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Las excavaciones en busca de restos óseos de los desaparecidos aún no han arrojado resultados concretos. Tampoco se han despejado varias lagunas y contradicciones de los informes de los comandantes en jefe. Pero no hay duda de que en el corto plazo en la sociedad uruguaya ya no quedarán rastros de la impunidad que durante 20 años amparó las violaciones de los derechos humanos.
El lunes 22 el Directorio del Partido Nacional (PN) aprobó una declaración en la que recuerda que no participó en las negociaciones del Club Naval, en julio de 1984, y que fue allí que se pactó, al menos implícitamente, la impunidad de los militares y policías responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Alega que su decisión de impulsar, dos años y medio después, la ley de caducidad estuvo exclusivamente guiada por el propósito de normalizar la institucionalidad democrática, que se veía amenazada por la lógica de aquellos hechos. Esa interpretación no fue unánime: de hecho partió a la mitad a la colectividad blanca cuando se votó la ley de caducidad.
En la declaración aprobada esta semana por el Directorio blanco se valoran los avances del nuevo gobierno en materia de derechos humanos, y se intenta una primera aproximación a esos logros. Dice el PN en ese sentido: "Los nuevos avances que se puedan lograr en el cumplimiento del artículo 4 de la ley de caducidad -de acuerdo con lo que el Poder Ejecutivo resuelva en cada caso-, teniendo presentes los nuevos aportes desde las Fuerzas Armadas, se consideran positivos porque muy especialmente ayudan a cicatrizar heridas profundas, que sólo con el tiempo cerrarán definitivamente. Los cambios naturales en la integración de las Fuerzas Armadas, los generacionales, contribuyen a avanzar en una materia pendiente. El tiempo y las sucesivas etapas vividas desde 1984 a la fecha permiten llegar a estos escenarios de hoy" En la declaración se incluye la aspiración de "apuntalar la definitiva reconciliación nacional" y la de "velar por la institucionalidad que nos garantice que nunca más se repetirán hechos tan dolorosos como los que sacudieron al país". En momentos en que a menudo se plantea la oportunidad de dar vuelta definitivamente esta página de la historia, en el texto del PN se descarta implícitamente que en relación con la verdad y la justicia pueda haber un punto final y se señala, por el contrario, que se trata de "una materia pendiente".
Por otra parte, se anunció que finalmente el lunes 29 se concretará el discutido encuentro entre el presidente Tabaré Vázquez y el senador Jorge Larrañaga, que se realizará en el despacho de éste por iniciativa del mandatario. El objeto de la reunión es informarlo de los informes de los comandantes en jefe y los resultados de las excavaciones en busca de restos de los desaparecidos.
EXCAVACIONES Sobre esos mismos asuntos informó el miércoles 24 a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Las noticias que trasmitió no difieren mayormente de las que trascendieron por la prensa desde la difusión de los informes de los mandos. En esos documentos el Ejecutivo ha comprobado que existen lagunas e incluso algunas contradicciones entre las tres fuerzas, y en consecuencia ha solicitado ampliaciones de la información recibida. En cuanto a las excavaciones que se vienen realizando en los batallones 13 y 14 del Ejército y en una chacra ubicada en las inmediaciones de Pando, en busca de los restos óseos de los desaparecidos, también se ha requerido información complementaria que permita ubicarlos más rápidamente. Si bien Fernández planteó las dificultades que supone este tipo de búsqueda cuando ha transcurrido tanto tiempo desde el momento de la sepultura, subrayó que el Ejecutivo mantiene su total confianza de que los restos serán ubicados en el lugar que se indicó.
El mismo día tuvo lugar en el Edificio Libertad una reunión a la que asistieron los jueces y fiscales competentes, los médicos forenses y los arqueólogos y antropólogos que trabajan en las tres zonas de excavaciones señaladas con Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. El objeto fue explicar los procedimientos que se están siguiendo y las dificultades que presenta este tipo de trabajos. La exposición estuvo a cargo del jefe del equipo de antropólogos de la Facultad de Humanidades, José López Mass, quien señaló que se está en una etapa exploratoria, preliminar, y que por lo tanto no es posible esperar resultados en el corto plazo. Afirmó que no se puede estimar el tiempo que insumirá la búsqueda, pero aseguró que la misma proseguirá hasta la obtención de resultados. Dijo también que las indicaciones que se han recibido no son lo suficientemente precisas y que sería muy útil lograr datos complementarios de parte de los informantes. Las explicaciones de López Mass, cuyo equipo trabaja en estrecho contacto con el equipo de antropólogos argentinos, fueron consideradas como ampliamente satisfactorias por Madres y Familiares.
LOS VUELOS Más allá de que algunas versiones puedan ser equivocadas y otras haber sido deliberadamente alteradas para ocultar datos que incriminen a determinadas personas o para desviar la indagatoria de su verdadero cauce, la caída del muro de silencio que ahogó a la sociedad uruguaya parece irreversible. Por supuesto que, entre los involucrados, cada uno trata de colocarse en la mejor posición, empezando por los propios mandos. Es evidente, también, que sigue habiendo incógnitas sin despejar. Por ejemplo, si hubo un primer vuelo que trasladó a detenidos de Orletti a Montevideo el 24 de julio de 1976, y un segundo que llegó a Carrasco en la madrugada del 5 de octubre, cuyos pasajeros desaparecieron en Uruguay; en qué vuelo fueron trasladados los cinco ejecutados en Soca en diciembre de 1974 y que habían sido detenidos en Buenos Aires (Floreal García, Mirtha Yolanda Hernández, Héctor de Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Mirtha Estefanell); y si hubo, como no se descarta en el informe de la Fuerza Aérea, un tercer vuelo o varios vuelos más que hayan trasladado a los uruguayos que seguían secuestrados en Argentina después del cierre de Orletti y que fueron vistos por última vez en los pozos de Quilmes y de Banfield.
Es posible especular acerca de quiénes serían los pasajeros uruguayos del segundo vuelo: se trataría de militantes en su casi totalidad del Partido por la Victoria del Pueblo que, en la mayor parte de los casos, ya estaban secuestrados en Orletti cuando partió el primer vuelo. En cambio, es más difícil determinar quiénes y cuántos fueron trasladados en los vuelos siguientes. Probablemente estos datos puedan surgir de un cotejo de las informaciones proporcionadas por las distintas fuerzas y también por los oficiales de las mismas que estuvieron al frente del Servicio de Información y Defensa (SID).
Si hubo más traslados de uruguayos desde Argentina que los contabilizados por la Comisión para la Paz, quedará en evidencia que el número de ejecuciones en Uruguay fue muy superior al estimado inicialmente. Por otra parte, sobre muchos de esos casos no hubo en Uruguay denuncia judicial, ya que se presumía que se trataba de desapariciones ocurridas en Argentina. La formulación de nuevas denuncias judiciales obligará al Ejecutivo a pronunciarse acerca de si se trata de casos comprendidos en la ley de caducidad. Según expresó el miércoles 24 el secretario de Presidencia, al ser preguntado al respecto en una rueda informal de prensa, podría entenderse que sí lo están por haberse consumado el delito principal, el homicidio, en territorio uruguayo. En definitiva se trata de una decisión que deberá adoptar, en su momento, el presidente de la República.
LOS JUICIOS EN TRÁMITE Los dos casos más notorios que Vázquez declaró no comprendidos en la ley de caducidad -el de María Claudia García y el de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, y la desaparición de Manuel Liberoff- siguen demorados en su tramitación. En el primero deberá expedirse el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno, ante el cual el fiscal Enrique Moller apeló precisamente la resolución de Vázquez de revocar una resolución administrativa del anterior titular del Ejecutivo. En el otro expediente es el juez penal Roberto Timbal quien se tomó el máximo plazo disponible para resolver sobre el pedido de procesamiento formulado por la fiscal Mirtha Guianze respecto del ex presidente Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco, así como también sobre el diligenciamiento de nuevas pruebas reclamado por los abogados defensores de ambos imputados.
Pero además de otros expedientes en trámite, como los relacionados con hechos ocurridos antes del 27 de junio de 1973 -y por consiguiente no comprendidos en la ley de caducidad-, podría quedar a consideración de la justicia otro grupo de casos, hasta ahora nunca planteados. En reuniones de carácter informal entre varios abogados defensores de víctimas de delitos de lesa humanidad o de sus familiares, se ha estado discutiendo sobre la responsabilidad de los mandos militares. La ley de 1986 prevé la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el caso de los delitos cometidos por militares o policías por móviles políticos, en ocasión del cumplimiento de sus funciones y de acciones ordenadas por los mandos de la dictadura. La pregunta pendiente es cuál es la situación de los mandos que hayan cometido delitos y que, por su condición, no respondían más que a ellos mismos.
El caso más notorio -pero no el único- es el de Gregorio Álvarez. Nadie duda de que Álvarez impartió a sus subordinados muchas órdenes cuyo cumplimiento supuso la comisión de delitos. Por otra parte, el 3 de julio de 1978, cuando era comandante en jefe del Ejército, Álvarez dictó la orden 7.777 -que el 27 de julio último reprodujo El País-, en cuyo numeral 2 se establece: "Este Comando no permitirá fijar forma alguna de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido, por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia". Ocho años después, un grupo de 17 generales y tenientes generales retirados -entre los que no figuraba Álvarez, expresamente vetado por sus camaradas- suscribió una declaración similar, asumiendo las responsabilidades que pudieran atribuirse a sus subordinados, durante la discusión pública de la ley de caducidad.
En el derecho penal la responsabilidad es personalísima y nadie puede sustituir la responsabilidad de otro, ni siquiera por razones jerárquicas.
En declaraciones a la radio El Espectador, el abogado Guillermo Paysée, de Serpaj, señaló que la orden del superior no exime de responsabilidad a quien haya obedecido una orden ilegal o ilegítima, sino que en todo caso suma un culpable más. Agregó que ése sería el resultado de tener en cuenta el contenido de la famosa orden 7.777.