Para la Astronomía, un agujero negro es un cuerpo celeste colapsado sobre sí mismo al haber agotado su energía atómica. Su masa es tan densa que genera fuerzas gravitacionales inauditas que arrastran irremisiblemente todo aquello que circunda al que un día fue un astro como cualesquier otro. Al telescopio, sólo aparece como una mancha obscura en las profundidades siderales, un lugar fantasmagórico y negrísimo, del que nada escapa a su irresistible atracción cataclísmica, ni siquiera la luz…

En Bolivia, al igual que en los espacios cósmicos, se ha generado un verdadero agujero negro. De manera harto sorpresiva, el presidente Mesa, a tiempo de observar 'conceptual y no puntualmente' la Ley de Hidrocarburos sancionada por el Congreso, ha llamado a un encuentro corporativo de los -a juicio y arbitrio de Mesa- principales actores políticos del momento. El encuentro, con el pretexto de acordar acciones en temas varios como el referendo autonómico o la Asamblea Constituyente -ambos en marcha y con tiempos propios- sólo encubre el propósito de cerrar el paso a la promulgación de la nueva ley que es contraria a las expectativas presidenciales.

Entonces, el tema de fondo no es otro que la nueva Ley de Hidrocarburos, cuyo azaroso nacimiento -un verdadero parto de los montes- viene con la impronta de su rechazo generalizado. Nadie la quiere por distintos y aún opuestos motivos. Hasta en la poco delicada alegoría de un parlamentario conocido, tiene la paternidad negada por sus progenitores más decididos como el mismo presidente Mesa, promotor y redactor personal de las preguntas del referendo del 18 de julio de 2004. Y éste es, ahora, quien cita a una cumbre político-social para la siguiente semana.

La convocatoria, en sí misma, podría inscribirse en un sincero deseo de alcanzar mayor consenso en las políticas del país. Pero, acaso el remedio resulte peor que la enfermedad porque el proyecto, en apretada síntesis, resulta políticamente impracticable, socialmente peligroso y jurídicamente imposible. Veamos en qué fundamos tales apreciaciones en extremo pesimistas:

El llamamiento, a espaldas del Congreso que es el referente actual del escenario político boliviano luego de consolidar su hegemonía por las indecisiones presidenciales, resulta extemporáneo. El momento histórico para un encuentro de estas características se agotó a los pocos meses del aciago Octubre de 2003 cuando las posibilidades de liquidar el viejo y caduco sistema político de democracia pactada (cuoteo y prebenda en los espacios de Poder), eran un imperativo categórico.

La oportunidad fue desperdiciada y hoy asistimos a un nuevo escenario en que el realineamiento de fuerzas ha impuesto una correlación distinta a la de aquel entonces. Tanto es así que la nueva norma petrolera, reflejo de un virtual empate técnico entre fuerzas opuestas, no satisface a nadie. Menos, por supuesto, al presidente, inequívocamente enfrentado a los sectores sociales que han clamado la nacionalización del aparato productivo gasífero y sus beneficios comerciales.

No es éste el lugar ni el momento para señalar responsabilidades históricas.

Pero, hay más. El reflujo de la maquinaria institucional del pasado ha superado, y con creces, las esperanzas de una democracia realmente participativa. Ni el referendo del 18 de julio, con sus preguntas abstrusas y ambiguas, ni las elecciones municipales, en que participaron, por primera vez, las noveles agrupaciones ciudadanas, han podido impedir el restablecimiento milagroso del sistema político y los partidos tradicionales.

Abrumado por la falta de apoyo congresal el presidente Mesa optó por crear su propia bancada parlamentaria y adoptó -como suyas propias- las reglas del sistema todavía vigente. En la última recomposición del gabinete ministerial, inclusive, concedió espacios a ciertos grupos y sectores emergentes. Pareció comprometerse en un esfuerzo racional de manejo y administración del Poder Público, aunque bajo una línea política más bien conservadora. Podemos discrepar de su posición, pero fue su opción elegida reflexivamente de acuerdo a las reglas del sistema político imperante.

¿Contra este sistema ahora pretende, a la hora siempre nona, enfrentarse como si tal cosa? ¿Va a cambiar las reglas de juego en el medio juego? ¿No vale de nada el debate en que se inmiscuyó el país entero? O, si vale, ¿es apenas un nuevo punto de partida porque así lo ha decidido el presidente?

La invitación a la minicumbre, con desaires de grueso tono por algunos de los convocados, es también socialmente peligrosa.

En efecto, alienta, desde ambos polos de las expectativas sociales, la posibilidad renovada de un cambio esencial y sustancial en la Ley de Hidrocarburos sancionada. La movilización social por la nacionalización podría ser, en los próximos días, ya un hecho y no únicamente una mera posibilidad. Las empresas petroleras que parecieron resignadas al nuevo régimen normativo, incluso agradecidas que sus contratos fueran reconocidos implícitamente en la nueva ley, pondrán todos sus esfuerzos en revertir su aparente derrota. Hasta los municipios y las universidades públicas que fueron excluídos de los beneficios de la nueva ley tendrían una nueva oportunidad.

Para todos, en suma, puede ser la señal esperada del 'ahora o nunca'.

Esta polarización que no es novedad alguna, por el solo efecto del desafortunado llamamiento presidencial, se exacerbará fuera de los límites trabajosamente resguardados hasta hoy. Los campesinos asistirán, pero precedidos de movilizaciones y bloqueos; los sindicatos se esforzarán al máximo en lo que anticipan como la gran oportunidad de desempatar el pleito histórico. Algunos cívicos irán, otros se niegan rotundamente. Los municipios están dividos. Más de algún partido tiene el propósito, atentos a la errática actuación de la cabeza del Poder Ejecutivo, pedir simple y llanamente la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

¿Previó este efecto en cadena el llamado presidencial?

Por si fuera poco, la convocatoria y sus posibles resultados son imposibles jurídicamente. La imposibilidad jurídica se entiende también por la prohibición de vulnerar el ordenamiento. No puede ser legítima una cumbre que se autoatribuye: a) disponer un paréntesis a la promulgación de una ley sancionada congresalmente; b) la reformulación de hecho del procedimiento legislativo previsto constitucionalmente c) el intercambio de los poderes soberanos del Congreso por decisiones corporativas en un comité ad hoc; d) la suma de los Poderes Públicos en una cumbre convocada, paradójicamente, por el mismo presidente de la República. Ni la Corte Suprema ni el Parlamento acudirán a la cita. El Tribunal Constitucional, también llamado al convite presidencial, ya ha manifestado que el mismo es de alcance sólo político.

Son muy importantes las señales que emite sutilmente el Tribunal Constitucional, como el discreto acuse de invalidez de los contratos de riesgo compartido que precedió a una verdadera tormenta jurídica. Si para la máxima instancia jurisdiccional de control de constitucionalidad la reunión es sólo 'política', ¿qué valor jurídico pueden tener sus decisiones en cuanto toca a una ley efectivamente sancionada? Peor aún: en el supuesto hipotético que la 'cumbre' decidiera dejar sin efecto la ley sancionada en aras de otra ley inédita redactada en el plenario de invitados a la reunión, se abriría peligrosamente la compuerta de la desobediencia civil a las leyes emitidas por el Congreso. Es muy probable que éste rechace el veto presidencial y promulgue, conforme a la norma constitucional, la ley observada. Entonces, ¿cuál de las leyes valdría, la del Congreso o la que eventualmente sugiera la corporación?

A la invitación presidencial asistirán, de todas maneras, algunos de los setenta invitados que prevé el caprichoso listado del Poder Ejecutivo. Pero sus decisiones están grandemente relativizadas por las circunstancias imperantes: Santa Cruz alista su mejor artillería en un referendo al que reputa de vida o muerte para sus aspiraciones autonómicas; la movilización social encabezada por Evo Morales y sus fuerzas afines asistirán en la medida en que puedan frustrar definitivamente el proyecto de Mesa. Y así, sucesivamente.

El presidente Mesa, para su consuelo, preservará un tanto su innegable popularidad, en especial entre las clases medias. Pero incluso éstas, sensibles al debate en los círculos más politizados, comienzan a preguntarse sobre la racionalidad de los últimos emprendimientos presidenciales.

Hasta hacen algunas semanas atrás el clamor generalizado por un acuerdo nacional, pudo haber sido atendido más solícitamente. Pero no es la postergación de la nueva Ley de Hidrocarburos la que motivará el reencuentro de los bolivianos. Ahí, posiblemente, reside el gravísimo error del cálculo presidencial.

Y, a la manera en que en el gran laboratorio cósmico la Providencia ensaya reacciones en cadena de proporciones inconmesurables, uno de cuyos terroríficos ejemplos es el agujero negro, en Bolivia su presidente pareciera querer agotar, contra viento y marea, toda la energía posible de su buena estrella.

En este despropósito, la convocatoria pudiera resultar en el colapso generalizado de la frágil institucionalidad política boliviana. Pero, con la fuerza impredecible de un experimento atómico fallido, quizá estemos en vísperas de una grave confrontación social, artificialmente provocada, cuyas consecuencias apenas sospechamos. Y rematando el símil con el agujero negro, ni siquiera es posible advertir una luz esperanzadora al final de este ya larguísimo camino de desencuentros.