|
Argentina: La lucha continúa
|
|
Sin más Kirchner va por el Consejo de la Magistratura
Hugo Alberto de Pedro
El próximo miércoles la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de
modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), que ya
cuenta con media sanción del Senado Nacional. La propuesta fue presentada por la
senadora y abogada Cristina Fernández -esposa del presidente Néstor Carlos
Kirchner- y ya a nadie sorprende de que se trata de violentar el equilibrio
entre la representación de los órganos políticos, jueces, abogados, científicos
y académicos que ordena la Constitución Nacional en su artículo 114. Sin más
otro nuevo y reiterado atropello institucional.
Es imposible, y por lo tanto muy poco creíble, que los legisladores no conozcan
la forma en que ex gobernador Kirchner manejo a su gusto y antojo la justicia en
la provincia patagónica de Santa Cruz desde el año 1991 hasta el 2003, y por eso
intentaré recordarlo. Sin más que con un poco de memoria y verdad.
Entre el año 1991 y la actualidad cualquier denuncia contra el poder provincial
y sus excesos de todo tipo que se realizó ante los tribunales santacruceños, y
los que llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJSC),
tuvieron el destino obligado de su archivo, sin investigación ni condenas. Sin
más la siempre presente falta de mérito, la consabida prescripción del caso y la
revocación de los fallos de los tribunales inferiores.
Desde 1991 hasta el año 1995 Kirchner demoró todos y cada uno de los procesos
judiciales iniciados a instancias del Procurador General o de las denuncias que
encontraron eco en la justicia todavía no "adquirida" como propia en temas de
corrupción, ilícitos de funcionarios en organismos y empresas públicas
provinciales, reducción de sueldos y reclamos de deudas de los empleados
públicos, pagos de honorarios por el juicio de regalías y otros muchos más. No
se cubrían las vacantes en los juzgados lo que obligaba a los jueces a atender
varios a la vez, el TSJSC funcionaba con dos miembros de los tres que establecía
la Constitución Provincial (CPSC) y todo lo que era necesario desestimar y
revocar lo hacían las Cámaras. Sin más se iniciaba el camino hacia el control
total de la justicia provincial.
En el año 1994 se reformó la CPSC posibilitando aumentar el número de jueces
supremos -como correspondía a las imitaciones y seguimientos que efectuaba
Kirchner de la impronta de su "mejor presidente" Carlos Saúl Menem-, además de
establecer su reelección como gobernador y luego en el año 1998 establecer que
la misma sería indefinida. Por supuesto que designó a miembros de su riñón
político y confianza como ministros, funcionarios, candidatos, sus esposas,
convencionales y apoderados del Frente para la Victoria Santacruceña; además de
abogados con comprobada actuación judicial durante la dictadura genocida. El
artículo 126 de la CPSC no establece la cantidad de miembros del TSJSC sino
simplemente que sea un número impar superior a tres, siendo actualmente 4 jueces
y 5 conjueces y para comprobar lo sostenido basta ver el historial de los mismos
y sus inexistentes carreras judiciales anteriores. Sin más muchos de aquellos
altruistas convencionales hoy son altos funcionarios, legisladores y gobernador.
En el año 1995 el Procurador General de la provincia, fue separado del cargo en
un artilugio posterior a la reforma constitucional, habiendo dicha arbitraria
decisión merecido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya ordenado la
reposición en el cargo del ex Jefe de los Ministerios Públicos en cinco
oportunidades, la última en abril del 2005. Obviamente que el TSJSC hizo oídos
sordos, o sea, hizo todo conforme a las instrucciones recibidas del poder
político institucional kirchnerista estableciendo que no había partida
presupuestaria para su cargo, aunque sí para pagarle 1.200.000 de pesos como
indemnización. Además estableció "que de cumplir con el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, provocaría en Santa Cruz una grave situación
de trastorno en el orden público". Sin más justificación que el orden público.
Con respecto al Consejo de la Magistratura de Santa Cruz (CMSC), cuyo
funcionamiento se rige por la Ley 2.552 del año 2000, cabe mencionar que está
integrado por 7 miembros en su mayoría directamente relacionados con el Poder
Ejecutivo, salvo dos que son representantes de los abogados de la matrícula y de
los empleados de la justicia. El artículo 128 bis de la CPSC establece que su
integración deberá hacerse "preservando la pluralidad, la diversidad y el
equilibrio entre sectores evitando hegemonías". Sin más una traición del
subconsciente político reformista al mencionar a la hegemonía.
Podríamos seguir escribiendo páginas enteras sobre los atropellos de la justicia
santacruceña, de quienes son sus miembros, sus relaciones y compromisos con el
poder político, de la forma que se han manejado cada uno de los procesos en los
cuales estaban involucrados quienes se oponían al hegemonismo y autoritarismo de
Kirchner en la provincia, las persecuciones ideológicas contra ciudadanos -con
querellas millonarias incluidas-, las presiones sufridas por los magistrados
independientes, la falta de investigación de los negociados y enriquecimientos
ilícitos, la fuga de ahorros públicos al exterior, la incorrecta y parcial
investigación sobre los abusos de los personeros del poder contra los ciudadanos
amedrentados y golpeados, las cuestiones relacionadas con la judialización de
los conflictos sociales, la falta de investigaciones correctas sobre el tráfico
de drogas, entre otros temas. Sin más poca justicia y mucha complacencia y
dependencia.
Lo que no podríamos escribir es sobre la actividad desarrollada por el CMSC ya
que su función "única y solamente" se circunscribe en la selección vinculante de
los postulantes a las magistraturas realizada, supuestamente, en concursos
públicos de oposición y antecedentes que conforman la terna de la cual el
ejecutivo nombra a los nuevos magistrados. Es justamente ahí donde está el
problema y la advertencia de que la modificación propiciada en el orden nacional
nos preocupa y a nuestros legisladores nacionales les debería alarmar. Sin más
ni más.
Porque la disminución del número de miembros -de 20 a 13- es una trampa más del
matrimonio presidencial que es avalado por sus secuaces políticos, porque las
funciones del CMN tiene muchas más atribuciones que el CMSC que tiene 7 miembros
solamente para su función de proponer jueces en un estado provincial con pocos
juzgados y escasa densidad de población. El Consejo que se propone modificar
tiene su ámbito de actuación en sobre toda la administración de justicia
nacional, las de ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados,
decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, ordenar la
suspensión y formular la acusación en su caso, además de la administración y
ejecución del presupuesto de la justicia. Sin más los motivos de la modificación
son falsos y demuestran una malicia institucional demasiado grave.
Pero claro, la mayoría de los diputados votará a libro cerrado y como producto
de las presiones del kirchnerismo que están al orden del día en las prebendas
políticas, fondos y obras públicas para las provincias y municipios, las
amenazas solapadas y directas que le son propias al poder, la entrega de cargos
ejecutivos en el Gobierno Nacional; como la obediencia tan debida como
repugnante. Sin más la politiquería misma.
Porque la disminución del número de miembros -de 20 a 13- es una trampa más del
matrimonio presidencial que es avalado por sus secuaces políticos, porque las
funciones del CMN tiene muchas más atribuciones que el CMSC que tiene 7 miembros
solamente para su función de proponer jueces en un estado provincial con pocos
juzgados y escasa densidad de población. El Consejo que se propone modificar
tiene su ámbito de actuación en sobre toda la administración de justicia
nacional, las de ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados,
decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, ordenar la
suspensión y formular la acusación en su caso, además de la administración y
ejecución del presupuesto de la justicia. Sin más los motivos de la modificación
son falsos y demuestran una malicia institucional demasiado grave.
Como ciudadano he podido comprobar, luego de tres intentos por conseguir la
opinión de los diputados nacionales sobre la modificación del CMN efectuadas los
días 25 de enero, 9 y 16 de febrero pasados, que solamente 10 legisladores se
tomaron la molestia de contestarme que se oponen a la modificación propuesta por
el matrimonio presidencial. Sin más, menos del 4% de nuestros representantes
entendieron de nuestros derechos a peticionar dispuestos constitucionalmente.
Pobre justicia. Pobre Nación. Pobres los ciudadanos de buena voluntad si los
diputados insisten en el error cometido por los senadores. Aunque sabemos el
cuento de la disciplina partidaria, que después vendrán los arrepentimientos y
la negación de las pertenencias políticas de ayer cuando el poder sea cedido a
otros, y seguramente en muchos casos los motivos "económicos" que nunca serán
revelados sobre el porqué votaron cómo votaron; de eso ya lo sabemos muy bien.
Sin más Kirchner va por el Consejo de la Magistratura.
 |