Argentina: La lucha continúa

Emilio Marín
La Arena

Después del acto de los defensores del terrorismo de Estado ha quedado develado uno de los misterios que más guardaban. No apuntan a reivindicar a los militares muertos en los '70 sino a salvar a los vivos de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Esta vez el acto convocado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Avta) y Argentinos por la Memoria Completa no provocó mayor polémica. A lo sumo los diarios discreparon sobre si había reunido 2.500 personas tal como informó Página/12 o las 5.000 que le adjudicó generosamente "Gaceta Ganadera". Al fin de cuentas una discusión menor porque en lo que todo el mundo estuvo de acuerdo fue en que allí se había reclamado centralmente por una amnistía a los militares procesados en causas derivadas de la represión ilegal de la dictadura.
Para decirlo con las palabras de uno de los dos oradores de Plaza San Martín el jueves, José María Sacheri, de Avta: "le pedimos al Congreso una consulta popular para alcanzar la más amplia amnistía general y ofrecemos nuestra mano abierta, incluso a aquellos que asesinaron a nuestros padres".
La imagen de la mano abierta, supuestamente tendida para la reconciliación y opuesta al puño cerrado de la confrontación o revancha, fue tomada por ese orador directamente del arsenal grondoniano. Mariano Grondona la viene exponiendo todos los últimos domingos en "Hora Clave". Lo hace con cara compungida y obispal, disimulando su condición de ideólogo del Proceso y asesor político del comandante de la Fuerza Aérea de entonces, brigadier Basilio Lami Dozo.
Aunque no lo citó, Sacheri también pudo decir que su idea la sacó de las homilías del cardenal Jorge Bergoglio, que viene operando políticamente a favor de una "reconciliación nacional" concebida como un reencuentro despojado de justicia y, por supuesto, de verdad histórica.
Debajo de esas exhortaciones supuestamente amplias hechas al gobierno de Néstor Kirchner, tanto Sacheri como su camarada de armas en la tribuna, Ana Lucioni, arrancaron los mayores aplausos cuando hicieron referencias hiper críticas al presidente. "Los soldados no piden perdón por defender a la Patria" fue otro de los hits de la concentración, de donde se desprende una completa reivindicación de lo actuado en esos años donde la vida de los argentinos no valía nada.
Coherente con ese punto de vista, el abogado Conesa Mones Ruiz que defiende a los represores Luciano B. Menéndez y Antonio D. Bussi -a los que el juez federal Parache de Tucumán ordenó recluir en una cárcel común-, dijo que sus dos clientes eran "héroes nacionales". Unas 400 causas por violaciones a los derechos humanos los incriminan en esa provincia y no precisamente por heroísmo.
"No hay amnistía que valga", replicó en nombre del gobierno el ministro Aníbal Fernández. Como su palabra no vale mucho en la consideración pública, el propio presidente aclaró desde Chubut que es parte de quienes quieren memoria y que no haya más impunidad, palabras más o palabra menos.
En este tema coinciden el PEN y la mayoría de los argentinos, como se pudo apreciar el viernes con la nutrida concurrencia a la Plaza de Mayo ante el llamado de los organismos de derechos humanos. Unas 100.000 personas se movilizaron en rechazo a la idea de amnistía a los represores y a favor de la aparición con vida de Julio López, el desaparecido 30.001, dejando chiquito el acto de los videlistas.

Conflicto con la iglesia

Para ser justos, la confrontación de la Iglesia con el gobierno -otro de los temas políticos de la semana- no la inició Guillermo Marcó, vocero de Bergoglio. Sí es cierto que la detonó en parte al hacer declaraciones inusualmente directas, afirmando que el presidente fomentaba la división y que en esa medida se convertía en "peligroso para todos".
Pero esa tesis no hizo más que concretar lo que el propio arzobispo de Buenos Aires había dicho el domingo anterior en Luján, tras la tradicional caminata por la virgen, cuando apostrofó a los que "siembran la discordia".
Esa fue una referencia directa al jefe de Estado. El cardenal ha tomado partido hace tiempo en la discusión sobre si hay que revisar el pasado de terrorismo de Estado o cerrarlo con una amnistía como antes se quiso hacer con las dos leyes del perdón y los indultos.
El ex jefe provincial de los jesuitas, viejo amigo del almirante Emilio E. Massera, tiene una posición tomada al respecto: para él debe prevalecer la supuesta unidad de los argentinos, a como dé lugar. Todo lo que afecte esa perspectiva, como los reabiertos juicios a los represores, debe ser dejado de lado. Y si el gobierno insiste en la vía judicial, se hace merecedor de filosas críticas como resonaron en los Tedeum y homilías de los últimos tres años. La última vez que se hizo pasar un mal rato al presidente de la Nación fue el pasado 9 de julio en la Catedral, aunque de uno y otro lado se explicó que el discurso del papable no había tenido una referencia específica enderezada a Balcarce 50.
Además del asunto represión ilegal, otros tópicos empiojaron la relación bilateral. El más sonado, a comienzos del año pasado, fue protagonizado por el obispo castrense Antonio Baseotto pidiendo que al ministro de Salud lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. El delito de Ginés González García habría sido el programa de distribución gratuita de preservativos y ciertas declaraciones considerando al aborto un mal menor frente a tanta mortalidad materna y embarazos no deseados, incluso algunos surgidos de las violaciones de mujeres.
Va de suyo que ese conflicto no está cerrado. El Papa, tan rápido para asignar nuevos destinos a los suyos -promovió esta semana a Marcelo Martorell, que se precia de haber sido amigo de Alfredo Yabrán, al obispado de Iguazú-, no lo mueve a Baseotto ni un milímetro de donde está.
Y relacionado con el tema meneado por el apologista de los vuelos de la muerte, están los propios de la educación, donde también chocan el gobierno y el purpurado. El Senado convirtió en ley esta semana un proyecto para impartir educación sexual desde la escuela primaria, algo largamente resistido por la iglesia y los partidos de la derecha. En la ciudad autónoma ese fue el rol del macrismo capitaneado en la Legislatura por Santiago de Estrada. En la Cámara Alta ese papel de cruzada lo tomó la representante de San Luis, que más que hablar en nombre de los puntanos lo hace por el Opus Dei.
Está claro que en el largo camino que queda ahora para la reglamentación y aplicación de esa norma -bien vista por la mayoría de los argentinos y los católicos- habrá muchas otras batallas.
Bergoglio en Luján había hablado de que "el demonio no se queda tranquilo. Es el padre de la mentira, de la división, de la discordia, de la violencia. A ese padre no lo queremos porque no nos hace hermanos y nos divide". Y el presidente le contestó que el diablo también se mete con los que usan sotanas. Esta pelea va a tener más rounds, sobre todo luego que los videlistas leyeran en su acto una carta con un mensaje del cardenal donde se afirmaba que "los argentinos debemos arrepentirnos de nuestros errores y mantener un espíritu de reconciliación, alejándonos de la impunidad como de rencores y resentimientos". El jesuita da vuelta las cosas y sigue sin entender que el genocidio es un delito de lesa humanidad que no prescribe, tal como se lo recordó Estela de Carlotto, de Abuelas.

El lado flaco

Si el gobierno muestra un amplio grado de acompañamiento de la sociedad en derechos humanos, en cambio es criticado bastante y con razón en flancos socio-económicos.
Por ejemplo, en estos días se difundió información oficial del Indec sobre que el 10 por ciento más rico de los argentinos tiene un ingreso 31 veces mayor al 10 por ciento más pobre. Ese dato evidente sobre la desigualdad de los ingresos quiso ser amortiguado por el oficialismo recordando que en la última de las mediciones el índice había sido peor, de 36 veces. También se oyeron voces recordando que en el momento más crítico de 2001-2002 fue aún mayor, cercano a 50 veces.
Como sea, pero ese abismo de diferencia entre los que más tienen y los que no cubren ni siquiera una canasta mínima de alimentos, no puede ser exhibido como un logro del kirchnerismo. Hasta sus seguidores más concientes reconocen que en equidad social lo hecho en estos tres años es muy poco. Esos sectores del kirchnerismo que anidan en la CTA o en organizaciones de derechos humanos saben que, por otro lado, en esta década el banco Macro Bansud de Jorge Brito, pasó de tener 2 sucursales a 280 en todo el país. Aunque esos críticos no lo digan expresamente, es obvio que toda la justicia social que está faltando en un extremo amplio de la sociedad tiene que ver con la excesiva acumulación de capital en la otra punta.
Sin tomar nota de lo que expresan los relevamientos del Indec, y quedándose con la ligera mejoría, el presidente Kirchner declaró que "desde que empezamos nuestro gobierno hemos mejorado la distribución del ingreso entre ricos y pobres". La realidad no se compadece con esa afirmación cuando sólo el 30 por ciento de las familias gana más de 1.800 pesos por mes y la mitad de los argentinos vive con menos de 11 pesos por día.
No son declaraciones de Bergoglio ni de Mauricio Macri sino estudios del Indec: 10,7 millones de argentinos viven por debajo de la línea de pobreza y de éstos 3,8 millones son directamente indigentes.
"Todavía estamos en el infierno" suele decir el jefe de Estado cuando pretende justificar al andar a lo Mostaza Merlo de "paso a paso". Pero esa prolongada permanencia en el averno no solamente quema a muchos compatriotas sino que les da armas a los Jinetes de la Apocalipsis, entre ellos el cardenal, el niño Mauricio y los seguidores de Videla para que pontifiquen sobre trabajo y justicia social.

Fuente: lafogata.org