Comunicado del ERPI El martes 23 los gobiernos perredistas de Zeferino Torreblanca y de Alberto López Rosas, junto con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dieron un paso más en su tarea de despojar de sus tierras a los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para construir la presa La Parota. La patética simulación de una asamblea de comuneros en el municipio de San Marcos representa un agravio más contra el pueblo de Guerrero. ¿Quién podrá creer a los organizadores de la asamblea que con la presión de cientos de policías, los allí presentes tomaron una decisión libre y razonada? No debe sorprendernos la unanimidad de los dirigentes empresariales, de los diputados locales y federales de los diferentes partidos políticos, y de sus dirigentes, incluso de la Iglesia católica en la aprobación a ultranza del proyecto de la hidroeléctrica, posición que sostienen aún en contra de los intereses de quienes dicen representar.
La clase en el poder se une para agrandar su riqueza, y recurre a la calumnia, el engaño, intenta dividir, criminaliza a un sector de los comuneros, los reprime, y encarcela, y corrompe al otro sector de los comuneros. Para eso está invirtiendo grandes sumas de dinero en la compra de conciencias y la manipulación de la información en distintos medios de comunicación, sobre todo en los electrónicos.
El carácter violento que tiene el despojo de las tierras de los comuneros es un indicio irrefutable de la ilegalidad e ilegitimidad de la decisión de un poder autoritario, que en nombre del ³progreso y la civilización² intenta burlarse de la soberanía de los pueblos.
Es evidente el odio, la prepotencia, y el menosprecio de Zeferino Torreblanca en sus declaraciones públicas contra los campesinos opositores a La Parota, a los que califica de minorías. Zeferino es una muestra de un poder autoritario, sordo y ciego.
En nuestro estado existe una histórica tradición de lucha popular contra la opresión de los poderosos. Desde la etapa de la independencia con los generales José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero Saldaña y Juan Álvarez; o con el movimiento del general Emiliano Zapata en la revolución que inició en 1911, y con la participación de los guerrerenses en apoyo al Partido de los Pobres del maestro Lucio Cabañas o del movimiento Cívico de Genaro Vázquez. Nuestro pueblo siempre ha resistido ante el poder de los caciques y de los gobiernos represores. De modo que la última palabra la tienen los comuneros que sabrán resistir en esta lucha contra el mal gobierno.
El gobierno de Zeferino Torreblanca no significó un cambio de rumbo en la conducción económica y política; al contrario, provocó el regreso de los caciques más retrógrados y la permanencia de la misma estructura policiaca, política y empresarial del viejo régimen priísta.
La llegada del PRD a los gobiernos municipales y estatales da continuidad al proyecto de la derecha.
En la lucha contrainsurgente y contra el movimiento social, los ayuntamientos perredistas, tal como los priístas y panistas, (aquí como en Chiapas) reclutan, financian, preparan y protegen a los grupos paramilitares, formados por delincuentes que cometen todo tipo de delitos como secuestro, robo a mano armada, siembra, venta, transporte y comercialización de estupefacientes. Lo anterior con el objeto de mantener el control social mediante la coerción, y los asesinatos de líderes sociales y el uso de la fuerza legal e ilegal para sofocar movimientos sociales.
Desde los Congresos locales, los diputados perredistas contribuyen legislando contra la lucha social, como el caso de la ley Dimayuga, mientras protege a represores distinguidos de la guerra sucia, como los casos del ex subprocurador Antonio Nogueda Carvajal, del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y del secretario de Seguridad Pública Juan Heriberto Salinas Altés.
Las autoridades perredistas se suman a la guerra que los neoliberales ejercen contra nuestro pueblo para mantener la desigualdad social mediante medidas económicas, jurídicas, políticas y sociales, así como la privatización de las riquezas de la nación.
No creemos en esa democracia que limita la participación de los ciudadanos al solo hecho de ejercer el voto el día de la jornada electoral, y que margina al pueblo en la toma de las grandes decisiones sobre el rumbo económico y político del país.
En el caso que nos ocupa, es evidente que la CFE y los gobiernos perredistas pretenden avasallar a los ciudadanos mediante la fuerza pública, el soborno, la mentira, la manipulación de la información.
Sabemos que un gran sector de militantes del PRD y de organizaciones de izquierda está en desacuerdo con las acciones del gobierno de Torreblanca.
Reconocemos que hay militantes perredistas consecuentes y honestos que sí quieren y luchan por el cambio, desafortunadamente no tienen poder de decisión, puesto que el PRD se encuentra secuestrado por las corrientes, mismas que lo han envilecido y convertido en el nuevo PRI.
¿Alguien podrá creerle al PRD que es un partido de izquierda? ¿A qué intereses responden los perredistas? ¿Cuál es su proyecto económico? ¿Acaso su proyecto es el de imponer a nuestro pueblo con la fuerza policiaca y militar el Plan Puebla Panamá? ¿A quién sirven, al pueblo o al gran capital? ¿Van a seguir protegiendo a los responsables de las masacres de Aguas Blancas y El Charco? ¿Qué explicación van a dar a los hijos y familiares de los perredistas muertos durante los gobiernos de José Francisco Ruiz Massieu y Rubén Figueroa Alcocer? ¿Ahora están del lado de los caciques y en la protección de los cárteles de la droga y sus principales jefes? ¿Hasta cuándo van a seguir simulando que son de izquierda? Otras expropiaciones de tierras para construir presas no trajeron miles de empleos ni centros de salud ni escuelas, ni el mejoramiento de la vida de la gente. La edificación de presas es sinónimo de privatización del agua y es parte importante del interés de las transnacionales para el control de los recursos naturales y energéticos del país.
Comité Estatal Guerrero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente