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Argentina: La lucha continúa
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Víctimas de la dictadura argentina acusan a Ford de
"terrorismo empresarial"
Stella Calloni
Un abogado que representa a sindicalistas víctimas de la dictadura
militar (1976-1983) interpuso hoy una doble demanda contra la empresa
estadunidense Ford Motor Company, y su filial Ford en Argentina, en una causa
que investiga el secuestro de integrantes de la comisión gremial interna de esa
compañía el 24 de marzo de 1976.
En la misma causa se solicitó una orden de captura contra el ex presidente de la
Ford argentina, el chileno Nicolás Enrique Courard, y otros ex ejecutivos como
el ex gerente, Pedro Müller, y el entonces responsable de relaciones
industriales, Guillermo Galárraga.
También están involucrados en la causa el ex jefe de seguridad, el militar
Héctor Francisco Sibilla, y el ex director de la Escuela de Ingenieros, Antonio
Francisco Molinari, todo ellos relacionados con la filial de Ford en General
Pacheco, provincia de Buenos Aires.
El querellante es el delegado sindical de Ford, Pedro Norberto Troiani, víctima
de la dictadura. Su abogado, Tomás Ojea Quintana, fue quien presentó la demanda.
Troiani fue secuestrado, al igual que sus compañeros, por las Fuerzas de
Seguridad cuando se encontraban en la fábrica, y privados de su libertad en un
improvisado centro de detención en terrenos de la misma planta, donde había un
campo deportivo.
Según el relato de Troiani, él y los demás secuestrados fueron encapuchados "nos
golpearon, sufrimos todo tipo de torturas, incluso con la picana eléctrica y
hubo simulacros de fusilamientos".
En esa empresa, donde en su momento hubo más de 5 mil trabajadores, se
fabricaban los autos Ford Falcon verde oliva, que las fuerzas de
seguridad y grupos de tareas utilizaron para secuestros.
Veinticuatro delegados de la comisión interna y otros empleados secuestrados
declararon que fueron identificados por sus captores por la fotografía del
carnet de la empresa, y que los ejecutivos tenían estrecha relación con los
militares.
La empresa está acusada de ejecutar un plan para castigar la actividad gremial.
Mediante esta medida de "terrorismo empresarial" podían llevar a cabo despidos
sin protestas del gremio. Según otro trabajador, Vicente Ismael Portillo, "las
fuerzas militares utilizaron para nuestros secuestros medios suministrados por
la empresa".
Una investigación similar se llevó a cabo contra la empresa alemana Mercedes
Benz que comprobó lo que familiares y víctimas consideran una abierta
colaboración de esas trasnacionales en el esquema de guerra sucia de la
dictadura militar.
Esta acción ocurre a pocos días de que en Uruguay se identificó al coronel
retirado, Eduardo Ferro, como uno de los asesinos de la joven María Claudia
García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, quien fue trasladada desde
Argentina a Uruguay en la Operación Cóndor, en 1976.
Según investigadores , este y otros balnearios se convirtieron en un verdadero
"refugio" de ex torturadores y criminales de la pasada dictadura en uruguaya
(1973-1985).
Una investigación del periodista Roger Rodríguez, publicada en el periódico
uruguayo La República, en 2002, reconstruye el secuestro de María
Claudia, quien fue llevada embarazada a Uruguay, donde estuvo cautiva hasta que
nació su hija, que fue entregada a la familia de un policía uruguayo.
Aún se buscan los restos de la mujer, los de su esposo Marcelo fueron hallados
en Argentina. La hija del matrimonio fue localizada en 2000.
Ferro era gerente del Hotel Las Dunas de Manantiales, en Punta del Este, en el
vecino país que funciona como refugio de ex militares de las dictaduras. Entre
ellos figuran los coroneles retirados, José Baudean y Calixto de Armas. Se
denunció que ambos estuvieron bajo las órdenes del coronel Regino Burgueño,
quien estaría en Miami y habría tenido bajo su mando a militares clave en la
Operación Cóndor, como José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge
Pajarito Silveira, Ricardo el turco Arab y, precisamente, Eduardo
Ferro.
Este ex alumno de la Escuela de las Américas ha sido acusado de cumplir tareas
del Organismo de Operaciones Antisubversivas (OCOA) desde 1975, y en el centro
clandestino de detención y torturas ubicado en los fondos del Batallón 13 de
Montevideo.
También cumplió órdenes en Argentina y está acusado de haber sido parte del
comando conjunto que secuestró el 12 de noviembre de 1978 en Porto Alegre,
Brasil, al matrimonio uruguayo de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz
junto a dos hijos de la joven. El matrimonio sobrevivió gracias a organismos de
derechos humanos de Brasil.
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