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Paraguay negó hoy insistentes rumores sobre la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en su territorio en coincidencia con el arribo de medio millar de soldados norteamericanos para maniobras conjuntas. En una nota del Ministerio de Defensa y la cancillería paraguayos se rechaza la versión tomada con preocupación por Bolivia, Argentina y Brasil esta semana ante la llegada de los uniformados del país del Norte y en medio de un debate sobre la inmunidad otorgada por el Congreso a esos efectivos.
            El comunicado dijo que Paraguay "no suscribió acuerdo alguno con Estados Unidos para el establecimiento de una base militar norteamericana en el territorio de la República". La nota agregó que el país tampoco firmó acuerdos que impliquen ninguna excepción a la jurisdicción establecida en el Estatuto de Roma, que actúa sobre crímenes de lesa humanidad.
            El Congreso paraguayo autorizó a finales de junio el ingreso y libre tránsito de los marines hasta diciembre de 2006 y les otorgó un trato similar al de los funcionarios diplomáticos administrativos. Las tropas estadounidenses también tienen permitido movilizar armas y medicamentos en toda la nación conosureña.
            Por las concesiones otorgadas a esas tropas -que pueden actuar libremente dentro del territorio-, no es difícil suponer que Washington consiguió finalmente colocar un peón adelantado de cara a la Triple Frontera, y muy cercano a gobiernos que le molestan. El sitio escogido sería el aeropuerto semiclandestino que existe desde hace algunos años en el Chaco paraguayo, con posibilidades para albergar hasta 16 mil militares, aterrizar aviones B-52 y Galaxy, y desembarcar material bélico pesado. La pista, de tres mil 800 metros de largo -suficientes para misiones de ese tipo-, está situada en Mariscal Estigarribia, a unos 200 kilómetros de la frontera con Bolivia.
            Allí irían a parar los contingentes militares, cuya entrada aprobó el Congreso Nacional justo cuando el embajador estadounidense, Francis Keane, anunció una asistencia financiera para fortalecer la lucha contra la corrupción, lavado de dinero y terrorismo. Los soldados norteamericanos poseen ahora las mismas prerrogativas de un funcionario diplomático, no tienen que responder por los daños que causen a la salud o al medio ambiente, ni tampoco a los recursos de la población.
            Los privilegios (que tanto Brasil como Argentina se negaron a otorgar) incluyen la liberación aduanera y la exención de inspecciones e impuestos para los productos y propiedades. Con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogables automáticamente, las franquicias incluyen el reconocimiento de las matrículas médicas y las licencias de conducción de vehículos que traigan de su país.
            Algunas organizaciones advirtieron que la presencia estadounidense en Paraguay tendría como objetivo controlar las reservas energéticas de Bolivia y la zona denominada Triple Frontera, limítrofe con Brasil y Argentina, donde Estados Unidos sospecha que se financian actividades terroristas.
            La aclaración se hizo pública el mismo día en que legisladores de Brasil y Bolivia manifestaron preocupación por el posible establecimiento de una base estadounidense en un alejado poblado en el noroeste del país. En el lugar existe actualmente un cuartel de las Fuerzas Armadas paraguayas.