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Latinoamérica


 

Bolivia: El Alto inicia hoy una movilización nacional que puede durar semanas

Los sindicatos vuelven a las calles por la nacionalización de los hidrocarburos

Bolpress

Con la Policía acuartelada y un plan de inteligencia en marcha, el gobierno espera contrarrestar la ola de movilizaciones planificadas para esta y la siguiente semana. La primera manifestación pública se cumplirá desde las primeras horas de este lunes, cuando representantes de los barrios alteños se concentren a las 9.00 en la puerta de la Fejuve, en la Ceja, para después marchar por el Día del Trabajo.

La aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el Senado tiende a subir la tensión social. Varias organizaciones de El Alto protestarán desde el lunes por 'la recuperación total de los hidrocarburos'. La COR de El Alto, los gremiales, organizaciones campesinas, y la Universidad Pública de El Alto, protagonizarán, según confirmó el secretario ejecutivo de la COR, Edgar Patana, una marcha que terminará con una toma simbólica de la planta almacenadora de hidrocarburos en Senkata.

A ellos se sumarán también la Federación de Maestros de La Paz y la COB. El secretario general de esa organización, Freddy Gutiérrez, protestó contra el contenido de la ley aprobada por los senadores que contempla el 18 por ciento de regalías y el 32 por ciento de impuestos no acreditables.

El gerente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar, prevé para esta semana un panorama muy complicado para el gobierno, ya que deberá atender el tema de la escasez de diesel, la convocatoria al referéndum autonómico, el tema tierras, un tributo cañero, la seguridad ciudadana, la demanda de la universidad estatal y otra relacionada con la Cámara Agropecuaria del Oriente que tiene que ver con el Fonvis. 'Hay gran malestar en las organizaciones departamentales por la falta de soluciones del gobierno', señaló el cívico.

La Fiscalía General de la República será el escenario donde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) presente una proposición acusatoria contra los ministros de Hacienda, Carlos Jemio, y de Hidrocarburos, Guillermo Torres, como presuntos autores de incumplimiento de deberes al no haber podido solucionar la escasez de diesel.

Por otro lado, el dirigente Sabino Masi, a la cabeza de 120 familias de los sin tierra, tomaron propiedades pertenecientes a la empresa Terrasur en Mecapaca, asegurando que las mismas se encuentran abandonadas y anteriormente pertenecían a la familia Patiño, que también las abandonó.

¿Desestabilización del gobierno?

Varios sindicatos, a través de la COB, han hecho llegar al gobierno sus pliegos de peticiones en los que incorporan pedidos de aumento salarial en función a una canasta familiar básica de más de 7 mil bolivianos. Las restricciones del Presupuesto General de la Nación para esta gestión no permiten atender solicitudes de incrementos salariales de gran magnitud que hacen sectores como el magisterio, indicó el ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio.

'Lo que esperamos de los diferentes sectores es que comprendan la situación de las finanzas públicas y el esfuerzo que se está haciendo para negociar y lograr acuerdos con los diferentes sectores', subrayó la autoridad.

La ministra de Trabajo, Audalia Zurita, señaló que el gobierno atiende las demandas salariales de los trabajadores de acuerdo a la realidad del país. En la mayoría de las empresas se pudo comprobar que los incrementos salariales no superaron el 3 por ciento sobre el salario básico.

Respecto a las amenazas de marchas de protestas, huelgas y paro anunciados por diferentes sectores laborales, indicó que algunos obedecen a criterios exclusivamente políticos ligados a la Ley de Hidrocarburos, que no es un tema laboral. Comentó que hay demandas laborales para que el salario mínimo nacional sea de 7.200 bolivianos, pero que COB no da a conocer la fuente de recursos para efectuar ese pago. 'La intencionalidad de una movilización respecto a demandas de imposible satisfacción no pueden tener otro motivo o contenido que no sean el de desestabilizar el gobierno', subrayó.

Este domingo cientos de trabajadores del sector público y privado realizaron una marcha de homenaje al Día del Trabajador, en demanda de empleos y estabilización laboral. Dirigentes de la COB y de otras confederaciones y federaciones sindicales demandaron durante la marcha la derogatoria del Decreto 21060 que instauró el neoliberalismo como política económica oficial desde 1985.Asimismo, exigieron la nacionalización de los hidrocarburos, el incremento del salario mínimo nacional, mejor atención de educación, salud, vivienda, además de respeto al fuero sindical. Durante a marcha en la sede de gobierno, los distintos sectores de trabajadores y representaciones de algunos partidos políticos de izquierda, portaban pancartas con consignas contra el imperialismo, el Tratado de Libre Comercio.

La Policía está lista

En las marchas de protesta anunciadas para esta semana, las fuerzas del orden aplicarán métodos de disuasión y no coercitivas para evitar hechos de violencia, garantizó el ministro de Gobierno, Saúl Lara. Los servicios de seguridad pondrán en marcha un plan de trabajo coordinado, que tiene que ver con inteligencia y movimiento de las fuerzas del orden. Todas las unidades de la Policía están en emergencia

En tanto, el defensor del Pueblo Waldo Albarracín realiza una serie de consulta a instituciones del gobierno y de la sociedad civil para establecer si existe la voluntad política y predisposición en promover un diálogo que promueva el pacto social. Se cursaron invitaciones a los nueve comités cívicos, municipios, la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación de Empresarios Privados y otras instituciones.

Albarracín espera que hasta este martes haya respuesta a esta consulta en sentido positivo. En la hipótesis de que el mayor porcentaje de las instituciones de una respuesta positiva, inmediatamente, se fijará una fecha para la reunión nacional. Lo que se busca en esta reunión nacional es acercar a los sectores que están confrontados por varios temas e intentar construir un idioma común para todos los bolivianos, establecer un gran acuerdo y/o pacto social y político, que ayude a abordar sin enfrentamiento interno la Asamblea Constituyente, las autonomías departamentales y la soberanía nacional.

Cae la popularidad de los políticos

Abril no fue un buen mes para el presidente Carlos Mesa ni para los titulares del Congreso en cuanto al grado de aceptación entre la gente. Una reciente encuesta de la empresa Apoyo, Opinión y Mercado Bolivia señala que el Primer Mandatario perdió seis puntos en el eje central, mientras que el Parlamentario perdió cinco puntos.

La aceptación del Congreso es cada vez más baja en las ciudades del eje troncal: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Este descenso se produjo en el mes signado por la polarización en torno a la Ley de Hidrocarburos, las observaciones legales a los contratos petroleros, los roces entre Ejecutivo y Legislativo.

Las organizaciones sociales cuestionan la labor del Congreso por cuanto existe un evidente retraso en el cumplimiento de la agenda de octubre -Constituyente y recuperación del gas-. Sin embargo, los diputados se esfuerzan por acelerar la denominada agenda de enero impuesta por los empresarios de Santa Cruz, que exigen referéndum autonómico y elección de prefectos por voto directo.