Argentina: La lucha continúa

Cree que su verdad tiene precio. Tal vez sea un truhán, pero quizás tenga la llave para develar un misterio de 30 años: qué fue de Miguel Ragone, el único gobernador desaparecido de la historia argentina. Quiere hablar, pero no gratis. Es un policía retirado que impresiona a quienes lo escuchan, por los detalles con que envuelve su relato. Atrapó la curiosidad del Gobierno nacional, pero demora su presentación ante la Justicia. Siente que está en peligro y que necesita protección. Asume que muchos quieren verlo preso. Y viajó de Salta a Buenos Aires para registrar su versión en un acta reservada, hasta hoy desconocida. Clarín reconstruyó la historia de la primera recompensa que ofrece la Presidencia de la Nación por uno de los 600 desaparecidos durante el gobierno de Isabel Perón, tiempo y circunstancia que apenas se mencionan en el informe Nunca Más y permanecen casi inexplorados. El resultado es una trama sin final, donde reina el desconcierto, los errores de cálculo en altos niveles del poder, la expectativa política y la falta de condenas en una causa que ya lleva 30 años. El orden cronológico de los hechos permite desatar un primer misterio: la recompensa fue establecida 38 días después de la aparición de este supuesto arrepentido. ¿Pretendía ser una paga a medida? ¿Qué fue lo que contó, el 16 de mayo, que provocó gestos nerviosos en el seno del poder? ¿Servía su descripción para romper un pacto de silencio acorazado por tres décadas? ¿Alcanzaba para que el presidente Néstor Kirchner respondiera por fin la pregunta que le hizo su tutor político en la Patagonia, el ex gobernador de Santa Cruz Jorge Cepernic, sobre el destino final de Ragone? Ragone nació en Tucumán en 1921, se mudó a Salta de niño, obtuvo el título de médico en 1948 y fue hombre de confianza de Ramón Carrillo, el célebre ministro de Salud de Juan Domingo Perón. En 1973 ganó las elecciones en Salta y gobernó la provincia durante 17 meses y 22 días. Depuró a la Policía provincial, se negó a usar viáticos, custodia y auto oficial. Lo acusaron de simpatizar con Montoneros, pero rechazó integrar la conducción del Partido Auténtico, brazo político de la organización, y fue crítico de sus acciones violentas. Para la Justicia, "quedó debidamente comprobado histórica y judicialmente que Ragone fue un ciudadano honesto y pacífico, que nunca adhirió a la lucha armada". Aun así, dijo a su familia: "Si estar del lado de los pobres es ser montonero, entonces soy montonero". Su administración no sobrevivió a la furia de la derecha peronista y fue intervenida en noviembre de 1974. Volvió a trabajar como médico en la Clínica Cruz Azul. Hasta que el 11 de marzo de 1976 —13 días antes del golpe militar— Ragone fue capturado por una patota de la represión ilegal, que ya usaba el permiso oficial para "aniquilar" a la subversión. Desde aquella mañana, no se sabe dónde está su cuerpo, ni dónde la verdad. Es la misma mañana en que comienza el relato del arrepentido. Esto es lo que dijo: Que los secuestradores eran policías y que fueron convocados por radiograma para el operativo. El también. Dio nombres de los que actuaron, aunque se sospecha que faltan varios, sobre todo de la fuerza represiva conocida como la "Guardia del Monte". Que le habían asignado un papel secundario, vinculado al tránsito, y que, al menos al comienzo del día, no tenía ni idea de quién iba a ser el blanco. Que todos estuvieron listos y en posición a las 6.30, dos horas antes de la acción. Que la zona había quedado liberada. Que Ragone salió de su casa del pasaje Gabriel Puló 146 en su auto y dobló hacia la izquierda por la calle Del Milagro. Y que el abordaje se produjo una cuadra después, al cruzar el pasaje San Lorenzo. Era el camino habitual que tomaba hacia su consultorio, donde lo esperaban esa mañana. Que el ex gobernador fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma de fuego e introducido a la fuerza en uno de los autos. Que hubo varios disparos. Que si bien casi nadie pasaba por allí a esa hora, la aparición de dos testigos complicó los planes y los captores les dispararon. Allí fue herida Margarita de Leal y murió Santiago Arredes, que atendía el almacén de la esquina y era hermano del inspector general de Policía, Roberto Arredes. Se piensa que reconoció a alguno de los captores. Que luego de una serie de maniobras de distracción, llegaron hasta el dique Cabra Corral (a 65 kilómetros de la capital salteña) y el cuerpo de Ragone fue metido en una caja especialmente preparada, con cemento adentro, para que se hundiera rápido. Que dos personas llevaron la caja, en lancha, hasta un catamarán, atracado a 100 metros de la costa. Que en este segundo viaje por el lago se buscó un lugar donde la profundidad estimada fuera de 60 metros. Que entonces la arrojaron al agua y enseguida se hundió. Todo lo que dijo, el último 16 de mayo, en Buenos Aires, fue asentado en un acta de cinco carillas, con escudo y membrete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y —cosas del destino— la leyenda oficial "2006-Año de Homenaje al Dr. Ramón Carrillo", el primero en convocar a Ragone para la función pública. Todas las hojas exhiben tres firmas: la del testigo, la del jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Hipólito Alen, y la de su equivalente salteño, Pedro Guillén. Tres fuentes consultadas por Clarín revelaron que el testigo se llama Víctor Hugo Viltes, quien no figuraba en los archivos oficiales sobre violaciones a los derechos humanos, pese a que en este caso se autoincriminó. Las tres fuentes afirman que el hombre quiere dinero. La validez de su confesión es un tema que decidirá la Justicia, pero el rango de los funcionarios que la oyeron (hubo más personas en esa reunión, por ejemplo el senador justicialista Marcelo López Arias) y los movimientos que siguieron después, dejan entrever que, al menos en parte, al hombre le creyeron. El 23 de junio pasado, a más de 30 años del secuestro, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, estableció la recompensa de 50 mil pesos "considerando —dice su resolución 1106— que en el presente estado de la causa surgen indicios acerca de la existencia de testigos presenciales de la privación ilegítima de la libertad del ex gobernador, que estarían dispuestos a prestar declaración testimonial". El incentivo, destinado a "todas aquellas personas que puedan aportar datos sustantivos" acerca del secuestro de Ragone, había sido solicitado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, "en su calidad de parte querellante", señala la disposición. Lo que siguió después tampoco tuvo prolijidad. El acta fue enviada a la causa que se tramita en el norte del país, un poco en Salta y otro poco en Jujuy, pero el arrepentido no se presentaba a declarar, lo que restaba entidad jurídica a su relato. En esa incertidumbre, el 16 de agosto apareció una solicitada en diarios nacionales y provinciales que daba cuenta de la recompensa especial "destinada a prorratearse entre aquellas personas que aporten datos útiles y fehacientes sobre los hechos". El título de la solicitada enojó a amigos y familiares de Ragone: "BUSCADO", decía en imprenta mayúscula. "¿Cómo 'Buscado'? Es un término para delincuentes", fue la queja. Mientras tanto, un debate en voz baja sobre la conveniencia de establecer recompensas generales para quienes en el futuro aporten datos sobre violaciones a los derechos humanos quedó congelado y el ambiente político se enrareció por la desaparición de Jorge Julio López, testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz. En el caso salteño, el presunto represor-testigo-arrepentido —la Justicia escogerá el término exacto— se topó con otro obstáculo en su camino hacia la recompensa: Miguel Medina, el cuarto juez que lleva la causa, lo citó a declaración indagatoria, es decir que ya no lo considera un simple testigo, que no puede mentir porque incurriría en el delito de falso testimonio, sino que sospecha de su participación activa en el secuestro de Ragone. En esa condición, no está obligado a declarar en su contra, puede quedar preso y puede mentir. Sus palabras se convertirían en humo y la verdad seguiría atrapada. Además, la ley es clara: no puede pasar por ventanilla para cobrar ninguna recompensa si se comprueba que participó del delito, aunque sea en forma secundaria. El diccionario define a la represión como "Acto o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales". Las fuentes consultadas por Clarín no dudan en calificar a este arrepentido como un "represor", en base a su propio testimonio. La última citación que le envió el juez Medina fue respondida con un certificado médico, donde se indica que Viltes no está en condiciones de declarar, aseguraron fuentes del juzgado. Cerca suyo, además, se sugiere que su vida corre peligro y que necesita protección oficial. Cuando los funcionarios nacionales y salteños evaluaron el cuadro de situación, se dieron cuenta de que habían cometido un grave error: que para esclarecer un crimen de "lesa humanidad", casi terminan pagando la declaración de un represor. Concluyeron que todo fue un enorme papelón, que no sirvió para encontrar la verdad sobre el destino final de Ragone. La solicitada que ofrece los 50 mil pesos nunca más volvió a salir. La Triple A y la derecha, enemigos de Ragone Miguel Ragone no protagonizó una excepción en la agitada realidad del peronismo en el poder de 1974: sufrió, aunque de manera más trágica, el sino de todos los gobernadores electos en 1973 con perfil combativo, en forzada fórmula con dirigentes sindicales vandoristas. Oscar Bidegain, en la provincia de Buenos Aires; Alberto Martínez Baca, en Mendoza; Jorge Cepernic, en Santa Cruz, y Ricardo Obregón Cano, en Córdoba, padecieron como Ragone, apenas llegados al poder, pero especialmente después de la muerte de Juan Perón, el 1º de julio de 1974, verdaderos golpes de Estado montados por la derecha peronista, con la hegemonía sindical vandorista, para la que esos gobernadores eran "zurdos infiltrados" y militantes montoneros. Es esa disputa por el poder en el movimiento peronista, agudizada hasta el nivel de la militarización, que explica la permanente ofensiva desatada contra Ragone, desde mayo de 1973, por la CGT y las 62 Organizaciones peronistas salteñas, lideradas por su vicegobernador, Olivio Ríos. Para el momento en que el gobierno de Isabel Martínez de Perón, en pleno apogeo del poder de su ideólogo y ministro de Bienestar Social José López Rega, dispuso la intervención federal a Salta y el derrocamiento de Ragone, el 24 de noviembre de 1974, ya habían corrido la misma suerte Obregón Cano y Bidegain, y pronto seguiría Martínez Baca. Era difícil, sin embargo, visualizar en Ragone a un clásico representante de la izquierda, con su catolicismo militante, su pasado como discípulo del ministro de Salud del primer peronismo, Ramón Carrillo, y su experiencia como militante peronista de la Resistencia, tras el golpe militar de setiembre de 1955. Pero en una provincia con un poder conservador tradicional, con fuertes contrastes en la distribución de la riqueza, las preocupaciones sociales de Ragone y sus contactos con los sectores combativos del PJ lo marcaron rápidamente como uno de los enemigos de la poderosa estructura sindical. La caracterización se hizo más nítida cuando, frente a los ataques del sindicalismo vandorista de la provincia, uno de sus brazos de apoyo más importantes fue la CGT de Salta. Cuando Isabel visitó la provincia en la inauguración del Congreso Eucarístico, el 13 de octubre de 1974, la frialdad, casi la indiferencia, con la que trató a Ragone había dado la idea de que el fin de la gestión del gobernador estaba próxima. Sin medias tintas, el decreto de intervención firmado por el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora, acusaba a Ragone de "una total desvinculación respecto de los básicos lineamientos nacionales", y de "una manifiesta ineficacia represiva frente a la acción de fuerzas cuya actividad fue puesta al margen de la ley", en referencia a Montoneros. A días del golpe, Ragone fue secuestrado, obviamente a manos de las fuerzas paramilitares creadas por López Rega, como la Triple A. Los mismos que acribillaron a balazos a Atilio López, el único vicegobernador sindical que jugó hasta el final con su gobernador Obregón Cano. La lucha por la memoria -------------------------------------------------------------------------------- El blanco y negro de las fotos que Clotilde repasa con sus manos suaves contrastan con los colores que estallan en su jardín. Fernando Pequeño la ayuda con los recuerdos, completa las frases que deja en el aire, la acaricia cuando el dolor quiere robarle una lágrima. "Me acuerdo perfectamente cuando le advertí que no se metiera en política. Si lo querían tanto como médico de pueblo", reprocha la abuela, de 85 años, mientras su mirada traspasa el tiempo para quedar frente a esa escena, donde Miguel Ragone la escucha y la calma, sabiendo que no le hará caso. El que la calma, de este lado de la mirada, es su nieto, embarcado en rearmar un rompecabezas familiar oxidado por décadas de silencio, sufrimiento y temor. Los dos reciben a Clarín una mañana de primavera, que al pie del cerro San Bernardo, en Salta, se siente como un abrazo del sol. "Reconstruyo a mi abuelo de a pedacitos, un día con el testimonio de un allegado, otro día con un documento, otro día con una persona que me para por la calle para contarme una anécdota sobre él. Quiero transformar la parálisis que hubo aquí durante tres décadas en acción. Es una búsqueda que me completa", dice este estudiante de antropología social, que de adolescente padeció la censura social sobre un caso que la sociedad salteña ocultó bajo la alfombra, y que ahora, de repente, sacó a la luz. El Estado le pagó una indemnización a la familia por haber sido víctima de la represión ilegal, pero el caso estuvo un largo tiempo silenciado. Hace 30 años, la viuda recibió el mocasín marrón que se le cayó a Ragone durante el forcejeo con sus captores. Los restos jamás aparecieron. "Igual sigo esperando. Ojalá haya noticias antes de que me muera". Una anécdota pinta su sentido de solidaridad: a las pocas semanas de desaparecer Ragone, ella regaló toda su ropa a gente pobre de la provincia que la necesitaba. Fernando Pequeño también se mueve. Acompañó a Clarín a recorrer lugares emblemáticos de la vida de Ragone y ahora trabaja para que el futuro puente que se hará sobre el río Seco en Tartagal (el anterior quedó destruido por las últimas inundaciones) lleve el nombre de su abuelo y se convierta en un símbolo de la integración entre las poblaciones postergadas de Salta. Polémica: cuál es el límite ético para pagar El límite legal es clarísimo: si alguien participó de un delito, no puede cobrar ninguna recompensa por ayudar a esclarecerlo. El límite ético empieza a ser parte de un debate. El caso más actual es el de Jorge Julio López, testigo del caso Etchecolatz, por cuyo paradero se ofrecen 200 mil pesos. ¿Es correcto el incentivo? ¿Y si el que se presenta a cobrar tuvo que ver con la desaparición? Aquí las primeras voces de una polémica que asoma: Fernando Pequeño, nieto de Ragone: "Nunca negociaríamos con un asesino y sentí mucho enojo porque no nos consultaron cuando decidieron poner la recompensa". Luis Hipólito Alen, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: "Dudo que en el caso Viltes se pueda aplicar, porque los que aporten datos no tienen que tener ningún tipo de participación en el hecho. Y es el juez el que debe determinar si es un testigo valioso que merece ser recompensado". Pedro Guillén, secretario de Derechos Humanos de Salta: "La recompensa es un mecanismo genérico. Se habló de esto antes de la aparición de Viltes, quizás faltó formalizarlo. Tal vez no sea lo mejor desde el punto de vista ético, porque los ciudadanos tienen la obligación de declarar". Jesús Pérez, ex ministro de Hacienda de Ragone: "Una recompensa puede dar una solución, pero el juez debe analizarlo bien. A veces hay 'perejiles' que pueden ayudar a resolver una verdad histórica". Gregorio Caro Figueroa, historiador: "Me parece que es un recurso extremo y discutible, que puede abrir una vía riesgosa, porque pueden surgir testimonios y pistas falsas". Juan Carlos Villamayor, ex secretario de Prensa de Ragone: "Supongo que tuvieron buena voluntad, pero en este caso lo hicieron muy mal".  

Fuente: lafogata.org