Oscar Amado y Federico Corbi�re
de la redacci�n de ARGENPRESS.info

Mucho se ha escrito en estos d�as sobre la �ltima dictadura militar. Infinidad de art�culos, programas radiales y ciclos audiovisuales conmemoraron los 30 a�os de aquel siniestro golpe que borr� a sangre y plomo toda una generaci�n de obreros, estudiantes, profesores universitarios, militantes pol�ticos y dirigentes sociales. No pocas voces insistieron en la vigencia de los reclamos por las atrocidades cometidas: c�rcel efectiva a los genocidas, restituci�n de identidades robadas, aparici�n de los cuerpos violados, torturados y mutilados. Algunas organizaciones de derechos humanos recordaron la complicidad de la Iglesia Cat�lica y su rol como 'confesora' dentro de los campos clandestinos de concentraci�n. Unos pocos que no temen ingresar en las listas negras del Grupo Clar�n, se animaron a mencionar el incestuoso romance de ciertos medios y sectores medios con la dictadura. S�lo contadas excepciones como el caso de la versi�n castellana de 'Le Monde Diplomatique' analizaron la actual 'deuda con la democracia', el clientelismo pol�tico como reverso de la concentraci�n de poder y la cada vez m�s acentuada inequidad social.

Hacia 1984 el semi�logo Oscar Traversa public� una singular investigaci�n sobre la especificidad del lenguaje cinematogr�fico, titulada: 'Cine: el significante negado'. En aquel trabajo, Traversa describi� las operaciones dominantes de los films con la intenci�n de 'mostrar las cualidades de aquello que se hace sensible (el significante) y, fantasmag�ricamente, hacer emerger las ausencias'. De esas omisiones impl�citas, destac� el car�cter mercantil de la industria como estatuto necesario para su reproducci�n y continuidad.

Eran tiempos de transici�n a la democracia. De renovaci�n pol�tica, desocultaci�n y ebullici�n intelectual. Tambi�n de enjuiciamiento a las Juntas y de la supuesta clausura de un golpe econ�mico.

Despu�s vinieron la 'teor�a de los dos demonios' y las leyes de impunidad. El desguase del Estado. Los indultos. La pregonada reconciliaci�n nacional desde los p�lpitos y del �mbito castrense constitucionalista. Los arrepentimientos de Mariano Grondona y la horrorosa confrontaci�n en 'Hora Clave' de un torturador con su torturado, el comisario Miguel Etchecolaz y el dirigente socialista Alfredo Bravo.

�Por qu� esta analog�a entre cine, autoritarismo y democracia? En su introducci�n, Traversa se�ala que el cine provoca una relaci�n siempre violenta de 'adhesi�n' o 'rechazo', de la que no escapan capturas inscriptas en la sensibilidad de los espectadores.

Algo similar fue lo ocurrido en los meses previos a la irrupci�n militar encabezada por Jorge Rafael Videla, tras la escalada de violencia promovida por el 'Brujo' Jos� L�pez Rega, que apresur� una cacer�a de militantes de izquierda un 20 de septiembre de 1974 con el asesinato de Julio Troxler, en mano de sus esbirros parapoliciales enrolados en la 'Triple A'.

Entre las adhesiones al golpe no faltaron los conservadurismos reaccionarios, ortodoxias clericales y de izquierda antiperonista, con una simple diferencia: no eran espectadores sino protagonistas. Muchos de los cuales pasaron luego a ser capturados y desaparecidos.

Una irregularidad notoria respecto a la comparaci�n inicial es la profusa cantidad de producciones cinematogr�ficas antes, durante y despu�s del retorno la democracia, donde el relato testimonial y el registro documental persistieron por fuera de la cadena de distribuci�n tradicional (aunque su actual circulaci�n no escape a esa l�gica de funcionamiento). Sobre el 'cine de base' o 'cine militante' pueden leerse diversos art�culos de Mariano E. Mestman en las revistas 'Secuencias' y 'Causas y Azares', y los escritos del co-realizador de 'La hora de los Hornos' (1968), Octavio Getino.

En la actualidad, lo que resulta necesario destacar frente a los discursos sobre un nuevo entendimiento entre la institucionalidad definida seg�n procesos electorales respetuosos de las libertades civiles y pol�ticas, es ese desplazamiento ret�rico que retacea el presente en fragmentos del pasado y los articula como piezas intercambiables de un mecano para ni�os.

Por ello, frente a la crisis de los grandes relatos, comprender los nuevos escenarios y las operaciones no s�lo pol�ticas sino simb�licas, econ�micas y culturales que intentan excluir aquellos elementos disfuncionales al modelo dominante, es un asunto pendiente.

Ocurre tanto en Argentina como en otros pa�ses sudamericanos de reciente renovaci�n gubernamental, con origen en la centro-izquierda y destino a�n incierto.

Para muestra s�lo resta observar las disputas geopol�ticas entre los propios integrantes del MERCOSUR (Brasil, Argentina y Uruguay), por la competencia en la radicaci�n de filiales extranjeras, aunque eso signifique transformar los mencionados pa�ses en simples factor�as de producci�n primaria o reservorios para la contaminaci�n ambiental que el viejo continente intenta desterrar.

El diferendo sobre las papeleras europeas en Uruguay, es muestra tambi�n de estos intereses cruzados. Todos ellos mezquinos y fragmentarios hacia un proyecto de unidad latinoamericana, que desconocen en el mismo movimiento el esfuerzo cubano tras 40 a�os de bloqueo, sin el cual muchos de los noveles presidentes progresistas como Lula, Kirchner y Tabar�, no hubieran imaginado siquiera participar en una contienda electoral. Aunque algunos prefieran abstener su voto en las Naciones Unidas sobre la violaci�n o no de los derechos humanos en Cuba, en tanto la administraci�n Bush dise�a acciones contra el supuesto 'eje del mal': Ch�vez-Castro, para justificar el despliegue de futuras acciones preventivas similares a las de Afganist�n e Irak.

Este es el caso del llamado 'capitalismo serio' inaugurado por N�stor Kirchner. Una s�ntesis econ�mica del proceso neoliberal que trajo las dictaduras al cono sur, que reivindica las luchas sociales del pasado mientras reprime protestas populares y de sindicatos no alineados. Persigue adversarios usando el monopolio de la fuerza y concentra los tres poderes en el Ejecutivo, en alianza con los sectores industriales dominantes como es el caso de quienes controlan la renta petrolera, el mercado agroexportador, las licencias en radiodifusi�n y los monopolios en telecomunicaciones.

Un 'capitalismo serio' que no es 'salvaje' porque ya asesino a sus opositores, y que de liberador s�lo mantiene un r�tulo en la solapa de alg�n texto cr�tico sobre la Doctrina de Seguridad Nacional -hoy de Asuntos Hemisf�ricos- cuyas ense�anzas contin�an siendo impartidas en la ex-Escuela de las Am�ricas y otros institutos estadounidenses. Clases a las que asisten todos los a�os centenares de militares argentinos, sin duda bien preparados para ocupaciones conjuntas como en Hait�.

Del plan sistem�tico de destrucci�n de los gauchos, indios y negros, fraguado por la generaci�n de 1880, en la b�squeda de una 'gran naci�n blanca' al estilo europeo, debieron pasar 30 a�os para que la �lite ilustrada incluyera en los libros de historia los relatos �picos de la �poca revolucionaria.

Fue en 1910 cuando el librepensador Joaqu�n V. Gonz�lez dio por cerrado un ciclo, e intent� rescatar en 'El Juicio del Siglo' las virtudes de las culturas originales de Am�rica y de la 'mezcla de razas'. Claro est�, todas ellas hab�an sido aniquiladas durante la etapa post-revolucionaria, incluso, mediante modernos ataques bacteriol�gicos contra los indios sobrevivientes de la Campa�a del Desierto, a los que Roca obsequi� con frazadas infectadas de viruela, en se�al de paz.

Casi han pasado 100 a�os de aquella operatoria de construcci�n 'nacional' dirigida por las aristocracias provinciales en decadencia y comerciantes porte�os, y nuevamente 30 a�os de otro plan sistem�tico de desaparici�n de personas orquestado por un Estado terrorista. Uno fue el ep�logo del llamado 'Periodo de organizaci�n nacional', el otro no por casualidad se autoproclam� 'Proceso de reorganizaci�n nacional'. En los dos casos el primer tamiz fueron las armas y, el segundo, la implantaci�n de una matriz pedag�gica ligada siempre al poder que la autoriza.

Lo llamativo del caso argentino es que a diferencia de aquella generaci�n ilustrada que altern� entre el positivismo rom�ntico y el paternalismo pol�tico, quien ejerce hoy el monopolio de la fuerza ya no necesita apropiarse de la voz y el cuerpo del otro para escribir la historia oficial, sino que apela a los mismos sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos para promover sus pol�ticas de Estado.

Se trata de un estilo dirigista controlado y desmovilizante, apenas surgen pr�cticas de resistencia o voces disonantes que afecten los intereses dominantes en la esfera gubernamental, hoy carente de voluntad transformadora en la planificaci�n cambios que reviertan las desigualdades inscriptas en la estructura de clases.

Seg�n el corrosivo soci�logo polaco Zygmunt Bauman, autor de 'Legisladores e interpretes' (1995), estas 'cruzadas culturales' desactivan el conflicto en lugar de eliminarlo y cancelan los particularismos con brocha gorda y una p�tina de 'pintura universal de ciudadan�a'.

Este es el poco noble papel que asumi� la presidenta de la Asociaci�n Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, luego de sorprender con un llamamiento de apoyo al presidente N�stor Kirchner y el anuncio de la realizaci�n de la �ltima Marcha de la Resistencia, a mediados de enero (v�ase 'El giro pol�tico de Hebe se confirma').

Y el a�n m�s triste intento de lavar la imagen del jefe de polic�a y mano dura oficial, Wilfredo Roque, durante la represi�n y persecuci�n pol�tica en Santa Cruz. Hechos que tuvieron trascendencia medi�tica s�lo tras la renuncia del gobernador Sergio Acevedo (v�ase 'Renunci� el gobernador Acevedo' y 'Represi�n en la puerta de tu casa').

Una circular titulada 'Informe sobre la situaci�n en Las Heras', con fecha del 20 de marzo y firma de la presidenta de la Asociaci�n Madres de Plaza de Mayo, se ocupa exclusivamente de deslindar de toda responsabilidad al jefe de polic�a y el entorno kirchnerista. Enti�ndase, todos los funcionarios p�blicos de la provincia patag�nica y los secretarios de Estado federales; a excepci�n de la jueza Ruata de Leone denunciada como �nica responsable de las detenciones y abusos generalizados.

�Acaso tal informe no deber�a haber salido de la Casa de Gobierno y llevar la r�brica del vocero presidencial Miguel N��ez? �Ese es el destino final de una de las organizaciones m�s respetadas en el �mbito nacional e internacional, probablemente, por su hero�smo durante la dictadura y la perseverancia en los reclamos de Justicia?

A comienzos de 2001, la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida abri� un nuevo cap�tulo:

Con celeridad, el 5 septiembre de 2003 el presidente Kirchner orden� por decreto un Consejo de Guerra para que se juzgue y detenga a los represores Reynaldo Bignone, Ram�n D�az Bessone y Albano Harguindeguy, por reivindicar las torturas y reconocer su responsabilidad en las desapariciones, luego de una serie de entrevistas cedidas a la televisi�n francesa.

Lo mismo ocurri� ese mes en C�rdoba con el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejercito, Luciano Benjam�n Men�ndez, arrestado por los cr�menes cometidos en el campo de concentraci�n La Perla.

En octubre de ese a�o, Antonio Domingo Bussi fue detenido en Tucum�n por el secuestro y homicidio de un senador.

Otra treintena de represores corri� igual suerte. Entre ellos, el antes mencionado comisario Etchecolatz, mano derecha del general Ram�n Camps en la provincia de Buenos Aires y detenido por la causa que lleva ese nombre, en septiembre de 2004.

Pero el sistema necesita nuevos m�rtires. La revista 'Billiken' y el caballo blanco del general San Mart�n ya no venden en los kioscos.

Bartolom� Mitre como militar fue un h�bil estadista y, sin embargo, pas� a la historia triunfal de los 'universales de la patria' -categor�a empleada por Beatriz Sarlo- luego de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros.

N�stor Kirchner, como militante insurgente en los 70 fue un h�bil abogado que supo aprovechar los dividendos de la usuraria Circular 1050, pero ya que est� en el poder, unos laureles para la foto en un manual escolar no opacar�an su semblante.

Por eso, durante estas conmemoraciones del Golpe se ha preferido narrar legendariamente lo ocurrido, y pasar al archivo de la memoria los reclamos de justicia social por los que murieron miles de argentinos.

Negar que las pol�ticas en materia de derechos humanos hayan sido progresivas en el juzgamiento a los represores es una actitud obtusa. No obstante ello, tambi�n resulta inconducente el eterno clientelismo pol�tico, la intacta estructura feudal en las provincias, el comportamiento atolondrado que vot� un feriado nacional por este trig�simo aniversario y, en la misma jornada, rechaz� tratar sobre tablas la anulaci�n de los indultos dictados por Carlos Menem, votaci�n de la que hasta se abstuvo el diputado transversal Remo Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Este cambio pol�tico ha llevado a dirigentes vinculados con la militancia en los 70 como el profesor Eduardo Luis Duhalde -compa�ero inseparable del diputado Rodolfo Ortega Pe�a, asesinado en julio de 1974- a que aceptara la conducci�n de la secretar�a de Derechos Humanos. Un caso similar es el del ex ministro del Interior de C�mpora y ahora Procurador General de la Naci�n, Estaban Righi. Lo mismo ocurre con un gran n�mero de hombres ligados a la cultura que creen encontrar en esta gesti�n una luz de racionalidad democr�tica.

El caso de las Madres es paradigm�tico. La asociaci�n de la que Hebe es presidenta siempre estuvo del lado m�s radicalizado y cr�tico contra las pol�ticas de hambre, m�sera y exclusi�n.

Muchos j�venes desencantados de los aparatos y estructuras partidarias, a�o tras a�o, se acercan a la Plaza para marchar hacia un lado u otro de la Pir�mide de Mayo, sea el de la Asociaci�n Madres de Plaza de Mayo o de la L�nea Fundadora. Esto ocurre principalmente durante las anuales Marchas de la Resistencia.

Por lo que puede entenderse, este llamamiento no avalado por la L�nea Fundadora y otras organizaciones, intenta desmovilizar lo poco que a�n resiste en la manifestaci�n popular, dando por clausurada un etapa que niega, en su b�squeda de consenso con el partido de gobierno, las contradicciones y fracturas que persisten en esta sociedad, y por la que sus hijos lucharon, estuvieran algunos de ellos errados o no en los m�todos.

Por eso es de temer que frente a la ausencia real de los detenidos-desaparecidos y la presencia viva las v�ctimas directas de esa dictadura, una dirigente se�ale que 'no podemos volver a perder' y, aproveche la oportunidad para promover una alianza simb�lica con el poder de turno, dando c�tedra desde los medios oficialistas (casi todos) y desde una Universidad a la que califica de 'popular'. Cuando en todo caso quienes son los principales autorizados y con derecho a decidir sobre ese t�cito perd�n son los sobrevivientes, injuriados y violados, que experimentaron el horror en carne propia.

El polit�logo Guillermo O'Donnell ha reconocido en los procesos de institucionalizaci�n en Am�rica Latina, la presencia de particularismos inherentes a su constante zigzagueo entre autoritarimos y democracias. Seg�n explica en 'Otra institucionalizaci�n' (1996), la consolidaci�n de estas tiene repercusiones directas en cuanto a los principios de responsabilidad horizontal -colectiva- y de responsabilidad vertical -gubernamental-.

A los atributos esenciales de transparencia electoral y sobre las libertades concomitantes a lo pol�tico y social, O'Donnell agrega el reconocimiento de pr�cticas no universalistas que pueden ser consideradas corruptas, pero que sin embargo resultan funcionales a los procesos de consolidaci�n democr�tica.

Lejos de justificar el clientelismo, el patronazgo y el nepotismo sugiere (en lugar de concluir) que la convivencia con estos particularismos es la resultante de 'un poderoso denominador com�n': el informe 'Nunca M�s'.

Esta es la encrucijada en la que nos dejan, a 30 a�os del Golpe, los cambios de dominio propio en los reclamos de organizaciones como la liderada por Hebe.

El peligro, por supuesto, es el despotismo de quienes intentan perpetuarse en el poder sin medir las consecuencias sobre una poblaci�n marginada, segmentada en lo econ�mico y fragmentada en lo social.

Como ya se se�al�, una consecuencia directa es la desmovilizaci�n, la despolitizaci�n y la cancelaci�n del conflicto, que se suma a la propaladora multimedi�tica que repite a coro la pedagog�a oficial, con tal de no perder sus privilegios; y, de paso, asumir una actitud pol�ticamente correcta de repudio, como disfraz de un pasado oscuro.

En los estudios realizados por E. P. Thompson sobre la cultura plebeya y su potencialidad rebelde, el autor advierte que: 'La oportunidad se aprovecha cuando se presenta, pensando poco en las consecuencias, del mismo modo que la multitud impone su poder en los momentos de acci�n directa insurgente, a sabiendas que su momento de triunfo durar� solamente una semana o un d�a'.

Si bien el campo analizado por Thompson en 'Costumbres en com�n' (1993) corresponde al de la clase obrera brit�nica en otra coordenada temporal, los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, en Argentina, no escapan a esta realidad.

Tal vez por tales motivos la lucha contin�a, mientras los m�ximos operadores del gobierno siguen en la tarea de convencer con subsidios u otros favores, a dirigentes de organizaciones pol�ticas, gremiales, piqueteras o defensoras de los derechos humanos, para lograr el apoyo a sus pol�ticas de Estado.

Las 100 mil caricias por los 30 mil desaparecidos y el repudio a 30 a�os de injusticia este 24 de marzo, termin� con las contradicciones propias de una democracia fisurada. Un acto oficialista en la vigilia y otro sorpresivamente cr�tico que produjo un revuelo inesperado en el escenario y en la Plaza de Mayo.

Pedir a los autores intelectuales de discursos vac�os de contenido y a los gestores de este nuevo orden conservador que no dejen hu�rfana a esta sociedad, seguramente, consiste en un pedido en vano.