Latinoamérica

     La instalación de una base militar de Estados Unidos en Paraguay es una amenaza para la región y Bolivia en particular, denunciaron hoy aquí un parlamentario de izquierda, un experto en temas castrenses y un activista humanitario.
      Las reacciones del diputado Santos Ramírez, el analista militar Juan Ramón Quintana, y el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, contrastaron con la indiferencia y conformidad del gobierno ante la instalación de la base.
      Ramírez, del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo a Prensa Latina que cualquier asentamiento bélico estadounidense en un país latinoamericano es una amenaza para la soberanía, la democracia y la vigencia de los derechos humanos en toda la región.
      Tras llamar a pueblos y gobiernos a defender esos derechos, el legislador señaló que el despliegue del poderío bélico de Washington es favorecido por acuerdos de inmunidad para tropas norteamericanas.
      Ratificó al rechazo del MAS a un pacto de ese tipo, firmado en 2003 por el entonces vigente régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia y cuya ratificación en la cámara de diputados es impedida por un gran rechazo ciudadano.
      Señaló que la base establecida en Paraguay amenaza la soberanía boliviana -se ubica en una región cercana a este país- y evidencia que el poderío militar norteamericano se pone al servicio de las transnacionales petroleras para amedrentar al país andino.
      Se refirió así a las presiones externas contra una ley de hidrocarburos, de carácter reformista, aprobada en mayo pasado y contra las demandas sociales de nacionalizar esos recursos.
      Por su parte, Quintana, ex oficial del ejército y analista militar, señaló que la base instalada en Paraguay forma parte de la estrategia norteamericana de establecerse en regiones ricas en recursos energéticos.
      Debiera preocuparnos esta presencia próxima, que pretende obligar a los movimientos sociales a aplacar sus demandas en asuntos relacionados con la defensa de los recursos naturales, sentenció Quintana.
      Sin embargo, la Cancillería boliviana declinó cualquier comentario y sostuvo que la base no afecta la seguridad del país y es un asunto que compete a Paraguay.
      El jefe de las Fuerzas Armadas, Marco Justiniano, y el ministro de Defensa, Gustavo Avila, se negaron a comentar la instalación militar y alegaron no estar informados.
      El diputado Willman Cardozo, de la región petrolera de Chaco, cercana a la frontera con Paraguay, dijo que el gobierno debe pedir explicaciones al país vecino sobre la base norteamericana, con capacidad para 16.000 soldados.
      Llorenti apuntó que la administración del presidente Eduardo Rodríguez debe pronunciarse, porque la instalación bélica afecta a Bolivia y a toda la región.
      Creemos que la militarización de América Latina es una amenaza a la vigencia de los derechos humanos y conlleva medidas contra la soberanía y la dignidad de los pueblos del área, señaló.
      El activista humanitario manifestó su rechazo a acciones en las que se imponen el poderío militar norteamericano y la subordinación a este de gobiernos como el paraguayo.