Medio Oriente - Asia - Africa

Gema Martín Muñoz
El País

Durante este mes de agosto, una vez más, los acontecimientos políticos en Oriente Medio atraen la atención internacional: la evacuación de los colonos israelíes en Gaza, el proceso de elaboración de la Constitución iraquí, y la tensión entre Irán y las grandes potencias occidentales por su decisión de recomenzar el proceso de enriquecimiento de uranio, articulan un escenario muy complejo que, en ningún caso, nos debe llamar al optimismo.
El plan de "desconexión" de Gaza, con la evacuación de los colonos israelíes del territorio palestino que ilegalmente estaban ocupando como elemento central, no necesariamente va a significar, como algunos podrían pensar, el comienzo de la solución política a este conflicto, sino quizás suplantarla. Hay muchos indicios que manifiestan una estrategia israelí que a largo plazo busca crear una realidad palestina inviable. Por un lado, hay que tener en cuenta que el llamado "plan de desconexión" en absoluto devuelve la plena soberanía territorial a las autoridades políticas palestinas y, por tanto, no resuelve el problema de la ocupación. Lo que Gaza verdaderamente va a seguir estando es desconectada del mundo y convertida en una prisión con la mayor densidad de población del planeta. Israel ya ha declarado que no va a permitir la libre circulación de bienes y personas, y que va a controlar su espacio aéreo y marítimo, así como las fronteras terrestres. Y, lo que es muy importante, también sus fuentes de agua. Es más, 50 millones de dólares de la ayuda prometida por el presidente Bush a los palestinos para mejorar su situación socio-económica se están utilizando paradójicamente para construir una nueva generación de terminales de alta tecnología en las fronteras de Gaza. Lo que los ciudadanos de Gaza necesitan, con un 68% de paro y unos índices elevadísimos de pobreza, es una esperanza de mejora socio-económica, pero ésta no tiene posibilidades de desarrollarse en tan draconiano marco de aislamiento. La soberanía palestina se remite, pues, a controlar políticamente y en términos de seguridad a su propia población, y si no lo consigue en tan difícil coyuntura, el Ejército de Israel se garantiza el derecho a intervenir. Por otro lado, la evacuación de los colonos de Gaza permite a Sharon mostrar a la comunidad internacional el sacrificio y trauma que significan lo que define como "concesiones" territoriales y obtener así su comprensión frente a la situación en Cisjordania. Porque hay que tener en cuenta que mientras toda la atención se ha centrado en Gaza, en Jerusalén Este, Israel está llevando a cabo una campaña intensiva de demolición de casas palestinas para "limpiar" esta ciudad de esa población, así como ha intensificado la construcción de colonias en Cisjordania y continúa levantando el muro que el Tribunal Internacional de La Haya declaró ilegal. Es decir, el "sacrificio" de Gaza es muy probablemente una táctica a favor de una estrategia: nunca negociar sobre Jerusalén ni evacuar los gigantescos bloques de colonias en Cisjordania, anexionándose así una parte muy importante de la misma y convirtiendo el posible Estado palestino en una realidad inviable.
Otro elemento sustancial a tener en cuenta es que el plan de desconexión ha sido decidido unilateralmente por Israel, eludiendo todo proceso de negociación con los palestinos. Éste es el verdadero parámetro de comportamiento de Ariel Sharon, evitar el proceso bilateral e imponer hechos consumados. Por ello, nada indica que se vaya a abrir el camino de la Hoja de Ruta para alcanzar una solución negociada. Por el contrario, y en contra de lo acordado con Mahmud Abbas en la cumbre de Sharm al Sayj del 8 de febrero, Sharon ha declarado que "no habrá una transición directa del plan de desconexión a la Hoja de Ruta" (Haaretz, 31-12-2004). Si, como todos estos indicios señalan, lo que está ocurriendo en Gaza es un "sacrificio" táctico a cambio de beneficios estratégicos en Cisjordania, el conflicto seguirá abierto y generando injusticia, odio, frustración y violencia.
En Irak, el proceso de elaboración de la nueva Constitución, lejos de ser un signo de estabilidad, normalización y avance de la democracia, está mostrando los enormes riesgos de desintegración estatal a los que se enfrenta este país. En primer lugar, pretender dar la sensación de normalización política en un Irak empantanado cada día más en sangre y violencia es surrealista. Pero a ello se unen dos grandes errores: la reducción de este país a un punto cero absoluto liberando los sentimientos comunitaristas sectarios y la presión por cumplir una agenda política que responde más a los intereses de la fuerza militar ocupante, que necesita desesperadamente vender a su opinión pública un aparente éxito, que a una evolución positiva de la sociedad política del país. En consecuencia, la redacción de la Constitución se está convirtiendo en un proceso de "sálvese quien pueda" entre los diferentes actores políticos, sacando en ellos lo más oportunista y sectario en detrimento de la responsabilidad de Estado. Los kurdos, beneficiados por las prebendas de autogobierno que de facto han ido obteniendo de EE UU a cambio de ser sus únicos verdaderos aliados locales, buscan ahora la autodeterminación, lo que claramente indica su objetivo de alcanzar la independencia, pero garantizándose la integración de los ricos pozos de petróleo de Kirkuk, cuya región no está integrada en el Kurdistán, y promoviendo allí una política de limpieza étnica de árabes y turcomanos. Los shiíes ante dicha posición kurda reclaman también un federalismo estricto que les garantice el autogobierno del sur, donde también se encuentran los principales yacimientos petrolíferos, para así resarcirse de la marginación histórica a la que han sido sometidos. Y los suníes, cuya memoria histórica les hace sentirse la comunidad fundacional del Estado, ven que por el contrario van a ser los parias del proceso, quedando aislados, debilitados y sin petróleo. Es decir, para colmo de males en este devastado país, se están fomentando las identidades comunitarias en vez de las ciudadanas y, lejos de avanzar hacia una democracia, se está cayendo en una especie de etnocracia destructiva que puede fácilmente llevar a la desintegración del Estado iraquí. No olvidemos que, además, la mayor parte de estos actores políticos cuenta con sus propias milicias, que no están dispuestos a desarmar. Este po
-sible escenario tendría unas gravísimas consecuencias en toda la región de Oriente Medio, dándose además la circunstancia de que EE UU vuelve a encontrarse en el atolladero fruto de sus errores, imprevisiones e intereses coyunturales. Porque los estadounidenses ni desean que se abra la caja de Pandora de la autodeterminación kurda, ni que el petróleo pase a gestionarse por kurdos y, mucho menos, shiíes.
Otra de las paradojas en que ha sucumbido EE UU es en el hecho de que, aniquilando a la potencia de Oriente Medio que era Irak, fracasando en su objetivo de reconstruirla a su imagen y semejanza, y favoreciendo la emergencia de los actores shiíes, ha beneficiado a la otra gran potencia que es Irán, su enemigo histórico desde 1979. Es más, los planes estratégicos estadounidenses, sin duda existentes, de agresión contra Irán son difíciles de llevar a cabo dadas las circunstancias en que se encuentra Washington en Irak y Afganistán, a no ser que recurriesen al uso de armas nucleares. Es por ello que Irán se siente con capacidad de reclamar su derecho al enriquecimiento de uranio para fines civiles, a pesar de la oposición de europeos y estadounidenses a ello. La amenaza de sanciones en el Consejo de Seguridad no le preocupa mucho dado que China y Rusia, con derecho de veto, no están a favor de las mismas porque las relaciones entre estas potencias e Irán se han ido consolidando. China, por ejemplo, ha firmado un contrato por 70.000 millones de dólares para la importación de petróleo iraní, siendo el contrato más ingente que ha firmado Irán desde 1996. Pero, por otro lado, quedaría una cuestión sustancial: ¿puede la ONU imponer sanciones por realizar una actividad legal? Porque el enriquecimiento de uranio para fines civiles es legal de acuerdo con el Tratado de No Proliferación. ¿Se pueden imponer sanciones por presunción de intenciones y no por constatación de hechos? Esto podría ser demoledor para una comunidad internacional que tiene un largo récord de aplicación de doble rasero en el mundo árabe y musulmán. Pero, unido a ello, Irán no ha rechazado que dicho proceso se realice bajo la vigilancia estrecha de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ni tampoco ha cerrado las puertas a la negociación. Es más, ha cumplido con las exigencias, algunas draconianas, que en este sentido se le han impuesto en los dos últimos años, en tanto que Israel, Pakistán y la India están totalmente al margen del Tratado de No Proliferación. Más bien, Irán está tratando de construirse como un interlocutor fuerte que no admite discriminaciones humillantes y que aspira a normalizar sus relaciones internacionales. De la destreza o ceguera con que se afronte esta tensión con Irán depende otro de los escenarios de riesgo en ese Medio Oriente saturado de conflictos y violencia.
Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid.