Juan Carlos García
Rebelión

No le cayó nada bien al Presidente Álvaro Uribe el ser públicamente, otra vez, sindicado por sus críticos de beneficiar a las fuerzas paramilitares de las Auc, con las que su gobierno mantiene unas turbias negociaciones de paz, ya harto deficientes. No propiamente sus críticos eran tristes figuras del momento o cuando menos Ong´s; entre ellos se contaban líderes partidistas con altas apetencias presidenciales y no pocos intereses electorales. La polarización es un hecho.
Sin embargo, esta vez la nueva rabieta presidencial no tuvo el eco que el inquieto y últimamente presumido gobernante esperaba. Y no lo fue porque luego de 33 meses de llevar las riendas del país, cual capataz de hacienda, ve caer sobre él un desgaste que no esperaba. O cuando menos, esperaba seguir ocultando. La última encuesta impresa en el diario de su jovial vicepresidente el domingo 15 de mayo le reconoce, entre otras, una caída tendencial de ocho puntos porcentuales en la favorabilidad de su política de seguridad democrática contra las Farc-ep. Ahora, mientras continúa con su estilo pendenciero de su natal Antioquia, que tanto los medios de comunicación uribista alaban, reafirma hasta la saciedad que su gobierno ha tenido unos contundentes "resultados" contra el paramilitarismo. Según el aludido personaje "este no es un gobierno paramilitar". El análisis político, contrariamente a la fuerza apabulladora de la investidura presidencial y el favoritismo de las encuestas sin nombre, dice otra cosa muy distinta. Lo que reveló la locuacidad de su regaño público fue su inocultable preocupación por lo que digan y hagan los pretendientes del sillón presidencial ahora cuando se reconoce que va cuesta abajo. Cuando menos se cuentan cinco entre ellos.
Si repasamos lo que ha sido su gobierno en términos de "resultados" político-militares el año 2005 no sale bien librado; apenas vamos por el quinto mes. Reparamos pues en la eficiencia de la todopoderosa seguridad democrática, apadrinada política y económicamente por la Casa Blanca de corte republicana. Se sabe que la ofensiva militar contra la retaguardia de las insurrectas Farc inició, o continuó mejor, con la "seguridad para todos" que publicitó en su Manifiesto Democrático por allá en el 2002 en los previos a la elección presidencial de primera vuelta. Se oficializó como política estatal cuando las Fuerzas Militares vigorizadas con la seguridad democrática estrenaron la iniciativa más grande en la historia de Colombia contra las guerrillas bolivarianas comandadas por el campesino Manuel Marulanda Vélez localizadas al sur del país, el llamado Plan Patriota. Un analista de cabecera del régimen, antiguo consejero de seguridad, Alfredo Rangel, le reconoce en un balance militar que realizó y esbozó en El Tiempo más efectividad a las FF.MM durante los dos últimos años del mandato Pastrana que con los dos primeros del gobierno Uribe. Y eso viniendo de quien viene deja mucho qué decir. Más cuando el citado analista suma un hecho demostrable empíricamente: las Farc estaban en una "retirada táctica" durante los años 2002-2004; durante ese lapso se acomodaron y economizaron fuerzas, al tiempo que estudiaban la situación presentada por la seguridad democrática. El año 2005 vendría a reinaugurar una nueva etapa de ofensiva por parte de las Farc, concluye Rangel. Los contundentes hechos relatados en Iscuandé Nariño y Toribío Cauca, semanas atrás, dan peso al poder de sus palabras. Eso en lo que tiene que ver con respecto a la mayor oposición armada, terrorista o no.
Por el lado de los paramilitares la situación pinta igual. Después de ser comandados por Carlos Castaño Gil, desaparecido del panorama nacional en confusos hechos no del todo esclarecidos y por los cuales nadie ha esgrimido parte de responsabilidad, las Auc ante un gobierno de clara estirpe de derecha, entra a negociar su desmovilización; o si se quiere su institucionalización. No fue bandera electoral del candidato Uribe, es cierto; fue consecuencia de la pretenciosa seguridad democrática: ahora los paramilitares no cumplirían la misma función que antes, cuando el Estado se veía disminuido por las iniciativas guerrilleras en las selvas del país en días señalados como de guerra de posiciones. En la lógica de la guerra se requiere sencillamente economizar tropa. Ya las Fuerzas Militares cuentan con un nutrido número de cientos de miles, integrantes entrenados y financiados por los Estados Unidos. De ahí que la preocupación máxima del régimen sea copar los espacios dejados por los paramilitares, ya que se entiende que no es lo mismo un enfrentamiento militar con la guerrilla que una ejecución extrajudicial a manos de las temerarias Auc.
Para salir airoso del cuestionamiento nacional e internacional por un proceso sin justicia alguna el gobierno ha tenido que vérselas con críticas salidas incluso desde su misma coalición parlamentaria. Se habla de divisiones y de pretensiones personalistas al interior del equipo gubernamental, antes monolítico; ahora segmentado. Después de sacarle el quite a la iniciativa de "justicia, verdad y reparación", como le llamaron al proyecto salido del Congreso que resarcía en algo a las víctimas de las acciones paramilitares, millares ellas, se pasó con apoyo explícito del gobierno en cabeza de un sinvergüenza, el Consejero de Paz, Luís Carlos Restrepo, al proyecto de "justicia y paz". Éste faculta a las Auc desmovilizadas para salir indemnes de todo crimen de lesa humanidad cometido contra la población civil en sus mejores días, amén de su aritmética riqueza conseguida bajo la consigna de "defender el Estado". La impunidad, dicen los que saben, cobijaría con ello a los escuadrones paramilitares que continúan con su accionar delictivo pese a la supuesta suspensión de toda acción bélica contra los civiles, según ha comunicado sin sonrojo alguno el delegado de la OEA, Sergio Caramagna.
Es a propósito de este velado proceso a favor de las Auc que la crítica nacional e internacional se ha puesto de presente en más de una ocasión. La crisis humanitaria parece que no tiene dolientes. Ante tales recriminaciones al gobierno por permisivo y auspiciador del crimen la desmedida respuesta de Uribe se hizo sentir en plena época preelectoral, no por casualidad defendiendo con su discurso al paramilitarismo y señalando a los demás de "mancillar este gobierno". Sólo que tales palabras se conectan con el deseo muy personal del titular del gobierno de continuar por espacio de cuatro años más presidiendo los destinos de los colombianos a sabiendas de que sus primeros años han sido tanto o más negligente que la del mismo señor Pastrana, que ya es mucho decir.
La opinión nacional e internacional tiene que saber, a propósito, lo que se está tejiendo en Colombia por medio de un discurso altisonante y bellaco del cual se sirve hasta el Presidente para ocultar sus complacencias políticas. Pero reconózcase algo: si se resquebraja, como hasta ahora, la política de seguridad democrática téngase plena conciencia de que quien aparenta hoy ser el más democrático de los presidentes, terminará como el más despreciado de los tantos que han sido. Y han pasado muchos.