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Argentina: La lucha continúa
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Los presos argentinos levantaron la huelga de hambre
El fallo de la Corte declaró inconstitucional el artículo 24 del Código Penal
La decisión fue tomada luego de que una delegación se reuniera con el ministro
de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Poco antes la Corte provincial
había declarado inconstitucional la norma que fija el régimen de excarcelación.
De esta manera unos 14 mil presos levantaron la medida de fuerza que llevaba 13
días en reclamo de la aceleración de los procesos judiciales.
El número de presos en huelga de hambre dentro de cárceles bonaerenses es
actualmente de 12.500, y el reclamo por la agilización de las causas judiciales
se había extendido a dos comisarías de la provincia y a otros tantos presidios
federales. En el gobierno bonaerense esperaban que podría avanzarse en una
solución rápida, siempre y cuando hubiera alguna respuesta desde la Justicia.
El gobernador Felipe Solá debió salir a aclarar que no hay riesgo de
amotinamiento, luego de que el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di
Rocco, advirtiera de los peligros de una extensión en el tiempo de la huelga.
La lentitud de los plazos judiciales afecta a detenidos de todo el país y todo
hacía pensar que la masiva huelga de hambre pudiera replicarse en las cárceles
de varias provincias, como presión para que los diferentes niveles de gobierno,
en especial el Judicial, generaran una solución. Se cumplían 13 días de protesta
en diez instituciones del Servicio Penitenciario de Buenos Aires y dos
comisarías (la 14 de Melchor Romero y la 11 de Ringuelet). En tanto, en las
últimas horas del lunes se habían sumado a la huelga de hambre presos de dos
cárceles del Servicio Penitenciario Federal: la de mujeres de Ezeiza y la de
Villa Devoto, según informó el procurador penitenciario de la Nación, Francisco
Mugnolo.
En Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia provincial había comenzado a
auditar si existían situaciones de mora injustificada en juzgados y tribunales
con el llamado a juicio de personas privadas de su libertad, las cuales en su
gran mayoría se encuentra con prisión preventiva.
La medida de fuerza de los presos bonaerenses se ha desarrollado de manera
pacífica, pero el ministro Di Rocco había advertido que, «de prolongarse, puede
haber algunas cuestiones que tengan que ver con incidentes, ya que no todos los
internos en las unidades están adheridos, lo que puede generar algunas
cuestiones de convivencia». Igualmente, Solá desestimó de plano la posibilidad
de que haya enfrentamientos entre presos o motines. «Hay muy buen nivel de
diálogo y además estamos concentrados en las necesidades, que esperamos que la
Justicia pueda satisfacer», dijo anteayer.
«Lo que más se reclama son las demoras en las apelaciones; en el Servicio
Penitenciario Bonaerense (SPB) hay 25 mil internos y 75 por ciento no tiene
condena y, de ese 75 por ciento, 52,8 por ciento no tiene ni asistencia en
primera instancia», detalló Di Rocco.
«Es imposible negar que la provincia tiene un retardo de Justicia -añadió el
ministro-. El Poder Judicial dice que necesita más presupuesto, nosotros
admitimos eso, pero sostenemos que tiene que haber un cambio organizacional en
la Justicia, especialmente en la Justicia penal, donde hay un cuello de
botella.»
Finalmente todo parece que se ha arreglado al declarar la Corte la
inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal que modificará la forma en
que se computan los días de prisión preventiva para los condenados a reclusión
perpetua. La modificación flexibilizará los plazos para que los detenidos
obtengan el beneficio de la excarcelación.
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