Argentina: La lucha continúa

El escandaloso fallo del juez de Río Tercero que sobreseyó a todos los procesados por los estallidos de la Fábrica Militar ha tenido la virtud de disparar los debates sobre la situación de la justicia. En 2006 abundaron los cuestionamientos.

El conjuez Diego Estévez no tendrá unas fiestas tranquilas porque entre Navidad y Año Nuevo es posible que lo sancionen, luego de la polvareda que levantó el sobreseimiento que dictó a favor de seis militares por ese estallido de noviembre de 1995.

Posiblemente el martes su caso será tratado por la Cámara Federal de Córdoba, a la que le trasladó el problema el Consejo de la Magistratura, luego de deliberar y no tomar una resolución pese al apremio del Ejecutivo. El presidente Kirchner había reclamado públicamente una sanción, al deplorar en discursos oficiales lo resuelto por ese magistrado, un ex dirigente de la UceDe y el menemismo en los años ´90.

Sin demasiados argumentos, y habiendo copiado datos sobre el TNT del sitio www.elrincondelvago.com, Estévez favoreció a los coroneles implicados mediante el enfoque de que lo sucedido en la ciudad cordobesa había sido un mero accidente. La tesis había sido ventilada en aquellas aciagas jornadas por Carlos Menem, secundado por el entonces gobernador mediterráneo Ramón Mestre. En ese momento pocos creían con tanta pasión en la hipótesis del estallido organizado para tapar el faltante de cañones y otros elementos vendidos ilegalmente a Croacia, cuando había sanciones a los contendientes de la ex Yugoslavia.

Néstor Kirchner y sus representantes en el Consejo de la Magistratura arremetieron contra el conjuez, pero no tuvieron éxito inmediato. Delia Conti fulminó al personaje en la picota diciendo que "no lo hubiera aprobado en un examen de Derecho Penal". Aníbal Fernández, fiel a sus costumbres e imágenes, declaró que "lo hubiera sacado a patadas del aula" de un hipotético examen.

La Cámara Federal dictaminará sobre Estévez y quizás lo sancione, lo que aparecería como una medida reparadora. Pero sería importante que no presente eso como una panacea para la situación de la justicia, que muestra la hilacha por muchos lados. Que el mayor genocida, ex teniente general Jorge Rafael Videla, aún permanezca en arresto domiciliario sin que haya sido llevado a juicio por sus crímenes de lesa humanidad, es un baldón para la justicia. Lo es también para el estado democrático que lo indultó luego de ser condenado en el juicio a las ex juntas militares.

Y eso, obviamente, no es culpa del perezoso magistrado que se copió al "rincón del vago" de Internet. Sería redundante apuntar quiénes son los responsables.

Pulseada con Uruguay

La relación con el vecino país sigue siendo tensa, a contramano de la laxitud que tuvo en las últimas décadas. El factor de irritación siguió siendo, recíprocamente, la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos, y los cortes de rutas en Gualeguaychú. Aquella chimenea (paradojalmente construida por una empresa argentina) desvela a nuestra gente, y ese piquete quita el sueño al gobierno de Tabaré Vázquez.

En estos días la polémica tuvo dos escenarios, el río de la Plata y La Haya. En este último, las delegaciones de ambos países expusieron ante la corte internacional.

La representación charrúa lo hizo reclamando para que del lado argentino cesen los cortes, atribuidos a la desidia del gobierno de Kirchner. Los viajeros de Buenos Aires insistieron en desvincular los temas (cortes, por un lado; proyecto unilateral y contaminante sobre un río compartido, por el otro). El cruce polémico no fue para nada modosito ni exento de fuertes expresiones, como "chantaje" y otras que encresparon a la contraparte.

Los sosegados jueces se limitaron a escuchar, impertérritos e inescrutables, aunque ya en julio votaron por 14 a 1 en contra de Argentina. Como luego hubo pronunciamientos claves del Banco Mundial, facilitando el financiamiento a la planta finlandesa, se puede presumir que el próximo fallo del tribunal, en 2007, seguirá esa línea.

Creyéndose ganador, Vázquez ha endurecido su táctica. Comunicó al facilitador del rey de España que Uruguay da por terminada su tarea y no dialogará con las autoridades argentinas. Su excusa es que los cortes de rutas prosiguieron en Gualeguaychú, donde los vecinos no aflojan ni ante las celebraciones navideñas.

Si el asunto conflictivo en sí no acerca a las partes, más las aleja la política diseñada en Montevideo para mimosear con Washington y firmar un Tratado de Libre Comercio. Así se desprende de lo expresado por el ministro de Economía Danilo Astori, quien advirtió que "no vamos a esperar indefinidamente por un TLC con EEUU". Astori pareció sentenciar al Mercosur, al que estimó como que está en un "pésimo estado".

Wayne por cinco

El encargado de la Hacienda oriental no es el único receptivo a las sugerencias norteamericanas. De este lado del río, Kirchner perdió hace rato las ínfulas anti ALCA y otros barnices tercermundistas. Ese corrimiento a una política de acuerdos con la Casa Blanca se transparentó en su viaje al Norte en setiembre último.

Una prueba de ello es que el embajador Anthony Wayne, delegado de George W en estos lares, sigue su periplo por los ministerios argentinos donde entra "como Pedro por su casa". El que ha batido todo el récord es Jorge Taiana, quien el lunes 18 lo recibió por quinta vez en cuarenta y dos días de estancia en Buenos Aires. Al actuar de ese modo el canciller confirma el aserto sobre la furia con que obran los conversos. Es que ex compañeros de militancia de los ´70 aún recuerdan al Taiana antiimperialista y antisionista, dos definiciones que hoy no existen en su diccionario.

En el maratón kirchnerista, quien le sigue al canciller es Julio De Vido, al haberse reunido dos veces con Wayne, seducido por sus promesas de inversión en áreas energéticas, que sonaron a música maravillosa en estos meses de mayor consumo eléctrico. También se interesó en las posibles inversiones en televisión digital en caso que el país adopte la norma tecnológica estadounidense.

Al soplar estos aires conservadores en política, quien los respira con total normalidad es Daniel Scioli, al que han comenzado a exportar más allá de la avenida General Paz para que recupere algo de los tics bonaerenses.

El que queda desubicado es Daniel Filmus, de una cierta aureola de progresista y ubicado para correr en el andarivel porteño. Si finalmente el ministro viste los colores del kirchnerismo, y no Jorge Telerman y la extraña runfla de ex macristas que armó en la jefatura de gobierno porteño, tendrá dificultades para explicar su plan de gobierno encorsetado por los acuerdos y promesas hechas a Wayne.

Ni qué hablar si el trío progresista integrado por Miguel Bonasso, Carlos Heller y Aníbal Ibarra llega a algún acuerdo de complementación con Filmus. En tal caso serán un adorno o distractivo, como ya lo fue el Frepaso en el gobierno de la UCR y Alianza.

A cinco años

Esta semana se cumplieron cinco años de la legítima expresión de bronca popular que echó a Fernando de la Rúa y su corte de ministros, pese a la vigencia del Estado de Sitio y el plomo policial que apagó tantas vidas.

Con sentido oportunista, la jueza María R. Servini de Cubría aprovechó la conmemoración para dar a conocer un procesamiento, esta vez contra el ex comisario Jorge Palacios. Pero aún así, esa resolución no logra ocultar la morosidad de la justicia ni, sobre todo, su parcialidad.

Es que a lo sumo esa causa tan importante tiene unos pocos policías procesados, ninguno preso, pero los responsables políticos no están sentados en el banquillo de los acusados. El de mayor nivel funcional, que nunca estuvo detenido, es el neonazi Enrique Mathov, secretario de Seguridad en los días de la balacera.

Coherente con ese criterio político de dar impunidad a los máximos jerarcas políticos, Servini de Cubría nunca imputó a De la Rúa ni a su ministro de Interior, Mestre, ni a su jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. ¿Tienen coronita igual que Eduardo Duhalde, Juan J. Alvarez, Carlos Soria, Felipe Solá y otros funcionarios peronistas en relación a la masacre de Santillán y Kosteki?

A lo sumo el ex mandatario radical tuvo que ir estos días a Tribunales para ser interrogado sobre las coimas en el Senado, que lubricaron la aprobación de la reforma laboral en abril de 2000. Pero de los 39 crímenes cometidos el 19 y 20 de diciembre por las fuerzas policiales al socaire del Estado de Sitio, no tuvo que decir ni una palabra.

Este caso nos devuelve al punto de partida, del descrédito de la justicia. Cinco años atrás murieron porteños, bonaerenses, cordobeses, santafesinos, etc, sin que ningún juez condenara a los uniformados que tiraron del gatillo y menos aún a quienes les dieron las órdenes. Muchos tribunales de esos distritos recibieron con alfombra roja a Juan Carlos Blumberg, en su cruzada por las mayores penas a como diera lugar, pero nunca dieron audiencia a los familiares de los muertos en esas trágicas jornadas.

Está muy bien que los garantistas Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay hayan sido nombrados en la Corte Suprema. Pero quien crea que con eso, o disminuyendo a cinco el número de cortesanos, se terminó la obra de rectificación, está confundiendo corteza con sustancia, fuegos artificiales con Navidad. 

Fuente: lafogata.org