Continúan las marchas y protestas de organizaciones sindicales bolivianas

La Paz, 18 de mayo. El principal líder opositor boliviano, Evo Morales, reafirmó hoy que emprenderá una batalla en el Congreso a fin de enmendar "para el pueblo" la controvertida ley de hidrocarburos, promulgada el martes pasado por el Legislativo, luego de que el presidente, Carlos Mesa se abstuvo de pronunciarse sobre la norma.

Ante la posición adoptada por el mandatario, calificada por sus críticos de "indecisión" sobre el tema, las protestas populares continuaron hoy por tercer día consecutivo.

Inclusive, nuevos disturbios tuvieron lugar en el centro de esta capital cuando la policía reprimió a sindicalistas frente a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que rechazan la nueva ley petrolera, sin que hubiese víctimas ni detenidos.

Morales, diputado y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que "el Parlamento tiene que modificar esa ley promulgada por el presidente del Congreso", Hormando Vaca Díez, al considerar que "aún atiende" los intereses de las compañías petroleras trasnacionales que operan en el país.

La norma promulgada, que eleva los impuestos no deducibles ni acreditables a 32 por ciento y ratifica en 18 por ciento el cobro ineludible de regalías, calificada por las empresas multinacionales como "confiscatoria", para Morales debe ser modificada para que el Estado boliviano se beneficie con regalías de 50 por ciento.

El proyecto de ley con las enmiendas del dirigente prevé que Bolivia tenga facultades para fijar precios del gas en el mercado interno y externo, que favorezca la industrialización del país y la reposición del derecho de veto de los pueblos indígenas en caso de eventuales explotaciones privadas en territorios de su jurisdicción originaria.

También postula el retiro de una prohibición que pesa sobre la paraestatal petrolera de participar en la comercialización de hidrocarburos en el mercado internacional, y evitar compensaciones estatales a la exportación de crudo por empresas privadas, pues merma los ingresos nacionales.

El líder del MAS, que encabeza una marcha que avanza hacia La Paz, canceló un viaje a Brasil a raíz de la situación política en su país.

El gobierno boliviano, que no ha podido acabar con las protestas de repudio a la ley petrolera, alcanzó al menos un acuerdo con mineros cooperativistas, que permitió que levantaran los cortes de rutas en el país.

Al concederse demandas sectoriales, los mineros desbloquearon la principal vía que conecta La Paz con el interior del país y los puertos chilenos de Arica e Iquique.

Sin embargo, en La Paz continuaron las marchas y protestas que mantienen diversas organizaciones sindicales, cívicas y políticas encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la nacionalización de los hidrocarburos y la urgente convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Mientras el presidente Mesa insistió en promover su plan de reactivación económica de largo alcance anunciado el martes, rechazado por diferentes sectores, el ejército llamó a la unidad nacional y advirtió de los riesgos de una eventual desintegración nacional por la permanente efervescencia social.

La Fiscalía General presentó una imputación formal contra nueve ex ministros por diversos delitos en relación con los sucesos violentos de octubre de 2003, que llevaron a la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.