Integrantes del gobierno uruguayo de izquierda anunciaron que anularán apenas una de las 11 concesiones a empresas privadas que operan la distribución de agua potable y saneamiento. Se desconocería de esa manera el resultado de un plebiscito que determinó que sólo el Estado puede prestar esos servicios.

El 31 de octubre último, el mismo día en que se consagró el triunfo de la izquierda en las elecciones parlamentarias y presidenciales, 64 por ciento de los uruguayos aprobaron una reforma constitucional que obliga a estatizar los servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, poco después de esa decisión popular, comenzaron las polémicas en cuanto al alcance de la reforma, incluso en el seno de quienes promovieron la iniciativa.

La incertidumbre respecto a lo que haría la coalición Encuentro Progresista-FrenteAmplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), que asumió el poder el 1º de marzo, surgió poco antes de las elecciones, cuando, luego de viajar a España y entrevistarse con los directivos de empresas que tienen inversiones en Uruguay ­entre ellas Aguas de Bilbao­ el entonces candidato de izquierda y ahora presidente Tabaré Vázquez anunció que los contratos asumidos por el gobierno saliente serían respetados.

El anuncio generó inquietud entre los impulsores de la reforma constitucional, una comisión integrada por organizaciones sociales, no gubernamentales, gremios y partidos políticos, entre ellos el EP-FA-NM. En aquel momento sorprendió que después de meses de adhesión explícita a la reforma ­que incluyó la participación de un delegado de la coalición de izquierda en la mencionada comisión­ el candidato izquierdista adelantara que, de aprobarse, la norma no sería aplicada de manera retroactiva.

En la comisión pro referéndum, llamada "En Defensa del Agua y de la Vida", prevalecía en cambio la opinión de que la reforma constitucional determinaba la anulación de los contratos vigentes. Antes de las elecciones, varias figuras políticas relevantes de la coalición de izquierda ­algunas de las cuales hoy son ministros o legisladores­ se manifestaron en el mismo sentido. Máxime, precisaron, cuando en el texto constitucional se establece cómo se reparará a las empresas privadas concesionarias por la entrada en vigencia de la reforma.

Esa interpretación fue incluso defendida por directivos de algunas de las compañías involucradas, que ya pretendían, cierto es, retirarse del mercado uruguayo y aprovechaban para reclamar al Estado una indemnización por el cese de la concesión. Prestigiosos abogados constitucionalistas se dividieron igualmente entre quienes estiman que no hay dudas respecto a que las concesiones deben cesar y quienes consideran que la obligatoriedad de que los servicios sean prestados únicamente por entidades públicas no afecta a los contratos firmados antes del 31 de octubre.

Esta última interpretación es la que el gobierno determinó aplicar en los últimos días. La única rescisión que se pretenderá llevar a cabo, y sin indemnización, concierne al contrato firmado con la empresa Uragua, pero no por la aplicación de la reforma constitucional sino por incumplimientos contractuales de la firma.

El flamante vicepresidente del ente estatal del agua Obras Sanitarias del Estado (OSE), Fernando Nopitsch, y el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jaime Igorra, declararon la semana pasada que ­salvo el caso excepcional de Uragua­ la voluntad del gobierno es mantener las concesiones. El todopoderoso ministro de Economía, Danilo Astori, se ha manifestado en el mismo sentido, aduciendo que el gobierno de izquierda debe dar certezas a las empresas que respeten sus obligaciones de que sus inversiones serán protegidas.

El presidente Tabaré Vázquez todavía no se ha pronunciado explícitamente sobre el asunto, por lo cual los integrantes de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida mantienen aún tenues esperanzas de que sea respetado el espíritu de la reforma constitucional aprobada. La semana pasada, medios de prensa uruguayos informaron que, para salir del (mal) paso, el gobierno estudiaba una "solución" que podía pasar por la elaboración de un proyecto de ley interpretativo que despejara las "confusiones" existentes estableciendo qué empresas podrían seguir operando estos servicios y cuáles no.

En noviembre de 2004, la Mesa Política del hoy gobernante Frente Amplio resolvió no acompañar una ley de ese tipo promovida por el centroderechista Partido Nacional, mientras la comisión promotora de la reforma alertó a la población "ante la posibilidad de la aprobación de una ley interpretativa que contradiga el pronunciamiento de la ciudadanía". Pero esta semana, el propio Igorra desmintió que se vaya a elaborar una ley interpretativa y confirmó que sólo caerá Uragua.

Más allá de la claridad u oscuridad de la norma, "lo que sí es claro es que el pueblo uruguayo votó con la intención de que desde el momento de la aprobación de la reforma se suspendiera la gestión privada", declaró esta semana Adriana Marquisio, integrante de la comisión y dirigente del sindicato de OSE. El gremio del ente estatal del agua advirtió que aplicará diversas medidas para hacer cumplir la "decisión soberana", entre ellas solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia si el gobierno no cesa todas las concesiones privadas del servicio.