Martín Echenbaum
Agencia ConoSur

¿Acaso estamos alejándonos del neoliberalismo? ¿Seguimos un heterodoxo y neokeynesiano camino hacia una sociedad más justa e igualitaria? Pese a los gestos que pretenden demostrarlo, los hechos lo niegan. Mientras el Gobierno festeja -como en la década pasada- los triunfos en los indicadores macroeconómicos que sólo sirven para mejorar el "clima de negocios", los derechos humanos fundamentales son cotidianamente violados y cercenados.

¿Un dato? El secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, durante la 54° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), destacó que el nivel de actividad de la construcción en los últimos cuatro años creció 150 por ciento. Una alegría, realmente. Sobre todo para los empresarios. ¿Otro dato? Según reconoció una funcionaria del Consejo Nacional de la Vivienda, un 25 por de la población tiene graves problemas habitacionales. O sea, unas diez millones de personas. Eso quiere decir que de todas las viviendas construidas durante este "boom" gran parte fue de las que podemos calificar como "lujosas", o sea, las que garantizan que con ellas se podrán multiplicar los negocios.

El derecho negado

Una recorrida por diarios de todas las provincias del país y la Capital Federal realizado durante octubre y noviembre nos muestra que casi a diario se presentan reclamos por el acceso a una vivienda digna. Neuquén, Río Negro, Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego, Buenos Aires y la Capital son los distritos donde más se hace sentir la demanda, la exigencia por el cumplimiento estatal del derecho a un techo.

En el año 1994 se incorporaron a la Constitución Nacional diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Sobre los Derechos del Niño. Ambos establecen obligaciones muy concretas por parte del Estado, entre los que se destacan el derecho a una vivienda digna con acceso a agua potable de red y servicios sanitarios adecuados.

Pero el derecho parece cada vez más lejano de cumplirse. De la misma manera que en materia económica se privilegian datos macroeconómicos y empresariales como el crecimiento del producto bruto interno mientras los salarios se achican, en política habitacional lo que importa es el valor del metro cuadrado, cuyo valor exorbitante le permitió a los empresarios -al amparo de las concesiones estatales- realizar grandes negocios, mientras las viviendas populares brillan por su ausencia.

Estado de situación

El déficit de vivienda adopta variadas formas: desalojos, villas de emergencia, asentamientos, hoteles truchos, inquilinatos y las "casas tomadas". El informe sobre "El estado de las ciudades en el mundo 2006/2007" elaborado por el Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos (ONU- Hábitat), señala en su apartado latinoamericano que los actuales niveles de marginalidad y exclusión configuran un proceso de "urbanización de la pobreza". Esta realidad se refleja en el crecimiento sostenido del número de familias que habitan en asentamientos o en viviendas deficientes, caracterizadas por la precariedad y la ausencia o baja calidad de los servicios públicos básicos y un limitado acceso a la educación y a la salud pública.

La situación es particularmente grave en Capital y Gran Buenos Aires. En Capital, según un ranking de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el principal problema de los porteños es la falta de vivienda digna. Gran parte de las quejas se debe a un tema muy puntual: los nuevos asentamientos. La gente reclama porque vive en zonas no urbanizables (terraplenes ferroviarios o bajo autopistas) y no tienen servicios sanitarios, como agua o cloacas. Según la Defensoría, en la última década se formaron 24 nuevos asentamientos. Podemos complementar con un informe del INDEC, que apunta que entre 1991 y 2001 se duplicó la cantidad de gente que vive en villas.

En la capital tenemos un dato neoliberal por excelencia: hay cien mil familias con problemas habitacionales. Y hay cien mil casas vacías, sin ocupar.

Son dos millones de personas las que sufren el hecho de vivir en condiciones irregulares en el área metropolitana, según el relevamiento que efectúa un equipo de la Universidad de General Sarmiento. La investigación distingue entre villas -generalmente ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano-, asentamientos -resultado de ocupaciones organizadas de tierras, generalmente en zonas más alejadas- y otras formas como "miniasentamientos" y casas tomadas.

Según reveló el Cohre (Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos), una consultora de la OEA y la ONU en temas afines, la situación en territorio porteño y en el conurbano deja mucho que desear: aumentaron los desalojos forzosos, los desalojos sumarísimos están a la orden del día en los despachos judiciales, se han aumentado las penas por ocupación ilegal de viviendas o tierras, y mientras se subrayan los derechos de la propiedad privada absoluta, los derechos de los que no tienen techo quedan reducidos a la nada.

¿Qué nos dice todo esto? Nos dice mucho sobre las políticas habitacionales del Gobierno. Más que nada sobre su ausencia. Hace unas semanas renunció Luís D'Elía, subsecretario de Tierras para el Hábitat Social. En realidad fue su segunda renuncia, porque hace un mes había amagado con irse porque el Ministro Julio de Vido no le habilitaba recursos. Sin meternos a calificar políticamente al ex piquetero, esa es la situación de los organismos públicos que deberían encargarse de cumplir con los derechos humanos. Según reconocía un funcionario kirchnerista, al ritmo en que se ejecutan las partidas y se disponen los fondos "el cálculo es que en alrededor de 84 años recién se podría llegar a una solución para erradicar las villas".

En Ushuaia, para dar un ejemplo, la situación no es mejor. Debido a la inmigración del interior desde 2001, la ciudad vive un "estallido demográfico" y el boom turístico llevó los alquileres a la estratósfera. Por eso de un tiempo a esta parte lo que más crece no es la economía sino las villas miseria. Como en Bariloche, Río Gallegos, Zapala, Esquel y Santa Rosa (ver links al final), en muchas ciudades del país la ocupación de tierras es la única solución que encuentran miles de personas. El gran drama es que los nuevos asentamientos, a diferencia de las tradicionales villas de emergencia, es que se encuentran sobre terrenos que no son urbanizables, lo que significa que es imposible acceder a los servicios básicos como el agua potable. Es la marginación de la marginación. Pero los empresarios y los funcionarios festejan los pujantes índices de construcción.

El miedo y la organización

El Gobierno reacciona a favor de los sectores populares sólo cuando tiene miedo. Este Gobierno en particular, como hijo de la revuelta del 19 y 20 de diciembre del 2001, le tiene especial temor a la clase media urbana, esa que marca la agenda de los medios de comunicación comerciales. Cuando se disparó el precio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, los medios salieron a la ofensiva, como siempre, por la clase media: "qué caros están los alquileres". ¿Recuerdan el lanzamiento de una línea de créditos hipotecarios para inquilinos. "Con este proyecto estamos transformando a los inquilinos en propietarios", se entusiasmaba el secretario de comercio interior, Guillermo Moreno. Era la respuesta del Gobierno a la clase media, que de todas maneras quedó trunca. El propio diario oficialista Página 12 calculaba que era necesario un ingreso cercano a los 3.500 pesos mensuales para acceder a los créditos.

Ahora la clase media se queja por la construcción de torres. El reclamo es genuino y válido, pero también esconde internas del kirchnerismo: se vienen las comunas y muchos punteros barriales agitan la protesta en contra de Telerman o Scioli, según quien pague. Eso si, como es la clase media la que protesta, ya hay respuesta estatal: un decreto del gobierno porteño suspendió el inicio de nuevos trámites para construir o ampliar viviendas de más de cuatro pisos en seis barrios porteños. Claro que los empresarios se mostraron "preocupados" por la medida, que les genera "incertidumbre".

Más allá de las torres y las preocupaciones empresariales, hay millones de personas en este país récord de reservas, de crecimiento económico, de dólar estable, de superávit fiscal, millones de personas que no tienen ninguna certeza acerca de la dignidad que por derecho les pertenece. Y la certeza no se alcanza con gestos o declamaciones.

Los empresarios neoliberales, que festejan sus índices de negocios en alza viven en countries exclusivos y cerrados a la amenaza exterior. A ellos, este Gobierno que dijo levantar la bandera de los derechos humanos, a ellos no los desalojan. Afuera, afuera de los countries, afuera de las políticas estatales, a las millones de víctimas de la desigualdad del capitalismo neoliberal les queda la organización y la lucha por sus derechos que, se sabe, no son el regalo ni la concesión de ningún Gobierno.