Hace 30 años, en plena dictadura militar, familiares de desaparecidos cantaban "Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables" para reclamar por la vida de los 30.000 detenidos desaparecidos. Parece mentira pero hoy, a 30 años del sangriento golpe de estado y en plena democracia, tenemos que seguir levantando la misma consigna para reclamar por la vida de nuestro compañero Jorge Julio López, querellante y testigo en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Muchos años de impunidad provocados entre otras cosas por las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos, hicieron que la gran mayoría de las pruebas que servirían para testimoniar el genocidio se perdieran. Justamente, son los testimonios de los sobrevivientes de los CCD, las principales pruebas contra los asesinos de la dictadura. Los ex detenidos desaparecidos.

Con la lucha incansable de todo el pueblo logramos la nulidad de las leyes de impunidad y comenzaron los juicios. En 30 años, la condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz es el primer castigo ejemplar: reclusión perpetua y efectiva en una cárcel común, por los crímenes cometidos en el marco de un genocidio. Esta condena es un paso muy grande en la lucha contra la impunidad y abre un nuevo marco jurídico que permite ir a fondo contra todos los genocidas de la última dictadura militar.

López desapareció en la madrugada del lunes 18 de septiembre, día en que se exponían los alegatos de la querella. Era imperioso que López estuviera ese día en la Sala de Audiencias ya que como los abogados no actuaron con poder sino como patrocinantes, la presencia del patrocinado en la Sala es obligatoria.

Al existir una limitación de dos letrados por cada querellante, la ausencia de Julio impedía a dos de nuestros compañeros abogados alegar. Precisamente dos de los abogados que solicitarían la condena por genocidio.

Esta circunstancia era conocida por el Tribunal. Pero también era conocida por la defensa de Etchecolatz.

Solo fue posible que el alegato se hiciera en forma completa gracias a un recurso legal de carácter extraordinario presentado por Justicia Ya!, y por una firme decisión política de este espacio y del mismo Tribunal de seguir con el juicio.

"Este juicio ha sido instalado como un rompecabezas para niños bobos o grandes avivados" dijo el martes 19, en referencia a los HIJOS de los desaparecidos.

"No es este tribunal el que me condena, sino que son ustedes los que se condenan " dijo en referencia al tribunal que lo estaba juzgando que fue amenazado días después junto a varios magistrados y fiscales.

"Están condenando a un hombre anciano, enfermo, sin poder y sin dinero". ¿En referencia a quién hablaba? ¿Lo decía por él o estaba hablando de nuestro compañero López que ya estaba desaparecido desde el día anterior?

Fue sugestivo también el inusual pedido que realizó la defensa del genocida de retrasar por 48 horas el veredicto. Nos preguntamos: ¿Etchecolatz quería ganar tiempo para que se confirmara la desaparición de Julio e intentar así cambiar la sentencia?

En la tarde del miércoles 20, a dos días de la desaparición de Julio, Nilda Eloy recibió una llamada telefónica en la que una persona que no se identifica le pide el teléfono del presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, para informarle que iban a encontrar el cuerpo de López en Quilmes y que " los Fernández" eran los responsables. 

Poco después fue recibida una llamada en el 911 diciendo que había un cuerpo calcinado en Punta Lara. A un mes de la desaparición de Julio y a pesar de haberlo solicitado ese mismo día al fiscal que lleva la causa, Marcelo Martini, no hemos logrado que se hiciera escuchar a Nilda Eloy la grabación de esa llamada para constatar si la voz se correspondía con la de la persona que habló con ella. 

En la causa por la investigación de la desaparición de López, la Justicia solicitó a TELEFONICA los registros de llamadas realizadas y recibidas en esos días a los teléfonos de Jorge Julio López y Nilda Eloy.

De ese listado surge que, en forma casi simultánea con el anuncio al 911, se realizaron desde el Comando en Jefe del Ejército cinco intentos de comunicarse con el teléfono de Nilda Eloy. En el Comando en Jefe del Ejército todavía no dieron una respuesta concreta a la Justicia sobre quien realizó las llamadas.

Además, Jorge Julio López llamó a Nilda Eloy el domingo 17 para confirmarle que al día siguiente su hijo lo llevaría al Tribunal, sin embargo, esa llamada no aparece registrada en los listados telefónicos.

Desde la desaparición de Julio López estamos convencidos que fue un secuestro. 

Ante la ausencia de Julio, el mismo lunes 18 de septiembre alrededor de las 11:30 de la mañana denunciamos a los medios de prensa que sospechábamos que se trataba de un secuestro. Unas horas después presentamos un habeas corpus en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata.

Sin embargo, ni un solo funcionario se dio por enterado de estas denuncias. Recién el viernes 22 fuimos recibidos por el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, a pesar de haber solicitado insistentemente la entrevista desde el martes 19. El resultado de esa reunión fue penoso.

La persona todavía no identificada cuyo cadáver apareció calcinado en Punta Lara fue asesinada el 19 de septiembre –día en que se leyó el veredicto contra Etchecolatz– por un disparo con una bala de 9 milímetros, calibre de las armas reglamentarias de las fuerzas armadas y de seguridad. El miércoles 20 por la tarde su cadáver fue encontrado calcinado, con las manos atadas y embolsado en el Camino Negro, el mismo lugar donde la Triple A arrojaba los cadáveres de los luchadores populares asesinados.

Ese asesinato aún no aclarado, la técnica empleada y el lugar elegido, fue sin dudas un mensaje mafioso en sí mismo pero tomó toda su dimensión cuando trascendió a la prensa que se trataba del cadáver de Julio López. Significativamente fue la propia Policía Bonaerense la que dio la falsa noticia al diario Hoy de La Plata a pocos minutos de encontrar el cadáver, sin ninguna pericia que lo acreditara y a pesar de que las características físicas de la persona asesinada no coinciden en absoluto con las de López.

Nuestra firme sospecha de que la desaparición de Julio se trataba de un secuestro a manos de la Bonaerense se consolidó en la primer reunión que el viernes 22 de septiembre Justicia Ya! mantuvo con el Gobernador Felipe Solá, el Ministro de Seguridad León Arslanián y el Secretario de Derechos Humanos Edgardo Binstock. En esa reunión reconocieron que la principal hipótesis que manejaban era la del secuestro, donde estaría implicada la policía bonaerense. 

- Que se apartara preventivamente a todo el personal de la Comisaría de Punta Lara, ya que el Gobernador y su Ministro afirmaron que desde esa comisaría había surgido la información de que se trataba del cadáver de Julio, y se investigara y castigara a los responsables.

- Que exoneraran a los 60 policías que según nos dijo el propio Ministro Arslanián, actuaron en centros clandestinos de detención durante la dictadura y continuaban en actividad, y que nos dieran sus nombres.

- Que se impidiera el contacto entre los represores detenidos en el penal de Marcos Paz. 

- No apartaron al personal de la Comisaría de Punta Lara ni investigaron quien hizo la llamada al diario Hoy. La explicación que dieron fue que quien llamó no había dicho que el cadáver era de López sino que podía ser de López.

- Los 60 efectivos de la policía "residuales" de la dictadura aumentaron a "un centenar" el lunes 25 de septiembre según dijo el Gobernador Solá en una conferencia de prensa. Sin embargo, no exoneraron a ninguno, solo jubilaron a los 36 que estaban en edad de retiro. La explicación fue que había temor a demandas laborales contra el Estado. Recordamos que está en plena vigencia la ley que permite al ejecutivo provincial echar a cualquier miembro de la policía sin mediar motivo.

- Se negaron a brindar los nombres de ese centenar de policías argumentando que no tenían iniciado proceso alguno. Tampoco presentaron ese listado como prueba en la causa en la que se investigan los ilícitos cometidos bajo la órbita de la Jefatura de Policía durante la dictadura.

- No impidieron el contacto entre los represores alojados en el Penal de Marcos Paz porque, según explica el Ministerio del Interior de la Nación, falta espacio.

Ante planteos posteriores de Justicia Ya! sobre si están investigando a los policías imputados en la causa Comisaría 5ta. y a los que viven en el mismo barrio que López, la respuesta del Gobierno es que no lo pueden hacer público porque está en juego la gobernabilidad de la fuerza.

Por su parte, el fiscal Martini reconoció ante los abogados de Justicia Ya! que la causa –que tramita ante la justicia provincial y con la carátula "Averiguación de Paradero"– debe pasar al fuero federal, por la gravedad institucional del hecho, ya que el testigo desapareció en el marco del juicio a Etchecolatz, y porque reconoce que el cuerpo calcinado fue un mensaje mafioso relacionado con el tema.

Si el tiempo transcurrido no deja lugar a dudas de que fue un secuestro, ¿por qué desde el Estado se sigue hablando de la posibilidad de que Julio esté perdido o escondido? ¿Cuáles son hoy las bases de esa hipótesis? Tanto el gobierno nacional como el provincial mantienen un mensaje ambiguo en torno al tema.

La duda que siembra esa ambigüedad se suma al miedo de reconocer que un hecho como éste sea posible e impide que sectores más amplios de la sociedad se involucren. Las contradicciones en las declaraciones de los funcionarios y los mensajes cruzados entre el gobierno nacional y el provincial aportan a esa confusión y especulación que paraliza a la sociedad. En el mismo día se escuchó al Secretario de Derechos Humanos de la Provincia diciendo que no descartaba que Julio estuviera muerto y al Jefe de Gabinete de la Nación manifestando su optimismo y su confianza en que un final feliz estaba cerca.

No solo hubo declaraciones que intentaron cargar las culpas en las víctimas. También se dijo después de una marcha multitudinaria: "Esperamos que López ahora se anime a salir". Y se llegó a insinuar la responsabilidad de los organismos de Derechos Humanos involucrados en el juicio o del Tribunal por no haber pedido custodia para los testigos.  

Está claro que la seguridad de testigos y querellantes solo la garantiza el contexto político adecuado, y en todo caso, lo que esta situación desnuda es que el Estado no tomó en serio lo que significaba empezar los juicios contra los genocidas. Muchos de ellos siguen en actividad en las fuerzas armadas, en las de seguridad y en los servicios de inteligencia y aquellos que están con arresto domiciliario lo violan sistemáticamente, por ejemplo el caso de Astiz.

Ahora ofrecen planes de seguridad y custodias, pero el juez federal de La Plata , Arnaldo Corazza solicitó una custodia para testigos y el Ministerio del Interior la rechazó, sin dar una sola explicación del por qué de la negativa, como tampoco explicó a quién tenía que dirigirse. Lo mismo ocurrió con el fiscal de la causa Margarita Belén en Chaco.

La lista es extensa y no solo abarca las cartas enviadas a los jueces y fiscales que intervienen en las causas contra los genocidas.

El 19 de septiembre, día en que se leyó el veredicto contra Etchecolatz, el juez Rozansky recibió dos llamados telefónicos provenientes del Servicio Penitenciario Federal: uno de la Unidad 2 de Devoto y otro de la Unidad 27 femenino, realizados desde teléfonos que utiliza el personal a los que los internos no tienen acceso. 

El 27 de septiembre, minutos después de salir Nilda Eloy de su casa -ya con custodia- su hija recibió dos llamadas amenazantes, y en dos oportunidades, uno de los custodios de la Policía Federal que le fueron asignados, se presentó en su casa en un Falcon verde. 

El 29 de septiembre, Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices, recibió una carta con amenazas firmada por tres ex – comisarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El domingo 2 de octubre, Pablo Giachiello, estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y militante del Partido Obrero, fue brutalmente golpeado por tres hombres que le dijeron "te tenemos marcado", por su participación en las actividades en reclamo por la desaparición de López. 

El lunes 9 de octubre Ariel y María Montes, dos militantes del movimiento 26 de junio, de José Mármol fueron detenidos por policías de la comisaría 9na. cuando participaban de una actividad por la aparición con vida de Jorge Julio López. En la seccional los torturaron durante 4 horas y los amenazaron con "desaparecerlos" igual que a López. En el Ministerio de Seguridad niegan el hecho y no apartaron al personal policial aunque las lesiones fueron probadas. 

El mismo lunes 9 de octubre, el yerno de la ex detenida-desaparecida Cristina Saborido fue tajeado por dos hombres –uno de ellos armado con una pistola- cuando volvía de acompañar a su novia. Su cuñada, Agustina Tula, hija de Cristina, había recibido un mail el día anterior donde le advertían que "al zurdito del novio de tu hermana lo tenemos enlistado también, ya vas a ver lo que le hacemos". Estas amenazas se hicieron en el marco de la respuesta que María Cristina Saborido hizo a las declaraciones de Bignone, quien incitaba a la juventud a "continuar con lo que nosotros no pudimos y supimos terminar".

Y las amenazas se extendieron a todo el país, militantes, querellantes y testigos fueron intimidados en Buenos Aires, Rosario, Santa Fé, Tucumán…

El responsable de las amenazas proferidas contra un periodista de América durante el acto realizado en Plaza San Martín, el pasado 5 de Octubre por quienes claman por una nueva amnistía para los genocidas, no fue aún identificado.

El estado garantizó la impunidad de los genocidas durante 20 años de gobiernos constitucionales, aún hoy el 95% de ellos sigue impune. El valiente testimonio de Jorge Julio López, ex detenido desaparecido, fue un paso importantísimo en la lucha contra la impunidad. El estado terrorista secuestró a Jorge en 1976. Hoy, a treinta años de su primer secuestro, es el estado el responsable de garantizar su vida.

También es responsable de garantizar la seguridad de los testigos, los querellantes y de todo el pueblo dando señales claras de que realmente quiere terminar con la impunidad de los genocidas. Par eso es imprescindible que:

- exonere a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se hayan desempeñado en los campos de concentración

- remueva a los fiscales y jueces cómplices de la dictadura

- promueva la eficacia y rapidez de los juicios impulsando la sustanciación de una sola causa por cada circuito represivo y asignando los recursos humanos y la infraestructura necesarios.

La ciudad de La Plata sabe muy bien de desaparecidos en democracia: Andrés Nuñez, Miguel Bru, hoy Jorge Julio López. No podemos a permitir que haya un solo desaparecido más en nuestra ciudad.

La Plata, 18 de octubre de 2006

USTICIA YA EN LA PLATA está integrado por: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata ; Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos La Plata-Ensenada ; Central de Trabajadores Argentinos Prov. de Bs. As.; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité para la Defensa de la Salud , la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Familiares de Desaparecidos ( La Plata ); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata ; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo ( La Plata).