacer un recorte que limite la historia y los significados que ese emblema contiene en esa dependencia de la fuerza. Aún más, ninguna persona medianamente informada afirmaría que la conocida imagen de la fachada del edificio de la ESMA sólo se asocia a un establecimiento educativo formador de suboficiales ¿Por qué?
- Porque ha quedado ampliamente demostrado en el Juicio a las Juntas, no sólo la participación en el Terrorismo de Estado de las tres Fuerzas Armadas y el resto de las llamadas Fuerzas de Seguridad, sino su involucramiento institucional, desde el momento en que la mayoría de los campos de concentración-exterminio se ubicó en dependencias de dichos organismos de seguridad, controlados y operados por su personal. Bien vale recordar que también hubo militares y conscriptos que no toleraron ser parte de esa maquinaria de muerte y adoptaron posiciones que fueron desde el retiro de la fuerza de pertenencia hasta la denuncia que también algunos llegaron a pagar con su vida.
- Porque en el G.T.3.3.2, el campo de concentración más conocido -no el único- de la Armada Argentina, si bien hubo un grupo central de oficiales y suboficiales encargados de hacerlo funcionar, se buscó una extensa participación y compromiso personal del conjunto en la política institucional. En la ESMA, todos los oficiales participaron por los menos seis meses en los llamados grupos de tareas.
- Porque lo antedicho se manifiesta en la decisión de los gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires –a instancias de los organismos de Derechos Humanos- de trasladar todas las dependencias alojadas en el predio de Núñez -y no sólo la ESMA- por considerarlas "símbolos del horror" en razón de lo expuesto en el punto anterior.
Ahora bien, si la Marina aplicó en forma directa la desaparición y el campo de concentración-exterminio como la modalidad represiva del poder desde su estructura y siguiendo la cadena jerárquica de mandos, es institucionalmente responsable de esos crímenes de lesa humanidad tanto como de dar cuenta del destino corrido por los miles de desaparecidos, así como de los niños apropiados, a manos de sus grupos de tareas. En consecuencia, es su deber supremo facilitar toda la información relativa a la represión ilegal para imputar y condenar a los culpables de dichos crímenes. Sin embargo, durante los 30 años transcurridos desde el Golpe Militar de 1976, la Armada sólo ha ofrecido a la sociedad un tibio reconocimiento de conveniencia pero nunca ha aportado el más mínimo dato en dirección a conocer la verdad acerca de las decisiones que en aquellos años adoptó sobre la vida de los secuestrados y, en consecuencia, dar lugar a la Justicia.
La condena social se ha expresado como reacción a ese silencio encubridor. Y no es Vicente López el primer lugar donde se manifiesta. ¿Cuántas situaciones en las que diferentes grupos y personas han repudiado la presencia de represores fuera de las dependencias militares se han registrado? El argumento de que "el horror queda en el lugar donde fuera perpetrado" es, por lo tanto, insostenible. El horror está asociado a la institución y nadie puede torcer los cauces de la memoria por decreto.
Aún desde esta perspectiva, las Fuerzas de Seguridad siguen siendo organismos del Estado y no es ni siquiera materia de debate su disolución. Por lo tanto, deberán funcionar en lugares asignados para sus fines específicos, lugares que no faltarán en un país caracterizado por la baja relación superficie/habitante, sin tener que circunscribirse a centros poblados que se sienten violentados por la presencia de dependencias militares que recuerdan la noche más oscura de nuestra historia reciente. Si se considera que no se puede ejercer la memoria en el mismo predio donde éstas funcionan, no se entiende por qué sí se puede imponer esa misma presencia 500 metros más allá a quienes viven sin estar tampoco exentos de memoria.
Se habla de modificación de los planes de estudio de sus establecimientos educativos. Sólo basta con verificar que en materia educativa la modificación se reduce a una mera adecuación a la Ley Federal de Educación. ¿Significará esta medida algún paso en dirección a la transformación de fondo de las instituciones militares y la formación que ofrecen a la sociedad civil?
También se habla de "integración". ¿Qué significa esta condición sin verdad y efectiva justicia? ¿"Borrón y cuenta nueva"? Si esta fuera "otra Marina" ¿no sería esperable que sus integrantes lo demuestren exigiendo formal y públicamente que se entreguen los archivos que contienen el detalle de lo ocurrido con cada uno de los hombres, mujeres y niños cuyo destino de muerte o apropiación decidieron los oficiales de esa institución?
Como si estos motivos no fueran suficientes, las condiciones bochornosas y el costo social de este traslado enrarecen aún más la atmósfera que lo rodea:
El predio del Centro Recreativo Hipólito Bouchard fue asignado a la Armada en época de la última dictadura, de igual modo que otros inmuebles en los que aún hoy funcionan el Centro Naval, el Círculo Militar, la Prefectura y otros centros de esparcimiento, vinculados o no a las fuerzas de seguridad. La mayor parte de la superficie ocupada por estos establecimientos corresponde a terrenos ganados al río con rellenos ilegales y, por lo tanto, ubicados entre la línea de ribera y la costa, es decir se trata de tierras de dominio público, que por su naturaleza son inalienables e imprescriptibles, según lo establece el Código Civil. Sin embargo, el Centro Bouchard cuenta con una escritura emitida en época de la dictadura y denunciada por su dudosa validez, habida cuenta de que no puede escriturarse un bien que no es comercializable. Hace muchos años que diversas organizaciones comunitarias locales reclaman la devolución de las tierras usurpadas para el uso público y la recuperación de necesarios espacios verdes.
La cesión del sector donde se construirá el distribuidor de tránsito beneficia sin disimulo a los de siempre, en este caso el empresario menemista De Narváez y el hipermercado de capital foráneo Carrefour, desarrolladores de un emprendimiento privado de dimensiones poco comunes y ya bendecido con privilegios inconcebibles. Hablamos de un shopping de 400 locales comerciales, centro de entretenimientos, casino (expresamente prohibido en el COU vigente), estadio para 12000 personas y hotel 5 estrellas. Todo esto sin evaluaciones de impacto ambiental ni consulta pública ni previsiones de infraestructura y con el argumento de siempre: la creación de puestos de trabajo y un supuesto "progreso" que los argentinos conocemos muy bien. Y esta obra vial, que el Presidente Kirchner anunció con el Intendente García en un acto en el club Platense poco antes de las elecciones, será costeada con $400 millones por el Estado Nacional.
Aplaudimos las medidas en materia de Derechos Humanos de esta gestión pero reclamamos coherencia. No queremos la memoria de los bronces en los cementerios, la queremos proyectada en un presente de plena vigencia de los derechos civiles y políticos pero también económicos, sociales y ambientales.
Entonces cabe preguntarse:
¿Por qué se "premia" a la Armada otorgándole el mejor lugar del conurbano que debería ser un espacio verde público para trasladar las dependencias de la ex ESMA?
¿Por qué la legítima necesidad de desalojar las dependencias de la Armada del predio de Núñez se convierte en justificativo para desestimar el análisis acerca del destino de las mismas y las negociaciones que implica su traslado?
¿Por qué la Comisión Bipartita tiene que funcionar con un ojo tapado y el Secretario de Derechos Humanos declara que el organismo a su cargo no tiene competencia en estos asuntos?
¿Por qué se favorecen desembozadamente los hechos de corrupción y los negocios faraónicos de quienes han concentrado el poder económico en todos estos años?
¿Es ésta la manera de honrar la memoria de los miles de desaparecidos militantes políticos, sociales, cristianos, dirigentes gremiales y trabajadores comprometidos, estudiantes, exponentes de todas las profesiones, oficios y ocupaciones, e inclusive conscriptos y militares que se resistieron a formar parte del aparato represivo-desaparecedor?
¿Es éste el resultado de tantos años de lucha de las Madres, Abuelas, Familiares, Ex-detenidos, Hijos, Organismos y la sociedad civil que poco a poco se ha ido sumando al reclamo de memoria, verdad y justicia?
Vecinos Indignados de Vicente López, un espacio plural que –si bien no es un organismo de Derechos Humanos- trabaja en la defensa de los mismos en toda su extensión, se dirige a todas las organizaciones que han sostenido esta lucha durante décadas para reflexionar sobre estas cuestiones y buscar responsablemente una alternativa justa que permita desalojar cuanto antes el predio de la ex ESMA, sin renunciar a los principios medulares de nuestra memoria.
Febrero de 2005

VECINOS INDIGNADOS DE VICENTE LOPEZ
vecinosindignados@yahoo.com.ar
 
Prensa:
4791-8231 
(15) 5505-7024
Reuniones: Martes 20 hs.
Centro Cultural Tiempos Modernos
Aristóbulo del Valle y Caseros

Fuente: lafogata.org