La opinión presidencial habilita el inicio de dos investigaciones sobre asesinatos, uno, el de Roberto Luzardo, cometido días antes de la disolución del Parlamento en junio de 1973 -fecha de inicio para la aplicación de la ley de caducidad-, y otro, el de la estudiante Nibia Sabalsagaray, ocurrido en junio de 1974, pero en el que participaron elementos civiles que no se benefician de la ley. A estos dos casos se suman las instancias judiciales por los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la reapertura del archivado "caso Gelman".
El pronunciamiento presidencial también jerarquizó otras dos iniciativas, referidas a crímenes cometidos antes del golpe de Estado: los asesinatos de Luis Martirena e Ivette Giménez, ocurridos el 14 de abril de 1972; y la desaparición de Héctor Castagneto, el estudiante víctima del Escuadrón de la Muerte que fue secuestrado en agosto de 1971 (véase nota en página 4). Y es posible que el nuevo criterio impulse otras denuncias que podrían ser investigadas, de casos ocurridos antes de 1973, además de otros de los cuales las Fuerzas Armadas no se hicieron responsables, como el de los cinco militantes del MLN cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados en las cercanías de Soca, en diciembre de 1974, en un procedimiento tan deleznable como los asesinatos de Rosario Barredo y William Withelow: si éstos fueron ejecutados a los efectos de sostener la acusación de que Michelini y Gutiérrez Ruiz eran tupamaros (lo que al parecer justificaba el crimen), aquellas víctimas de Soca fueron ultimadas para reforzar la falsa afirmación de que el coronel Ramón Trabal había sido muerto en París por el MLN, con lo que se encubría la autoría militar de aquel ajuste de cuentas.
La nueva dinámica sobre los derechos humanos adquiere otra trascendencia política, porque sobreviene cuando, una vez más, ciertas expectativas originadas en el seno de las Fuerzas Armadas quedan en nada. El comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, había promovido una investigación interna para facilitar al gobierno la información sobre el destino de los cuerpos que fueron enterrados y después exhumados en el Batallón 13. Quizás a la espera de esa información, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, retuvo la información sobre la aparición de un conjunto de huesos hallados en los predios del cuartel por el equipo de científicos que relevan el terreno. El hallazgo fue inesperado y provocó inquietud en la oficialidad, que apostaba a que los científicos no iban a encontrar nada en sus excavaciones, con lo que la resolución del misterio dependería de lo que resultara de la "investigación" militar. Algo de eso señaló el inefable Carlos Ramela, representante del gobierno de Batlle en la Comisión para la Paz, al afirmar que no tenía sentido excavar en el Batallón 13, un concepto que ya había adelantado el propio Fernández en un artículo publicado en BRECHA en marzo de 1997: "Remover tumbas por los cuarteles es una utopía jurídica (.) enrarece el clima y obstruye una salida política".
Ahora, después de que trasciende que los mandos militares encuentran inexplicables dificultades para obtener la información a causa de la poca colaboración de quienes guardan los secretos (algo poco creíble si se descuenta que los mandos deben haber dictado órdenes al respecto, y las órdenes, soldado, se cumplen), la documentación sobre los huesos y la actuación de los científicos fue finalmente entregada al juez Juan Carlos Fernández Lechini, en cuyo juzgado está radicado el expediente sobre la desaparición de Elena Quinteros que dio lugar a la indagación sobre el cementerio clandestino en el Batallón 13. Después de pasados 46 días del hallazgo de los huesos, se sabe que no existe aún un dictamen oficial sobre si son de origen humano o animal. El perito del Instituto Técnico Forense Mario Echenique señaló, según información de El Observador, "que no pudo determinar si son humanos y afirmó que es necesario aplicar otras técnicas para llegar a un resultado concluyente". Sugestiva incapacidad: en el propio Instituto Técnico Forense y en la Facultad de Ciencias se afirmó que el examen es de fácil realización y que no requiere técnicas sofisticadas. Otra cosa es el estudio del ADN, asunto más complejo desde el punto de vista técnico, y más delicado desde el punto de vista político, porque esos huesos pueden esconder la identidad de alguien que no integra la lista de las 26 desapariciones "resueltas" por la Comisión para la Paz, y que por lo tanto no debería "aparecer" en el Batallón 13 para complicar la historia oficial según el guión dictado por Jorge Batlle.
LAS DERIVACIONES DEL VUELCO.
Cualquiera sea la razón de esa "desaparición" de los huesos durante un mes y medio (en su momento se dijo que fueron enviados al exterior para su análisis), todo el escenario sufrió un vuelco con la determinación presidencial: los huesos recalaron finalmente en el juzgado, que aparentemente retomaría la conducción de las investigaciones, mientras otros magistrados avanzan con sus respectivas actuaciones. No es menor el hecho de que el coronel retirado Carlos Calcagno haya concurrido, sin que se produjeran problemas, al despacho del juez Rolando Vomero para declarar sobre las circunstancias de los asesinatos de la calle Amazonas, en abril de 1972. Calcagno, un oficial involucrado en la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, en Paraguay, en 1977, estuvo presente cuando el comisario Hugo Campos Hermida asesinó a sangre fría a Ivette Giménez y Luis Martirena, después de que éstos habían sido detenidos en el interior de su casa de Malvín; Calcagno no está involucrado directamente en esos asesinatos, pero su testimonio puede ser decisivo para desmontar la historia de que el matrimonio murió durante un enfrentamiento.
Vomero también investigará la desaparición de Castagneto, un caso en el que no se aplica la ley de caducidad por haber ocurrido antes del golpe de Estado y que puede desembocar en el procesamiento de sus responsables, porque la desaparición forzada es un delito continuado. En cambio, la apertura de las otras dos investigaciones, la de los asesinatos de Luzardo y Sabalsagaray, plantean algunos problemas jurídicos que seguramente explotarán los abogados defensores. Tratándose de asesinatos, el plazo para el castigo, es decir la prescripción, se completó el 1 de marzo último, exactamente el día en que Vázquez anunciaba su nueva política de derechos humanos. Descontados los años de dictadura, en que no existían garantías para el ejercicio de la justicia, el 1 de marzo de 2005 se cumplieron los 20 años que facilitan la prescripción. Los magistrados deberán decidir, entonces, dos cuestiones: una, la obligación de investigar, determinar los hechos y las responsabilidades, antes de proclamar la prescripción del castigo (porque primero hay que demostrar el crimen y fundamentar la culpabilidad de los implicados); y dos, la responsabilidad de resolver un conflicto que se viene dilatando y que se refiere a la aplicación de las normas internacionales convalidadas por el Estado uruguayo; se trata de definir estos delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado como crímenes de lesa humanidad y, como tales, imprescriptibles e inamnistiables.
Sería una forma de compensar el silencio y la inacción que la justicia evidenció durante estos 20 años de democracia.
En el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, que el presidente Vázquez se apresta a declarar fuera del alcance de la ley de caducidad, se instalará seguramente otro contencioso, porque el fiscal de la causa, Enrique Moller, ya ha adelantado que mantendrá su opinión inicial en el sentido de que el caso está amparado por la caducidad. Así se entablaría una paradoja, puesto que el Estado, en la opinión del presidente de la República, sostiene lo contrario que el fiscal. Moller, un magistrado que se arrogó el derecho de interpretar el espíritu de los legisladores a efectos de ampliar la caducidad más allá del texto de la ley, se ha revelado, en el episodio de la desaparición de María Claudia y el secuestro de su hija María Macarena, como un incondicional protector del ex presidente Batlle. El ex mandatario había confesado al senador Rafael Michelini que sabía que el asesino de María Claudia era el coracero retirado Ricardo Medina Blanco. Ese conocimiento podía concretarse en complicidad si el presidente no denunciaba a Medina, tal como era su obligación en su carácter de funcionario público.
Para evitarle problemas, Moller se adelantó a proclamar la caducidad para el caso Gelman.
Pero el juez de la causa, Gustavo Mirabal, reclamó un pronunciamiento expreso del presidente. Batlle se "autocaducó" y ordenó archivar el expediente. Ahora, su sucesor estima que el caso Gelman no está amparado por la caducidad, y el abogado del poeta Juan Gelman ha reclamado la reapertura de las investigaciones, con lo que la posición de Batlle retrocede algunas casillas. José Luis González González ha anunciado que si el juez ordena la reapertura del caso, entonces Batlle será uno de los primeros citados a declarar. También pasarán por el juzgado muchos de los componentes de la banda de comandos del Cóndor que perpetraron casi todos los crímenes de lesa humanidad, en Uruguay, en Argentina y en Paraguay contra prisioneros uruguayos.
Frente a estas expectativas, la "incapacidad" de los mandos para averiguar qué pasó con los desaparecidos y la "ofensiva" de investigación en los juzgados a partir del pronunciamiento del presidente, reaparecieron -cuándo no- los "planteos" militares. Particularmente el viceministro de Defensa, José Bayardi, fue interpelado en términos duros durante una conferencia que dictó el miércoles 15 para oficiales retirados en el Centro de Estudios Académicos. Los "reproches" de los oficiales por la pervivencia de concepciones marxistas en sectores del gobierno y la presencia de tupamaros en el elenco oficial secundaron los trascendidos sobre la "preocupación" en filas castrenses (según Búsqueda de ayer, jueves, el general Bertolotti anunció que el Ejército evalúa replantear su relación con el gobierno ante "un cambio de escenario" en materia de derechos humanos).
Ambos recursos ya han perdido su fuerza, por la reiteración a lo largo de las décadas, y porque ahora tales maniobras no cuentan con presidentes dispuestos a amplificar las "preocupaciones" que aluden a los peligros de "volver a los tiempos oscuros", un recurso predilecto de Julio María Sanguinetti para alimentar el temor en la población. Los vientos soplan desde otro cuadrante; son vientos de renovación y cambio los que impulsan la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final ordenada por la Suprema Corte de Justicia argentina, y que promovió adhesiones incondicionales del comandante en jefe del Ejército, general Roberto Bendini, quien interpretó el fallo como fundamental para conocer la verdad y obtener el reencuentro social. Más todavía: reclamó la anulación de los indultos concedidos por Carlos Menem porque, a su juicio, podría ocurrir la injusticia de que fueran castigados los oficiales que actuaron pero no los mandos que ordenaron (véase página 37). La responsabilidad de los mandos: otra puerta por abrir para ventilar la impunidad detrás de la caducidad. La ley perdona a quienes ejecutaron las órdenes, pero no dice nada de quienes las dieron. Reclamar la responsabilidad de los mandos sería una forma de adecuarse a los tiempos.