CIOLS y CMT
Rebelión

En Colombia, a pesar de un crecimiento económico bastante sostenido, la pobreza, la exclusión social, el desempleo, el subempleo y la precariedad laboral se han agudizado de manera extremadamente preocupante en los últimos años. El crecimiento per capita no ha sido tan alentador. Todo lo contrario, presenta tendencia negativa.
Las organizaciones sindicales han sido muy activas en denunciar todas las medidas de carácter político, económico y social, que conllevan a la agudización de las tensiones y a la exclusión de sectores muy amplios de la población. No obstante, a pesar del alto costo en vidas humanas de tal labor de consolidación y defensa de un movimiento sindical fuerte y activo, la situación es preocupante.
La población colombiana es cada vez más pobre, desempleada o subempleada y desprotegida. Los ministerios y entes públicos con vocación social han sido debilitados, reformados o desmantelados. Ejemplo de ello: el Ministerio de trabajo y salud se fusionaron para llamarse Ministerio de la "protección social". Los trabajadores han sido despedidos o precarizados tanto en el sector privado como público. Se siguen reestructurando estos sectores utilizando leyes que promueven la flexibilidad laboral y ayudan a soslayar obligaciones de distinta naturaleza. Organizar un sindicato, firmar un convenio colectivo o llevar a cabo una huelga es complejo y a veces imposible.
En los últimos años se han aplicado una serie de reformas legislativas, incluyendo proyectos de reforma a la constitución, que terminan debilitando los derechos de los trabajadores y del pueblo en general. Estas derechos, en la práctica, ya venían siendo masivamente conculcados.
Como prueba de estas presiones sobre los derechos de los trabajadores están las tasas de afiliación sindical y cobertura por la negociación colectiva en los últimos años. No obstante los esfuerzos realizados por el movimiento sindical colombiano para pactar convenciones colectivas, las maniobras patronales y gubernamentales han conducido a que apenas el 1% de la población esté cubierta por una convención colectiva . Este porcentaje ha disminuido en los últimos años a consecuencia de políticas que han apuntado a debilitar los derechos de los trabajadores y su organización en sindicatos. En el 2003 hubo un total de 284 convenios colectivos, es decir una caída del 41,20% con respecto al 2001. Cuando los trabajadores intentan lograr convenios colectivos se presentan contrapliegos que terminan impidiendo el proceso.
Por ello hoy sólo un 5% de la población activa está organizada en sindicatos. A través de procesos de liquidación, reestructuración, fusión de empresas, desregulación de la relación de trabajo (cooperativas de trabajo asociado, empresas temporales de empleo, economía informal), traslado a las zonas francas y maquilas, al igual que en la aplicación de políticas antisindicales por los empleadores y actores armados se encuentran las principales causas de la fuerte disminución en las tasas de afiliación sindical.
Quienes quieren crear un sindicato son despedidos, hostigados, o incluso amenazados de muerte. Quienes ejercen las prerrogativas sindicales para mejorar las condiciones de los trabajadores sufren la misma presión. A mayor precariedad laboral, mayores dificultades para el trabajo sindical y mayores presiones de tipo social. Prevalece la impunidad para quienes violan los derechos laborales (incluso para los asesinos de dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados) mientras a los trabajadores se les impone todo el peso de la ley, incluso en situaciones en que actúan en total respeto al marco legal. Existen de igual manera casos de funcionarios del poder judicial que se enfrentan a presiones cuando cumplen con su mandato y defienden derechos adquiridos por los trabajadores.
En Colombia, a consecuencia de estas políticas, más de 6 millones de trabajadores están sobreviviendo en la economía informal, con una total desprotección social. Por lo menos 4 millones están desempleados, o sea sumidos en la miseria. Tal situación de exclusión social es a su vez un factor de violencia.
El movimiento sindical colombiano ha desarrollado ingentes esfuerzos para organizar a estos trabajadores en sindicatos pero a este nivel también, si bien los intentos han funcionado, se han registrado fuertes presiones. Por ejemplo, se ha propuesto la afiliación directa a los sindicatos pero las autoridades se han negado a aceptar la propuesta sindical.
Y todo ello ocurre mientras que siguen muriendo los líderes sociales, en particular los dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados. La violencia en ese país se debe explicar también y fundamentalmente a partir de la situación social y del círculo vicioso que generan políticas de flexibilización y precarización de las condiciones de vida y de trabajo. Esto es en particular visible en sectores tales como el de la educación, donde se ha tratado de distintas maneras de flexibilizar el estatuto del docente. Al igual estas situaciones críticas se presentan en el sector de la salud, así como en el campo. El 1% de la población acapara el 55% de las mejores tierras. 3 millones de campesinos han sido expulsados de manera violenta de sus tierras y sus dirigentes han sido o asesinados o amenazados.
Colombia sigue siendo el país más violento del mundo para los dirigentes sindicales y líderes sociales. Entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2005 se han registrado 16 homicidios de dirigentes sindicales y muchos otros han sido víctimas de todo tipo de atropello a sus derechos más elementales: 123 amenazas de muerte, 2 atentados, 6 desplazamientos forzados, 40 detenciones arbitrarias, 23 hostigamientos y 4 secuestros. Más del 95% de los asesinatos y demás atropellos contra la integridad de los dirigentes sindicales registrados en los últimos años siguen cubiertos por la impunidad. Estas situaciones se han denunciado de manera repetida a la OIT así como a la Comisión de derechos humanos de las Naciones unidas. Colombia ha ratificado muchos Convenios de la OIT que a pesar de su importancia, no se aplican.
Si bien es cierto que la violencia afecta a todos los sectores de la población, queda claro que las situaciones que las organizaciones sindicales han dado a conocer a lo largo de estos últimos años como violaciones a la libertad sindical no responden a una mera casualidad, a diferencia de lo que afirma el Gobierno colombiano y algunos empleadores de ese país. De hecho, esta forma de violencia es selectiva y se ejerce contra quienes actúan para promover un modelo centrado en el trabajo digno, en la justicia social, en los derechos humanos y en el desarrollo sustentable. Se ejerce asimismo contra quienes cuestionan determinadas actitudes o políticas que cercenan derechos adquiridos de los trabajadores y sólo conllevan a una mayor exclusión social, a una mayor pobreza y por ende a una mayor violencia.
Este informe ha sido preparado para acompañar una misión de representantes de las tres centrales sindicales de Colombia (CUT-CGT-CTC) a varios Estados Miembros de la Unión europea, la cual ha contado con el apoyo de la CIOSL y de la CMT, junto con sus organizaciones afiliadas y fraternales en los países visitados, así como de la Confederación europea de sindicatos (CES).
La presente campaña y misión de las centrales sindicales colombianas tiene como objetivo dar a conocer la situación de los trabajadores colombianos a partir de la realidad que viven.
Tiene asimismo como propósito llamar la atención de las autoridades políticas, de los empleadores y de la opinión pública de los Estados miembros de la Unión europea, con el fin de contribuir a garantizar la vigencia de los derechos humanos en Colombia y a poner fin a la situación de violencia que ha conducido y sigue conduciendo a la muerte de tantos dirigentes sindicales y sociales de ese país. En particular, esta misión tiene como objetivo lograr el apoyo de Estados miembros de la Unión europea a las posiciones adoptadas sobre el particular por el conjunto de los sindicatos del mundo en la próxima Sesión de la Conferencia internacional del trabajo (OIT, Ginebra, Suiza, junio 2005).
Al poner de relieve las causas de esta violencia ubicándola en políticas, medidas y actitudes que consolidan la exclusión social, la pobreza y la inestabilidad laboral, apunta a desentramar las mismas y a apoyar la consolidación de una Colombia democrática que sea más justa, que garantice empleos dignos para todos y todas y donde el verdadero diálogo social sea el que posibilite las soluciones consensuadas.
Elaborado por las dos internacionales sindicales
Informe de la Misión sindical colombiana a los Estados miembros de la UE. Mayo 2005 de la Unión europea
CIOLS y CMT