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Bolivia: Star wars a la boliviana
Adalid Contreras Baspineiro
Cuando la búsqueda de paz es siniestrada con argumentos de guerra
Mientras las salas de cine estrenan con rutilante éxito la última versión de La
Guerra de las Galaxias, las columnas de opinión sobre la crisis política que
está viviendo Bolivia y las formas de actuación de algunos actores en ella,
tienden a (des)calificarla identificándola como una sui géneris star wars.
Un grupo de actores externos se mueve en el marco de la paranoia pintando una
imagen de Bolivia parecida a la de un polvorín. No se puede entender de otra
manera el anuncio que hace el Ministro de Defensa de la Argentina comunicando
que tiene listos aviones para evacuar a su conciudadanos una vez que empiece a
arder el volcán altiplánico. Parecida connotación tiene el "estado de alerta
amarilla" del Departamento de Estado de los Estados Unidos por el "potencial
estado de desórdenes" y avecinamiento de "manifestaciones en gran escala" en
tierra boliviana, por lo que recomienda a sus ciudadanos residentes "mantenerse
vigilantes".
Algunos actores internos se mueven en el plano de la estupidez y dan lugar a las
paranoias. Por una parte, recordando tiempos que es mejor mantenerlos en el
olvido, aparecen dos defenestrados militares en afanes golpistas que tienen los
visos de un automontaje mal escenificado y que no parece tener más destino que
debilitar los movimientos sociales. En dudosa y paradójica coincidencia, el
aventurerismo de Jaime Solares, líder de la Central Obrera Bolivia convoca -por
cuenta y riesgo propio contra el criterio de sus organizaciones asociadas- a la
conformación de un gobierno civil–militar patriótico.
Como poniéndole la cereza a la torta, el Ministro de la Presidencia de Bolivia
con su indisimulado rictus de soberbia y sus ya habituales declaraciones que
hacen del chisme de café política de gobierno, pretende sembrar la duda sobre la
legitimidad de las organizaciones manifestantes, a las que acusa de estar
pagadas, pero no se molesta en fundamentar quiénes, por quiénes, para qué y con
cuánto.
Los movimientos sociales, simbolizados en cacerolas vacías, piedras, detonantes
de dinamita, marchas, huelgas de hambre, coraje, ira y bronca que han decidido
dejar de estar contenidos en sus comunidades indígenas y campamentos mineros
para llenar multitudinariamente las calles de la ciudad de La Paz, a momentos
derivan en excesos porque no están sabiendo crear solidaridades con la
ciudadanía paceña, y porque han sido puestos en la vorágine de una maniquea
rutina en la que se rodea la Plaza Murillo, donde están vacíos de sus
autoridades los palacios de Gobierno y Legislativo, y a la que no logran acceder
porque no pueden salvar la muralla policial. Si lo lograran, ¿de qué serviría si
no tendrían allí interlocutores oficiales?
Algunos analistas ganados por la comodidad de ubicarse en el centro así como los
medios que espectacularizan la vida, han sobredimensionado este ambiente de
interpretaciones guerreristas alimentando un miedo ciudadano hacia los
manifestantes, a los que se los pinta como invasores de la rutina urbana. Pero
lo que casi nadie dice es que si bien las rebeliones tensionan las relaciones
habituales de la normalidad liberal, o que están hechas de alteridades y
confrontaciones, en este país amante de la paz y de la democracia, pareciera no
existir otra salida que la protesta como correctivo para la ineficacia de los
poderes del Estado.
El Presidente Carlos D. Mesa que se ufana en destacar que no ha hecho ni hará
uso de la violencia para reprimir las manifestaciones, olvida asumir y decir que
más eficiente sería no provocarla, además de admitir que hay una brutal
represión policial en las calles y que los militares que se parapetaron en el
Palacio de Gobierno están armados hasta los dientes. Abriéndose al menos al
diálogo que podría evitar todos estos eventos, la fórmula gubernamental tiene
que entender que la paz no es sólo ausencia de violencia sino también
manifestación de justicia.
La tolerante elasticidad de la democracia boliviana
En situaciones como las que vivimos en Bolivia ya no caben motivos para el
engaño y hay que reinventar los motivos para la ilusión en democracia. No caben
más motivos para el engaño cuando los gobiernos de democracias secuestradas por
las recetas liberales no están a la altura del desafío de la construcción de
regímenes y sistemas verdaderamente democráticos. Y hay que saber reinventar la
ilusión incluyendo en las políticas de Estado las propuestas que se contienen en
los descontentos.
¿Democracias secuestradas?, ¿regímenes y sistemas verdaderamente democráticos?,
¿es que acaso la democracia no es sólo una y no debería prestarse a
interpretaciones variopintas y multidimensionales?, ¿la práctica de la
democracia recuerda que la teoría de la democracia la define como el sistema
social en el que el individuo, por su sola calidad de persona humana, participa
en los asuntos de la comunidad y ejerce en ellos la dirección que
proporcionalmente le corresponde?, ¿está la práctica política recordando que la
democracia política es el gobierno del pueblo fundado en la participación libre
e igualitaria, a veces directa y otras representada pero siempre en el sentido
del gobierno de todos?
La respuesta a estas preguntas, deja al descubierto que en las historias de la
liberalización todo vale en nombre de la democracia, todo vale porque uno de sus
factores inherentes es la elasticidad conceptual y práctica que hace que los
sistemas democráticos se pinten ilimitados en sus alcances y metas, en sus
tolerancias y permisividades, y también en sus desgarros y deterioros.
La elasticidad de la democracia en sus alcances y metas, se expresa por ejemplo
en el tratamiento del concepto de ciudadanía que consiste en la exigibilidad y
ejercicio de los derechos civiles y políticos y también de los derechos
económicos, sociales y culturales, por lo que la ciudadanía en democracia es (o
debería ser) civil, política y social. La teoría así planteada es profunda en su
formulación, pero corta y angosta en su aplicación, como en el caso boliviano
donde se apunta con resignación a que el sólo hecho de no vivir en dictadura
(equivalente a vivir en democracia) debe ser apreciado como una categoría de
felicidad. Así, la noción de la democracia se convierte en un chantaje atado a
los miedos tan gigantes de las clases medias como a la inversa enanas son sus
utopías, y que le restan legitimidad a la construcción de sociedades con calidad
de vida digna como un derecho ciudadano.
Por su parte, y para decirlo en términos informáticos, la dimensión de las
tolerancias y permisividades que se practican en nombre de la democracia, la
afectan al extremo de desconfigurarla. Es así que a título de democracia
representativa y del reinado de la partidocracia, los regímenes democráticos
soportan gobiernos y legislaturas marcados por la corrupción, por el nepotismo
o, a la boliviana, por el cuateo y la tecnocracia que naturaliza el manejo de
políticas liberales que, a nombre de la gobernabilidad atentan contra los
principios democráticos de la justicia, de la libertad y de la igualdad, los
mismos que se proclaman como obligaciones pero se niegan como derechos.
A su vez, los desgarros y deterioros se explican en el secuestro que el
neoliberalismo ha hecho de la democracia sobreponiendo la lógica del mercado a
la del Estado. Desde esta perspectiva el deterioro no es meramente formal sino
estructural, es decir que no depende tanto de las afectaciones atribuidas a las
protestas sociales sino a las características e impactos de las políticas de
ajuste que se cosechan en la ruptura de las unidades porque en paralelo a la
globalización del consumo se alimenta la fragmentación de las etnias, de las
regiones y de las clases sociales. También los desgarros se evidencian en el
acrecentamiento de la conflictividad porque la ineficacia de la fórmula
globalizadora como la receta contra la pobreza sólo destaca un mundo con
exclusiones e injusticias cada vez mayores, dado que las formas de la
acumulación de la riqueza favorecen cada vez menos a países como Bolivia.
Las rasgaduras políticas de la democracia boliviana en la coyuntura actual
tienen diferentes orígenes. Uno de ellos está relacionado con la vacación tomada
por los parlamentarios en el momento preciso que le correspondía decidir sobre
temas de trascendencia como el Referéndum sobre las Autonomías y la Convocatoria
a la Asamblea Constituyente, lo que pone en evidencia un harakiri deslegitimador
de la representatividad democrática. El procedimiento de autoconvocatoria a
Referéndum sobre las Autonomías realizada por el Comité Cívico de Santa Cruz y
respaldada por los de Tarija, Beni y Pando en ausencia del Parlamento,
externaliza una forma prepotente de superación de la legalidad. La propuesta de
toma del Parlamento y de salida del presidente enarbolada tanto por los
fundamentalistas del liderazgo sindical y de la oligarquía empresarial, es otra
expresión de la capacidad de tolerancia de la democracia, más aún cuando las
vías propuestas suponen la fuerza del recambio por un pacto civil – militar.
Otro elemento que encuentra su justificación en la elasticidad de la democracia,
es la ausencia de gobierno y la opción presidencial por una política de avestruz
que no quiere dar la cara sino más bien eludir las demandas, razón por la que,
lejos de hacerse parte del espacio de soluciones o al menos de las
negociaciones, se convierte en parte del problema.
Pero así y todo, con estos márgenes tan flexibles en sus alcances, metas,
tolerancias, permisividades, desgarros y deterioros, la democracia sigue siendo,
en el imaginario de la ciudadanía boliviana, el espacio adecuado para la
construcción de un futuro más justo.
Capitalismo, tus siglos están contados...
Hay pugnas por la búsqueda de mayores competencias del poder ejecutivo en
relación al legislativo, proceso complejo porque el Presidente, carente de
partido, fabricó un bloque parlamentario con la pírrica representación de un
representante de partido oficialista mas una gama multicolor de parlamentarios
tránsfugas, fórmula que sin emabrgo no alcanza para poder legalizar las
políticas gubernamentales. El caso más evidente es la reciente promulgación de
la Ley de Hidrocarburos por parte del presidente de la Cámara de Senadores,
puesto que el Presidente de la República, don Carlos D. Mesa, arguyendo que su
ética no le permite promulgar una ley que califica antinacional, se negó a
hacerlo advirtiendo que su consecuencia es de riesgo y responsabilidad de los
parlamentarios. Pero aunque éste sea su buen deseo, lo que va a quedar en el
registro de esta medida es "la Ley promulgada durante el gobierno de Carlos D.
Mesa", e incluso "la Ley de Carlos Mesa", porque así suelen funcionar las
paradojas de la historia.
El Parlamento, que tiene la tarea de definir temas históricamente
trascendentales como la Ley de Hidrocarburos, las Autonomías, la convocatoria a
la Asamblea Constituyente, el Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de
Lozada y otros más, no está, definitivamente, a la altura de su desafío, y su
pérdida de legitimidad depende tanto de sus propios errores así como de la
crisis de sus referentes partidarios. El Parlamento boliviano prometía
convertirse en un régimen fundante por la cantidad de indígenas que el
Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) sentaron
en los curules, pero que más allá de pincelar el paisaje legislativo de
múltiples colores, idiomas y pensamientos, no logró romper el monopolio de
decisiones de una troika o rodillo de partidos tradicionales emparentados con
los intereses privados y transnacionales, antes que con los intereses populares,
cuando no nacionales.
Las relaciones Legislativo - Ejecutivo se desenvuelven entonces en sistemas de
pugnas, de negociaciones, de bloqueos y condicionamientos mutuos que tienen
entre uno de sus resultados el alargamiento y tensionamiento de procesos en la
definición de políticas fundamentales. Así por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos
se promulga 10 meses después de la realización del Referéndum Vinculante sobre
el Gas, y encima no toma en cuenta sus resultados que, en la lectura ciudadana,
explicitaban su argumento de la recuperación de los hidrocarburos para el Estado
boliviano.
En estas condiciones, los gobiernos, impugnados, no saben negociar los
conflictos, y su práctica gubernamental de sobrevivencia se mantiene en la
gestión y promoción de un proceso permanente de campaña electoral, de modo tal
que la popularidad del régimen se define más que por sus programas o políticas
públicas, por la imagen y personalización de sus liderazgos. Y estas estrategias
que no posicionan políticas de Estado parecen apuntar más a hacer buena nota con
los certificadores de las transnacionales, embajadas y organismos
internacionales, porque en la realidad, como dice un reciente informe de Amnisty
International, los gobiernos no están cumpliendo su compromiso de establecer un
nuevo orden mundial basado en los derechos humanos.
En el caso boliviano la gestión gubernamental, que está incumpliendo sus
compromisos de políticas estructurales relacionadas con la recuperación de los
hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y también la reestructuración
administrativa del Estado mediante su descentralización, en sus manoteos de
subsistencia en la coyuntura actual ha acudido a diversas estrategias. Una,
borrarse del mapa y de sus responsabilidades de conducción del país, dejando
como voceros en los días de manifestaciones a tres autoridades: el Ministro, el
Viceministro y el Director de la Unidad de Conflictos del Ministerio de
Gobierno, factor que da una idea cabal de la cualidad de las relaciones
gobierno-ciudadanía. Otra estrategia, ya común en el gobierno de Carlos D. Mesa
es su autoafirmación en aspectos que él mismo considera virtuosos y que los
repitió en un reciente discurso para que la ciudadanía internalice: "yo el
presidente de la paz, yo el presidente transparente, yo el presidente austero,
yo el presidente paciente, yo...".
Pero la estrategia gubernamental más evidente de enfrentamiento de la crisis
política consiste en la aplicación de formas diversas de intentos por cambiar la
agenda de las reivindicaciones sociales ya sea para secundarizarlas,
desvirtuarlas, o deformarlas. Las secundariza cuando el mismo día que se aprueba
la Ley de Hidrocarburos el presidente afirma que ese es ya un capítulo cerrado y
propone un Programa Económico y Social, buscando con esta medida que las
relaciones sociedad-gobierno se muevan en este marco que tiene la lectura de
Bolivia igual al país de las maravillas. Desvirtúa las reivindicaciones y
movimientos cuando deja que su Ministro de la Presidencia afirme que las
organizaciones reciben dineros para sus movilizaciones y, en un intento por
comprobar lo indemostrable, el Ministro de Gobierno acusa a la Empresa Nacional
de Teléfonos de haber financiado las marchas, y todo porque algunos de sus
empleados distribuyeron bolsitas de pasankalla, que no es otra cosa que el
famoso pop corn, que se lo quiere utilizar como argumento de relaciones de
desconfianza entre pueblo movilizado y ciudadanía boliviana. La muestra más
evidente del intento por deformar las reivindicaciones se explicita en un
discurso del Presidente Mesa, cuando destaca como el tema más álgido el que el
Referéndum sobre las Autonomías y la Convocatoria a la Asamblea Constituyente no
pueden asumirse como procesos aislados, denotando más allá del mensaje que busca
acuerdos, una base discursiva clara por desviar la demanda nacionalizadora de
los hidrocarburos a un tema que se lo sabe delicado por sus latentes
connotaciones regionalistas, clasistas y hasta racistas, y que marca una agenda
de confrontaciones y aclaraciones entre los habitantes del occidente y del
oriente bolivianos.
Para estas estrategias, el gobierno ha optado por poner en receso los espacios
institucionalizados de negociación y resolución, acudiendo en contrapartida a
los espacios informales de las relaciones políticas, como son los encuentros
sectoriales, las apariciones en los sets de televisión y los balcones
palaciegos, y están en camino las mesas de diálogo con la mediación de
organizaciones de derechos humanos y posiblemente las iglesias, curiosamente
ausentes de este proceso. Así también, son estas estrategias las que han
generado descontentos con el régimen incluso desde su fuero interno,
expresándose en hechos como la renuncia reciente de la Ministra de Educación,
con el argumento que el gobierno está sufriendo "un distanciamiento progresivo
entre los fines enunciados y los medios utilizados".
Las políticas de Estado se debaten otra vez en las calles
No estaba en los planes ni en los sueños ciudadanos que en el sistema
democrático se empobrecieran más, que los excluyeran con mayor vigor y que
aumentaran las diferencias étnicas y regionales. Por ello la esperanza puesta en
la democracia tiende a transformarse en frustración y descontento. Y entonces el
descontento con el régimen y sus políticas, así como la necesidad colectiva de
mantener la esperanza en el sistema democrático reconduciéndolo, lleva a los
movimientos sociales a tomarse una vez más las calles y las carreteras, sus
espacios reconocidos de encuentro, de tertulia, de expresión colectiva y de
enunciación de su palabra contenida en sí misma, porque cotidianamente no entra
en los discursos de los medios ni hace parte de las deliberaciones de los
poderes del Estado.
Un canal local enfocó por varios minutos sólo los pies de los marchistas de las
carreteras y de las calles. No hacía falta enfocar los rostros ni los puños para
concluir en que nuevamente son los pobres los manifestantes y ahora no sólo de
sus propias y enormes necesidades, sino también de las preocupaciones del país.
No hacía falta escuchar las palabras para darse cuenta que la experiencia
boliviana está viviendo un proceso ciudadano de retorno a lo popular en su doble
sentido de resquicio de identidad del pueblo pobre y de manifestación política
de transformaciones estructurales. Esta construcción no es sin embargo sencilla
ni mecánica, pues como muy pocas veces en la historia de los movimientos
sociales en Bolivia, esta vez se ha hecho evidente la segregación de propuestas,
de estrategias y de organizaciones. Las marchas partieron de distintos lados y
aunque confluyeron en un solo punto, el Cabildo realizado en la Plaza San
Francisco, no llegaron a juntarse porque sus consignas no eran las mismas. Los
movimientos sociales necesitan un proceso de autocrítica a fondo. Deben revisar
los fundamentalismos que no construyen, deben analizar los aventurerismos
golpistas que llevaron a los marchistas a estar luchando por la nacionalización
de los hidrocarburos, mientras sus líderes los estaban conduciendo a la toma del
gobierno. Las jornadas que se están viviendo estos días han puesto en evidencia
la debilidad de los liderazgos nacionales.
De cualquier manera, en la colección de las demandas individuales y en su
conversión en reivindicaciones comunes, en la depuración de la estupidez del
golpe civil militar patriótico como forma reivindicativa, en la exigencia de las
bases a sus líderes que sin control social se hacen autoritarios, en las idas y
venidas de las estrategias, en el reconocimiento de las acciones equivocadas que
dividen posiciones, en la necesidad de aprender a sumar solidaridades
especialmente de las clases medias y de los sectores urbanos, en todos estos
procesos se hace evidente la politización de los movimientos sociales, en parte
como producto de un germinamiento natural de la protesta y de los movimientos
sociales, y en mucho como producto de la debilidad y crisis de representación de
los partidos.
¿Por quién doblan las campanas?
Cuando ocurren estos eventos uno se pregunta sobre su punto de llegada, y viendo
la situación de los sectores que protagonizan la protesta ronda en el ambiente
la interrogante de si habrá valido tanto zapato roto y si se justificará repetir
otra vez la toma de la sede de gobierno y la presión sobre poderes del Estado
que no aparecen en escena, por lo que las demandas sólo se estrellan contra el
muro policial de la represión y la pared mediática de la tergiversación.
Varios caminos son posibles porque nada está todavía definido, todos estos
caminos son o no probables. Uno que el movimiento se desgaste, aunque se debe
reconocer que está en crecimiento y que está sorteando con éxito un largo
feriado que pudo haberlo desactivado. Si no se lograran conciliar criterios
entre los fragmentos, los movimientos tendrían que apostar a lograr una victoria
mínima, que podría consistir en la reinstalación del Parlamento y la aprobación
inmediata de la Convocatoria a la Asamblea Constituyente antes o paralelamente
al Referéndum Autonómico. Una victoria optimista consistiría además en la
revisión de la Ley de Hidrocarburos en sus puntos más cuestionados como la
legalidad de las transnacionales, los porcentajes de las regalías y los
impuestos, la potestad estatal para fijar precios y para participar en toda la
cadena productiva.
Una segunda posibilidad, tampoco descartable, es que la incapacidad
gubernamental para la negociación derive en una intervención violenta de las
movilizaciones y recomponga el orden recuperando la presencia de los poderes
políticos.
Otra posibilidad que no se debe descartar si prospera como demanda de los
movimientos sociales y se enlaza con una demanda ya expresada de los sectores
empresariales, es la renuncia del presidente Mesa o su destitución y sustitución
constitucional, aunque pocos parecen dispuestos a apoyar como sucesor al
presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, representante del Movimiento de la
Izquierda Revolucionaria (MIR)
Constitucionalmente, otra posibilidad está dada en el adelanto y convocatoria a
elecciones. Sin embargo, si se diera la alternativa del cambio de presidente, no
se puede dejar de lado la propuesta acariciada por determinados sectores
populares de asumir ellos el poder y ya no delegarlo en estamentos que no los
representan.
Sea cual fuera el desenlace, algunas lecciones son necesarias recuperar de esta
nueva experiencia boliviana de rebelión social que acumula energías para
próximas grandes transformaciones de democratización de la democracia. Una
lección, de resolución urgente, tiene que ver con la necesidad que los sectores
populares encuentren factores y espacios de unidad a partir de sus
particularidades y en la definición política de sus temas comunes que tienen que
ver con políticas de Estado.
La experiencia acumulativa está demostrando, como segunda lección, que los
sectores populares están madurando en aspiraciones hegemónicas de poder, lo que
inevitablemente tiene que poner en el tapete del sistema democrático la
transición de su carácter representativo a otra cualidad participativa.
Una tercera lección está relacionada con la importancia de trabajar agendas
ciudadanas comunes, de unidad, que provoquen diálogos, encuentros, alianzas
estratégicas y estructurales porque los aislamientos no conducen a derroteros de
mayor democracia en un país fundamentalmente caracterizado por su
abigarramiento. Se tiene que hacer de las grandes reivindicaciones nacionales
tema de todos y no sólo de los sectores populares, se tienen que aprender a
tejer solidaridades.
La cuarta lección está relacionada con la necesidad de regenerar el sistema de
partidos políticos y, en consecuencia del Parlamento, porque su actual
deslegitimación no puede defenestrarlos de su rol clave de mediación en la
construcción del sistema democrático. Pero esto pasa por una reestructuración a
fondo de sus estructuras, roles, composiciones, propuestas y formas de
organización actuales.
Finalmente, es importante asumir la lección de que las políticas públicas
rehenes de los intereses transnacionales, y ortodoxas en sus planteamientos y
alcances, se han evidenciado como fórmulas insuficientes cuando no impertinentes
para la construcción de democracias reales. La experiencia boliviana ratifica
también que las políticas de Estado y los proyectos de sociedad tienen que
saberle exigir a la presión internacional y empresarial programas más
inclusivos, como garantes de que en un estado de derecho primero están el país y
su gente. Sin este convencimiento puesto en el horizonte, difícilmente va a ser
posible reinventar la ilusión por la democracia.
- Adalid Contreras Baspineiro es sociólogo y comunicólogo boliviano