Elena Luz González Bazán
Argenpress

Entre 70 y 90 adolescentes viven en condiciones infrahumanas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sus celdas tienen falta de limpieza, no tienen calefacción y los techos se llueven.

Se presentó un Habeas Corpus a favor de los chicos alojados en el IRAR (Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario), ubicado en Saavedra y Cullen. El mismo es un Habeas Corpus correctivo y colectivo a favor de los adolescentes. En esta denuncia se constata las condiciones miserables en que viven los adolescentes que están en conflicto con la ley penal.

La realidad se mueve entre roedores, falta de limpieza en retretes y celdas, techos que se llueven, humedad, falta de calefacción. Por otro lado, los jueces del fuero denunciaron ante la Cámara de Apelaciones el panorama desolador y solicitaron que se ponga en conocimiento al gobernador Jorge Obeid y al ministro de Gobierno Roberto Rosúa.

Según 'el Ciudadano' de la ciudad de Rosario informa que el hábeas corpus data del lunes 25 de septiembre del 2006, la extensa resolución pertenece al Juez de Instrucción Alfredo Ivaldi Artacho quien ordenó al Ministerio de Gobierno que en 90 días haga cesar en el IRAR las 'circunstancias agravantes' que fueron comprobadas en el habeas corpus que radicó a fines de julio del 2006 el Defensor del Pueblo Carlos Bermúdez. Esto se orienta a eliminar las plagas, especialmente los roedores, reestructurar, reparar y mantener en forma permanente el sistema de evacuación: desagüe y limpieza de los retretes existentes en las celdas, reparar y mantener el edificio en cuanto a la calefacción y los problemas de humedad en todos los ámbitos, terminar con las filtraciones del techo, roturas de cañerías, agua en los pasillos.

Por otro lado, el juez interviniente dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe para que sea y actúe como el organismo de enlace y controlador del cumplimiento del Hábeas Corpus, dicha secretaría deberá informar a los 30, 60 y 90 días sobre la evolución de las obras y la erradicación de las plagas.

Además, el Programa Anti Impunidad interpreta que el edificio del IRAR, donde hay 40 adolescentes más los del CAT, otros 25 chicos, reúne las condiciones edilicias pero su construcción que se encuentra en estado de deterioro y falta de mantenimiento, esto lisa y llanamente vulnera los Derechos Humanos de los Adolescentes que ahí viven…

En el mismo sentido, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) que adhirió a la presentación de la Defensoría del Pueblo acompañó una denuncia efectuada, en mayo del 2006, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la misma que llegó a nuestro país en 1979, plena dictadura militar. En este contexto si la CIDH comprueba irregularidades, dicho organismo internacional puede sugerir rectificaciones directamente al Estado Nacional o elevar una denuncia a la Corte Interamericana.

Además, cabe destacar que el juez Ivaldi Artacho se basó en un antecedente, un fallo líder en la materia que fue dictado por la Corte Suprema de la Nación el 3 de mayo del 2005, en la causa que inició el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-. El tribunal le ordenó al gobierno bonaerense que rectificara la situación violatoria de los Derechos Humanos tanto de los reclusos mayores y menores. Allí sostuvieron los jueces del máximo tribunal que ninguna excusa presupuestaria puede afectar las condiciones de detención.

El Director de Menores en Conflicto con la Ley Penal y el interventor en el IRAR sostuvo que ya están en marcha los arreglos del edificio tal lo planteado en el hábeas corpus y que las mismas serán terminadas a la brevedad.

Según informa el funcionario provincial la red de cloacas está finalizada, se están ocupando de la alimentación de agua para los retretes y pronto mejorarán el problema de techos, calefacción y otros.

En cuanto a los roedores y otras alimañas sostienen que es una plaga que afecta a todo el barrio y que irrumpieron cuando la Municipalidad comenzó a mover la tierra para la construcción del barrio Los Eucaliptales, allí se relocalizaron a los vecinos de Molino Blanco. Por lo tanto concluyó que se fumigará pero que no es la solución definitiva.

Los conflictos salariales son parte de la problemática integral que deben resolverse. Los funcionarios provinciales sostienen que el problema gremial del personal del IRAR, Hogar Casa Joven de General Lagos y Centro de Diagnóstico que llevan adelante un paro general por tiempo indeterminado desde el 20 de septiembre provoca que los trabajadores sindicalizados en UPCN -Unión Personal Civil de la Nación- no realicen los traslados a Tribunales, ni los permisos transitorios de los adolescentes menores de edad. Según afirman los funcionarios, esto retrasa los plazos legales y perjudica las tareas de contención.

La situación salarial se podría encaminar con un plus que se pagaría a los trabajadores del IRAR por riesgo de su tarea y más ingreso de personal al área, los cuales serían integrados antes de fin de año.

Otra de las promesas del Estado provincial es la incorporación de profesionales que deben abordar la problemática de los chicos que están imputados por primera vez por un delito, esto, aseveran, en el marco de un trabajo con los adolescentes. Dichas tareas se iniciarán en el 2007.

Por otro lado en el terreno lindero al IRAR se está trabajando en la construcción del Centro de Admisión y Diagnóstico, según informa Druetta, en este lugar se ocuparán de los adolescentes que tienen un paso transitorio por el centro, el mismo reemplazará al CAT -Centro de Alojamiento Transitorio-, extensamente informado en sendas notas publicadas por este medio: 'Fuga de Adolescentes' de enero del 2006 y 'Acampe para reclamar condiciones dignas' de marzo del 2006, ubicado en Dorrego al 900 que fue clausurado por el Poder Ejecutivo el 14 de agosto del 2006, por las condiciones infrahumanas, y los 25 adolescentes trasladados al IRAR.

En la presentación de la Defensoría del Pueblo que denuncia las condiciones de detención y el agravamiento de las condiciones indignas de los adolescentes menores de edad, en total unos 65 chicos. En el caso del CAT los enviados por el programa Anti Impunidad de la Secretaría de Derechos Humanos constató las condiciones de vida antes mencionadas, también el juez que elevó el habeas corpus se basó en las verificaciones del personal policial y judicial, los especialistas de la Municipalidad que comprueban las habilitaciones en geriátricos y otros.

En el caso de la visita al CAT fue a pedido de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Así el dictamen recomienda el cierre definitivo de la institución que fue presentado a la Corte Suprema de la provincia y que también advirtió a la Cámara Penal. En agosto los jueces participantes decidieron citar a Rosúa para que explicara la situación del CAT y el 14 se decidió su cierre.

Los magistrados que entienden en los temas de los denominados menores de Rosario, Juan Artigas, Juan Carmona y Jorge Cartelle, ya que Jorge Zaldarriaga está de licencia, pidieron por escrito a la presidenta de la Cámara Penal, Elena Ramón, que comunique al gobernador Jorge Obeid y al ministro Rosúa su preocupación, así como la necesidad de aumentar a corto plazo los lugares de contención y los programas de intervención.

"Desde la adopción y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, los órganos administrativos deben adoptar los mecanismos de protección óptimos para asegurar un adecuado tratamiento integral", dijeron los jueces. "No observamos que el Estado provincial haya adecuado, en la intensidad que corresponde, políticas específicas en cantidad y calidad de acuerdo a las reglas mínimas para el tratamiento de quienes están privados de libertad, resultando a la postre en prácticas de depósito de niños", aseguraron con dureza, recordando que hoy por hoy la única respuesta estatal es el "simple castigo" cuando en realidad la actuación del Estado debería ser "garantista".

Con la movilización del personal y los padres de los adolescentes recluidos en el IRAR se cortó la calle y se reclamaron por las condiciones de vida de los chicos. Esto fue el pasado 20 de septiembre frente a la institución donde se hizo una quema de cubiertas y corte de calle en reclamo de la incorporación de personal y mejora de condiciones laborales y salariales, incluso, poco antes del mediodía dos menores de 16 y 17 años se auto agredieron provocándose lesiones cortantes, según información de La Capital de Rosario, los que ya están fuera de peligro siendo atendidos por el personal médico de la institución, según confirmó un delegado gremial.

Los familiares participaron de esta protesta porque en el lugar hay hacinados y alojados 72 chicos, o sea, más de los que afirman los organismos gubernamentales. El lugar tiene capacidad para 45 chicos como máximo.

Por otro lado, los trabajadores plantean que falta personal que sólo hay cinco operadores durante el día y por la noche un solo operador para atender a los chicos. Otro de los aspectos que muestran los trabajadores y los familiares de los adolescentes es que con el cierre del CAT se incrementó el problema de hacinamiento. Los familiares desaprueban la permanencia de personal del Servicio Penitenciario para la 'atención' a sus hijos, dudan de que dicha atención sea la adecuada.

El delegado de UPCN en el IRAR, Claudio Catalana sostuvo en una declaración a La Capital de Rosario que: "la situación es muy preocupante, estamos trabajando con el 30% del personal necesario, faltan operadores para atender a los chicos, personal de mantenimiento, talleristas, psicólogos, esto sin contar que hay personal que hace seis años que tendrían que haber pasado a planta permanente y siguen trabajando sin regularizar su situación".

'Sergio Druetta, (director de Menores en Conflicto con la Ley Penal) con quien estamos en contacto al igual que con el subsecretario de Asuntos Penales, José Benaglia, tiene muy buena voluntad, pero las soluciones no aparecen", agregó Catalano, para concluir afirmando que "nos quedaremos aquí en asamblea permanente aguardando una respuesta oficial".

Algunos aspectos que debemos relevar y analizar, reflexionar sobre este escenario de los chicos adolescentes menores de edad es, por un lado los gobiernos nacionales, provinciales o municipales que debieran tomar cartas en el asunto cuando se ven conminados por, en este caso, un hábeas corpus o un reclamo de los Defensores públicos.

En el mismo nivel de reclamos, los trabajadores denuncian la realidad de hacinamiento, de malas condiciones de vida, realizaron un acampe en marzo, reclamaron por más personal, mejores salarios y llevan adelante paros generales para modificar la situación, tanto salarial como de los chicos que están recluidos y que han perdido su libertad.

A esta altura de la información podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que hay un entramado realmente perverso, bajar la imputabilidad de los adolescentes, recluirlos en lugares de condiciones infrahumanas, malos tratos reiterados por el personal penitenciario como ha quedado confirmado, en otras oportunidades, en las marcas que se verificaron en los chicos. Un estado que hace que actúa cuando se ve conminado por algún organismo, juez o defensor que con suficiente poder y que pueden obligarlos a arreglos o modificaciones de la situación carcelaria.

El estado nacional, provincial y municipal tiene una deuda de políticas de Estado hacia la niñez y adolescencia, pero no hay síntomas de modificar este contexto, por el contrario se profundiza…

Los chicos siguen esperando…

Fuentes: Haydeé Dessal, El Ciudadano, La Capital y fuentes propias.