Argentina: La lucha continúa

Emilio Marín
La Arena

Los noticieros de radio y TV y las páginas de los diarios traen muchas noticias sobre reuniones del presidente con los empresarios. Supuestamente eso contendrá a los precios, pero por ahora no se nota.

El proyecto del gobierno a mediados de enero último era tener abrochados acuerdos de precios por empresas que alcanzaran a 500 productos sólo de hipermercados, además de los correspondientes a otros rubros.

Aunque el presidente y la ministra de Economía han puesto esa actividad como prioritaria, los saldos a la fecha -sin ser decepcionantes- se alejan bastante de los objetivos.

Los supermercadistas encabezados por Alfredo Coto (titular de Coto y la cámara ASU) y Carrefour, que lidera la otra asociación, se limitaron por ahora a mantener la lista de 225 productos a los que habrían rebajado 15 por ciento sus precios. En verdad el número total es menor por las repeticiones de artículos con variedad de tamaño o volumen.

Según esos ejecutivos, 'en diez días' irán sumando otras mercaderías, sin mayores definiciones. Sí fueron taxativos en que el acuerdo de precios dependerá de una revisión bimestral.

Estos poderosos comerciantes apuntan a inhibir los reclamos salariales de sus empleados, tratando de que el gobierno juegue completamente a favor de su piquete de contención o congelamiento de haberes. La Unión Industrial Argentina presidida por Héctor Méndez lo planteó en forma explícita: si continúan las medidas gremiales demandando mayores haberes, los socios de la entidad quedarán en libertad de acción para desobligarse de los compromisos actuales.

La otra fuente de dudas empresarias, que condicionó sus firmas, fueron los posibles aumentos de tarifas eléctricas y gasíferas. Las privatizadas ya lograron los primeros retoques de sus servicios para grandes clientes e industrias. Y éstos advierten que los van a transferir a sus costos.

En ese sentido la propaganda gubernamental maquilla el aspecto menos presentable de los documentos firmados con el establishment. Néstor Kirchner asegura que éstos se extenderán hasta noviembre de este año pero sus interlocutores aclaran que el plazo real de vigencia es de dos meses, sujeto a revisión. Sólo así aceptarán una eventual renovación.

Los primeros firmantes de ese pacto fueron los popes con mayores góndolas: Carrefour-Norte-Tía, Disco, Coto, Wal Mart, La Anónima, Jumbo, Vea y Libertad. Recién después, y con otros funcionarios, fue el turno de empresas más chicas y los súper chinos.

Gran mezquindad

La ronda acuerdista se abrió el 10 de enero con 'don Alfredo' Coto. Después se arregló con el resto supermercadismo aunque sin superar el listado de mercaderías rebajadas que venía de noviembre pasado. Tras este sector, desfilaron por Balcarce 50 las empresas lácteas, cárnicas, de productos de limpieza, papeleras, etc.

La suerte fue variada porque el lote de entidades ganaderas, consignatarios de hacienda y frigoríficos se partió casi al medio: ocho firmaron el compromiso y siete no lo hicieron. Estos últimos estaban disconformes con que el congelamiento del valor de la media res de novillo no fuera acompañado de una rebaja en las retenciones a las exportaciones de carnes, que el gobierno las mantiene en el 15 por ciento. CRA y la Sociedad Rural fueron las más intransigentes; la primera analiza un posible boicot en el envío de hacienda a Liniers una vez a la semana.

Sucesivamente fueron firmando y sacándose fotos con Kirchner y Felisa Miceli los mandamás de Arcor, Unilever, Procter & Gamble, Molinos, Sancor, La Serenísima, Danone, Quickfood, Nestlé, Bimbo, etc. En total unas treinta firmas hicieron ese trámite con el objetivo de generar en la opinión pública la idea de que son sensibles a la inflación que afecta a los argentinos con ingresos fijos y a quienes no tienen ninguno.

Pero en realidad ellos no firmaron por solidaridad ni en forma espontánea. El presidente tuvo que zamarrearlos y tratarlos de 'avaros', 'gente sin corazón', que actúa en forma 'cartelizada' y 'extorsionan'. Sólo así pudo atraerlos a la Casa Rosada a hacer concesiones menores.

Ni aún en ese momento actuaron con grandeza pues esos monopolios fabrican una gran cantidad de mercaderías y sólo aceptaron que una ínfima parte esté entre los precios congelados. Veamos unos ejemplos:

- El gigante Danone, de capitales franceses, sólo se comprometió con dos productos: queso crema Casancrem de 320 gramos y yugor entero Yogurísimo de 200 gramos.

- Otro monstruo como Arcor, produce 1.500 alimentos y golosinas pero apenas congelará diez. Su titular Luis Pagani preside la Asociación Empresaria Argentina donde se nuclean los setenta mayores pulpos.

- Molinos Río de la Plata, que hizo publicidad con las rebajas, sólo las introducirá en nueve productos de sus segundas marcas. Una vergüenza de la que habrá que pedirle explicaciones al titular del conglomerado, Gregorio Pérez Companc, uno de los tres hombres más ricos de Argentina.

- Sancor y La Serenísima se 'jugaron'. Pese a que estas dos lácteas sumadas tienen el 35 por ciento del mercado y venden centenares de productos, apenas tomaron compromiso por nueve.

- El mayor fabricante estadounidense de alimentos, Kraft Foods, opera aquí las marcas Terrabusi y Canale. Sólo metió ocho mercaderías en el acta. Lo suyo es alevoso: tres galletitas, polvo de hornear, flan y tres fideos.

Ellos mismos controlan

Podríamos seguir puntualizando la mezquindad de holdings con muchos productos y pocos dejados en el freezer. Damos uno más: Establecimiento Las Marías, sólo introdujo en el listado cajas de 50 saquitos de té marca Taragüí y una yerba casi desconocida, La Mañanita. El resto de su escudería sigue libre como el aire.

¿Quién controlará que se cumplan las estipulaciones de precios, que -dicho sea de paso- en muchos casos recientes no fueron precisados ni dados a conocer al público? Se vio las fotos pero no los precios concretos.

Allí está otra de las trampas: el control será ejercido a la par por funcionarios de Economía y los mismos empresarios mediante una comisión creada al efecto. O sea que en parte éstos se controlarán a sí mismos. ¿Serán ecuánimes? No parece, por la cantidad de infracciones que muchos de los firmantes cometieron contra leyes vigentes y lealtad comercial, en particular los hipermercados.

Con una comisión 'ad hoc', las multinacionales se aseguran que sus segundas líneas verificarán los precios con segundas líneas de Economía. Del control de usuarios, consumidores, entidades intermedias, sindicatos, movimientos piqueteros, etc, ni hablar. La 'Liga de seguimiento de precios' de los intendentes justicialistas del conurbano bonaerense ha muerto antes de nacer.

Hay otro aspecto lesivo de los instrumentos que venimos comentando. Los delegados del establishment se arrogaron el derecho de 'apretar' al gobierno con demandas adversas a los trabajadores y las mayorías.

Ya mencionamos que la UIA, Coto y los directivos de Danone han concebido estos compromisos como una 'cláusula gatillo' contra los aumentos salariales. Están frescos los chantajes de los ganaderos y terratenientes que tacharon sus firmas del documento cárnico.

Miguel Kozuszok, representante de Unilever (capitales británicos) y Raúl Lamus Mendoza, de Procter & Gamble (norteamericanos), ambas del sector artículos de limpieza y tocador, exigieron que el gobierno, como contra-prestación, revise leyes en un sentido favorable a la rentabilidad de sus negocios.

Entre otras, pidieron modificaciones de esa índole en las normas de ingresos brutos, impuesto al cheque y Riesgos del Trabajo, que durante el cavallo-menemismo creó las ART en perjuicio de quienes sufren accidentes laborales. A éstos les fijó indemnizaciones ridículamente bajas y vedó demandar ante la justicia salvo que mediara dolo empresario.

Fuente: lafogata.org