Bolivia: La COB se moviliza; los maestros en huelga indefinida desde el lunes, el Mallku plantea la creación del Estado Aymara

Tal y como sucedió a principios de año, cuando el Presidente Carlos Mesa vio frustrada su alianza con los partidos tradicionales del Congreso para aprobar la Ley de Hidrocarburos, el encuentro nacional convocado para el 16 de mayo en Sucre corre el riesgo de quedar como una jugada política más del gobierno, un efectismo mediático sin resultados concretos.

Varios de los invitados al diálogo nacional confirmaron su participación, pero los actores que deben tomar decisiones y canalizar las conclusiones que se podrían asumir negaron su concurso o lo condicionaron. Pese a la voluntad de muchos, principalmente los observadores, el Congreso, el MAS y los cruceños pusieron trabas a la convocatoria del Ejecutivo.

El MAS, MIR y NFR tienen reparos para asistir al encuentro, mientras que el MNR declaró que no participará. Estos cuatro partidos, que representan a la mayoría de los parlamentarios en el Congreso, criticaron la 'extemporánea' invitación de Mesa. El MNR declaró inconsistente, 'ilegal y arbitraria' la conducta del Presidente. En la línea crítica, el jefe de UN, Samuel Doria Medina, reiteró su propuesta de una ley corta, de un solo artículo, que sólo tome en cuenta el aspecto impositivo, y aseguró que si el encuentro no resulta Mesa debe convocar a elecciones.

Evo Morales cuestionó a algunos de los invitados como los ex presidentes Jorge Quiroga y Jaime Paz, de quienes dijo que no gozan de representatividad, y anunció que su partido asistirá al encuentro escoltado por representantes de decenas de organizaciones sociales, a los que Mesa no invitó.

Los presidentes de los comités cívicos están abiertos al diálogo propuesto, aunque Santa Cruz y Potosí le ponen condiciones. Cochabamba, Tarija y Chuquisaca adelantaron que es un hecho que sus dirigentes regionales asistirán al encuentro. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Germán Antelo, anunció que sólo asistirán si el tema del referéndum autonómico y la Asamblea Constituyente salen de la agenda, pues son temas ya definidos.

Los alcaldes José Luis Paredes de El Alto, Gonzalo Terceros de Cochabamba, Juan del Granado de La Paz, y Juan Flores (interino) de Tarija confirmaron su presencia en el encuentro. De seis burgomaestres consultados, cuatro respondieron afirmativamente, mientras que Percy Fernández, de Santa Cruz, negó por completo esta posibilidad al sostener que la cita 'no le tinka'. René Joaquino, alcalde de Potosí, se negó a contestar la consulta de los medios argumentando que 'no tiene información'.

La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional tienen una posición opuesta con relación a la convocatoria. El presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Eduardo Rodríguez, confirmó el apoyo, en tanto que el vocero del Tribunal Constitucional advirtió que éste es un órgano jurisdiccional, y la reunión del lunes es esencialmente de carácter político. Explicó que el Tribunal 'se ve impedido' de asistir a dicha reunión porque en caso de que alguien acudiera a solicitar el control sobre una de las normas que se analicen en el encuentro, 'este órgano estaría adelantando criterios y no puede hacer eso'.

Los empresarios se dividieron ante la propuesta del Presidente. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) decidió asistir al diálogo, mientras que el sector cruceño decidió rechazarlo. Distanciados ya desde hace tiempo, los empresarios del país, excepto Santa Cruz, agrupados en su Confederación, tomaron la decisión de ir al encuentro de Mesa y exponer su posición sobre la Ley de Hidrocarburos.

La jugada del Presidente Mesa corre el riesgo de quedar en eso, una jugada, pues si bien los protagonistas de las movilizaciones programadas para la próxima semana, sectores sindicales y campesinos, decidieron asistir al encuentro de Mesa, advirtieron que no levantarán sus medidas de presión, confirmó Jaime Solares, secretario ejecutivo de la COB.

A los observadores políticos no les cabe en la cabeza que el Presidente cometa el mismo error e intente conformar una cumbre política con sectores que no necesariamente representan a los sectores movilizados y que tienen poca o ninguna influencia en el movimiento de base. De un total de 70 participantes en el diálogo del lunes, sólo seis pertenecen a sindicatos indígenas, campesinos y laborales.

La Coordinadora de Defensa por el Gas adelantó que iniciará movilizaciones desde hoy debido a que la mencionada cumbre del Presidente simplemente es un mecanismo para legitimizar la Ley de Hidrocarburos que quiere ser impuesta por el gobierno. Según el dirigente Oscar Olivera, la cumbre sólo será de algunos sectores oligárquicos que defienden los intereses de las transnacionales.

El magisterio urbano y rural y los médicos anunciaron el inicio de medidas de presión para la semana próxima. Los maestros ratificaron la huelga indefinida y bloqueos en algunas regiones desde el lunes 16 de manera escalonada, mientras que los docentes rurales se declararán en paro de 72 horas desde esa misma fecha.

En protesta por las exigencias del gobierno de efectuar auditorías ambientales en los ingenios mineros de Potosí, los cooperativistas mineros 'sitiaron' a la Villa Imperial y ningún vehículo puede ingresar y tampoco salir de la capital. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sacrificó a su gerente regional de Oruro, Rafael Oporto, para satisfacer otra demanda de los cooperativistas, que desde el lunes tomaron las instalaciones de dicha regional.

En Sucre, la Mancomunidad de Municipios del Iñao se declaró en estado de emergencia y amenazó con cerrar las válvulas de explotación de hidrocarburos en la localidad de Monteagudo en caso que no se efectúe el resarcimiento por daños medio ambientales. Por otro lado, los trabajadores zafreros amenazaron en las últimas horas con bloquear los ingresos a los ingenios azucareros en caso de que los empresarios no respondan a su pliego petitorio de ocho puntos hasta hoy.

Tal es la inoperancia gubernamental que el llamado al diálogo no pacificó el país y al contrario, radicalizó las posiciones. El secretario ejecutivo de la CSUTCB, Felipe Quispe, planteó ayer la separación del pueblo aymara del Estado boliviano. Según Quispe, el nuevo Estado, a constituirse desde el 2 de agosto (Día de la Raza), debería tener 'su propio presidente, su Ejército, su Policía, sus propias leyes y su wiphala (bandera)'.