Argentina: La lucha contin�a

Marcela Valente
IPS

La norma que protege el acceso a la informaci�n p�blica en Argentina es endeble, limitada y su aplicaci�n tiene deficiencias, alertaron organizaciones de la sociedad civil observadoras del cumplimiento por parte de los poderes del Estado de esta prerrogativa ciudadana.
Tras de cinco a�os de debate en las dos c�maras del Congreso legislativo, el proyecto de ley de libre acceso a la informaci�n perdi� estado parlamentario en febrero pasado. La iniciativa hab�a sido elaborada tras un amplio consenso entre organizaciones de la sociedad civil, pero sufri� cambios importantes y nunca lleg� a cristalizar.

La �nica norma en vigor que protege el derecho de acceso es a�n un decreto presidencial de 2003, pero que s�lo rige para la informaci�n producida en el Poder Ejecutivo, quedando fuera de su alcance el parlamento, el Poder Judicial y el Ministerio P�blico (fiscal�a), como s� se preve�a en el fallido proyecto de ley.

"Lamentablemente, el decreto es lo �nico que hay", dijo a IPS la abogada Mariela Bielski, directora del �rea de Acceso a la Informaci�n de la Asociaci�n por los Derechos Civiles.

Consider� que el decreto "tiene alcance limitado y es vulnerable, porque otro gobierno puede derogarlo m�s f�cilmente que a una ley", advirti� la activista.

Bielski no observa actualmente voluntad de avanzar en una ley amplia, que ser�a m�s efectiva para proteger este derecho. "Hay varios proyectos, pero b�sicamente los legisladores actuales son los mismos que antes dejaron caer el proyecto consensuado con la sociedad civil", explic� con escepticismo.

Seg�n datos en poder de las organizaciones sociales que trabajan en temas de acceso a la informaci�n y libertad de expresi�n, s�lo 66 pa�ses tienen leyes que amparan este derecho y que son acordes con lo que las mismas asociaciones consideran que son los requisitos m�nimos para ser efectivas.

Estos principios son, por ejemplo, una amplia legitimaci�n de la norma, el rechazo a la obligaci�n de hacer expl�cito el motivo del pedido o la sanci�n a los responsables de negar injustificadamente la informaci�n. "De esos 66 pa�ses, apenas cinco en la regi�n (americana) que tienen normas que se ajustan a estos requisitos", dijo Bielski.

Se trata de Ecuador, M�xico, Panam�, Per� y Rep�blica Dominicana. El resto de los estados del �rea tienen decretos o disposiciones relacionadas, pero no leyes espec�ficas, afirm�. "Es parad�jico, pues los presidentes se re�nen en la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA) y firman compromisos sobre este tema, pero despu�s no los cumplen", dijo.

Actualmente hay un caso a resoluci�n en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la informaci�n que "es clave para sentar jurisprudencia sobre este derecho en toda la regi�n", alert�. Se trata de la denuncia presentada por Claude Reyes contra el Comit� de Inversiones Extranjeras del estado chileno.

Reyes, director de la Fundaci�n Oceana, pidi� en 1998 al Comit� que informe sobre el proyecto de inversi�n de la firma forestal estadounidense Trillium, que se aprestaba a explotar un �rea de 250.000 hect�reas de antiguos bosques de lenga (Nothofagus pumilio) al sur del pa�s. Pero el estado se abstuvo de entregar los antecedentes.

La empresa desisti� finalmente de concretar el proyecto, pero el caso fue analizado en profundidad por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, y de all� se present� como demanda contra Chile ante la Corte --ambos cuerpos son parte del sistema de la OEA-- que es la que deber� dictaminar sobre este caso particular de acceso denegado a la informaci�n.

"Si hay un fallo favorable, en cualquier pa�s de la regi�n se podr� apelar a esa jurisprudencia", vaticin� la abogada, en conversaci�n con IPS con motivo del D�a Mundial del Acceso a la Informaci�n P�blica, instituido en 2002 en Sof�a por distintas organizaciones dedicadas a promover este derecho ciudadano.

En Argentina, con el objetivo de analizar el funcionamiento del decreto que garantiza el acceso, la Asociaci�n por los Derechos Civiles, al igual que otras entidades c�vicas, presenta varios pedidos de informaci�n p�blica por d�a.

"Hay buena voluntad de los enlaces (funcionarios encargados de recibir los pedidos), pero lo que notamos es que se responde parcialmente, es decir, contestan algunos aspectos de la pregunta y otros que son claves, los ignoran, y obligan a reiterar el pedido", apunt� la abogada.

Por ejemplo, si en Argentina se consulta por la cantidad de mujeres encarceladas que son portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, se responde sobre el total de mujeres detenidas en general.
Respecto del plazo de 10 d�as h�biles establecidos en el decreto para informar, Bielski denunci� que el Poder Ejecutivo muestra que le resulta muy dif�cil cumplirlo y pide habitualmente pr�rrogas. Este pobre funcionamiento del sistema explica los pocos pedidos de informaci�n, sostuvo.

"Casi todos son de periodistas de investigaci�n o de organizaciones c�vicas como la nuestra, y pr�cticamente no hay presentaciones de ciudadanos comunes", remarc�. Si el pedido no se responde en forma pertinente, el solicitante puede iniciar una acci�n de amparo ante la justicia, pero ese no es ese el objetivo de las asociaciones. A nivel de provincias y municipios, la situaci�n no es mucho mejor. Hay 10, sobre 24 distritos provinciales y 10 municipios que cuentan con normas de acceso a la informaci�n. Sin embargo, no siempre la garantiza el derecho que viene a preservar.

La ciudad de "Buenos Aires tiene ley acceso a la informaci�n, pero muchas veces no responde a los pedidos y cuando contesta lo hace de manera incompleta", asegur� a IPS Carolina del Campo, de la Asociaci�n Civil por la Igualdad y la Justicia.

Respecto del gobierno nacional, Del Campo consider� que hay "buenas y malas respuestas". "Nosotros hacemos pedidos cotidianos, y por ejemplo, los ministerios de Trabajo y de Salud por lo general responden en tiempo y forma, pero a la Jefatura de Gabinete tuvimos que mandarles una intimaci�n", revel�.

La experta se refiri� a la instituci�n que coordina la tarea de todos los ministerios y es nexo con el Congreso Nacional. "Luego de tres pedidos sin respuesta, mand� una intimaci�n y despu�s de mucho tiempo contestaron algo distinto de lo que les pedimos", denunci�.

"Ser�a mucho mejor contar con una ley que alcance tambi�n al Congreso", opin� Del Campo. De esa manera, el sistema funcionar�a de manera m�s aceitada y se facilitar�a la construcci�n de una cultura de transparencia de la funci�n p�blica y la participaci�n, que son los objetivos de esa ley.   

Fuente: lafogata.org

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