N�mero 359 - Enero 22/28 de 2006

SUMARIO

1- Vaya novedad: Fern�ndez es un mentiroso

2- Burgues�a nacional

3- "Trabajadores" para la represi�n

4- Dos muertes m�s en Corrientes

5- Yanquis: tortura tercerizada y pena de muerte en prisiones militares

6- Represi�n en Ecuador, donde el Congreso sirve de calabozo

7- Pr�ximas Actividades

VAYA NOVEDAD: FERN�NDEZ ES UN MENTIROSO

No vamos a decir algo novedoso: el ministro del interior An�bal Fern�ndez es un mentiroso. Bajo el t�tulo "Entregaron 354 nuevos veh�culos a la Polic�a Federal", los diarios del 16 de enero informaron que, en el acto de entrega a la Polic�a Federal esos patrulleros y autombombas, Fetrn�ndez dijo que fue la renovaci�n de parque automotor para la PFA m�s importante en los �ltimos treinta a�os, y que "la �ltima compra m�s importante fue de 22 veh�culos y se hizo en 1973". Tambi�n sostuvo que "el Estado tiene que estar haciendo todos los a�os" estas adquisiciones, lo que permite anticipar aumentos importantes en el presupuesto para las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, es absolutamente falso que la �ltima compra para la PFA haya sido de 22 veh�culos en 1973, salvo que se refiriera s�lo a las autobombas, de las que efectivamente se incorpor� una docena en la �ltima d�cada. En 1994 se compraron m�s de 400 patrulleros Chrysler Spirit, a los que siguieron las compras de camionetas Ford Ranger y en mucho mayor n�mero (varios cientos) patrulleros Ford Escort por los sucesivos gobiernos a partir de Menem, seguidos de Ford Siena y Peugeot Partner.

A esos veh�culos hay que sumar los Peugeot 504 no identificables, 405 y 206 (tanto patrulleros y como no identificables), m�s un Renault 18 por Comisar�a de hace no m�s de 8 a�os, y, por supuesto, los centenares de Ford Falcon comprados hasta alrededor de 1981. Todo ello sin tener en cuenta la treintena de Renault Megane, los Toyota Corona u otros autom�viles no identificables incorporados en cantidad, as� como las Renault Trafic, Iveco Turbo Daily, Mercedes Benz Sprinter, Ford F.100 y tantos otros modelos usados por decenas por la PFA. En nuestra p�gina web (www.correpi.lahaine.org) est� disponible el listado de carros de asalto adquiridos en los �ltimos cinco o seis a�os, y en los Boletines hemos ido informando de cada compra.

BURGUESIA NACIONAL

El lunes 2 de enero la India inaugur� el 2006 con represi�n. Seis personas fueron fusiladas por la Polic�a del Estado de Orissa en el marco de una multitudinaria manifestaci�n contra la construcci�n de una planta sider�rgica. Alrededor de 400 polic�as abrieron fuego contra los manifestantes, integrantes de una tribu local, que hab�an comenzado a lanzar piedras y flechas contra los agentes, que proteg�an los intereses de la empresa nacional india Tata.

Casi un millar de manifestantes protestaban contra la decisi�n del Gobierno de permitir a una compa��a privada la construcci�n de la planta sider�rgica, que les arrebatar� sus ancestrales tierras. El enfrentamiento estall� cuando los manifestantes intentaron impedir que los trabajadores del grupo Tata erigieran un muro de separaci�n en el lugar en que estar� la f�brica. Las protestas se remontan al mes de noviembre pasado cuando los lugare�os bloquearon un intento anterior de los trabajadores de Tata.

Orissa es uno de las regiones m�s pobres y atrasadas de la India. Ubicada en el golfo de Bengala, al sur de Calcuta y al oeste de Bangla Desh, a�o tras a�o es asolada por los monzones, las inundaciones y la hambruna. En un pa�s con mil millones de habitantes, Orissa tiene la caracter�stica de estar habitada por numerosas tribus milenarias que no se han asimilado ni siquiera al asombroso mundo indio y mucho menos al pretendido occidental importado.

Entre los diversos grupos tribales se encuentran las v�ctimas de la represi�n policial, los Konbh, que hasta �tnicamente son diferentes de los indios, pues no son de origen ario. Simplemente, los Konbh pretenden que el megagrupo indio Tata no altere su modo de vida pastoril.

Por su parte, la empresa Tata es el monstruo capitalista de la India. Nacido a principios del siglo pasado en el seno de una familia de minor�a racial y religiosa (de origen iran� y adoradores de Zoroastro) el parsi Tata construy� un imperio industrial que genera el 25 % del producto bruto del pa�s. Con sede en la occidental Mumbai (Bombai) la burgues�a nacional encarnada en Tata aprovecha el enorme mercado interno de manera monop�lica, apoyada en sus fant�sticos lazos tanto con el actual oficialista Partido del Congreso (de Indira Gandhi y del Pandit Ner�) como del protofascista partido BJP.

Desde luego nada puede oponerse al "progreso" encarnado por el poder detr�s de Shiva, la mega Tata. Y como en todos lados, mucho menos unos "abor�genes que viven casi en la edad de piedra", como descalifican los progresistas indios. Aunque los Konbh est�n all� desde antes de Alejandro Magno, desde antes que los raj�s, desde antes que Vasco da Gama, antes que Gandhi y, por supuesto, antes que Tata.

"TRABAJADORES" PARA LA REPRESI�N

Muchas veces hemos expuesto nuestro punto de vista sobre las cada vez m�s frecuentes iniciativas de conformaci�n de sindicatos de polic�as u otras fuerzas represivas. Esta semana las noticias se vinculan, por una parte, con el anuncio en C�rdoba de la inminente creaci�n de un sindicato de militares, gendarmes y polic�as retirados; por la otra, con el reclamo del sindicato policial santafesino Apropol por la cesant�a de algunos polic�as provinciales, decretada por el gobernador Obeid por razones disciplinarias.

Algunos sectores del campo popular entienden que esas iniciativas no s�lo deben ser saludadas con entusiasmo, porque son trabajadores que se agremian en defensa de sus derechos, sino que hasta se involucran directamente en su apoyo. El fondo de esta cuesti�n remite directamente a la caracterizaci�n de las fuerzas de seguridad del estado, y en definitiva, del estado mismo.

CORREPI se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la sindicalizaci�n policial. Hemos afirmado que, m�s temprano que tarde, el reclamo de m�s impunidad se suma a los aparentementes gremiales. Hemos sostenido que no es el derecho a agremiarse lo que se discute en estos casos, sino las internas de la corporaci�n policial y su disputa con los administradores de turno del poder (ver Antirrepresivo de marzo de 2004, o Bolet�n 338, por ejemplo). Los impulsores de la sindicalizaci�n policial no son "polic�as de izquierda", comprometidos con la idea de una sociedad sin clases. Ni siquiera son socialdem�cratas. Nos parece oportuno repetir al respecto lo que dij�ramos el pasado 9 de diciembre sobre el tema en el acto en Plaza de Mayo:

"... existe la tesis, sostenida por algunos sectores del campo popular, de que esas fuerzas podr�an cambiar de actitud y ponerse del lado del pueblo. Creen que eso es posible apelando a argumentos humanistas, o a la ilusi�n de que en un proceso de construcci�n de conciencia para s� descubran que mayoritariamente pertenecen a la misma clase a la que reprimen.

Nuestra experiencia basada en lo concreto nos ense�a que esta idea no s�lo es err�nea, sino peligrosa y da�ina para el pueblo que sufre d�a a d�a la represi�n. En primer lugar, objetivamente, en la Argentina del a�o 2005 no hay analog�a con otras situaciones hist�ricas y geogr�ficas. Las FFSS no est�n entre la espada y la pared, entre ir a morir a manos de un enemigo poderoso en la guerra o pasarse a las filas del pueblo que lucha por la paz como nos ense�a la historia.

Ac� responden a un Estado, que quiz�s no les pague los sueldos que quieren, pero que les paga un sueldo en un pa�s donde la desocupaci�n ha sido la fuerza disciplinadora m�s poderosa de los �ltimos a�os, y donde ellos son los �nicos empleados estatales con tres o cuatro aumentos sustanciales a lo largo de este a�o; un Estado empleador que les permite toda clase de negocios y changas particulares, simpre que no se zarpen mucho y pongan en riesgo la gobernabilidad, con la explotaci�n del juego, la prostituci�n, los secuestros extorsivos, el tr�fico de drogas, de autopartes, etc.; un Estado patronal que les garantiza herramientas para estos curros a trav�s de la averiguaci�n de antecedentes, el c�digo contravencional y los c�digos de faltas.

Es entre ese estado que tienen que elegir, y un pueblo indefenso, que s�lo cuenta con la fuerza del reclamo justo y que a lo sumo se defiende con palos y piedras. �De qu� lado se pondr�n las fuerzas de seguridad?

En segundo lugar, el hecho de que las fuerzas de seguridad tengan una numerosa composici�n de clase, de la misma clase a la que reprimen, no los vuelve solidarios, sino todo lo contrario. El odio y el resentimiento que tienen de no ser rubios empresarios o pr�speros comisarios, lo vuelcan sobre sus pares casi en venganza contra lo que son y no quieren ser. Eso les da la ilusi�n de no pertenecer a la misma clase que la sociedad desprecia, sino de ser los sacrificados guardianes de sus amos, de los que como perros esperan una mirada de respeto que no llegar� jam�s. En tercer lugar est�n los hechos, la constataci�n emp�rica. No se trata de un problema de educaci�n, de falta de informaci�n, remediable con cursos de derechos humanos o con "control ciudadano". (...) Tampoco se trata de un problema de purgas, reformas o reestructuraci�n. (...)

Finalmente, a�n si imagin�ramos a estas fuerzas de seguridad como sujetas a la ley, la constituci�n y la democracia, �para qu� prop�sito servir�an? Para conservar el orden.

El orden establecido, las famosas reglas de juego que permiten que mientras millones de argentinos viven en la miseria, otros pocos vivan como reyes y conversen sobre los destinos del pa�s tomando tragos en Puerto Madero. (...) Fuerzas de seguridad para asegurar el orden establecido por un poder ejecutivo, un congreso y una justicia que ni son independientes entre s� ni lo son del poder econ�mico nacional e internacional.

"No es un polic�a, es toda la instituci�n" no es una consigna abstracta, ni voluntarista, como s� lo es la idea de que las fuerzas de seguridad pueden cambiar su accionar sobre la base de palabras de convencimiento, del llamamiento a la conciencia basado en la piedad y la identificaci�n. (...)".

DOS MUERTES M�S EN CORRIENTES

El incendio en la comisar�a 7� de Corrientes, del que di�ramos cuenta en el �ltimo Bolet�n, cobr� esta semana dos nuevas v�ctimas. El 22 de enero, falleci� Mat�as Martinez, de 16 a�os. Igual que la primera v�ctima, Daniel Romero (22), estaba demorado en "averiguaci�n de antecedentes" y esperando ser entregado a su madre.

Dos d�as despu�s, el 24 de enero, falleci� Ricardo Pared, de 17 a�os. Seg�n el relato de los familiares, Ricardo fue quien ingiri� una bombilla met�lica antes del inicio del incendio en protesta por la negativa -no queda claro si judicial o simplemente policial- de permitirle estar presente en el nacimiento de su primer hijo ese viernes 13. Sus compa�eros de detenci�n comenzaron a reclamar que fuera atendido, pedido que los polic�as respondieron con una golpiza para que se callaran. A partir de esa represi�n se origin� la quema de colchones como protesta.

Hugo Escobar, de 25 a�os, es el �nico sobreviviente del incendio, y se encuentra internado con pron�stico reservado en el Instituto del Quemado de la Capital Federal.

Los familiares de las v�ctimas, apoyados por organismos de DDHH locales y nacionales, est�n promoviendo una acci�n urgente reclamando juicio y castigo a todos los responsables directos y pol�ticos de la masacre.

YANQUIS: TORTURA TERCERIZADA Y PENA DE MUERTE EN PRISIONES MILITARES

El Consejo de Europa orden� hace un par de meses una investigaci�n sobre las denuncias reflejadas en los medios de comunicaci�n acerca de la existencia de c�rceles de la CIA en terceros pa�ses, y de vuelos secretos que trasladaban personas secuestradas por EEUU con destino a esos centros clandestinos de detenci�n. Esta semana el encargado de la investigaci�n, un senador suizo, emiti� un informe en el que considera probadoos ambos extremos.

Con el habitual lenguaje diplom�tico (y m�s al estilo suizo), dice el informe de Dick Marty "Hay numerosos indicios coherentes y convergentes sobre la existencia de un sistema de �deslocalizaci�n� o �subcontrataci�n� de la tortura. (...) Se realizan actos de tortura o violaci�n grave de la dignidad de los detenidos por medio de un tratamiento inhumano o degradante fuera del territorio nacional y de la autoridad de los servicios de inteligencia nacionales".

Y agrega que "hasta el momento no hay pruebas formales e irrefutables sobre la existencia de estos centros de detenci�n en Rumania o Polonia", aunque, aclara, "no tengo los medios de investigaci�n especiales y dispongo de una log�stica rudimentaria", se�al�. �Ser� que el Consejo de Europa anda con problemas presupuestarios? �No le sobra a alguien una computadora para ayudarlos?

A pesar de los eufemismos el informe tiene que reconocer que "Esto abarca al continente entero. Es bastante improbable que los gobiernos europeos, o al menos sus servicios de inteligencia, no supieran de las �entregas� de estas personas. �Es posible que 25 agentes de un pa�s extranjero lleguen a un pa�s europeo, detengan a alguien y lo trasladen sin que nadie sepa nada?."

Por otra parte, un documento del ej�rcito norteamericano firmado por su jefe de estado mayor, general Peter J. Schoomaker, con fecha del 17 de enero, autoriza la ejecuci�n de prisioneros en aplicaci�n de condenas a muerte impuestas por cortes marciales o tribunales militares. Hasta ahora, el �nico sitio militar donde se pod�an ejecutar condenados era Fort Leavenworth (Kansas). Esta "revisi�n mayor", como se define el documento, habilita toda prisi�n militar, incluso las ubicadas fuera del territorio yanqui como Guant�namo, a aplicar la pena de muerte.

Con su proverbial correcci�n pol�tica, organizaciones yanquis de oposici�n a la pena de muerte han denunciado esta iniciativa, resaltando que su objetivo real es permitir la ejecuci�n "legal" de prisioneros en Guant�namo y otras c�rceles "extraterritoriales".

REPRESI�N EN ECUADOR, DONDE EL CONGRESO SIRVE DE CALABOZO

El crecimiento de las luchas sociales en Ecuador ha ubicado a los estudiantes secundarios y universitarios en un lugar central de la escena pol�tica, contando ya siete protestas populares consecutivas en el centro de la ciudad de Quito en los �ltimos d�as. El reclamo contra el aumento de los pasajes urbanos, en rechazo al Tratado de Libre Comercio con los EEUU (TLC) y por la anulaci�n de los contratos con la petrolera norteamericana OXY fue reprimido por la polic�a ecuatoriana quien intent� infructuosamente evitar que los estudiantes llegaran a la casa de gobierno.

Las protestas comenzaron el lunes y ya el d�a martes la represi�n que comenz� por la ma�ana se extendi� durante el d�a mientras los manifestantes se reagrupaban y resist�an con m�todos populares y barricadas. A pesar de la arremetida policial, los estudiantes rompieron el cerco de las fuerzas de seguridad y avanzaron hasta las proximidades de la casa de Gobierno, donde fueron atacados con chorros de agua, gases lacrim�genos y balas de goma. Seg�n el balance de la Cruz Roja, en las manifestaciones 123 personas fueron heridas y m�s de 20 arrestados (incluidos menores).

El dato m�s curioso es que, ayudando a clarificar la coherencia entre el poder pol�tico y la represi�n policial, fueron el mismo Congreso Nacional y sus s�tanos los que se utilizaron para la detenci�n, golpiza y tortura de los activistas. A�n as�, el Ministro de Gobierno Alfredo Castillo, no se sonroj� siquiera al afirmar que la represi�n consisti� en "excesos" policiales, intentando desvincular al decr�pito gobierno nacional de sus �rdenes represivas.

El conjunto de los movimientos populares, de derechos humanos, gremios de trabajadores y hasta bloques parlamentarios condenaron la represi�n de las fuerzas antimotines y los dirigentes estudiantiles anunciaron que presentar�n una demanda ante la Fiscal�a en contra del Ministro y el comandante de Polic�a, Jos� Vinueza, por la represi�n en las manifestaciones.

Mientras la crisis social se profundiza y ya est�n planteadas protestas de trabajadores para esta pr�xima semana, los estudiantes han decidido que participar�n de esas luchas y analizar�n este lunes la convocatoria a un paro nacional estudiantil.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 27, 16:00, marcha de Congreso a Plaza de Mayo por la libertad de Chacho Berrozpe, Cristian Ruiz y los compa�eros de Haedo, presos pol�ticos del gobierno de Kirchner.

Martes 31 de enero, 18:00, convocamos a todas las organizaciones que sostienen la bandera de la LIBERTAD A LOS PRESOS POL�TICOS a participar de la reuni�n en la que haremos el balance de la marcha y continuaremos planificando la campa�a nacional e internacional por la libertad de los compa�eros, el cese de las persecuciones y la criminalizaci�n de la protesta.

CORREPI