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El presidente Chávez ya intervino una manufacturera de papeles Una planta procesadora de tomates de la trasnacional estadounidense Heinz fue tomada militarmente en el estado venezolano de Monagas (400 km al sureste de Caracas) a fin de reanudar sus operaciones cesantes, informaron autoridades y empresarios.

CARACAS, AFP

El gobernador de Monagas, José Briceño, ordenó la toma y explicó que ella servirá para procesar las cosechas de los productores que quedaron desasistidos cuando la planta cerró operaciones por quiebra, después de ser adquirida por Heinz en 1997.
El presidente de la cúpula empresarial Fedecámaras, José Luis Betancourt, rechazó la toma de la procesadora y de unos silos propiedad de la empresa venezolana Polar por el ministerio de Agricultura en el estado de Barinas (400 km al suroeste de Caracas).
"Estas acciones constituyen una vía de hechos que violan abiertamente los derechos fundamentales del hombre señalados por las Naciones Unidas, así como los derechos de propiedad privada, libertad y defensa contemplados en la constitución", dijo.
"Estamos angustiados por la persistencia de un clima de violencia, inseguridad e impunidad", señaló, pero aclaró que Fedecámaras no romperá sus renovadas relaciones con el gobierno de Hugo Chávez.
En tanto, voceros de Heinz en Venezuela declinaron a la AFP ofrecer declaraciones sobre la toma de la procesadora ubicada en la población de Caicara.
Briceño dijo que la acción cuenta con el respaldo del presidente venezolano, quien ha prometido intervenir a las empresas que sean abandonadas por sus dueños.
El gobernador señaló que la toma es "un acto de justicia" y está "apegada a las leyes", pues el 80% de las acciones de la planta era propiedad de los productores, antes de venderse a Heinz.
"Si es de dar la batalla legal en cualquier campo, la daremos. Sabemos que vamos a pelear con una transnacional. Si quieren que me lleven al Tribunal Supremo de Justicia, allá nos veremos", aseguró Briceño.
Según la constitución venezolana, el Estado puede intervenir aquellas empresas declaradas de "interés social" por la Asamblea Nacional después de que tribunales emitan sentencias o establezcan indemnizaciones.
En febrero, el gobierno de Chávez intervino una manufacturera de papeles, luego que sus dueños de declararan en quiebra tras sufrir las consecuencias de un paro petrolero de 63 días entre 2002 y 2003.
El presidente venezolano es acusado por sus detractores de impulsar un modelo "castro-comunista" mediante la implantación de ciertas leyes y programas sociales, algunos asistidos por Cuba.
Chávez asegura que su gobierno impulsa un "socialismo del siglo XXI", que busca democratizar las riquezas del país sudamericano.