La justicia, la paz y la Ley de
Impunidad de Colombia
Patricia Dahl Rebelión
Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Dedico este testimonio a la memoria de los asesinados en la masacre de Alto Naya
en 2001, y a los
sobrevivientes, cuya lucha por reconstruir la vida es perpetua.
P. Dahl
Los organizadores del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa
Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos de Colombia, anticiparon que 500
delegados participarían en la reunión... Al terminar el tercer y último día de
la conferencia, que tuvo lugar en el centro de Bogotá del 21 al 23 de junio de
2005, la cantidad de delegados de las filas de las víctimas y familias de los
asesinados, desaparecidos, torturados, desplazados y arbitrariamente detenidos
de Colombia, llegó a más de 1.200.
La conferencia se inició con una lenta danza ritual realizada por unos veinte
miembros de los indígenas Kankuamo, que se movieron en un círculo, el símbolo de
la unidad eterna, y se enfrentaron en una alternancia rítmica entre adelante y
atrás. Activistas de derechos humanos, abogados, y congresistas llegaron a
declarar, pero como si quisieran reflejar los deseos de los organizadores de
mantener como punto central e inviolable las voces de las víctimas, el segundo
día, el día central de la conferencia, fue reservado para los testimonios de los
sobrevivientes y de los familiares sobrevivientes. En San José de Apartado, le
arrancaron las piernas de su torso a una niña de once años y a su padre lo
desollaron "como a una vaca". En Arauca quemaron casas hasta los fundamentos, y
una mujer encontró partes del cuerpo de un miembro de su familia desfiguradas en
un proceso que no pudo nombrar, quemadas con gasolina. En Colota, paramilitares
detuvieron un autobús lleno de gente. Los aprehensores violaron a la pasajera
embarazada, luego hicieron desaparecer al resto. En Caqueta, hubo
desplazamientos masivos, y la sangre de algunas de las peores matanzas en la
historia de Colombia fluyó en Toribio y Naya. Hubo un tema omnipresente en todos
los testimonios de todas las regiones, que variaban en otros aspectos. Miembros
del ejército confiscan alimentos, gasolina, e incluso medicinas, en puntos de
control improvisados a lo largo de estrechos caminos de tierra que conducen a
las ciudades. Como dijo una campesina: "Los alimentos valen más que el dinero, y
no podemos llevarlos a nuestras comunidades, porque los militares nos acusan de
suministrarlos a la guerrilla". Esta acusación, lejos de ser vana, resulta en
amenazas de graves represalias. Incluso después de una desmovilización de las
milicias lanzada en diciembre de 2002, cuando las paramilitares Autodefensas
Unidas de Colombia, o AUC, anunciaron su cese al fuego unilateral, más de
2.000 civiles murieron en sus manos. Por motivos de seguridad, los
organizadores de la conferencia tuvieron que "autorizar" previamente a los
fotógrafos, y decidieron que las fotos de los delegados fueron tomadas sólo por
detrás.
La conferencia ocurrió simultáneamente con la aprobación por el Congreso de una
ley que probablemente garantice una amplia impunidad a los escuadrones de la
muerte paramilitares de Colombia. Conocida originalmente como "Alternatividad
Penal" la ley fue rebautizada con el nombre menos prosaicamente explícito, pero
más implícito ideológicamente: "Justicia y Paz". Su aprobación fue un hito, no
sólo para el sistema legal colombiano, sino para toda su historia cargada de
conflictos, ya que sirve para silenciar y diluir las palabras de las víctimas,
en esta ocasión de trascendental juntura, y para siempre. En circunstancias en
las que las víctimas de Colombia y sus testimonios han sido efectivamente
excluidos por completo del proceso judicial, el congresista Gustavo Petro, uno
de los oradores en la conferencia, calificó la situación de "absolutamente
urgente" pero agregó el refrán citado tan frecuentemente: "La noche es más
oscura cuando está a punto de amanecer". A pesar de la urgencia, y a pesar
de la concurrencia doble de lo esperado, un delegado, el gobernador indígena
Enrique Guetio, reveló que las noticias sobre la ley nunca llegaron a algunas
comunidades en el campo. Muchas víctimas no habían sabido de la impunidad que
sus verdugos iban a recibir hasta que la ley, que fue ratificada por el
presidente de Colombia, Alvaro Uribe, el 22 de junio de 2005, fue examinada en
la conferencia. Los criminales recibirán favores por su cooperación. El nombre original
de la ley, Alternatividad Penal, refleja la propuesta de aplicar una sentencia
diferente de la establecida por el Código Penal. Comenzando con la recomendación
de un período de encarcelamiento entre 5 y 8 años, la sentencia real podría ser
reducida sobre la base de la contribución de los beneficiarios para lograr la
paz nacional, y por su colaboración con la justicia. Esta medida arbitraria y
subjetiva posibilita que personas con la mayor culpabilidad en el crimen,
personas que pueden manipular y controlar la apariencia de contribución o
colaboración porque poseen el mayor volumen de información, puedan gozar del
beneficio de las sentencias menos severas. Provisiones en el Código Penal, así
como el tiempo pasado en la zona desmilitarizada de Santa Fe de Ralito de hasta
18 meses, (a pesar del grado de comodidad y libertad de que se haya gozado en la
zona) sirven efectivamente como tiempo de encarcelación. Con otras medidas
subjetivas como ser las reducciones por libertad condicional y estudio de
trabajo que cuentan como tiempo de encarcelación, los analistas legales calculan
que es concebible que los criminales de guerra paramilitares puedan no sufrir un
solo día de encarcelación. No se permite que las víctimas sean partes litigantes en los procesos
judiciales. Esta contenciosa innovación permite que las víctimas participen
sólo en la "incidencia" de reparación después de la sentencia. Por ello, las
víctimas no pueden solicitar reparación por todos los actos cometidos en su
contra, sino sólo en los que han sido sentenciados sin su testimonio en la sala
del tribunal. La ley tampoco establece los criterios necesarios para determinar
la insolvencia de un criminal. Si los activos han sido transferidos
fraudulentamente a un testaferro o a terceras partes, las víctimas no tienen
posibilidades de obtener esos activos, incluso si fueron originalmente de su
propiedad, como en el caso de tierras pertenecientes a personas desplazadas. El
fondo para reparaciones, que será administrado por la Red de Solidaridad Social
del gobierno, estaría compuesto de activos ilegalmente obtenidos, que las
personas que se benefician con esta ley decidan entregar, de recursos del
presupuesto nacional que no han sido estipulados, y de donaciones. Por lo tanto
las reparaciones serán hechas al azar o serán arbitrarias porque dependen
primero, en los casos abiertos antes de la "desmovilización", y segundo, de
casos que determinan los culpables sin la participación de la víctima, y en
tercer lugar, de recursos económicos que el Estado no tiene que garantizar. La ley de Justicia y Paz apoya la corrupción y recompensa el engaño. Si,
después de que una persona desmovilizada reciba prestaciones, las autoridades
descubren que esa persona estuvo involucrada en otros crímenes, omitidos en su
confesión, puede iniciarse un nuevo procedimiento. Si la persona es sentenciada
en este nuevo procedimiento por una información recientemente revelada, no será
castigada por las omisiones, por ejemplo, mediante una rescisión sumaria de
todos sus derechos. Al contrario, él o ella podrá volver a solicitar el
beneficio de la sentencia alternativa, pero en esta segunda vuelta, el tiempo de
encarcelamiento por la primera sentencia es tiempo que puede ser considerado
contra la condena servida por la segunda.
Ninguno de nosotros sabrá jamás quienes fueron los principales autores de esta
ley, ni cuál fue el papel que EE.UU. jugó en las circunstancias relacionadas con
el primer borrador. Después de que se publicara su existencia, críticas de la
ley por parte de varios miembros del Congreso de EE.UU. impulsaron al gobierno
colombiano a incluir en ella un artículo que requeriría que las personas
desmovilizadas que omiten "deliberadamente" la revelación de su participación en
crímenes pierdan todas las prestaciones. Esto abre efectivamente la puerta para
que la omisión de una persona pueda ser considerada como "involuntaria", y que
la responsabilidad de la prueba pueda ser tan elusiva que la Comisión Colombiana
de Juristas insiste en que este tecnicismo sólo causa una "operación cosmética".
La ofensa más atroz de la ley es tal vez la que es menos cuantificable. Sin la
participación de las víctimas, sin un examen público total de confesiones
públicas exhaustivas, el pueblo de Colombia y el resto del mundo perderán la
oportunidad de comprender lo que el congresista Gustavo Petro califica de "la
máquina de la muerte". ¿Quién enrola a gente que de otro modo es normal para
sostener una máquina semejante? ¿Con qué medios llevan a acatar a esa gente?
¿Cómo pudieron descender a un nadir tan tenebroso los estándares morales de
nuestra época?
Tal como la multiplicación de sus crímenes y su creciente atrocidad obligó al
presidente Uribe a Colombia a mostrar esfuerzos satisfactorios para desmantelar
los ejércitos paramilitares, su cantidad y su horror también obligaron a EE.UU.
que ha dado más de 3.000 millones de dólares en ayuda, militar en su mayor
parte, a Colombia desde el año 2000, a exigir que el plan de Uribe suene bien a
los ojos del mundo. Dos semanas después del 22 de junio de 2005, el día en el
que la ley fue aprobada por el Congreso de Colombia en un voto abrumador de 18
contra 148, llegó otra exigencia de Washington, esta vez del Comité de
Apropiaciones del Senado. Después de que Europa y Naciones Unidas condenaran la
ley de Justicia y Paz, el Comité de Apropiaciones amenazó con bloquear el dinero
de ayuda que el gobierno de Uribe necesita para realizar el desarme. Tal como
las noticias sobre la ley de Justicia y Paz no llegaron a numerosas comunidades
rurales de Colombia, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no saben que
sus dólares tributarios financiarán la impunidad de personas responsables por
crímenes de guerra. Con 8.000 dólares por combatiente ilegal, que cuentan hasta
unos 20.000 en total, el proceso requerirá por lo menos 160 millones en ayuda
adicional. El Comité de Apropiaciones llama a un desarme total, la extradición
de los principales comandantes, un grupo inter-agencias que asegure que el cese
al fuego no haya sido violado, y que las actividades ilegales hayan cesado.
Uribe se anda con rodeos sobre la demanda de extradiciones, y los que observan
el historial de derechos humanos de Colombia saben perfectamente que
certificados pasados sobre una garantía del cese de abusos, o incluso una simple
"mejora", no hicieron nada por detener el baño de sangre, de torturas y muerte.
El presidente de la conferencia, Iván Cepeda Castro, también sobrevive a un
familiar. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, el poeta y senador "bohemio" de la
Unión Patriótica, un partido político alternativo, fundado por la guerrilla FARC
en 1985 y compuesto de progresistas del Partido Comunista, varios movimientos
sociales, y más tarde partidos tradicionales, fue muerto a tiros por
paramilitares y dos agentes de inteligencia del ejército. No hubo arrestos, a
pesar de que el ex dirigente paramilitar Carlos Castaño admitió en su
autobiografía, publicada abiertamente y muy difundida, que dirigió la unidad de
comando que realizó la ejecución. Cepeda inició una discusión de la ley con un
rechazo de las exigencias de EE.UU. "No se puede dejar por fuera la
responsabilidad del estado y la responsabilidad de la financiamiento
internacional del paramilitarismo. Las victimas no son victimas de poderes
oscuros e indeterminados, sino que han sido agredidas por el poder estatal y sus
mecanismos de persecución".
Piedad Córdoba, ex víctima de un secuestro paramilitar y actual senadora,
advirtió: ""Lo que hemos visto es sólo la punta del iceberg en lo que se refiere
a violaciones. El problema no es de encontrar los cadáveres. Es mucho más
profundo y sutil que eso. Los paramilitares lo han codificado como status
político pero ¿cómo es que este proceso se hace oficial?
"Estamos viendo una presencia paramilitar más fuerte en el Congreso. Se estima
que el 35% del Congreso es elegido por los paramilitares. No se sabe si es el
35% o el 70%. El problema es que en el Congreso hay una actitud paramilitar que
sobrepasa cualquier cosa.
"Se supone que nosotros no decimos que somos de la izquierda." Se detuvo, para
dar una pausa a la audiencia a fin de que reflexionara sobre el peso de sus
palabras.
"No sé qué decir sobre quién soy yo."
¿Fue su declaración una referencia a la estrategia de la coalición de
progresistas de desbancar a Uribe y desmantelar la estructura paramilitar en
Colombia, o por otro lado, fue una referencia a algo "más profundo y más serio
que eso? La "antigua" izquierda, como algunos la distinguirían para las páginas
de la historia, es criticada por ser rígidamente universalista y reduccionista
en cuanto a las clases. Una bandada de "alianzas populares", "nuevos movimientos
sociales", y "terceras vías" han tratado de elucidar las pluralidades de la
lucha en el Siglo XXI. Para no ser superada, también la derecha, ha tratado de
posar con un saludo similar a la participación democrática no-elitista. El
comercio es llamado "libre", las sociedades son llamadas "propiedad", y la
seguridad es para la "patria", implicando que la inmensidad de la patria y sus
intereses aún más inmensos, constituyen un conglomerado "común" para todos.
Una diferencia es descarnada. La agenda de la derecha no es desbaratada por
ningún discurso de mistificación sugerido por esos mismos términos. La agenda es
lo que es y lo que siempre ha sido, sólo que lo es aún más de manera
exponencial. Es una guerra contra los que trabajan, que están aún más endeudados
con un sistema que lega aún
menos garantías para futuros sostenibles, y una guerra contra los pobres, cuyas
filas crecen cada vez más. La historia nunca ha visto un universalismo más
despiadado. Desde comienzos de fines de los años setenta, la política de
desmantelamiento de la regulación nacional del orden económico a favor del
régimen del mercado, disfrazada bajo términos como "reforma" y "liberalización".
En países estudiados por Naciones Unidas, de los 373 cambios de la legislación
nacional hacia las prácticas de las inversiones extranjeras durante los años
entre 1991 y 1994, sólo 5 no fueron hechos hacia una mayor "liberalización".
Entre 1988 y 1992, las ventas globales de empresas de propiedad estatal se
inflaron hasta llegar a 185.000 millones de dólares, pero la cifra no incluyó
los 25.000 millones en privatizaciones en la antigua Alemania Oriental
comunista, ni incluyó otros 106.000 millones de dólares en compromisos de compra
de activos de propiedad estatal. El 18 de julio de 2004, el ministro de finanzas
de Uribe, Alberto Carrasquilla, anunció que Colombia se prepara a vender otros
10.000 millones de dólares de propiedad de compañías estatales, dentro de los
próximos años. Saluda el plan de privatización como "el más ambicioso en América
Latina".
La senadora Córdoba vinculó la agenda económica general con las atrocidades
paramilitares: "El punto es que los paramilitares se están apoderando de la
riqueza del país. Ellos controlan los centros de distribución desde vender
carros a vender frutas."
Los que apoyan la ley de Justicia y Paz podrán argumentar que se basa en los
principios más elevados a disposición de los seres humanos. El camino a la paz,
podría argüirse, se basa en un perdón divino e incondicional, que ve el castigo
como algo fútil en última instancia. Podría invocarse la declaración de Gandhi
sobre la venganza, que cuestiona la sabiduría de adoptar conductas que se
identifican con la conducta del malhechor: "Ojo por ojo convierte a todo el
mundo en ciego". Incluso los caprichos de la garantía de reparaciones podrían
ser considerados como la admisión de otra futilidad, esa compensación jamás
podrá resarcir todo lo perdido, y por ello, jamás podrá constituir un remedio
genuino. Pero el problema sigue existiendo; las voces de las víctimas no son el
tema central, están ocultas en la periferia. Las voces de los culpables también
están ocultas. Este tapujo encubierto y la bifurcación de la experiencia
legítima llevaron a otro orador a invocar un dicho del filósofo y poeta nacido
en España, Jorge Santayana: "Los que no comprenden la historia están condenados
a repetirla".
El congresista Petro esbozó una historia que nos condujo a la crisis actual: "En
Colombia la maquinaria de la muerte tiene raíces históricas. A través de la
historia de este país, los criminales nunca han sido sentenciados o condenados.
El siglo XIX fue un siglo de impunidad. Los criminales mataron a los líderes del
ejército de Bolívar, el joven y prometedor Antonio José de Sucre entre ellos.
José Maria Córdoba fue asesinado. En el siglo XX Jorge Eliécer Gaitán y Quintín
Lame también fueron asesinados. Durante los años treinta y cuarenta líderes
campesinos fueron asesinados por terratenientes. Las elecciones de 1970 fueron
robadas. Miles de colombianos fueron asesinados durante los años sesenta,
setenta y ochenta.
"Tenemos esta maquinaria de muerte sobre nosotros –el policía, el soldado, los
terratenientes ignorantes, los asesinos de los vecindarios. Pero no es solamente
el hombre que asusta, el psicópata. Esta maquinaria se reproduce desde los
niveles más altos del poder en Colombia. La maquinaria de la muerte esta en el
poder haciendo las leyes de hoy. Las muertes son dirigidas por esos en el poder,
planeada por esos en el poder.
"En Argentina, Chile, Alemania, España, Guatemala y África del Sur enfrentaron
maquinarias de la muerte similares a la que confrontamos en Colombia. La verdad
y la justicia finalmente aparecen una vez que los líderes son removidos del
poder. Somos un caso diferente porque estamos luchando ahora mientras ellos
están todavía en el poder. No hay ruptura. Están en el poder y cada vez más
fuertes.
"Denunciemos la impunidad. La impunidad es un trabajo sistemático para dividir y
ocultar el proceso social y político de la izquierda. Para fragmentar la verdad.
Estará escondida y perdida hasta que ya no haya culpables. Pero esta maquinaria
se caerá como una casa de naipes. Es una especie de tigre de papel. No es tan
poderosa como ella se cree."
Pero las máquinas están equipadas de motores, y el botón de contacto para
Colombia se encuentra en Estados Unidos.
En los años cincuenta, cuando el recién creado Banco Mundial estaba investigando
como integrar más estrechamente a los países subdesarrollados en una economía
mundial dominada por grandes corporaciones, EE.UU. envió al reputado economista
Albert O. Hirschman a supervisar la liberalización en Colombia, donde vivió
varios años. Aunque difícilmente se le podrá describir como progresista, sino
más bien en cierto modo como humanista, dio a entender en sus memorias que pensó
que iniciaría negociaciones en un plano de igualdad con colombianos. Dijo que
"quería conocer lo más posible sobre la economía colombiana… con la esperanza de
contribuir marginalmente a la mejora de la formulación de políticas". Más
adelante se quejó: "Un aspecto del asunto me causó un especial desasosiego. La
tarea era supuestamente crucial para el desarrollo de Colombia, pero no se
encontró a ningún colombiano que tuviera la menor idea sobre cómo lograrlo. Ese
conocimiento se encontraba sólo en manos de unos pocos expertos extranjeros".
Al llegar los años setenta, las grietas del sistema capitalista tardío en EE.UU.
se hicieron más visibles que nunca. Después de la caída de la tasa de
beneficios, que fue llamada "el compromiso keynesiano" del capitalismo, el
elemento que respetaba el estado de bienestar, se deterioró. La economía de
EE.UU. entró en lo que fue llamado una "crisis estructural". El neoliberalismo
fue introducido en el país, rápidamente ratificado en el Reino Unido, y
gradualmente exportado a países que no se encontraban en el centro del poder.
Los países poderosos en el centro, con EE.UU. a la cabeza, se apropian a precios
de remate de los recursos naturales de la agricultura, la minería y la energía
que no se encuentran en el centro; explotan su mano de obra barata, y drenan
flujos de intereses de sus elevadísimas deudas. Además, tiene lugar la
apropiación paulatina de industrias enteras como las telecomunicaciones, también
a precios de ganga. La riqueza de las mayores facciones de la clase
gobernante de los países poderosos fue reestablecida por esos mecanismos después
del contratiempo de la "crisis estructural". Aunque las condiciones originales,
las grietas, fueron efectivamente ocultadas a los ojos de esas facciones
superiores, la población del resto de EE.UU. y del mundo, cayó en un crecimiento
lento, estancado o decadente, en el desempleo y en una desigualdad más
polarizada. Esto provocó consecuencias con las que no habían contado en las
planillas de los economistas: desarticulación social, individualismo nihilista,
xenofobia, relaciones inter-personales resquebrajadas, adicción a la droga,
depresión, y en el caso de Colombia, una drástica pérdida de vidas humanas.
¿Cómo se logró este restablecimiento de la riqueza a costas del mundo? El U.S.
Journal of World Affairs señala: "En realidad, los escuadrones de la muerte
son un instrumento extremadamente efectivo, por abominable que sea, en el
combate contra terroristas y desafíos revolucionarios". ¿Cuáles son esos
desafíos y a través de qué medios fueron combatidos tan efectivamente? El
Salvador y Argentina son elogiados como ejemplos de su funcionamiento. Casi la
mitad de las 40.000 víctimas en El Salvador fueron asesinadas por escuadrones de
la muerte, y en Argentina: "De las más de 15.000 víctimas… casi todas fueron
izquierdistas o parientes de activistas de izquierda". El jefe de Guerra
Psicológica de EE.UU., el general Robert McClure, hablando del terror táctico,
dijo: "Reconozco plenamente que nuestras tropas deben adoptar una actitud dura
de asesinos implacables, si van no sólo a sobrevivir, sino a ganar estas
batallas"... Agregó: "Me pregunto, sin embargo, si ese adoctrinamiento que,
repito, es muy necesario, tiene que ser ampliamente publicado en la prensa y
transmitido a nuestros enemigos".
¿Están condenados a repetirla los que no comprenden la historia? O, vale en
cierto sentido lo contrario: ¿son reforzados los que la comprenden, pero sufren
una especie de programación previa, a través de una mayor instrucción para que
aseguren esa repetición? En cuanto a la reacción oficial de que, por la
presencia y apoyo generalizados con que cuenta la guerrilla, existe una cierta
legitimación para la elevada cantidad de asesinatos de la población colombiana,
consideremos un ejemplo anterior y concomitante.
En un informe al Congreso sobre la infame Operación Phoenix en Vietnam, un país
comparado a menudo con Colombia, un ex agente de la CIA dijo: "Nunca se
estableció de manera razonable el que algunos de esos individuos estaban, en
realidad, cooperando con el Vietcong [comunista], pero todos murieron y la
mayoría fueron o torturados hasta la muerte o… arrojados desde helicópteros". En
un caso, 504 sudvietnamitas fueron asesinados en la pequeña aldea de la
provincia Quang Ngai, llamada My Lai. Los soldados acusados afirmaron que habían
recibido "inteligencia" diciendo que los únicos que estarían en la aldea el día
del ataque serían "guerrilleros incondicionales del Vietcong", a pesar de que
los cadáveres hinchados y putrefactos eran casi todos de mujeres, la mayoría
violadas, junto con niños y ancianos.
En Irak, en la operación Choque y Pavor, EE.UU. detuvo a 12.800 personas
sospechosas de apoyo a la insurgencia. También se ha informado, lo que ahora
contribuye a la afirmación de que el gobierno de EE.UU. mintió sobre sus razones
para invadir Irak, que los soldados capturaron a mujeres, niños y, por el crimen
de tener una cierta edad, a hombres civiles directamente desde sus hogares, y a
beduinos mientras pastaban sus ovejas.
Para evitar las protestas populares contra la guerra en los años sesenta, así
como para poner los gastos militares en un contexto estratégico, en 1970, el
Mensaje de Guam, que en otro acto de cambio de nombre fue rebautizado como
Doctrina Nixon, fue promocionado por la Casa Blanca como "un cambio importante
en la política extranjera de EE.UU.". En un informe al Congreso, Nixon describió
este cambio: "En casos que involucran otros tipos de agresión, proveeremos ayuda
militar y económica cuando sea solicitada y tal como sea adecuado. Pero
esperaremos que la nación directamente amenazada asuma la responsabilidad
principal de suministrar el personal para su defensa". Como decía el Mensaje de
Guam, rebautizado como Doctrina Nixon: La lucha por el poder en Colombia es
financiada mediante la extracción de impuestos de los salarios de ciudadanos de
EE.UU. no-informados en su mayor parte, y es avalado mediante entrenamiento y
adoctrinamiento en instituciones militares de EE.UU. como la ahora infame
Escuela de las Américas, rebautizada como Instituto para la Cooperación
Hemisférica.
En cuanto al personal para la defensa de Colombia, criminales de guerra
paramilitares son los protectores de la libertad. Bajo la mirada de los autores
en las altas esferas, estos hombres que han lanzado a seres humanos vivos a
pozos con caimanes, que han desmembrado y decapitado a niños con motosierras,
que han destripado a jóvenes sobre capós de camiones y comido sus hígados para
provocar a detenidos que observaban, serán los mismos que, después de su
"contribución al logro de la paz nacional", y su "colaboración con la justicia",
determinarán la dirección de la ley y operarán en un mecanismo tan banal,
venderán de todo, de coches a frutas.
Al terminar los testimonios, el autor jesuita Javier Giraldo dijo: "La
estructura ética del sistema judicial colapso a cero. No podemos mirar al árbol
corrupto y esperar a que produzca fruta buena. No podemos reconstruir el sistema
judicial, debemos mirar por fuera de este sistema. Al final, invito a todos los
presentes a creer en nosotros mismos y a valorar las historias de las víctimas".
Una víctima campesina tomó dos jarras de agua del panel de los oradores. Vació
lenta y dramáticamente el agua de una a la otra hasta que llegó al borde, y la
alzó para que todos la vieran. "Nuestros corazones rebalsan", dijo. Otra víctima
lanzó una pelota de cordel a la audiencia y pidió que la persona que la
recibiera diera el nombre de un pariente desaparecido, o contara su historia de
abusos. Esa persona debía volver a lanzarla, y el siguiente en recibirla también
tenía que dar un nombre. Esto se repitió hasta que toda la audiencia quedó
conectada por una red de cordel.
¿Están condenados a repetir la historia los que no la comprenden? El congresista
Petro nos recordó: "En Argentina, Chile, Alemania, España, Guatemala y África
del Sur enfrentaron maquinarias de la muerte similares a la que confrontamos en
Colombia. La verdad y la justicia finalmente aparecen una vez que los líderes
son removidos del poder. "Somos un caso diferente porque estamos luchando ahora
mientras ellos están todavía en el poder. No hay ruptura. Están en el poder y
cada vez más fuertes.
"Denunciemos la impunidad. La impunidad es un trabajo sistemático para dividir y
ocultar el proceso social y político de la izquierda. Para fragmentar la verdad.
Estará escondida y perdida hasta que ya no haya culpables. Pero esta maquinaria
se caerá como una casa de naipes. Es una especie de tigre de papel. No es tan
poderosa como ella se cree."
Aunque la recién ratificada y rebautizada ley de Justicia y Paz nos pide que
miremos hacia delante en lugar de hacia atrás, nada viene a la mente más que la
danza de los Kankuamo.
"Nunca ha estado tan oscuro", terminó Petro con una señal de reconocimiento,
"como saben los campesinos. Es porque se acerca el amanecer..." Bibliografía:
Colombian Commission of Jurists, tres informes sobre Justicia y Paz.
Gerard Dumenil and Dominique Levy, "The Neoliberal (Counter-) Revolution"
Juan Forero, "U.S. Threat is a Blow to Colombia’s East Terms for Death Squads,"
NY Times, July 7, 2005
Michael McClintock, Instruments of Statecraft
Kim Moody, Workers in a Lean World
Bruce Rich, "World Bank/IMF: 50 Years is Enough"
(A pedido se podrán obtener notas completas)
Patricia Dahl es escritora y Coordinadora de la Red de Apoyo a Colombia, sección
de la ciudad de Nueva York. Fue panelista internacional en el II Encuentro
Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos
Humanos.
