164 nuevos casos de niños victimas de prisión política y tortura    

  El gobierno hace oídos sordos    

El Mostrador

  La vocera de la agrupación de ex menores de edad víctimas de prisión política y torturas, Ana Cortés, anunció la aparición de nuevos casos de niños que sufrieron violaciones a los DDHH durante el régimen militar, por lo que interpondrá un recurso de protección para reabrir el informe Valech e incluir las nuevas víctimas.
 La vocera de la agrupación de ex menores de edad víctimas de presión política y torturas, Ana Cortés señaló que entre diciembre de 2004 y marzo de 2005 su organización logró reconocer 164 nuevos casos de violación de los derechos humanos de menores de edad, por lo que exige la reapertura del informe Valech, que fue cerrado el año pasado. Así lo informó hoy día Radio Bío - Bío. Ana Cortés pide que el informe incluya los antecedentes recopilados, que se suman a los que recogió la comisión. Es decir, que 102 personas que durante el régimen militar eran menores de edad sufrieron detenciones y torturas.
 "Para que haya un mínimo de verdad y podamos avanzas sobre lo que realmente sucedió en esa época, sobre todo con una población tan vulnerable como son los niños y niñas, es importante que la comisión se reabra", pidió la vocera. Agregó que entre los nuevos casos está el de un menor de un año y medio que fue secuestrado durante 20 días por la CNI y el de una niña de 5 años que estuvo presa en una cárcel de la Serena durante seis meses. Cortés anunció que el lunes la agrupación presentará un recurso de protección con el objeto de que las personas que quedaron fuera del informe Valech puedan ser incluidas.
 

88 menores victimas de prision politica y tortura     

 Durante la dictadura recurren a la CIDH

Luis Narváez

La Nación

 Los jóvenes que fueron excluidos del segundo informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que el Estado responda por los perjuicios que sufrieron en dictadura. El equipo jurídico que trabaja con 88 personas que están en esa condición y que no fueron incluidas en el documento que fue entregado esta semana al Primer Mandatario, ya presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Presidente Lagos. Sin embargo, el tribunal de alzada capitalino lo declaró inadmisible el miércoles, rechazando su tramitación.
 El equipo jurídico que está asesorando a los miembros de la Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, ya calculaba que ésa sería la decisión de los tribunales chilenos. Por ello en los últimos días se encuentran recopilando toda la información con las personas que exigen que sean reconocidas en esa condición para recurrir a la CIDH. El abogado Hugo Gutiérrez señaló ayer que "era de esperarse que la corte resolviera esto y por eso es que hemos decidido recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma de que esta instancia, que vela por la aplicación de todos los tratados internacionales sobre esta materia, exija al Estado chileno que los reconozca como víctimas".
 El profesional estimó erróneo el criterio para seleccionar a las víctimas que declararon ante la comisión. "Cómo iban a saber de ellos si los padres no los mencionaron por miedo o porque los testigos de sus detenciones fueron asesinados o están desaparecidos", dijo Gutiérrez. De hecho, en los últimos días, un total de 10 personas han concurrido a la organización porque sus testimonios quedaron fuera del informe  Valech.
 Según los antecedentes que constan en el segundo documento oficial de la comisión, de las mil 200 personas incluidas como víctimas de prisiones ilegales o torturas, 86 eran menores de 12 años al momento de ser detenidas.
La decisión de recurrir a la CIDH también se fundamenta en que el propio Presidente Lagos, al conocer el contenido del documento, anunció que quienes no fueron recalificados en este nuevo plazo otorgado a la Comisión de Prisión Política y Tortura, que preside el obispo emérito de Santiago Sergio Valech, ya no podrán acceder a los beneficios de la ley.