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Los Familiares de Uruguayos Desaparecidos calificaron como "insuficientes, no verificables y, varios de ellos, contradictorios" los datos comparados que en su momento fueron proporcionados por la Comisión para la Paz y ahora por las Fuerzas Armadas, en relación al destino final de los desaparecidos.
Señalan contradicciones con las conclusiones de la Comisión para la Paz.
Piden investigar desapariciones en Argentina y todos los vuelos y traslados.
Militares no dieron datos sobre 14 casos. Solo seis habrían sido inhumados en el Batallón 13. Dicen que María Claudia y Elena Quinteros fueron enterradas en Toledo. ¿Qué cuerpo de mujer enterró entonces el soldado López Silva en el 13? Ningún informe reconoce muertes por torturas.
En una declaración pública difundida ayer, la organización de familiares de las víctimas de la desaparición forzada considera "insoslayable" la rectificación y ampliación de la información dada por el Estado durante el gobierno de Jorge Batlle y ahora del presidente Tabaré Vázquez. Destacan que el antropólogo forense argentino Luis Fondebrider -convocado para las excavaciones en unidades militares- consideró que los datos aportados por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas son inexactos, y destacan que "la información la tiene la gente que los mató".
Los familiares consideran necesario "el acceso a todos los archivos del Estado, especialmente a aquellos que pertenecen o pertenecieron a los organismos de Inteligencia" y la ampliación de la información sobre los desaparecidos fuera de fronteras, particularmente en Argentina. "La coordinación de las fuerzas armadas de los países del Cono Sur, por la que militares y policías uruguayos actuaron en los países vecinos y trasladaron prisioneros desde ellos al nuestro o viceversa, hacen imprescindible la información exhaustiva de todos los traslados de personas hoy desaparecidas o asesinadas", subrayan. Finalmente la declaración, firmada por la organización de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, filial de la internacional Federación de Familiares de Desaparecidos (Fedefam), sentencia que "el silencio, la desinformación, las contradicciones, renuevan permanentemente el crimen".
ALGUNAS CONTRADICCIONES En catorce casos, las investigaciones internas ordenadas a los comandantes en jefe no proporcionan ningún dato, por lo que no llegan a confirmar, rectificar o contradecir los respectivos anexos proporcionados por la Comisión para la Paz durante el gobierno anterior. Ninguna de las tres armas militares reconocen hoy su participación en las desapariciones de Abel Ayala (1971), Victorina Godoy Viera (1972) Olivar Sena (1974), Asdrúbal Paciello (1975). Claudio y Lila Slotopolsky (1976), Wilhem Wurm Mallines (1977), Oscar De Gregorio (1977), Ever Rodríguez Sanabria (1978), Claudio Logares y Mónica Grispon de Logares (1978), Urano Miranda (1978), María Benassi de Franco y Manuel García (1978).
En el caso de Héctor Castagnetto Da Rosa, cuyo caso de desaparición el 17 de agosto de 1971 fue presentado recientemente ante la Justicia Penal y no está amparada en la Ley de Caducidad, la Armada uruguaya se limita a dar por ciertas las declaraciones que en 1972 dieron el ex agente de inteligencia, Bardesio, y acepta que fue secuestrado por el escuadrón de la muerte y "arrojado a la bahía" por el hoy fallecido capitán de navío Jorge Nader.
En las investigaciones del Ejército, aunque se reconoce la muerte de Roberto Hugo Gomensoro Josman el 12 de marzo de 1973 y se confirma que sus restos fueron arrojados al Lago de Rincón del Bonete, se ignora el hecho de que su tumba "NN" fue profanada y su cráneo quedó en poder de un médico. En todos los casos de desaparición, la Comisión para la Paz había concluido, que los cuerpos habían sido exhumados, incinerados y arrojados al Río de la Plata en 1984, sin embargo, el informe de la Fuerza Aérea contradijo la versión y sostuvo que José Arpino Vega (1974) y Ubagesner Chávez Sosa (1976) habían sido enterrados en una chacra de Canelones.
LA VERSIÓN DEL EJÉRCITO Las contradicciones con el informe de la Comisión para la Paz también se dan en los informes elaborados por el Ejército donde varios casos que se creían enterrados en el Batallón 13, en realidad -dicen los nuevos informes- habrían sido enterrados en el 14 y viceversa. Aunque luego todos habrían sido cremados en el Batallón 14 y "sus cenizas esparcidas en la zona". La mayoría de las muertes de los desaparecidos son adjudicadas por el Ejército a la Oficina Coordinadora de Acciones Antisubversivas (OCOA). Sólo Luis González González (Caballería 6º en 1974), Horacio Gelós Bonilla (Ingenieros 4º en 1976), Julio Castro y Ricardo Blanco (ambos por el Servicio de Información y Defensa, SID, en 1977), no fueron "víctimas" de la OCOA.
El Ejército aporta un dato particular: María Claudia García de Gelman fue asesinada en diciembre de 1976 en el Batallón de Infantería Nº 14 de Toledo y a Elena Quinteros se le dio muerte en noviembre de aquel año y sus restos también fueron inhumados en el Batallón 14, por lo que vuelve a ser una incógnita saber de quién era el cuerpo de mujer que el ex soldado Ariel López Silva enterró en el Batallón 13 a fines de 1976 o principios de 1977.
Según el Ejército, en el Batallón 13 sólo habrían sido enterrados los cuerpos de Juan Manuel Brieba (1975), Otermin Montes de Oca (1975), Eduardo Bleier (1976), Carlos Arévalo (1976), Oscar Baliñas (1977), y Oscar Tassino (1977). Eduardo Pérez Silveira habría sido enterrado en tubulares del Cementerio del Norte el 10 de mayo de 1974. El resto fue inhumado en el Batallón 14 de Toledo.
También se dice que Otermin Montes de Oca no habría muerto el 20 de diciembre de 1975 sino cinco días después; que Oscar Tassino se "suicidó" en un baño del Cuartel de La Tablada el 24 de julio de 1977, tres días después de lo dicho por la Comisión para la Paz; y que Ricardo Blanco murió el 3 de febrero de 1978 en La Casona de la calle Millán por "edema pulmonar" y no por apremios. Ninguno de los informes reconoce las muertes por torturas.