Elena Luz Gonz�lez Baz�n
Argenpress

Entre 70 y 90 adolescentes viven en condiciones infrahumanas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sus celdas tienen falta de limpieza, no tienen calefacci�n y los techos se llueven.

Se present� un Habeas Corpus a favor de los chicos alojados en el IRAR (Instituto de Rehabilitaci�n del Adolescente de Rosario), ubicado en Saavedra y Cullen. El mismo es un Habeas Corpus correctivo y colectivo a favor de los adolescentes. En esta denuncia se constata las condiciones miserables en que viven los adolescentes que est�n en conflicto con la ley penal.

La realidad se mueve entre roedores, falta de limpieza en retretes y celdas, techos que se llueven, humedad, falta de calefacci�n. Por otro lado, los jueces del fuero denunciaron ante la C�mara de Apelaciones el panorama desolador y solicitaron que se ponga en conocimiento al gobernador Jorge Obeid y al ministro de Gobierno Roberto Ros�a.

Seg�n 'el Ciudadano' de la ciudad de Rosario informa que el h�beas corpus data del lunes 25 de septiembre del 2006, la extensa resoluci�n pertenece al Juez de Instrucci�n Alfredo Ivaldi Artacho quien orden� al Ministerio de Gobierno que en 90 d�as haga cesar en el IRAR las 'circunstancias agravantes' que fueron comprobadas en el habeas corpus que radic� a fines de julio del 2006 el Defensor del Pueblo Carlos Berm�dez. Esto se orienta a eliminar las plagas, especialmente los roedores, reestructurar, reparar y mantener en forma permanente el sistema de evacuaci�n: desag�e y limpieza de los retretes existentes en las celdas, reparar y mantener el edificio en cuanto a la calefacci�n y los problemas de humedad en todos los �mbitos, terminar con las filtraciones del techo, roturas de ca�er�as, agua en los pasillos.

Por otro lado, el juez interviniente dio intervenci�n a la Secretar�a de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe para que sea y act�e como el organismo de enlace y controlador del cumplimiento del H�beas Corpus, dicha secretar�a deber� informar a los 30, 60 y 90 d�as sobre la evoluci�n de las obras y la erradicaci�n de las plagas.

Adem�s, el Programa Anti Impunidad interpreta que el edificio del IRAR, donde hay 40 adolescentes m�s los del CAT, otros 25 chicos, re�ne las condiciones edilicias pero su construcci�n que se encuentra en estado de deterioro y falta de mantenimiento, esto lisa y llanamente vulnera los Derechos Humanos de los Adolescentes que ah� viven�

En el mismo sentido, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) que adhiri� a la presentaci�n de la Defensor�a del Pueblo acompa�� una denuncia efectuada, en mayo del 2006, ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la misma que lleg� a nuestro pa�s en 1979, plena dictadura militar. En este contexto si la CIDH comprueba irregularidades, dicho organismo internacional puede sugerir rectificaciones directamente al Estado Nacional o elevar una denuncia a la Corte Interamericana.

Adem�s, cabe destacar que el juez Ivaldi Artacho se bas� en un antecedente, un fallo l�der en la materia que fue dictado por la Corte Suprema de la Naci�n el 3 de mayo del 2005, en la causa que inici� el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-. El tribunal le orden� al gobierno bonaerense que rectificara la situaci�n violatoria de los Derechos Humanos tanto de los reclusos mayores y menores. All� sostuvieron los jueces del m�ximo tribunal que ninguna excusa presupuestaria puede afectar las condiciones de detenci�n.

El Director de Menores en Conflicto con la Ley Penal y el interventor en el IRAR sostuvo que ya est�n en marcha los arreglos del edificio tal lo planteado en el h�beas corpus y que las mismas ser�n terminadas a la brevedad.

Seg�n informa el funcionario provincial la red de cloacas est� finalizada, se est�n ocupando de la alimentaci�n de agua para los retretes y pronto mejorar�n el problema de techos, calefacci�n y otros.

En cuanto a los roedores y otras alima�as sostienen que es una plaga que afecta a todo el barrio y que irrumpieron cuando la Municipalidad comenz� a mover la tierra para la construcci�n del barrio Los Eucaliptales, all� se relocalizaron a los vecinos de Molino Blanco. Por lo tanto concluy� que se fumigar� pero que no es la soluci�n definitiva.

Los conflictos salariales son parte de la problem�tica integral que deben resolverse. Los funcionarios provinciales sostienen que el problema gremial del personal del IRAR, Hogar Casa Joven de General Lagos y Centro de Diagn�stico que llevan adelante un paro general por tiempo indeterminado desde el 20 de septiembre provoca que los trabajadores sindicalizados en UPCN -Uni�n Personal Civil de la Naci�n- no realicen los traslados a Tribunales, ni los permisos transitorios de los adolescentes menores de edad. Seg�n afirman los funcionarios, esto retrasa los plazos legales y perjudica las tareas de contenci�n.

La situaci�n salarial se podr�a encaminar con un plus que se pagar�a a los trabajadores del IRAR por riesgo de su tarea y m�s ingreso de personal al �rea, los cuales ser�an integrados antes de fin de a�o.

Otra de las promesas del Estado provincial es la incorporaci�n de profesionales que deben abordar la problem�tica de los chicos que est�n imputados por primera vez por un delito, esto, aseveran, en el marco de un trabajo con los adolescentes. Dichas tareas se iniciar�n en el 2007.

Por otro lado en el terreno lindero al IRAR se est� trabajando en la construcci�n del Centro de Admisi�n y Diagn�stico, seg�n informa Druetta, en este lugar se ocupar�n de los adolescentes que tienen un paso transitorio por el centro, el mismo reemplazar� al CAT -Centro de Alojamiento Transitorio-, extensamente informado en sendas notas publicadas por este medio: 'Fuga de Adolescentes' de enero del 2006 y 'Acampe para reclamar condiciones dignas' de marzo del 2006, ubicado en Dorrego al 900 que fue clausurado por el Poder Ejecutivo el 14 de agosto del 2006, por las condiciones infrahumanas, y los 25 adolescentes trasladados al IRAR.

En la presentaci�n de la Defensor�a del Pueblo que denuncia las condiciones de detenci�n y el agravamiento de las condiciones indignas de los adolescentes menores de edad, en total unos 65 chicos. En el caso del CAT los enviados por el programa Anti Impunidad de la Secretar�a de Derechos Humanos constat� las condiciones de vida antes mencionadas, tambi�n el juez que elev� el habeas corpus se bas� en las verificaciones del personal policial y judicial, los especialistas de la Municipalidad que comprueban las habilitaciones en geri�tricos y otros.

En el caso de la visita al CAT fue a pedido de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). As� el dictamen recomienda el cierre definitivo de la instituci�n que fue presentado a la Corte Suprema de la provincia y que tambi�n advirti� a la C�mara Penal. En agosto los jueces participantes decidieron citar a Ros�a para que explicara la situaci�n del CAT y el 14 se decidi� su cierre.

Los magistrados que entienden en los temas de los denominados menores de Rosario, Juan Artigas, Juan Carmona y Jorge Cartelle, ya que Jorge Zaldarriaga est� de licencia, pidieron por escrito a la presidenta de la C�mara Penal, Elena Ram�n, que comunique al gobernador Jorge Obeid y al ministro Ros�a su preocupaci�n, as� como la necesidad de aumentar a corto plazo los lugares de contenci�n y los programas de intervenci�n.

"Desde la adopci�n y ratificaci�n de la Convenci�n de los Derechos del Ni�o, los �rganos administrativos deben adoptar los mecanismos de protecci�n �ptimos para asegurar un adecuado tratamiento integral", dijeron los jueces. "No observamos que el Estado provincial haya adecuado, en la intensidad que corresponde, pol�ticas espec�ficas en cantidad y calidad de acuerdo a las reglas m�nimas para el tratamiento de quienes est�n privados de libertad, resultando a la postre en pr�cticas de dep�sito de ni�os", aseguraron con dureza, recordando que hoy por hoy la �nica respuesta estatal es el "simple castigo" cuando en realidad la actuaci�n del Estado deber�a ser "garantista".

Con la movilizaci�n del personal y los padres de los adolescentes recluidos en el IRAR se cort� la calle y se reclamaron por las condiciones de vida de los chicos. Esto fue el pasado 20 de septiembre frente a la instituci�n donde se hizo una quema de cubiertas y corte de calle en reclamo de la incorporaci�n de personal y mejora de condiciones laborales y salariales, incluso, poco antes del mediod�a dos menores de 16 y 17 a�os se auto agredieron provoc�ndose lesiones cortantes, seg�n informaci�n de La Capital de Rosario, los que ya est�n fuera de peligro siendo atendidos por el personal m�dico de la instituci�n, seg�n confirm� un delegado gremial.

Los familiares participaron de esta protesta porque en el lugar hay hacinados y alojados 72 chicos, o sea, m�s de los que afirman los organismos gubernamentales. El lugar tiene capacidad para 45 chicos como m�ximo.

Por otro lado, los trabajadores plantean que falta personal que s�lo hay cinco operadores durante el d�a y por la noche un solo operador para atender a los chicos. Otro de los aspectos que muestran los trabajadores y los familiares de los adolescentes es que con el cierre del CAT se increment� el problema de hacinamiento. Los familiares desaprueban la permanencia de personal del Servicio Penitenciario para la 'atenci�n' a sus hijos, dudan de que dicha atenci�n sea la adecuada.

El delegado de UPCN en el IRAR, Claudio Catalana sostuvo en una declaraci�n a La Capital de Rosario que: "la situaci�n es muy preocupante, estamos trabajando con el 30% del personal necesario, faltan operadores para atender a los chicos, personal de mantenimiento, talleristas, psic�logos, esto sin contar que hay personal que hace seis a�os que tendr�an que haber pasado a planta permanente y siguen trabajando sin regularizar su situaci�n".

'Sergio Druetta, (director de Menores en Conflicto con la Ley Penal) con quien estamos en contacto al igual que con el subsecretario de Asuntos Penales, Jos� Benaglia, tiene muy buena voluntad, pero las soluciones no aparecen", agreg� Catalano, para concluir afirmando que "nos quedaremos aqu� en asamblea permanente aguardando una respuesta oficial".

Algunos aspectos que debemos relevar y analizar, reflexionar sobre este escenario de los chicos adolescentes menores de edad es, por un lado los gobiernos nacionales, provinciales o municipales que debieran tomar cartas en el asunto cuando se ven conminados por, en este caso, un h�beas corpus o un reclamo de los Defensores p�blicos.

En el mismo nivel de reclamos, los trabajadores denuncian la realidad de hacinamiento, de malas condiciones de vida, realizaron un acampe en marzo, reclamaron por m�s personal, mejores salarios y llevan adelante paros generales para modificar la situaci�n, tanto salarial como de los chicos que est�n recluidos y que han perdido su libertad.

A esta altura de la informaci�n podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que hay un entramado realmente perverso, bajar la imputabilidad de los adolescentes, recluirlos en lugares de condiciones infrahumanas, malos tratos reiterados por el personal penitenciario como ha quedado confirmado, en otras oportunidades, en las marcas que se verificaron en los chicos. Un estado que hace que act�a cuando se ve conminado por alg�n organismo, juez o defensor que con suficiente poder y que pueden obligarlos a arreglos o modificaciones de la situaci�n carcelaria.

El estado nacional, provincial y municipal tiene una deuda de pol�ticas de Estado hacia la ni�ez y adolescencia, pero no hay s�ntomas de modificar este contexto, por el contrario se profundiza�

Los chicos siguen esperando�

Fuentes: Hayde� Dessal, El Ciudadano, La Capital y fuentes propias.