Carmen Moreno
Argenpress

Además de enfrentar la crisis institucional y el descrédito de la política, el nuevo gobierno instalado en Ecuador promete mirar más hacia adentro en asuntos económicos.

La renegociación política de la deuda externa se plantea como uno de los focos de atención del ministro de Economía, Rafael Correa, quien adelantó su oposición a que el fondo petrolero nacional se dedique a pagar esos compromisos.

En Ecuador, por cada 10 barriles de petróleos vendidos, los ingresos de seis se destinan al pago de débitos a gobiernos, bancos y organismos multilaterales de crédito.

Estadísticas oficiales revelan que 70 por ciento de los fondos nacionales van a parar a la recompra de deuda, 20 por ciento a estabilizar ingresos y sólo 10 por ciento a servicios sociales, salud y educación.

Al analizar esta situación, Correa opinó que los recursos del combustible deben dirigirse a la inversión social y al desarrollo humano, de lo contrario (y por más esfuerzo que se haga por salir adelante) la tendencia será a generalizar la miseria.

La deuda externa ecuatoriana asciende a 16 mil millones de dólares, un monto que obliga al recorte de los subsidios sociales en un país donde la pobreza alcanza a nueve millones de una población total de algo más de 12 millones.

También la dolarización (cambio del sucre -moneda nacional- por el dólar a partir del 2000) fue señalada por el actual gobierno ecuatoriano entre los errores de política económica que lanzó a Lucio Gutiérrez al precipicio.

Vendida a los ecuatorianos por el FMI como la medida que evitaría la hiperinflación, la dolarización mostró a todas luces su incapacidad para frenar las altísimas tasas inflacionarias.

Fue el 'peor error' financiero en la historia del país, sentenció el flamante titular de Economía, al tiempo de criticar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de sus antecesores por dejar a su nación sin moneda propia, como a 'un boxeador sobre el ring con un brazo menos'.

Tras su llegada a Carondolet (sede presidencial), Gutiérrez no demoró en mostrar su alineamiento incondicional a la política de la Casa Blanca.

En su primer viaje a Washington, en el 2003, se autoproclamó como 'el mejor aliado de los Estados Unidos'; y en la reunión de presidentes de Guadalajara, un año después, señaló a ese país como 'nuestro hermano mayor'.

Sobre este tema, el titular de la Comisión de Representantes del MERCOSUR, el ex presidente argentino Eduardo Duhalde, sostuvo que 'era previsible que ese modelo económico amenazara con implosionar y que ello pondría a los ecuatorianos al borde de la guerra civil'.

Ahora, el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, advirtió que el país tiene que dejar de ser 'el portaviones' del Plan Colombia, y confirmó que en territorio nacional se albergan desde finales de 1999 unos 400 efectivos militares norteamericanos y empleados civiles.

Otros altos funcionarios aseguran, incluso, que el nuevo gobierno tiene decidida la cancelación de un proyecto de Gutiérrez para construir un aeropuerto en la Amazonia (valorado en unos 60 millones de dólares) que serviría para los fines militares del Pentágono.

Gándara cuestionó, asimismo, la existencia de la base de Manta, en el litoral pacífico, destinada en un inicio para el combate al narcotráfico, pero que ahora 'la están usando para mucho más'.

Esa porción del territorio ecuatoriano es ocupado por el Comando Sur desde 1999, a partir de la firma de un pacto bilateral por una década.

De cualquier manera, los sectores sociales más afectados no entregan su apoyo con los ojos cerrados al nuevo gobierno.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), por ejemplo, considera que el Palacio debe convocar a la población para que organice un nuevo sistema democrático, 'de manera que se evite hacer simplemente un parche (...)'.

Tras el derrocamiento del tercer presidente elegido, la agrupación valora al actual gobierno, con cautela, como 'de transición' e 'interino'.

El líder de la Conaie, Luis Macas, dijo que Ecuador requiere 'una institucionalidad distinta' porque actualmente 'no existe justicia ni paz para todos los ecuatorianos'.

Los indígenas se suman a los reclamos de salida de los militares estadounidenses de la base de Manta, y el fin de las licitaciones para la explotación minera, petrolera y maderera en la Amazonía ecuatoriana.

'¡Que se vayan todos!', reclama un pueblo agobiado por la miseria y los atropellos, al despedir un gobierno que apenas tres años atrás le colmó de esperanzas y promesas, como el que hoy se inicia.