Intrincado acceso a información del poder político
Marcela Valente IPS
La norma que protege el acceso a la información pública en Argentina es endeble,
limitada y su aplicación tiene deficiencias, alertaron organizaciones de la
sociedad civil observadoras del cumplimiento por parte de los poderes del Estado
de esta prerrogativa ciudadana.
Tras de cinco años de debate en las dos cámaras del Congreso legislativo, el
proyecto de ley de libre acceso a la información perdió estado parlamentario en
febrero pasado. La iniciativa había sido elaborada tras un amplio consenso entre
organizaciones de la sociedad civil, pero sufrió cambios importantes y nunca
llegó a cristalizar.
La única norma en vigor que protege el derecho de acceso es aún un decreto
presidencial de 2003, pero que sólo rige para la información producida en el
Poder Ejecutivo, quedando fuera de su alcance el parlamento, el Poder Judicial y
el Ministerio Público (fiscalía), como sí se preveía en el fallido proyecto de
ley.
"Lamentablemente, el decreto es lo único que hay", dijo a IPS la abogada Mariela
Bielski, directora del área de Acceso a la Información de la Asociación por los
Derechos Civiles.
Consideró que el decreto "tiene alcance limitado y es vulnerable, porque otro
gobierno puede derogarlo más fácilmente que a una ley", advirtió la activista.
Bielski no observa actualmente voluntad de avanzar en una ley amplia, que sería
más efectiva para proteger este derecho. "Hay varios proyectos, pero básicamente
los legisladores actuales son los mismos que antes dejaron caer el proyecto
consensuado con la sociedad civil", explicó con escepticismo.
Según datos en poder de las organizaciones sociales que trabajan en temas de
acceso a la información y libertad de expresión, sólo 66 países tienen leyes que
amparan este derecho y que son acordes con lo que las mismas asociaciones
consideran que son los requisitos mínimos para ser efectivas.
Estos principios son, por ejemplo, una amplia legitimación de la norma, el
rechazo a la obligación de hacer explícito el motivo del pedido o la sanción a
los responsables de negar injustificadamente la información. "De esos 66 países,
apenas cinco en la región (americana) que tienen normas que se ajustan a estos
requisitos", dijo Bielski.
Se trata de Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana. El resto de
los estados del área tienen decretos o disposiciones relacionadas, pero no leyes
específicas, afirmó. "Es paradójico, pues los presidentes se reúnen en la
Organización de Estados Americanos (OEA) y firman compromisos sobre este tema,
pero después no los cumplen", dijo.
Actualmente hay un caso a resolución en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre acceso a la información que "es clave para sentar jurisprudencia
sobre este derecho en toda la región", alertó. Se trata de la denuncia
presentada por Claude Reyes contra el Comité de Inversiones Extranjeras del
estado chileno.
Reyes, director de la Fundación Oceana, pidió en 1998 al Comité que informe
sobre el proyecto de inversión de la firma forestal estadounidense Trillium, que
se aprestaba a explotar un área de 250.000 hectáreas de antiguos bosques de
lenga (Nothofagus pumilio) al sur del país. Pero el estado se abstuvo de
entregar los antecedentes.
La empresa desistió finalmente de concretar el proyecto, pero el caso fue
analizado en profundidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y
de allí se presentó como demanda contra Chile ante la Corte --ambos cuerpos son
parte del sistema de la OEA-- que es la que deberá dictaminar sobre este caso
particular de acceso denegado a la información.
"Si hay un fallo favorable, en cualquier país de la región se podrá apelar a esa
jurisprudencia", vaticinó la abogada, en conversación con IPS con motivo del Día
Mundial del Acceso a la Información Pública, instituido en 2002 en Sofía por
distintas organizaciones dedicadas a promover este derecho ciudadano.
En Argentina, con el objetivo de analizar el funcionamiento del decreto que
garantiza el acceso, la Asociación por los Derechos Civiles, al igual que otras
entidades cívicas, presenta varios pedidos de información pública por día.
"Hay buena voluntad de los enlaces (funcionarios encargados de recibir los
pedidos), pero lo que notamos es que se responde parcialmente, es decir,
contestan algunos aspectos de la pregunta y otros que son claves, los ignoran, y
obligan a reiterar el pedido", apuntó la abogada.
Por ejemplo, si en Argentina se consulta por la cantidad de mujeres encarceladas
que son portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del
sida, se responde sobre el total de mujeres detenidas en general.
Respecto del plazo de 10 días hábiles establecidos en el decreto para informar,
Bielski denunció que el Poder Ejecutivo muestra que le resulta muy difícil
cumplirlo y pide habitualmente prórrogas. Este pobre funcionamiento del sistema
explica los pocos pedidos de información, sostuvo.
"Casi todos son de periodistas de investigación o de organizaciones cívicas como
la nuestra, y prácticamente no hay presentaciones de ciudadanos comunes",
remarcó. Si el pedido no se responde en forma pertinente, el solicitante puede
iniciar una acción de amparo ante la justicia, pero ese no es ese el objetivo de
las asociaciones. A nivel de provincias y municipios, la situación no es mucho
mejor. Hay 10, sobre 24 distritos provinciales y 10 municipios que cuentan con
normas de acceso a la información. Sin embargo, no siempre la garantiza el
derecho que viene a preservar.
La ciudad de "Buenos Aires tiene ley acceso a la información, pero muchas veces
no responde a los pedidos y cuando contesta lo hace de manera incompleta",
aseguró a IPS Carolina del Campo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia.
Respecto del gobierno nacional, Del Campo consideró que hay "buenas y malas
respuestas". "Nosotros hacemos pedidos cotidianos, y por ejemplo, los
ministerios de Trabajo y de Salud por lo general responden en tiempo y forma,
pero a la Jefatura de Gabinete tuvimos que mandarles una intimación", reveló.
La experta se refirió a la institución que coordina la tarea de todos los
ministerios y es nexo con el Congreso Nacional. "Luego de tres pedidos sin
respuesta, mandé una intimación y después de mucho tiempo contestaron algo
distinto de lo que les pedimos", denunció.
"Sería mucho mejor contar con una ley que alcance también al Congreso", opinó
Del Campo. De esa manera, el sistema funcionaría de manera más aceitada y se
facilitaría la construcción de una cultura de transparencia de la función
pública y la participación, que son los objetivos de esa ley.
