Marcela Valente
IPS

Con una abstención, como para dañar la unanimidad partidaria, social y en los propios tribunales, el Congreso de Argentina dispuso la reducción de la Corte Suprema de Justicia a cinco miembros, igual que hasta 1990 cuando el entonces presidente Carlos Menem la amplió en su beneficio.

Con 192 votos a favor en 193 diputados presentes, la cámara baja parlamentaria sancionó el proyecto que ya había sido aprobado por el Senado apenas ocho días antes con el apoyo de 57 legisladores y apenas dos abstenciones. Organizaciones no gubernamentales y los propios jueces de la Corte celebraron el cambio.

La iniciativa fue presentada el 9 de este mes por la senadora oficialista Cristina Fernández, esposa del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y de inmediato había conseguido un inédito respaldo de propios y extraños, es decir la oposición política, las organizaciones de la sociedad civil y los magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial.

El foro Una Corte para la Democracia, integrado por seis organizaciones no gubernamentales que reclamaban cambios en el máximo tribunal, expresaron que la nueva ley "retoma el camino del fortalecimiento institucional que se había manifestado con la voluntad política de renovar la Corte y recomponer su legitimidad social".

En diálogo con IPS, Juan González Bertomeu, de la Asociación por los Derechos Civiles (miembro del foro), consideró "muy importante" una renovación paulatina del tribunal.

Anotó también que ya en el gobierno centroizquierdista de Kirchner se designaron cuatro de los siete jueces actualmente en funciones en la Corte, y con un procedimiento más transparente que en el pasado.

"Es una medida muy saludable y la celebramos, de ningún modo creemos que la Corte más amplia es más eficiente. La experiencia demostró todo lo contrario. Los expedientes circulan por una mayor cantidad de despachos y las decisiones se demoran, ahora todo será más ágil", opinó González Bertomeu.

La Corte Suprema de Justicia estuvo conformada por cinco miembros desde que una ley reglamentó lo dispuesto en la reforma constitucional de 1860, que dio vida a este máximo tribunal, que entró en funciones en enero de 1863. Pero en 1958, una ley amplió su número a siete, para volver a la cantidad original durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970).

Al año siguiente de asumir la presidencia Menem (1989-1999), del mismo Partido Justicialista (peronista) que Kirchner pero en las antípodas ideológica, impulsó una controvertida ley que amplió su composición a nueve, con el argumento de buscar una mayor eficiencia.

La alteración llevó a la renuncia de dos magistrados. Menem aprovechó para colocar entonces en esos lugares a personas cercanas al oficialismo y sin antecedentes de peso como para integrar este alto tribunal, con lo cual completó seis jueces afines en lo que se dio en llamar "la mayoría automática".

A partir de ese momento, la justicia en su conjunto sufrió un fuerte declive en su credibilidad, en particular la Corte, con fallos muy cuestionados por su presunta parcialidad a favor de la gestión de Menem.

Según una encuesta de la empresa Gallup difundida en 2000, la confianza en la justicia había caído a 18 por ciento de los consultados, luego de que había alcanzado a 57 por ciento en 1983, tres el retorno de la democracia. Semanas después de asumir la presidencia en 2003, Kirchner pidió al Congreso que abriera procesos de enjuiciamientos contra los magistrados que acumulaban cargos en su contra.

Así comenzó una renovación, para lo cual algunas veces hubo que apelar a la fuerza legal. Cuatro jueces renunciaron antes de ser sometidos a juicio y otros dos fueron destituidos por el Senado.

Para designar a los reemplazantes, Kirchner aceptó la sugerencia del foro Una Corte para la Democracia, de someter a los candidatos a un proceso previo de impugnaciones públicas. El procedimiento imponía una búsqueda de postulantes de prestigio que pudieran evitar el rechazo de la ciudadanía y del propio parlamento.

De ese modo ingresaron a la Corte cuatro jueces considerados independientes y probos. La experta en derecho civil Elena Highton, la ex integrante de la Corte Penal Internacional Carmen Argibay, el penalista Eugenio Zaffaroni, destacado internacionalmente, y Ricardo Lorenzetti, actualmente presidente del cuerpo.

La nueva composición firmó sentencias con amplia aceptación social, como la que declaró inconstitucionales las leyes que habían dejado lejos de la justicia a los represores de la última dictadura militar (1976-1983).

Pero desde 2004, el presidente Kirchner se abstuvo de nombrar jueces para cubrir las dos vacantes dejadas por miembros renunciantes. El gobierno tampoco se resolvía a pedir una reforma que redujera el número de integrantes definitivamente como reclamaban las organizaciones sociales y también desde la justicia.

Los integrantes del tribunal se quejaban de las dificultades que tenían para alcanzar mayoría en las decisiones, y por los atrasos que eso provocaba.

Como la Corte seguía teniendo nueve bancas, la mayoría debía conformarse con el voto coincidente de cinco jueces, aún cuando fueran sólo siete los integrantes en funciones.

En sólo dos páginas, el proyecto de la senadora Fernández deroga la cuestionada ley de 1990, fija la composición del tribunal en cinco miembros, y establece una "disposición transitoria" según la cual la Corte funcionará con los actuales siete miembros. Sólo que cuando haya dos nuevas vacantes los cargos no se ocuparán.

Mientras sean siete los miembros, la mayoría se alcanza con cuatro votos, y cuando queden en cinco el quórum será con tres, sostiene la nueva norma.

Lorenzetti consideró que esta ley "tiene un enorme impacto de calidad institucional", en tanto su colega Enrique Petracchi, quien es parte de la Corte de los años 90, sostuvo que "representa un gran servicio a la República".